Una ola de críticas cayó este domingo sobre el gobierno de Evo Morales por el violento desalojo -el viernes y sábado- de una ruta en Caranavi, una población subtropical del noreste de La Paz. El saldo fue de dos muertos y decenas de heridos, en medio de una pueblada para forzar la instalación de una […]
Una ola de críticas cayó este domingo sobre el gobierno de Evo Morales por el violento desalojo -el viernes y sábado- de una ruta en Caranavi, una población subtropical del noreste de La Paz.
El saldo fue de dos muertos y decenas de heridos, en medio de una pueblada para forzar la instalación de una planta procesadora de cítricos.
Dos estudiantes, de 18 y 19 años, resultaron muertos en la balacera y velados en medio de la furia popular. Los manifestantes, cajón en mano, pedían la cabeza del ministro de Gobierno (Interior) Sacha Llorenti, quien saltó a la política desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Boliviana, y hoy es un «duro» en defensa de los varados por el corte de ruta de doce días y contra las agresiones a la policía.
Las imágenes de decenas de campesinos, estudiantes y comerciantes esposados en el piso, arrodillados o subidos a empujones a los camiones policiales mantienen viva la polémica. Para peor, esta zona ocupada por centenares de policías -donde se cultiva café, coca y cítricos- es un bastión del oficialismo, donde el voto a Evo ronda el 90% de los votos.
En los programas radiales de la mañana -una buena caja de resonancia del humor social boliviano- abundaron las comparaciones con «los neoliberales» de los años 90 y 2000. «Es un problema interno de ellos (las comunidades de Caranavi y Palos Blancos, enfrentadas por la fábrica), no es un problema del Gobierno», había dicho el Presidente, que durante la campaña electoral prometió la planta en Caranavi, pero luego fue derivada a la vecina Palos Blancos por presión del cuestionado senador del MAS Fidel Surco, que ayer denunció un «complot contra Morales».
Llorenti negó las muertes hasta que los ataúdes fueron portada de diarios y noticieros, Clarín ya informó el domingo de ambas víctimas. Ahora los campesinos condicionan al diálogo convocado para hoy por Evo Morales en persona a la liberación de los detenidos.
Con todo, estos incidentes no lograron ocultar el fracaso del paro general indefinido de la Central Obrera Boliviana contra el 5% de aumento salarial, y en demanda del 12%, que el vicepresidente Alvaro García Linera consideró, sin ahorrar adjetivos, «contrarrevolucionario». La COB vive de glorias pasadas: en los años 50 los obreros desfilaban armados con fusiles por la Plaza Murillo, pero hoy su radicalidad es puramente retórica.
rCR