Ya han pasado más de dos semanas desde la tragedia del boliche (local) de música, baile, recitales, llamado República Cromagnon situado en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos sido permanentemente informados sobre las consecuencias: nada menos que 191 jóvenes muertos, inmensa cantidad de heridos, que aunque dados de alta, todos tienen secuelas, tanto físicas como […]
Ya han pasado más de dos semanas desde la tragedia del boliche (local) de música, baile, recitales, llamado República Cromagnon situado en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos sido permanentemente informados sobre las consecuencias: nada menos que 191 jóvenes muertos, inmensa cantidad de heridos, que aunque dados de alta, todos tienen secuelas, tanto físicas como psíquicas, algunas de las cuales sólo se harán visibles con el tiempo. Hemos asistido a la desesperación de familiares y amigos, a la inmensa solidaridad desarrollada por vecinos, transeuntes ocasionales que codo a codo con los bomberos contribuyeron a salvar vidas o a amenguar sufrimientos.
Hemos participado de marchas convocadas por los jóvenes, por las familias, marchas de dolor y de rabia, de impotencia y de lucha, que denuncian a la cadena de responsables, pero enfatizan en las «autoridades» políticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que piden que se vayan, inclusive «que se vayan todos» (los responsables por acción u omisión, por desidia, por negociados, por corrupción).
Peritos, conocedores, entendidos nos han explicado las deficiencias del tal boliche Cromagnon, su falta de protección ante la posibilidad de la producción de hechos como los que se sucedieron el 30 de diciembre pasado, sea por tirar bengalas o por alguna otra acción; el uso de material inflamable dentro del local, la falta de salidas de emergencia en funcionamiento. En resumen, la falta absoluta de cumplimiento de las más elementales reglas de lo que se llama «seguridad». También nos han anoticiado de que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, que tiene el ejercicio del «poder de policía», que debe velar por los habitantes de la Ciudad que le han «confiado» ser su representante, hacía rato que no se ocupaba de controlar habilitaciones de esos y otros locales o que se ocupaba poco, o, por lo menos, no lo suficiente, o por intermedio de inspectores venales, que hacían una mirada por «arriba», que «no veían» lo visible, porque las «coimas», las propinas tienen habitualmente ese efecto, en especial cuando no hay control institucional idóneo o cómplice. Nos enteramos inclusive, que había habido advertencias desde la Defensoría del Pueblo, desde la Legislatura sobre tal situación (claro, que sólo advertencias, no medidas conducentes a una solución) y que, sin embargo, ninguna medida fue tomada al respecto por las autoridades porteñas.
Ahora, después de esta tragedia que enluta a nuestro pueblo, empezaron a aparecer los «controles», las «inspecciones», las «clausuras» de verdaderas empresas que crecieron y lucraron protegidas por el «poder», incumpliendo gravemente las medidas que es obligatorio tomar para que se goce de esparcimiento y diversión, sin que para ello haya que poner en riesgo la vida.
Tres rápidas reflexiones sobre todo esto:
– la primera para expresar la crueldad, la impunidad de quienes montan negocios a depecho incluso de apostar vidas. Esta es la síntesis del afán de lucro, de la lógica de la obtención de la máxima ganancia, esto es el capitalismo.
– la segunda para señalar que no se trata de alabar o agradecer, las inspeccciones ex post facto, que obviamente son imprescindibles, pero que no hacen más que corroborar lo que ya se sabía. Que no se pretenda con ellas intentar cubrir las responsabilidades de no haber tomado las medidas en su debido tiempo: antes y no después. Esto es también el capitalismo.
– la tercera, se refiere a la indiferencia y desidia de las autoridades políticas, de quienes tienen el famoso «poder de policía». Estas no sólo incumplieron sus deberes de funcionarios públicos, incluso protegiendo a los empresarios, sino que también incumplieron los más elementales gestos de humanidad. No «pusieron el cuerpo», no se hicieron presentes en el lugar de la tragedia, para intentar dar solidaridad a familiares y amigos, ni las autoridades porteñas, ni las nacionales, (ya que fue una catástrofe nacional, como lo entendieron algunos jefes de estado que llamaron al Presidente para dar condolencias).¿Falta de sensibilidad, miedo al repudio, malabares y especulaciones politiqueras que no políticas? De todo un poco. Pero haciendo otra síntesis: esto es el capitalismo.
Respuesta inmediata del sistema: 1) «proteger» a los funcionarios políticos, en especial al que ostenta el máximo título de Jefe de Gobierno de la Ciudad: Anibal Ibarra, -que ni siquiera consideró su obligación de presentarse ante el Poder Legislativo de la Ciudad, cuando ocurren hechos que asumen las características de desastre como el de Cromagnon, especulando con los tres votos que faltaron para su interpelación-; 2) designar un nuevo funcionario de «seguridad», Juan José Alvarez, que no sólo ostenta en su curriculum el triste título de Ministro de Justicia, co-responsable político del operativo policial que culminara con los asesinatos de los jóvenes Kostecki y Santillan en junio de 2002, sino que representa políticamente la virtual coalición entre el kirchnerismo, el duhaldismo y el macrismo para «desembarcar» en la Ciudad de Buenos Aires. A lo que agregamos, que, las tareas actuales de Alvarez en relación a inspecciones a locales y otras afines, hacen a la coyuntura y como todos quienes tienen experiencia ya preveen, pasarán en breve al olvido, cuando se apague lo mediático. El nuevo secretario de seguridad viene por más, viene a asegurar el cumplimiento del represivo Código de convivencia, viene para «poner orden en las calles», de la mano de una mayor judicialización de la protesta social. Es lo que el Gobierno ha llamado volver a la normalidad, entendiendo por normalidad, el sacar de la calle, de la exposición pública ante propios y turistas, a los piqueteros y a todos los que luchan.
Buenos Aires, 17 de enero de 2005.
* Profesora de la UBA