El juez federal de Quilmes Luis Armella dictó esta semana el procesamiento de cuatro militantes por la medida de fuerza llevada adelante por los trabajadores tercerizados de la línea Roca el 23 de diciembre pasado. Los compañeros procesados son Jorge Hospital y Omar Merino (trabajadores ferroviarios de planta permanente, militantes del PO y de la […]
El juez federal de Quilmes Luis Armella dictó esta semana el procesamiento de cuatro militantes por la medida de fuerza llevada adelante por los trabajadores tercerizados de la línea Roca el 23 de diciembre pasado. Los compañeros procesados son Jorge Hospital y Omar Merino (trabajadores ferroviarios de planta permanente, militantes del PO y de la agrupación Causa Ferroviaria), Eduardo Belliboni (dirigente del Polo Obrero-PO) y Miguel Morales (trabajador tercerizado despedido, militante de Causa Ferroviaria).
Los cuatro fueron individualizados a partir de videos y fotos policiales del corte de vías y de las cintas de las cámaras de seguridad del ministerio de Trabajo, al que algunos de ellos concurrieron, con otros compañeros, para discutir la reincorporación de despedidos y el pase a planta permanente. Pero lo que se advierte a poco de leer el expediente es que fueron seleccionados y señalados por policías federales de la División Roca, a cuyo testimonio dio, el juez federal, valor probatorio excluyente.
Así, el único fundamento del procesamiento, que resulta particularmente grave porque además de la interrupción del servicio ferroviario se imputa el delito de extorsión, es que la palabra de los policías comandados por el comisario Jorge Raúl Ferreyra.
Y aquí se aclara el motivo real del procesamiento: el mencionado comisario, así como sus subordinados, el subcomisario Claudio R. Premuda y los oficiales Omar Póvolo, Carlos Dante Farías y Gastón Marcelo Domecq, son los mismos policías de la División Roca que participaron, el 20 de octubre de 2010, del ataque de la patota de la Unión Ferroviaria que terminó con el homicidio del compañero Mariano Ferreyra y la tentativa de homicidio de otros manifestantes.
Todos ellos han sido formalmente acusados por la querella que representa a Nelson Aguirre, Elsa Rodríguez y otros heridos, militantes, como ellos, del PO, de haber tenido un rol principal en el plan criminal concertado ese día junto a la burocracia sindical y la empresa con el objetivo de «aleccionar» a los trabajadores y organizaciones que se manifestaban en reclamo de la reincorporación y el pase a planta. Para la fiscalía que investiga el accionar policial el 20 de octubre, Ferreyra y sus secuaces, junto a otros policías de otras reparticiones, no se limitaron a colaborar en el estadío previo al ataque, «sino que posteriormente facilitaron los medios para alcanzar la impunidad sobre el hecho cometido«.
Apoyado en los dichos de esos policías, cuya responsabilidad ha sido probada en la causa Ferreyra, entre otros muchos testimonios, con los de los compañeros Hospital, Merino y Belliboni, el juez Armella concluyó que, como las vías se cortaron para reclamar que el gobierno y la empresa cumplan los compromisos de reincorporar a los despedidos y pasar a planta a los tercerizados, se cometió el delito de extorsión, «al obligar a otro, bajo intimidación, a hacer algo contra su voluntad«. ¡Como si alguna conquista obrera se lograra con el concurso voluntario de la patronal y el gobierno de turno!
Este procesamiento -que ya ha sido apelado por la defensa de los compañeros- blanquea por boca del juez federal el credo capitalista: el reclamo de un trabajador por mejorar sus condiciones laborales, el derecho de huelga mismo, constituye el delito de extorsión. Y todo queda en familia, con los mismos participantes de la causa por el asesinato de Mariano: La empresa UGOFE y la secretaría de transportes son los denunciantes; los policías los «investigadores» y testigos; el juez el legitimador, y los compañeros de Mariano y Elsa, los procesados.