En entrevista con Clarín.cl José Martínez Cruz, coordinador de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), respalda la convocatoria de la Caravana Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, que partirá de Cuernavaca a Ciudad Juárez (del 4 al 10 de junio). «El Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna dijo que los niveles […]
En entrevista con Clarín.cl José Martínez Cruz, coordinador de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), respalda la convocatoria de la Caravana Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, que partirá de Cuernavaca a Ciudad Juárez (del 4 al 10 de junio). «El Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna dijo que los niveles de violencia por la guerra contra el narcotráfico durarán por los menos otros 7 años; ¿qué significa eso? si durante el sexenio de Felipe Calderón van 40,000 asesinados, ¿en 7 años serán otros 50,000?, ¿a qué le apuesta el gobierno?, a un genocidio: el Ejército, la policía y los narcotraficantes asesinan a niños, a jóvenes inocentes y a las madres frente a sus hijos»
MC.- José, ¿por qué la Comisión Independiente de Derechos Humanos acompañará a la Caravana de Cuernavaca hasta Ciudad Juárez?
JM.- Porque durante varios años hemos documentado la enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos y en casi todas las ocasiones las víctimas son estigmatizadas y olvidadas, desde las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado -o con la anuencia de las autoridades-, a los asesinatos del crimen organizado. La responsabilidad del Estado es garantizar la seguridad, tranquilidad, paz y justicia de las personas, y precisamente el derecho fundamental a la vida se está violando en México, consideramos que el centro de la atención debe estar en el respeto pleno a los derechos humanos y las libertades democráticas, nunca al revés -como dicta la estrategia gubernamental del PAN-, Felipe Calderón hace énfasis en el crimen organizado y nos pide que no critiquemos al Estado, pero el problema es que no consulta a la ciudadanía para instrumentar una política de combate a los criminales en todos los niveles. El problema es que Felipe Calderón realizó una guerra sin identificar al enemigo -de acuerdo a los protocolos internacionales- y la población es víctima del fuego cruzado, de la corrupción de la policía y del Ejército, somos víctimas de atropellos, de allanamientos, de tortura, encarcelamientos injustos y detenciones arbitrarias con ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.
MC.- En Ciudad Juárez se firmará un Pacto Nacional entre la ciudadanía y las organizaciones no gubernamentales, para emplazar al régimen de Felipe Calderón; ¿cuál es la principal diferencia entre el plan «Todos somos Juárez» y la campaña de la Caravana Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad?
JM.- Esta caravana no puede concluir como las marchas de 2004 y 2008 cuando el gobierno convocó a un Pacto, comprometiéndose a 20 puntos con parámetros de medición, por ejemplo, desde el gobierno dijeron: «formaremos una policía honesta, los certificaremos», según concluirían la certificación de la policía en enero de 2012 y a la fecha sólo llevan el 9%. El Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna dijo que los niveles de violencia por la guerra contra el narcotráfico durarán por los menos otros 7 años; ¿qué significa eso? si durante el sexenio de Felipe Calderón van 40,000 asesinados, ¿en 7 años serán otros 50,000?, ¿a qué le apuesta el gobierno?, a un genocidio: el Ejército, la policía y los narcotraficantes asesinan a niños, a jóvenes inocentes y a las madres frente a sus hijos.
MC.- ¿Podrías ejemplificar las atrocidades de la guerra de Felipe Calderón en el Estado de Morelos?
JM.- Secuestraron a seis de once jóvenes -de la colonia 3 de mayo-, durante un partido de fútbol, todos eran albañiles y llegó un comando armado, ¿quién nos garantiza que no eran policías?, para el Ejército es muy fácil emitir un comunicado para deslindarse de los «falsos retenes» o de las «casas de seguridad con falsas insignias militares», pero en todos los retenes militares en Cuernavaca los militares se ocultan con sus capuchas negras, con sus vehículos sin matrícula, sin identificación de la SEDENA, ¿dónde está la línea entre criminales y militares?, cuando se transgreden esas líneas divisorias el pueblo tiene derecho a protestar y desconfiar de los agentes del Estado. Vemos un reforzamiento de la presencia del Ejército y la policía, pero no han disminuido los índices de violencia, cuando el Ejército realiza labores de policía el secuestro se incrementa 76%, desde que los militares están en las calles se dispararon los índices de robo, asaltos, extorsiones y violaciones de los derechos humanos.
MC.- Durante el Plantón en el Zócalo de Cuernavaca se instaló una mesa para recibir denuncias, ante las omisiones y la negligencia del gobierno; ¿cómo fue el trabajo conjunto entre la Red por la Paz y la CIDH?
JM.- El trabajo de articulación entre las organizaciones de Morelos data de varios años, la Comisión Independiente surgió como la continuidad del Frente por los Derechos Humanos -una treintena de organizaciones-, también se creó el Frente Nacional Contra la Represión, donde había de todo: sindicatos, artistas, abogados y políticos de izquierda. La CIDH documenta y le da voz a la víctima, convocamos a los medios de comunicación para que hablen con las víctimas, incluso preparamos un informe con Amnistía Internacional sobre los Feminicidios en Morelos, así que durante el Plantón los compañeros de la Red por la Paz y Justicia aconsejaban a las víctimas para que fueran a nuestras oficinas, a dos cuadras del Zócalo de Cuernavaca.
MC.- ¿Qué hace la CIDH con sus expedientes?, ¿ante qué instancias presentan sus denuncias?
JM.- Cada vez que documentamos un caso, con testimonios y pruebas, argumentamos las violaciones que se cometieron bajo los estándares internacionales firmados por México, enviamos el expediente a las instancias correspondientes, ya sea a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Ombudsman Nacional, a la Senadora Rosario Ibarra -presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado-, para que los casos sean canalizados, difundidos y así exigirle a la autoridad que dé respuesta, por ejemplo con los desaparecidos, o para que juzguen la sanción correspondiente cuando un elemento del Estado resulta culpable. También enviamos los casos a Amnistía Internacional para organizar campañas por la libertad de presos políticos y las acciones urgentes para dar visibilidad a las víctimas.
MC.- ¿Y realizan el seguimiento de cada caso?
JM.- Sí, mediante asesorías jurídicas, atención psicológica, capacitación para que documenten sus propios casos e impartimos talleres. Tratamos de articularnos con organizaciones no gubernamentales que tienen otras habilidades o infraestructuras para acompañar a las víctimas.
MC.- Durante la guerra del régimen de Felipe Calderón, ¿cuántos casos de desaparición forzada registró la CIDH en Morelos?
JM.- Documentamos 12 casos de desaparición de personas, 6 fueron localizadas, quedan 6 casos por esclarecer; cuando menos tenemos 10 casos donde no necesariamente son tipificados como desaparición forzada, todavía nos faltan elementos para concluir, sólo hemos visto la negligencia de las autoridades para integrar adecuadamente las averiguaciones previas (expedientes policiales); la Procuraduría de Justicia emitió un comunicado, reconociendo 1,200 denuncias por desaparición en Morelos durante los últimos años, pero la Procuraduría no especificaba cuántos casos había resuelto, ni el número de secuestros que incluían en la cifra de 1,200 desaparecidos.
Existen otros casos, por ejemplo, en Ocotepec dos jóvenes fueron detenidos y meses después encontraron sus cadáveres en el río Mezcala; es emblemático el caso de un policía que detuvo a varios jóvenes, los subió a su patrulla y en lugar de presentarlos ante la Procuraduría, los desapareció, después sus familiares encontraron los cuerpos sin vida; recientemente está el caso de Jethro Sánchez detenido por la policía municipal de Cuernavaca (01/05/2011), el joven ingeniero de 26 años fue llevado ante agentes de la Policía Federal y ninguna corporación ofrece información sobre el destino de Jethro Sánchez; desde el 19 de mayo, Juan Bosco Castañeda -el Jefe de la policía municipal de Cuernavaca- está arrestado por sus vínculos con el Cártel del Pacífico Sur.
MC.- Por otra parte, ¿la CIDH documentó 12 casos de feminicidios en Morelos?
JM.- Sí, son 12 asesinatos de mujeres en Morelos durante 2011, el más reciente asesinato de una jovencita fue el 4 de mayo; exigimos a las autoridades que tomen medidas elementales previstas por la Ley de acceso a las mujeres a una vida sin violencia, para que hagan una alerta de género y se tomen las medidas integrales que eviten los feminicidios. Lo único que hace la autoridad es descalificar a las víctimas, por su ropa, condición social o porque el lugar de los hechos sea un hotel, carretera o basurero.
MC.- En resumen, ¿vivimos una Emergencia Nacional?
JM.- Sí, en Morelos se repiten los crímenes del Estado de México, vivimos en la total desesperación y angustia.
MC.- Finalmente, ¿las autoridades acatarán los 6 puntos del Pacto Nacional de Ciudad Juárez?
JM.- Lo dudo, sería como si renunciaran a sus privilegios, a las atribuciones que no les corresponden pero que se apropiaron; el reclamo contra las autoridades debe incluir la revocación del mandato y la correlación de fuerzas sociopolíticas, para que el pueblo pueda acceder a formas de participación distintas, a eso apunta el Pacto Nacional de la ciudadanía. Es inaceptable que el gobierno pretenda montarse en el Movimiento de la Paz con Justicia y Dignidad, cuando su discurso es esquizofrénico, dicen que reconocen las voces de la ciudadanía, pero después nos llaman «voces estridentes que viven de la crítica», ellos firmarían un «pacto nacional» con quien les aplauda sus políticas, pero no con los que exigimos Justicia.
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