Cinco vecinos y vecinas de Chubut quedaron a un paso de un juicio oral por manifestarse contra la megaminería. Un día antes de la prescripción de la causa, el fiscal federal Fernando Gelvez solicitó la elevación a juicio al juez Ricardo Sastre, quien deberá decidir si avanza o rechaza el pedido. La criminalización como herramienta del modelo extractivo.
Cinco asambleístas de Chubut quedaron a un paso de ser llevados a juicio oral por haber realizado un corte pacífico en la Ruta nacional 3 en mayo de 2021, cuando la Legislatura provincial rechazó sin tratamiento el proyecto de Iniciativa Popular, que con el aval de 30.000 firmas de vecinos y vecinas solicitaba la prohibición de la megaminería en todo el territorio chubutense. El fiscal federal Fernando Gelvez pidió la elevación a juicio oral un día antes de que la causa prescribiera. Los procesamientos son por el artículo 194 del Código Penal, por entorpecer el transporte público, una figura utilizada en todo el país para perseguir el derecho a la protesta. “Hay un proceso muy grande de criminalización de la protesta, además de la represión, para meter miedo a la población e imponer el plan extractivo”, denuncia Santiago Vasconcelos, uno de los procesados e integrante de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn.
Los procesados son militantes ambientales de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, vecinos y vecinas de Puerto Madryn, Trelew y Rawson: Noelia Silva, Andrea Leonett, Diego Oria, Matías Crespo y Vasconcelos, quien también es militante del Partido Obrero y diputado provincial electo por el FIT en las recientes elecciones provinciales. “La Legislatura que rechazó la Iniciativa Popular, y que se valió de la represión y el Poder Judicial para avanzar sobre los vecinos que luchamos, va a tener que recibir a un procesado por luchar en la Cámara de diputados provincial”, contrapone Vasconcelos, en diálogo con Tierra Viva, ante la dura noticia que recibieron el jueves pasado con la notificación judicial.
El 6 de mayo de 2021, el gobernador saliente de Chubut —y parlamentario del Mercosur electo por Unión por la Patria—, Mariano Arcioni, lograba su objetivo de rechazar, sin tratamiento, la Iniciativa Popular impulsada por las asambleas ciudadanas de Chubut. A pesar de las 30.000 firmas reunidas, una comisión de la Legislatura emitió un dictamen de rechazo y en 24 horas lo llevó al recinto para que sea aprobado. Los asambleístas se manifestaron primero frente a la Legislatura y, una vez aprobado el rechazo, las protestas se multiplicaron por toda la provincia: las asambleas de Esquel y Trevelin ocuparon pacíficamente los edificios municipales, en La Comarca Andina se mantuvieron cortes sobre la Ruta 40 y en la costa atlántica sobre la Ruta 3.
“Las protestas fueron la respuesta del pueblo de Chubut al bastardeo por parte de la Legislatura provincial de ni siquiera tratar la Iniciativa Popular sino desestimarla con una moción de rechazo. Sabíamos que lo querían hacer era tener las manos libres para tratar la zonificación minera, algo que terminaron haciendo en diciembre de ese año”, recuerda Vasconcelos. La respuesta popular de diciembre de 2021, recordada como el “Chubutazo”, volvió a darle la razón a los asambleístas.
La causa que el fiscal Gelvez pidió elevar a juicio la semana pasada se armó sobre la Ruta 3, en el acceso norte a la ciudad de Trelew. Allí, un centenar de vecinos, vecinas y asambleístas mantuvieron un corte parcial de la Ruta 3 desde el 6 de mayo hasta la madrugada del 9 de mayo, cuando un operativo de la Policía de Chubut llegó a desalojarlos en medio de un apagón eléctrico sobre la ruta. Por tratarse de una ruta nacional, la causa quedó en manos del juez federal Gustavo Lleral —el mismo que sigue a cargo de la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado—.
En el inicio, la causa tenía 23 acusados, luego se procesaron a 16, pero en septiembre pasado la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia consideró la falta de mérito para once de los procesados ymantuvo las imputaciones sobre los cinco que ahora el fiscal Gelvez solicita la elevación a juicio oral. La última notificación llegó con la firma del juez federal Ricardo Sastre como subrogante, y será el que defina el último paso.
“La noticia nos da muchísima bronca, si bien la esperábamos, porque a lo largo y ancho del país la criminalización de las luchas viene siendo una política de Estado, con la que buscan aleccionar a quienes se oponen al extractivismo”, denunciaba Andrea Leonett en un video publicado en sus redes el día en que fueron notificados. “Se traslada un conflicto político al ámbito de la justicia para decidir si somos culpables o no, pero este conflicto es meramente político. Es el pueblo el que tiene que decidir cuáles son los proyectos que se pueden desarrollar en nuestro territorio. Al trasladarlo al ámbito de la justicia, se individualiza, se fragmenta y se rompe del movimiento. Somos cinco personas que vamos a ser juzgadas, siendo que fue un pueblo entero el que dijo que no a la megaminería”, analizó Leonett.
La resolución del fiscal Gelvez busca señalar a los cinco procesados como organizadores del corte de ruta, habla de la instalación de baños químicos para sostener la protesta y pone como pruebas testimonios policiales, inteligencia sobre las redes sociales de los participantes del corte y CD con videos y fotos en los que identifican a los asambleístas. Con esos elementos los señala como autores materiales y criminalmente responsables del delito de «impedimento o estorbo y entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra y de los servicios públicos”. Las crónicas de aquellos días, donde queda clara la solidaridad de vecinos que acercaban elementos y comida para soportar el frío e incluso de los camioneros que pasaban por la ruta, contrasta con el escrito del Fiscal.
“En Chubut, la lucha ambiental está organizada desde hace más de 20 años y su núcleo son las asambleas socioambientales de cada localidad. Lo que quieren hacer, en términos legales, es mostrar que no fue algo espontáneo y darnos el mote de organizadores para acusarnos. Quieren ponernos en un lugar que no teníamos”, señala Vasconcelos. Uno de los argumentos que presenta el Fiscal es que cuatro de los cinco procesados aparecen como firmantes del acta de desalojo en la madrugada del 9 de mayo.
“Fuimos elegidos como delegados en una asamblea sobre la ruta, cuando ya veíamos que se venía el desalojo”, contrapone el integrante de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn al relato del Fiscal y recuerda que la decisión de retirarse pacíficamente se había tomado ante el operativo represivo irregular que se estaba montando: “Hubo un corte de luz previo, algo que va en contra de cualquier tipo de protocolo de actuación. Eso fue muy turbio, y nosotros ya nos habíamos enterado de que estaban convocando a los policías de guardia. En ese momento definimos levantar el corte para que no golpeen a ninguno de los vecinos”. “Eso no lo investigan, solo nos imputan a nosotros”, reclama Vasconcelos.
Siete meses después del desalojo de la protesta en la Ruta 3, Arcioni avanzó en la Legislatura provincial con la “zonificación minera” para habilitar la explotación en la Meseta, interesado en un proyecto en particular: Navidad, de la empresa canadiense Panamerican Silver. Tanto el rechazo a la Iniciativa Popular en mayo de 2021 como la aprobación de la zonificación minera contaron con el voto de un legislador del PRO, Sebastián López, que a pesar de haberse filtrado un video pidiendo coimas nunca fue investigado ni recibió un pedido de juicio político en la Legislatura.
En los días del “Chubutazo”, las movilizaciones se multiplicaron y también la represión y las causas contras los vecinos y vecinas. En las elecciones provinciales de julio, con solo el 36 por ciento de los votos, en la provincia se eligió como próximo mandatario a Ignacio Torres (Juntos por el Cambio), lo que marca un horizonte de continuidad en el intento de habilitar la megaminería en la provincia. “El Chubutazo mostró lo importante que es para el pueblo de Chubut la defensa del agua y el apoyo que recibimos de nuestros vecinos es la mayor confianza que tenemos para poder revertir esta situación. Es el proceso de organización en el que confiamos”, sostiene Vasconcelos.
—La resolución del Fiscal superpone el artículo 194 del Código Penal a los derechos amparados en la Constitución Nacional, mientras que en Jujuy una reforma constitucional avanzó directamente contra el derecho a la protestas y el Acuerdo de Escazú parece no incidir en la protección de los defensores ambientales. ¿Cómo analiza esa situación?
Vasconcelos: —Lo del Acuerdo de Escazú se puso de relieve en las indagatorias, escritos y exposiciones de las defensas en la causa, pero no fue tomado en cuenta por el Poder Judicial. También se marcó que el artículo 194 del Código Penal, al que jerarquizan por sobre la Constitución, fue promulgado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, no se trata de un artículo votado por un Congreso electo, que también rechazaríamos, pero queda claro que estuvo redactado para avanzar en la persecución. Desde entonces, el artículo se mantuvo a lo largo de los gobiernos constitucionales. Es el artículo que más se está usando para criminalizar la protesta en todo el país. En cuanto a la reforma constitucional de Jujuy, que contiene una norma antipiquetes, se trata ya de la consumación de lo que, en la práctica, hacen con el artículo 194 del Código Penal. Es algo inviable, porque en la situación en la que estamos, todos los reclamos no caben en una vereda. La gente va a seguir saliendo igual a la calle. Lo que hacen los gobiernos, de forma más o menos explícita, es confesar que su plan de gobierno no implica resolver los reclamos populares sino avanzar en los planes de ajuste, judicializar a quienes luchamos y avanzar con el saqueo extractivista.