Cuanto más petróleo produce y exporta Bolivia, su empobrecimiento es mayor. Esto se debe a que, al incrementarse los precios internacionales del crudo y ampliar su consumo interno, su endeudamiento crece ya que, pese a producirlo en su territorio, debe comprarlo de las compañías a precios internacionales. Como el consumidor interno no puede pagar esos […]
Cuanto más petróleo produce y exporta Bolivia, su empobrecimiento es mayor. Esto se debe a que, al incrementarse los precios internacionales del crudo y ampliar su consumo interno, su endeudamiento crece ya que, pese a producirlo en su territorio, debe comprarlo de las compañías a precios internacionales. Como el consumidor interno no puede pagar esos precios, el Tesoro General de la Nación (TGN) los subvenciona, hoy en día, con 27 dólares el barril de petróleo que cuesta alrededor de 54 dólares en el mercado internacional. A su vez, como el TGN no tiene recursos, se presta dinero, al 8 %, de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), a cambio de bonos del TGN, lo que aumenta la deuda interna.
En 1994, tal deuda ascendía a $US 98 millones. En el 2003, llegó a $US 1.700 millones. Ahora se acerca a los $US 2.000 millones. En el 2003, las exportaciones bolivianas apenas bordearon los $US 1.000 millones. Al liquidarse las empresas del Estado, precisamente en 1994, el 50 % de sus acciones, acumuladas en el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), deberían beneficiar a parte de la población. Esas acciones están siendo transferidas de manera paulatina al Fondo de Capitalización Individual (FCI), que las paga con los aportes destinados al pago de jubilaciones. Con estos aportes se paga el «bonosol», subvención anual a los mayores de 65 años, y se cumplen las obligaciones con las petroleras. Las acciones de los ciudadanos bolivianos serán «monetizadas» o vendidas a las transnacionales, dueñas del otro 50 % de las acciones, recibidas, de manera gratuita, a cambios de «promesas de inversión».
El colapso del país por esa demencial política es inevitable. Y la exigencia de una nueva Ley de Hidrocarburos tiende a evitarlo. Las petroleras, por su parte, se aferran a sus privilegios y, con el respaldo de EEUU, Gran Bretaña, Francia, España y Brasil, así como del FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF, se niegan a modificar los contratos firmados por 40 años por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), pese a que, según el Tribunal Constitucional, son ilegales ya que no fueron aprobados por el Poder Legislativo. El Presidente Carlos Mesa, acosado por el poder foráneo y el movimiento popular, pretende ganar tiempo con una inútil reunión a la que fueron convocadas 70 personas entre representantes del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tres ex presidentes de la República (GSL fue excluido), de gobiernos municipales y algunos dirigentes empresariales, laborales y campesinos. Si Mesa no pudo cambiar la política petrolera de GSL después del referéndum del 18/7/04, en el que, pese a sus preguntas tramposas, el 92 % de los votantes exigió la recuperación de los hidrocarburos, menos cambiará la situación con una reunión sin representación genuina ni validez legal.
El Jefe de Estado optó por ese encuentro antes que promulgar la nueva ley ya sancionada por el Parlamento o devolverla con sus observaciones. En mensaje al país, justifico la reunión «de los setenta» a fin de evitar la desintegración de Bolivia, que las petroleras y sus aliados internos y externos promueven de manera abierta. Entre tanto, Mesa sigue autorizando contratos de venta de gas al exterior. Antes del referéndum, se reinició la venta de 4 millones de metros cúbicos día (MCD) a la Argentina, al precio «solidario» de un dólar el millón de BTU. La cifra se ha incrementado a 7.8 millones y llegará a 30 millones. Al Brasil, debía llegar a 30 millones, pero la cifra subirá a 70 millones. Durante la visita del Presidente Vicente Fox, realizada la semana pasada, se anunció que a México se exportará otros 30 millones, con lo que se ha comprometido un 30 % más de las reservas probadas.
La ley que Mesa se niega a promulgar no significa un gran avance para los intereses nacionales ya que no permite siquiera que el país intervenga en los precios de exportación del gas y deja que los contratos se adecuen a la nueva ley que casi no afecta a las transnacionales. En su opinión, «la reunión de los 70» debe preservar los contratos de GSL, si se desea que el país no se disgregue. Frente a la situación descrita, muchas voces plantean el adelanto de elecciones presidenciales, programadas para el 2007, a fin de que un nuevo gobierno frene el absurdo de que la riqueza petrolera de Bolivia sirva para empobrecerla.