Los medios argentinos que responden a las agencias de información internacionales manipulan noticias relacionadas con la piratería. Los titulares intentan convencer a la población que en la Argentina, el 68% de las reproducciones son «ilegales» . La industria, las salas de cine y los videoclubes sufren serias consecuencias e Internet es otra fuente de ilegalidad. […]
Los medios argentinos que responden a las agencias de información internacionales manipulan noticias relacionadas con la piratería. Los titulares intentan convencer a la población que en la Argentina, el 68% de las reproducciones son «ilegales» . La industria, las salas de cine y los videoclubes sufren serias consecuencias e Internet es otra fuente de ilegalidad.
La Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA), conglomerado que agrupa a casi 2000 empresas norteamericanas, y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AMCHAM) en el país de fuerte cultura nacional como la Argentina, impulsan todos los años campañas contra la distribución de copias no autorizadas, denominadas «piratas» o «truchas» (modismo argentino).
En 2009 ha comenzado a desplegar una campaña mediática con el propósito de impulsar la modificación de la ley de derechos de autor para introducir el denominado «cánon digital» o impuesto a las copias digitales e intercambio de archivos P2P. También pretende cobrar para las empresas editoriales (y no para los autores como se pretende engañar tanto a la opinión pública como al gobierno) una especie de impuesto por fotocopias en bibliotecas y universidades.
Los voceros de las editoriales y disqueras afirman además que «en muchas esquinas de la ciudad vendedores ambulantes venden películas piratas donde el 68% de las películas que se ven son ilegales , cifra altísima comparada con la de Estados Unidos que llega al 30%, según «un estudio de un organismo que representa a los principales estudios cinematográficos norteamericanos». Asimismo, se precisa que « el 58% de los consumidores de piratería son de niveles ABC1″ y que se trata de una tendencia que va en aumento.
En general, estas cifras son manipuladas para intentar justificar la introducción de una nueva normativa similar a las creadas en varios países de Latinoamérica y El Caribe, firmantes de los tratados TLC con los Estados Unidos tras el fracaso del ALCA (nefasto tratado que automáticamente hubiera elevado los estándares de protección sobre todas los productos alcanzados por la propiedad intelectual, elevando en consecuencia sus precios).
Este hecho (el aumento injustificado que crea una burbuja por aplicación de estándares elevados en materia de copyright) es el factor determinante de la creación de mercados paralelos de distribución de productos. Los elevados precios de los productos denominados «originales» (autorizados por sus autores pero cuyos derechos patrimoniales fueron cedidos a las multinacionales) son consecuencia de las políticas depredadoras de la industria del copyright que encuentra una fuente de recursos extraordinario basada en costos ficticios de bienes sociales culturales (música, libros, películas, software).
Con total impunidad, las empresas norteamericanas desatan millonarias campañas en los principales medios de comunicación, confundiendo a un público con poca información relacionada a los verdaderos motivos de la creación de mercados «piratas» pero con sentido común a la hora de comprar productos a precios accesibles para los presupuestos hogareños de los argentinos (aunque incluso la franja de población con mayores ingresos se niega a pagar precios onerosos).
La crisis originada por los gobiernos y alianzas corporativas de países centrales, verdaderos piratas de sus sociedades, se intenta pagar extrayendo dinero de las poblaciones de los países históricamente pirateados, ahora por la globalización capitalista del tercer milenio.