Al cabo de su primer mes de gobierno, Evo Morales obtiene el 79% de respaldo de la población, cinco puntos más que cuando asumió el mando el 22 de enero. Su popularidad es tan alta que la mayoría de la gente no duda que hará realidad la Asamblea Constituyente y el referéndum autonómico. Algunos piensan […]
Según una investigación de la encuestadora Apoyo, Opinión y Mercado realizada en febrero, el 79% la población de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz aprueba la gestión del Primer Mandatario. El vicepresidente Alvaro García Linera obtiene un respaldo del 71%, según la encuesta a 1.011 personas de entre 18 y 70 años de edad.
El 87% de la población de El Alto confía en que Morales cumplirá su promesa de formar la Asamblea Constituyente, mientras el 85% espera que se celebre el referendo autonómico. En La Paz el apoyo también es contundente (80%-65%), al igual que en Santa Cruz (70%-73%). El 66% cree que Morales concluirá su mandato de cinco años en un país caracterizado por la inestabilidad política, indica la encuesta publicada por el diario La Razón de La Paz.
La popularidad del Presidente se hizo manifiesta este sábado en la entrada folclórica de Oruro, la principal actividad carnavalera de Bolivia. En la avenida 6 de agosto delante del palco de Honor preparado para la delegación oficial, Morales fue vitoreado por los asistentes. Dos simpáticas danzantes de la Morenada Mejillones invitaron al presidente y vicepresidente a bajar del palco para bailar. Ambos mandatarios aceptaron gustosos. Cuando menos tres veces fueron invitados por distintas morenas para bailar y cada vez que eso ocurría los mandatarios bajaban del palco complacidos, ante el aplauso y el saludo de la gente. ‘El carnaval de Oruro me trae grandes recuerdos de la juventud, de la niñez y también recuerdo de ser trompetista. Entre 1977-1979 nosotros tocábamos como parte de la banda Imperial para la Ferrari Ghezzi, la Mejillones y tantos otros grupos del carnaval de Oruro ‘, recordó Morales.
El escritor boliviano Néstor Taboada Terán ha propuesto al presidente como candidato al premio Nóbel de la Paz, en el marco de una campaña internacional. El historiador, narrador, ensayista, periodista y autor de más de 50 títulos envió el 7 de febrero una carta a la Fundación Nóbel para presentar la candidatura con el argumento de que Morales ‘es un luchador auténticamente indígena que ha logrado una victoria histórica en las urnas’.
Morales también pasa por un buen momento político, pese a los roces con la Embajada de Estados Unidos, que la semana pasada desvisó a una senadora del partido oficialista MAS. La congresista norteamericana Nita Lowey, miembro influyente del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, se reunió el viernes con el Presidente para comprometerle una defensa vehemente de la continuidad del apoyo a los programas de apoyo económico. «Yo sé que habrá apoyo en el Congreso, porque entendemos la relación importante entre Estados Unidos y América Latina y queremos fortalecer esa relación’, declaró la legisladora.
No todo es miel
A pesar del apoyo reflejado en las estadísticas, el gobierno de Morales enfrenta duros cuestionamientos de organizaciones sociales que se ubican en los dos extremos del arco político. El gobierno se esfuerza por asumir posiciones centrista, posición que no convence a los sectores radicales de derecha de Santa Cruz y a los izquierdistas «extremistas» del occidente, entre ellos la Federación de Juntas Vecinales de El Alto y los poderosos gremios docentes.
La aprobación del proyecto de ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente en la Comisión Mixta de Constitución ocasionó que Santa Cruz se distancie más aún del Ejecutivo. El Comité Cívico y la brigada parlamentaria de Santa Cruz opinan que el proyecto del gobierno pone en riesgo la realización del referéndum autonómico y no garantiza la inclusión de los resultados del mismo en las reformas a la Constitución Política del Estado (CPE). Se supone que el Congreso sesionará el próximo miércoles para considerar el informe del proyecto de ley de Convocatoria. La Comisión dejó en manos del Congreso la decisión final de fijar la modalidad de elección y el número de constituyentes. La Comisión recibió 22 proyectos de ley de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, iniciativas parlamentarias individuales, regiones y comités cívicos.
Por otro lado, la Fejuve de El Alto rompió la tregua con Morales, reclamando mayor decisión del «gobierno indígena» que hasta ahora no ha dado señales claras para nacionalizar los hidrocarburos y enterrar el neoliberalismo, expresado en el famoso decreto 21060. Los vecinos reclaman además la instalación de gas domiciliario para todos los vecinos, obras públicas de urbanización, instalación de agua, rebaja de los servicios básicos de agua, electricidad.
Carlos Rojas, secretario de organización de la Fejuve, informó que el pasado miércoles las autoridades del gobierno no permitieron que ingresen los dirigentes de esa organización vecinal a la reunión que sostuvo Morales con varias organizaciones alteñas. Molesta a los vecinos el acercamiento del gobierno con los gremios empresariales, mientras que cierra puertas a las organizaciones de base.
El gobierno ha dicho que no va a estatizar los hidrocarburos y que, por el contrario, mantendrá como socias a las multinacionales. También se ha negado a derogar el decreto 21060 que instauró el régimen neoliberal en el país. El gobierno aseguró que ese Decreto no puede ser derogado porque fue elevado a rango de ley a través del Artículo 13 de la Ley de Inversiones. El ministro de Trabajo Alex Gálvez explicó que el cambio de esta norma será una tarea difícil, pues se formó una especie de cadena con otras leyes que también deberían ser modificadas. En ese marco explicó que para derogar dicha norma no es suficiente otro decreto, sino una Ley.
Morales había prometido un salario no menor de 1.500 bolivianos para todos los trabajadores (190 dólares). Pero ofertó un 7% de aumento a los maestros. Por la demanda salarial ya hubo huelgas en hospitales de Santa Cruz y Potosí.
En cuanto a la Asamblea Constituyente, el MAS propone tres representante por cada una de las 70 circunscripciones por voto directo, oferta de estricto contenido liberal rechazada por organizaciones sindicales, sociales e indígenas, que reclaman jurisdicciones especiales para los indígenas.