Un pozo petrolero en el estado de Veracruz, México lleva más de cuatro meses incendiado, la llama puede verse a kilómetros de distancia, a pesar de ello, se han invisibilizado las innumerables denuncias de comunidades y personas que han confirmado contaminación en el agua, en sus cultivos, envenenamiento del ganado y daños en la salud tanto a las poblaciones que se encuentran de forma cercana como a las que están a distancias considerables. Si bien Petróleos Mexicanos (Pemex) continúa realizando maniobras para recuperar el control todavía no parece que se esté logrando un gran avance.
Aún con lo anterior, el caso apenas ha tenido una mínima visibilidad en la discusión pública nacional, una omisión que se ha visto impulsada tanto por los distintos conflictos armados que se han suscitado en el mismo periodo de tiempo, como por eventos electorales.
Sin embargo, compañerxs que están en campo y personas de las comunidades comentan con profunda tristeza las consecuencias que está teniendo esta situación, por lo que no puedo evitar preguntarme, ¿cómo puede una emergencia de este calibre prolongarse durante más de cuatro meses sin convertirse en un asunto central de la agenda nacional?
El incendio del pozo exploratorio Krem-1, ubicado en Las Choapas, Veracruz, comenzó el 5 de marzo de este año después de que un flujo inesperado de hidrocarburos ingresara al pozo durante las operaciones de perforación. Lamentablemente hasta el día de hoy no existe un informe de la o las causas que nos permitan comprender qué es lo que sucedió con exactitud y si alguien es responsable.
Precisamente eso es lo que preocupa más, que a cuatro meses de lo sucedido, todavía no se tiene una explicación detallada y clara sobre la razón de este evento, y a pesar de los comunicados de Pemex aún no se ha hecho público un informe técnico que explique por qué se perdió el control del pozo, qué sistemas fallaron, si el accidente pudo haberse evitado, y mucho más importante, por qué todavía no ha sido posible controlar la situación a pesar de que desde el mismo día del siniestro se informó en las primeras horas que todo estaba bajo control. Además, la comunicación oficial utilizó expresiones como “fuga controlada, sin riesgo para la población o bajo control operativo”, lo que ha resultado engañoso, ya que lo único que se ha hecho es controlar el acceso al perímetro del pozo para documentar de forma independiente la situación, pero hasta hoy, las labores para controlar el pozo se han prolongado durante cuatro largos meses.
Esta situación y lo sucedido en pozo Ixtoc I en 1979 presentan muchos paralelismos, ya que en 1979 un pozo reventó provocando un incendio que tardó 9 meses en ser controlado, así como un derrame de más de 3 millones de barriles petroleros. La opacidad con la que se manejó aquel desastre es similar, pues parece que con Krem-1 se están enfocando en la mitigación del impacto comercial y de imagen, dejando de lado la investigación epidemiológica y de salud. Un error que al día de hoy nos ha costado muy caro, ya que se trata de un punto ciego de datos en el que es imposible verificar si los malestares o afectaciones que se sufren en la región de la Sonda de Campeche pueden ser atribuidos al desastre de Ixtoc, con todo lo que ello implica tanto para el sistema de salud como para la propia capacidad productiva nacional.
Por lo anterior, vale la pena mencionar que existe un caso que puede servir de base para conocer y comprender el alcance de los daños a la salud, y es el accidente de Deepwater Horizon, ocurrido en 2010 en el Golfo de México. El estudio que se hizo dio seguimiento a cerca de 33 mil personas involucradas directa o indirectamente en las labores de respuesta y permitió documentar que las personas que tuvieron mayores niveles de exposición a hidrocarburos presentaron también mayores riesgos de desarrollar síntomas respiratorios y asma. Entre los efectos más frecuentes se registraron: tos, dificultad para respirar, irritación de ojos y garganta, dolores de cabeza, mareos, náuseas, fatiga y problemas en la piel. Algunos estudios posteriores encontraron, además, alteraciones persistentes de la función pulmonar y mayores probabilidades de padecimientos respiratorios crónicos.
Para evitar que se repita esta omisión en el bienestar de la población, es urgente conocer el informe que dé claridad a lo sucedido para poder deslindar responsabilidades, además es fundamental tener un dictamen completo sobre ¿Cuánto gas se ha liberado y quemado desde marzo?, ¿Qué sustancias se han emitido a la atmósfera?, ¿Cuáles son los resultados de los análisis de aire, agua y suelo?, ¿Cuántas personas han presentado afectaciones de salud?, ¿Cuántos productores han perdido cultivos y/o ganado? No hay, hasta ahora, información pública para responder a ninguna de estas preguntas y pareciera que nadie en los medios de comunicación quisiera saberlo o comentarlo.
Pemex ha informado sobre monitoreos ambientales, atención médica, obras de contención y trabajos técnicos para recuperar el control del pozo. Pero los datos detallados que permitirían evaluar de manera independiente la dimensión del problema siguen siendo escasos o poco accesibles.
Mientras tanto, quienes viven la contingencia enfrentan: humo, mareos, dolores de cabeza, incertidumbre sobre el agua que utilizan, la salud de sus niñxs y ancianxs, sobre las afectaciones a sus animales que alimentan su economía familiar y el temor de que los efectos aparezcan después.
Estos fenómenos son algo que se repite como reloj en cada caso, la desigualdad de los territorios extractivos, donde los beneficios de la explotación de bienes naturales: hidrocarburos, minerales, bosques, agua, etc. se contabilizan a escala nacional; pero, los riesgos, en cambio, se concentran localmente sobre comunidades rurales, ejidatarios, pequeños productores y familias que casi nunca tienen acceso a servicios médicos de calidad, agua o simplemente a mecanismos para exigir información.
Hoy, cuatro meses después la llama del pozo es visible desde kilómetros de distancia y, aunque en algún momento se logrará apagar, eso no resolverá este desastre que ha vuelvo a demostrar que lo único invisible en este país son los derechos de lxs más vulnerables, sus afectaciones, por lo que queda la pregunta sobre ¿quién responderá por ellos?
La falta de acciones contundentes por parte del gobierno federal y local, así como de Pemex, para proteger, resguardar y darle opciones a lxs afectadxs es un silencio que también quema. Y con este desastre que no termina de controlarse, valdría la pena recordar que desde el gobierno se ha mencionado que se quiere impulsar el “fracking” de forma masiva en el país, por lo que no me quiero imaginar los problemas socioambientales que podríamos vivir si se lleva a cabo, por ello es importante hacer un llamado a las autoridades para que esta actividad no se permita y para que realicen todas las acciones necesarias para detener urgentemente el desastre en Krem-1.
Aleida Azamar Alonso. Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, México. Integrante del grupo: Nuestro futuro, nuestra energía; de la red de Energía y poder popular en América Latina, así como de la Colectiva Cambiémosla Ya.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.