El consorcio Al Sur publicó “Reconocimiento facial en América Latina: tendencias en la implementación de una tecnología perversa”, una investigación que identifica 38 sistemas de reconocimiento facial desarrollados en la región.
Si has caminado por el centro de Santiago de Chile durante los últimos meses, probablemente los has visto afuera de algún centro comercial, a la entrada de un parque o frente a un semáforo concurrido: dos personas con una esfera metálica, ofreciéndote dinero a cambio de una imagen de tu ojo. O algo así. El dinero no es dinero per se, sino el equivalente a 20 USD en Worldcoin, una criptomoneda. Y la imagen de tu ojo no es una simple imagen de tu ojo, sino un escaneo de tu iris, dato biométrico utilizado para identificarte. Todo con un aire a pacto faustiano muy de película sci-fi de bajo presupuesto. El propio Edward Snowden salió a criticar la iniciativa, que en Chile contabiliza alrededor de 10 mil inscritos. 10 mil iris escaneados.
Una cifra como esa es preocupante y un poco desmoralizante, la verdad. Pero a pesar de ello, comprensible: en un país con una ley de protección de datos personales del siglo pasado, donde el cliché de los-datos-son-el-nuevo-petróleo se repite como mantra, pero donde no se hace nada al respecto (al menos, para proteger mejor esos datos) y donde la información personal parece pasar de un lado a otro con absoluta promiscuidad, no es raro que para algunas personas entregar el iris a cambio de una cantidad potencial de dinero, por poco que sea, no es la gran cosa
Y, sin embargo, debería ser una gran cosa. Más allá de lo anecdótico del caso, la creciente normalización del uso, recolección y exigencia de datos biométricos es una tendencia preocupante. De muestra un ejemplo: esta semana nos enteramos de que una administradora de fondos de pensión (AFP) está exigiendo validar la identidad de sus clientes a través de biometría facial. La excusa es siempre la misma: seguridad. ¿Pero la seguridad de quién? Saber que mis datos sensibles, relativos a mi cuerpo, están siendo almacenados y procesados quién sabe dónde, bajo quién sabe qué condiciones, por quién sabe quién, no me transmite ninguna seguridad. Al contrario, me da escalofríos.
Si una empresa dedicada a la gestión de dinero no es capaz de encontrar otras maneras de asegurar la recaudación que no impliquen generar y almacenar un modelo algorítmico de mi rostro, quizás a esa empresa no debería confiársele tal tarea. Porque el día de mañana, cuando esa base de datos se filtre, no hay nada que puedan hacer para devolverme el control sobre mi cara. Ese es el gran tema con los datos biométricos: una vez entregados, no hay vuelta atrás.
En la práctica, la identificación biométrica requiere ceder control sobre el propio cuerpo.
Reconocimiento facial
Cualquier discusión sobre identificación biométrica quedaría incompleta sin hablar de reconocimiento facial. Recientemente, las organizaciones reunidas en el consorcio Al Sur publicaron “Reconocimiento facial en América Latina: tendencias en la implementación de una tecnología perversa”, una investigación colectiva que identifica 38 sistemas de reconocimiento facial desarrollados en la región, al alero de distintas políticas públicas.
Alguna de la información recopilada, aunque poco sorprendente, constata sospechas fundadas: el número de sistemas de reconocimiento facial se ha incrementado de manera importante durante los últimos años, su finalidad principal es la vigilancia del espacio público y los procesos de auditorías externas para fiscalizar el funcionamiento de los sistemas casi no está considerando en ninguna parte, ni hablar de estudios de impacto en derechos humanos. Tampoco sorprende la dificultad para acceder a información básica respecto a las tecnologías utilizadas y sus proveedores, que ha sido la tónica en la mayoría de los esfuerzos realizados en la región a la hora de lidiar con este tipo de políticas públicas. Por ello es destacable el esfuerzo por recopilar información sobre proveedores y los países en los que operan. Una cuestión llamativa es una tendencia a la adopción de tecnologías por medio de donaciones, característica de algunas empresas chinas.
Pero más allá de la información recogida en el estudio (disponible además en un sitio web especialmente dispuesto para ello, que pueden visitar aquí), llama la atención cómo la región parece ir a contrapelo de la tendencia mundial, donde se parece haber alcanzado algún consenso respecto de la necesidad de tomar medidas contra este tipo de tecnologías, al menos hasta tener mayor certeza de sus efectos negativos y cómo sopesarlos desde una perspectiva de derechos humanos. Pero a pesar de la declaración de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, las distintas localidades que han impuesto moratorias o prohibiciones de utilizar sistemas de reconocimiento facial hasta incluso el anuncio de Facebook de dejar de utilizar el sistema de reconocimiento facial en su plataforma, parece ser que esas noticias no han llegado a los oídos de los tomadores de decisiones en América Latina.
La pregunta es qué es lo que se requiere para poder hacer entender tanto a las autoridades como a la población en general sobre la necesidad de tomarnos este asunto en serio, cuando parece haber conciencia de los riesgos, existe experiencia internacional relevante, declaraciones de organismos internacionales y, sin embargo, la región parece un campo cada vez más fértil para la implementación de este tecnologías de identificación biométrica para cualquier cosa.