La protesta y las medidas de presión a raíz de las demandas sociales no atendidas o evadidas por instancias del Poder Público, al igual que la gestión en si misma, aportan a la coyuntura datos cualitativos relevantes en el desarrollo de la teoría y la opinión política; así por ejemplo ponen en evidencia la […]
La protesta y las medidas de presión a raíz de las demandas sociales no atendidas o evadidas por instancias del Poder Público, al igual que la gestión en si misma, aportan a la coyuntura datos cualitativos relevantes en el desarrollo de la teoría y la opinión política; así por ejemplo ponen en evidencia la crisis en la relación política de los aliados del proceso de cambio con el Gobierno del Estado Plurinacional; datos que al exponerlo a observaciones sistemáticas dibuja superficialmente una confusa perspectiva de cambio revolucionario en la gestión pública, cuando subjetivamente se las compara y coteja con imaginarios de colectivos revolucionarios en el marco de la legitimidad y legalidad que proporciona la Constitución Política del Estado para generar cambios estructurales institucionales; o datos que llevan a valorar objetivamente los niveles de corrupción y exclusión en los que se desarrolló la relación de la sociedad con las instituciones republicanas antes del 2006 poniendo en evidencia, ante la sociedad, el avance y certeza democrática del Gobierno y su gestión actual.
Se habla en consecuencia de dos bloques de datos evidentemente ciertos, una que viene de las permanentes críticas que se hace a la gestión pública de parte de corrientes de izquierda (Mayor participación ciudadana, compromiso político ideológico del gabinete y funcionarios públicos, legislación revolucionaria, etc.), y otra que busca un mejor perfil desde la relativización de la gestión actual posicionándola como una «Mejor Gestión» (Apoyo a los sectores productivos, aumento de las reservas nacionales, participación de las mujeres en el ejecutivo, bonos, etc.), comparada con las gestiones que antecedieron a Evo Morales.
Son entonces estos dos aspectos los que matizan y sobre los que se viene estructurando el debate para medir y dar juicios a la gestión pública y el posicionamiento político del Gobierno y los movimientos sociales. Son estos dos aspectos los que deben tomarse en cuenta para encarar la «Nueva Agenda» que anunció el miércoles 12 del presente el presidente Evo Morales.
Los protagonistas que de manera indirecta o en cuestión de participación generan la necesidad de una Nueva Agenda son los movimientos sociales, instituciones, y organizaciones políticas que estuvieron o aún están inmersos en las transformaciones que se establecieron a partir de la Asamblea Constituyente. Los otros, empresarios capitalistas, sectores reaccionarios y pro imperialistas, no cuentan por ahora en planes de transformación institucional, aunque agazapados construyan canales para envenenar la relación del Gobierno y sus aliados naturales. Definitivamente, en el marco de la construcción institucional y el proceso de cambio, después de la concentración a favor del cambio, la propuesta y la determinación de votar en blanco o anular el voto en las elecciones judiciales no cuentan políticamente. Las masas congregadas en la Plaza Villarroel posicionaron la intrascendencia de toda negativa a la realización de las elecciones de autoridades judiciales.
Con esta apreciación perceptiva, en miras a encarar una fase preparatoria para la elaboración de la Nueva Agenda y en la proyección de mantener la adhesión de los movimientos sociales y los pueblos indígenas originarios campesinos a la revolución social y transformación institucional se trata de mostrar como lícito y orientador, para el proceso de cambio, todo aquello que venga en consecuencia positiva de tres hechos o situaciones interconectadas y manifiestas al interior de los datos cualitativos; tres puntos inducidos de hechos concretos y evidenciados en el debate público y deducido de generalidades teóricas de comportamiento político.
El primero es que la sociedad en correspondencia a su rol transformador retome su consecuencia propositiva desde nuevos imaginarios revolucionarios y de intervención en la opinión y emisión de juicios a la gestión pública con objeto de orientar la atención favorable de la demanda social, al tiempo de que el poder público en su papel canalizador y ejecutor de la demanda social tenga la voluntad y capacidad de adecuar sus mecanismos de consulta y recepción de la propuesta social.
Segundo, al constatar que a la sociedad plural es a quien le corresponde cuestionar críticamente la tendencia del Órgano Legislativo Plurinacional por la promulgación continua y mantenimiento de normativas generosas con el viejo constitucionalismo liberal; plantear la readecuación de la actividad legislativa confiando en la viabilidad de la transformación revolucionaria a partir de la Constitución Política del Estado Plurinacional y la transformación institucional.
Y tercero, suponer viable el hecho de que los estamentos de dirección política del Órgano Ejecutivo puedan desviar el afrontamiento del conflicto generado en la demanda social asumiendo que el momento conflictivo de coyuntura no se genera en la contradicción de antagónicos al Estado Plurinacional, sino en el marco de contradicciones constitucionales secundarias y en la que la acción de las fuerzas reaccionarias aprovechan para desgastar al Gobierno.
Ante lo anterior corresponde responsablemente poner en consideración elementos objetivos directos y deducidos que llevaron a sustenten las afirmaciones anteriores.
La coyuntura ya nos ha proporcionado datos sobre los protagonistas y el lugar que ocupa la sociedad y el Estado al igual que el carácter de las reivindicaciones de naturaleza política, económica y social en el proceso de cambio revolucionario. Así al asumir la generalidad de que las transformaciones estructurales en un Estado se dan con el tiempo y en proporción directa a la participación conciente y cualitativa de la ciudadanía (en ejercicio de derechos), reconocemos implícitamente que cualquier retardo e indiferencia vendrán del alejamiento o del débil aporte de la sociedad hacia los objetivos buscados en el Estado representado o viceversa; que el Estado representado en sus instituciones de gestión y administración no considera constitucional y lícito el impulso y motor revolucionario de la sociedad o que la sociedad se opone a la acción y dirección revolucionaria del Poder Público.
Igualmente es ya un dato para la Nueva Agenda que una confusa ideología aplicada a la gestión económica y política enfrenta al Gobierno central con sus aliados en extremos jurídicos constitucionales; en un extremo lo que, por derecho constitucional, se hace lícito, en razón a que se cuenta con un Estado constituido por poderes cuya gestión pública la definen corrientes plurales y contradictorias mas que complementarias, y en otro extremo, en razón a que la sociedad constructora de imaginarios revolucionarios se relaciona con otros contrarios ideológicos, por un lado estamentos productivos y mercantiles ajenos a toda transformación de naturaleza revolucionaria y por otro actores impulsores de la superación de las fases capitalistas de desarrollo económico y político. Vista así; gestión y administración pública en contradicciones y, sociedad en actividad estratégica política y productiva también en contradicción, pone a toda demanda social en la antesala del conflicto y la movilización permanente.
Estos hechos concretos y objetivamente puestos en situaciones de análisis explican por qué la demanda social en un proceso de transformación institucional es implícitamente un conflicto en desarrollo, no solo por la propensión a ajustes desde la medida de presión de los demandantes sino por la inevitable presencia de la contrademanda improvisada u organizada por parte de la misma sociedad y al interior de aliados naturales.
Desde los datos cualitativos se entiende con mucha mas facilidad las marchas y contramarchas, huelgas y contrahuelgas, bloqueos y contrabloqueos, propuestas y contrapropuestas que demandan a la gestión pública la necesidad de constituir sus órganos de poder en instancias racionales de elaboración teórica y de síntesis en marcos plurales jurídicas sustentadas en la Constitución Política del Estado y normativa en vigencia.
Al parecer, la propuesta de una «Nueva Agenda» responde a reconocer que hasta ahora la iniciativa del Ejecutivo y del Legislativo no están constituyéndose en la síntesis de lo que la sociedad en sus contradicciones propone como bienestar colectivo y en superación del interés individual por el interés colectivo, y en reconocer que la «Nueva Agenda» es una iniciativa necesaria gubernamental para elaborar planes de desarrollo y de integración en base a la consulta, el diagnóstico y la planificación participativa.
Y es que la sociedad, en sus contradicciones busca nuevos protagonismos y mayores repuestas que expliquen las proyecciones económicas y políticas por parte del Poder Público, entendiendo que el Poder Público a la fecha no marca claramente la tendencia predominante en el marco constitucional del pluralismo económico y político o simplemente ya lo marcó y la gestión intencionalmente se dirige en contra de los intereses de una parte de sus aliados económicos y políticos, y a favor de la otra parte. Si fuese ese el camino tomado por el Gobierno, la gestión pública se debilitará y entonces las fuerzas reaccionarias y conservadoras entrarán en actividad, se aglutinarán y se reorganizarán y con razón se dirá en las esferas del Cambio que la derecha y el imperio ataca y lógicamente habrá condiciones para hacerlo, para destruir lo avanzado o reconstituir un nuevo ciclo en el proceso de cambio. Esto es posible por las alianzas que fuerzas políticas y estamentos económicos vienen configurando al margen del control del Conalcan (Consejo Nacional para el Cambio) y del Pacto de Unidad conformado por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Mujeres Indígenas Campesina Originarias de Bolivia, la Confederación de Comunidades Interculturales y el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo .
En general, lo que podemos ver adelante son una serie de gritos desesperados de las fuerzas reaccionarias en caso de llegar a la elaboración de una Nueva Agenda en plena participación del Gobierno y sus aliados nacidos en la Asamblea Constituyente o, en cambio una etapa de ruptura entre estos si el Gobierno individualiza una agenda en extremos paradigmáticos de desarrollo y poder.
La crisis política en la relación de poder público y la sociedad civil, principalmente del Gobierno central con sus aliados llegó a su final, adelante se tiene o la ruptura o el afianzamiento de la alianza.
El 12 de octubre en la Plaza Villarroel, cerca de un cuarto millón de militantes del cambio, principalmente mineros y campesinos mostraron a Evo Morales que el Gobierno cuenta con bases obreras y campesinas para profundizar el proceso de cambio lo que sin duda se debe interpretar que desde la «Nueva Agenda» se entroncará al Proceso Constituyente la visión Obrera en la construcción del Poder Obrero – Campesino en el Estado Plurinacional.
Finalmente a manera de reflexión concluir que un Plan Nacional de Desarrollo, que priorice el desarrollo capitalista lleva el germen de la ruptura del Gobierno y sus aliados obreros, campesinos y clases medias revolucionarias.
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