La Argentina logró, en forma desigual y combinada y con el objetivo de dar respuesta a la crisis de 1930, un inicio de industrialización.
Llegaron empresas y capitales extranjeros atraídos por el nuevo mercado en pleno proceso de sobre producción y sobre oferta de bienes y servicios en el mundo desarrollado. Ese impulso importante fue ampliado y con fuerte participación nacional (estatal y privada) con el peronismo e incluso continuó con los gobiernos posteriores.
Tuvo su cenit en 1974 en que el PIB industrial significaba el 33% del total. La Argentina de 1974 era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre una persona rica y una pobre y bastaba tener trabajo para satisfacer la canasta básica total.
En mayo de 1973 asume la Presidencia Héctor J. Cámpora, y nombra a José Ben Gelbard como ministro de Economía. Inmediatamente se instrumenta el plan económico y social llamado “Inflación Cero”, que se apalanca sobre el trabajo nacional, en una alianza entre la burguesía industrial nativa y el Estado, que invertiría en infraestructura y a la vez mediante planes promocionales permitiría que crezca más la burguesía nacional que la extranjera.
El gobierno propicia el “Pacto Social” que es el congelamiento de precios y salarios (tras un aumento inicial de las remuneraciones del 30%), con nacionalización (estatización) del crédito y del comercio exterior. Es decir, todos los bancos captan depósitos pero el encaje es el 100%, por lo que el Estado a través del BCRA y de los bancos oficiales (Banco de la Nación Argentina, Banade, Banco Hipotecario y los bancos de las provincias) administra el crédito (determina quién lo recibe y a qué tasa) y vende al exterior a través de las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes.
Las inversiones extranjeras eran admitidas cuando su genuina radicación no desplazara, absorbiera o sustituyera a los capitales nacionales o limitara el control sobre los centros básicos de decisión.
Finalmente el Estado regula (establece las reglas) de todas las etapas de la comercialización de los alimentos, se aprueba la estricta ley 20.680 de abastecimiento (por la que el Estado se reserva el control de precios al consumidor, por lo menos de los productos de la canasta básica) y se propone gravar la renta potencial de la tierra improductiva (que finalmente no prospera y no se puede hacer ley, por la oposición de la Sociedad Rural Argentina).
Se plantea una amplia apertura a los países socialistas dada la complementariedad de nuestras economías. La propuesta es venderle granos y MOA (manufacturas de origen agropecuario: harina, aceites, etc.) a los países socialistas más desarrollados y obligar a las industrias residentes en el país (fundamentalmente Ford, General Motors y Renault) a venderles MOI (manufacturas de origen industrial: automóviles, camionetas, máquinas y equipos) y de esa manera cambiar bienes por tecnología, en el caso de Rusia trigo por represas, comenzando por la de Paraná Medio, que le iba dar energía eléctrica a toda la Mesopotamia argentina.
Ese modelo había logrado superar la restricción externa vendiendo cada vez más al exterior productos industriales. El problema fue que generaba trabajadores fabriles y había fuertes movilizaciones obreras por mejores condiciones de trabajo y de remuneración, conscientes de un país pujante y con tasas sostenidas de crecimiento.
La dictadura cívico-militar de 1976 vino a destruir ese modelo de industrias que sustituían importaciones y tenían capacidad de exportar, para subordinarnos al capital extranjero mediante la deuda y la colocación de alimentos y materias primas, integrando al país de esa forma al mundo (beneficiando a una minoría) pero desintegrando el tejido productivo y la cadena de valor construida en 30 años de fecunda labor.
La situación actual
Con el fin de honrar la deuda heredada del gobierno de Cambiemos, el gobierno de Alberto Fernández impulsa fundamentalmente proyectos de inversión con orientación exportadora, convencido de que ello permitirá alcanzar un crecimiento económico sostenible en el largo plazo. Para esto se pretende generar un esquema de regulaciones macro prudenciales, que significan que el Estado garantice que se puedan llevar adelante inversiones extranjeras en minería, energía, agroindustria e industria automotriz.
Allí, la Argentina cuenta con ventajas comparativas fruto de la fertilidad de su suelo y de una capacidad aún no explotada en minería en general y en minerales raros, litio, petróleo y gas. En el caso de las terminales de automotores, la complementación con Brasil genera un mercado importante.
El Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en la reunión que se hizo en el gabinete del gobierno de Alberto Fernández a comienzo de este año 2022, afirmó que “uno de los problemas centrales de nuestra economía es la escasez de dólares. Este fenómeno se explica por varios factores, entre los que se destacan nuestra estructura productiva, el bajo dinamismo de nuestras exportaciones y la dolarización de portafolio (o el bimonetarismo).
Las restricciones cambiarias permiten administrar la escasez de divisas, pero generan trabas para la inversión extranjera o la inversión nacional financiada con crédito externo. La creación de este régimen de fomento a la inversión destinada al aumento de exportaciones flexibiliza estas restricciones y permite viabilizar muchos proyectos de inversión actualmente en estudio.
El régimen establece un mecanismo muy claro y previsible que le permite a las empresas que ingresen dólares del exterior tener mayores certezas sobre el repago de la inversión o del financiamiento asociado. Es un camino más en la dirección correcta. Necesitamos más trabajo y producción argentina”.
Por su parte, en esa misma reunión, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, indicó: “Esta iniciativa otorga beneficios al ingreso de capitales asociado a la inversión y la creación de empleo y no a la economía especulativa. Aquellos que ingresen capitales y exporten podrán dedicar parte de ese resultado al giro de obligaciones con el exterior, incentivando la entrada de capitales y mejorando la balanza de pagos” [1].
Y el ministro Martín Guzmán, el miércoles 9 de marzo de 2022, cuando en la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas del la Cámara de Diputados se trataba el acuerdo con el FMI, viajó a Houston para hablar con las empresas petroleras norteamericanas y, se comprometió a impulsar que no liquiden en la Argentina en los plazos perentorios de la normativa vigente hasta el 50% de las exportaciones que realicen.
El régimen de fomento de inversión para las exportaciones que apuntala el gabinete económico actual concede que el 20% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas a una nueva inversión serán de libre aplicación por hasta un máximo anual equivalente al 25% del monto bruto de divisas ingresadas en el Mercado Libre de Cambio, para financiar el desarrollo del proyecto. Este monto se podrá destinar al pago de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior, utilidades y dividendos de balances cerrados y auditados, y repatriación de inversiones directas de no residentes.
El beneficio le compete a las inversiones en sectores foresto-industriales, mineros, agroindustriales, hidrocarburíferos y de industrias manufactureras que aumenten las exportaciones (léase automotriz), ya sea a partir de la realización de un nuevo proyecto o de la ampliación de la capacidad productiva de un proyecto en marcha.
A esto hay que sumar los tres proyectos del gobierno nacional para cuyo tratamiento pidió prioridad el Presidente Alberto Fernández al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, el 1° de marzo de 2022:
- “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” que regirá hasta el año 2025 y le confiere a los grandes productores, acopiadores y comercializadores de granos, carnes y todos sus derivados (harina, pellets, aceite, biocombustible) del país, estabilidad fiscal, por ende no pueden modificarse hacia arriba, los derechos de exportación (retenciones) ni otros gravámenes y un sinfín de beneficios impositivos por la compra de agrotóxicos (glifosato, glufosinato, ariloxifenoxi, etc.), de máquinas y equipos, etc.
- “Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas” con el objeto no solo de lograr el autoabastecimiento, sino el de convertirnos en un exportador neto de combustible, para ello se le confiere estabilidad fiscal por 20 (veinte) años, con tratamiento diferencial en lo tributario, en los aranceles y en lo cambiario ( pueden comprar dólares al tipo de cambio oficial para girar utilidades al exterior) en un sector más concentrado que el de los alimentos, donde solo dos empresas concentran el 70% de la extracción del petróleo crudo y solo cinco empresas concentran el 80% de la producción de gas.
- “Promoción de la Industria Automotriz” y de “movilidad sustentable”. Dada la integración de dicha industria con Brasil, actualmente por la baratura de nuestra mano de obra medida en dólares, incluso la parte del automóvil que exige más trabajo simple se realiza en el país y, es a la vez, la razón que represente el 10% del PIB industrial y sea la principal exportación de MOI –Manufactura de Origen Industrial, generando el 6% del empleo del sector. Se les beneficia con la amortización acelerada contable con respecto a la real de máquinas y herramientas y obras de infraestructura y, la devolución anticipada del IVA, permitiéndoles incluso utilizar ese beneficio para pagar otros gravámenes nacionales.
- Y lo más importante es la disminución gradual de los derechos de exportación (retenciones) hasta llegar a cero en 2031.
En síntesis
Los proyectos referidos otorgan beneficios a quienes no los necesitan, son los sectores productivos que más se han desarrollado en el país en lo que va de este siglo y aún antes, más allá de los coletazos recesivos y/o de bajas circunstanciales en los precios internacionales. Son sectores fuertemente concentrados y en los que no se transparenta la estructura de costos y con ello, los reales márgenes de ganancia. En el caso de las petroleras y alimenticias se han demostrado graves evasiones fiscales, lo que exigiría un mayor control por parte de los diversos estamentos del Estado.
En el acuerdo con el FMI se plantea un severo ajuste fiscal. Sin embargo, la misma Administración Nacional se priva de recursos tributarios que deben suministrar los sectores productivos señalados, amén de que se debe controlar el impacto ambiental de sus actividades.
Los funcionarios declaran preocuparse por las reservas internacionales del BCRA, e incluso en los memorándos de política económica y financiera y en el de entendimiento técnico con el FMI, se propicia incrementarlas en 15.000 millones de dólares en tres años (2022-2024), pero nada dicen y menos explican cómo se dilapidó todo el superávit comercial acumulado por 27.200 millones de dólares en los años 2020 y 2021.
La Argentina de 46 millones de habitantes necesita crecer en base a su mercado interno, que es la única garantía de un desarrollo económico sustentable con mejoras en la distribución del ingreso. La aceptación de la deuda generada por el gobierno de Cambiemos es la causa por la que se propicia un modelo básicamente extractivista, agropecuario exportador (con un único enclave industrial por el sector automotor), que solo genera una economía dual, con una minoría que se beneficia de dicha integración internacional pero la mayoría de la población no encuentra trabajo.
Y si lo consigue es a remuneraciones paupérrimas, incluso por debajo de la línea de pobreza como lo reconoce el BEL (Boletín de Estudios Laborales) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El 51,2% de los trabajadores registrados perciben una remuneración mensual por debajo de la canasta básica total. Trabajan y son pobres
El modelo económico debe partir exactamente al revés, del mercado interno, del poder adquisitivo del salario y del consumo que ello genera, con un efecto multiplicador de la producción que a su vez debe emplear los minerales y energía que tenemos y, no venderlos para que los utilicen otros.
Nota
[1] Página oficial del Ministerio de Economía de la Nación 9 de febrero 2022.
Horacio Rovelli. Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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