No se puede tapar el sol con la mano, pero los ademanes fascistas lo hacen con la impunidad que les permite generar un escenario paralelo con la construcción de una noticia falsa (fake news) o desde lo que se denomina el discurso posfactual.
Ya es de dominio público que el fotoperiodista Pablo Grillo fue impactado de lleno en su cabeza con las terribles consecuencias sufridas que son de amplio conocimiento.
La reconstrucción realizada por Mapa de la Policía, incluso toma como evidencia las imágenes de los drones de los canales TN y América que amplifican la visión desde el aire de la fatídica escena y el accionar perverso del mandamiento gendarme, porque es obvio que la fuerza de (in)seguridad decidió buscar al “tirador” para ejecutar la acción criminal de apuntar a la persona, tal como pasó con el cabo Poblete, condenado a prisión perpetua por ser el asesino material del maestro Carlos Fuentealba en 2007 en la provincia de Neuquén, gobernada en esos años por Jorge Sobisch.
Refiriendo al mismo caso, pero en la otra demanda, Fuentealba II, toda la cúpula policial fue declarada culpable como autores penalmente responsables del delito de abuso de autoridad, por el Tribunal Superior de Justicia provincial. El fallo demoró 17 años, pero llegó. El punto oscuro es que el exgobernador Sobisch, “fingió demencia” y la impunidad jurídica hizo el resto.
Es necesario recordar el caso emblemático del asesinato de Carlos Fuentealba, porque la entereza de Sandra, que fuera su pareja, sus hijas, los organismos de derechos humanos, las Madres de Plaza de Mayo y el conjunto de la docencia con el sindicato Aten a la cabeza, los trabajadores de Fasinpat (ex cerámica Zanón) no bajaron los brazos como tampoco lo hizo el pueblo neuquino en su pedido de justicia.
Desde antes de ese trágico 4 de abril de 2007 hasta hoy hemos pasado por otros asesinatos protagonizados por las pretorianas fuerzas de (in)seguridad en el siglo XXI, para empezar con el 19 y 20 de diciembre de 2001 con 39 muertos y con el entonces presidente Fernando de la Rúa que había decretado el estado de sitio para sostenerse el el poder luego de haber desatado una de las crisis económicas más grandes de la Argentina. La entonces ministra de Trabajo, a la sazón. Patricia Bullrich había rebajado las jubilaciones en un 13% y había renunciado un par de meses antes de la masacre, el 29 de octubre de 2001.
En el ámbito político, el exsecretario de Seguridad, Enrique Mathov y el exjefe de la Policía Federal Rubén Santos fueron condenados por su rol en la represión. Mathov recibió una pena de 4 años y 3 meses de prisión, mientras que Santos fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión.
En esa misma línea de las fuerzas de (in)seguridad, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados el 26 de junio de 2002 durante una protesta en el Puente Pueyrredón, en la localidad de Avellaneda, Buenos Aires. Este trágico evento, conocido como la “Masacre de Avellaneda,” marcó un momento crítico en la historia, se volvió a poner en evidencia la brutalidad policial y generó una crisis política que aceleró la salida del, entonces, presidente interino Eduardo Duhalde. En el aspecto penal, los responsables directos de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta, ambos de la Policía Bonaerense. Fueron condenados a cadena perpetua por su participación en los hechos, pero como en el caso neuquino los responsables políticos gozan de la impunidad jurídica.
No está demás puntualizar que la formación del conjunto de las fuerzas de (in)seguridad no fue sustancialmente modificada, a pesar de los años pasados desde la dictadura genocida hasta la recuperación de una democracia que como se ha calificado, y muchos coincidimos, “democracia de la derrota”. Lo que parece cada vez más evidente en la superficie de la realidad, en la traición de lo que llaman república, en la anulación de los derechos y por supuesto, en lo que nos ocupa, el brutal despliegue del Estado policial.
Sin apartarnos con otra digresión y para continuar el hilo, seguramente arbitrario por economía textual, es necesario recordar que la ministra Bullrich, también reproducía mentiras posfactuales respecto del asesinato del joven mapuche, Rafael Nahuel ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en el que cinco prefectos del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina fueron condenados en noviembre de 2023. El prefecto Sergio Guillermo Cavia recibió una pena de 5 años de prisión como autor del homicidio agravado en exceso de legítima defensa. Los otros cuatro prefectos, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, fueron condenados a 4 años y medio de prisión como partícipes necesarios del delito.
“ningún límite” y “ninguna orden legal”
Así es como la entonces ministra (autopercibida gendarme) se manifestaba en la conferencia de prensa del asesinato del joven mapuche, “… nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial, nosotros le damos a la versión que nos da la prefectura naval argentina, carácter de verdad (…) Nosotros no vamos a aceptar ninguna orden legal, es decir que si hay alguien que dice que no se puede entrar a una parte del territorio argentino, nosotros entramos a todas partes del territorio argentino, no tenemos ningún límite más que los límites de nuestra constitución…”.
No se hace necesario interpretar, porque es textual, además también dijo que: “El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no”. En ese delirio, refiriéndose al supuesto grupo mapuche, “… había armas de grueso calibre, en este momento las armas están ahí o ya las sacaron… eran como quince, veinte que estaban en una formación tipo militar, tampoco pudieron ver a todos porque estaban, estaban como escondidos, porque eran cuatro prefectos contra quince, veinte personas que estaban en este grupo violento…”.
No había armas de fuego entre los mapuche, no tenían ninguna formación militar, lo que sí se confirmó en sede judicial es que los integrantes del grupo de elite conocido como Albatros dispararon al menos 130 veces y locierto es que el final de la mentira fue el asesinato de Rafael Nahuel de sólo 22 años y los prefectos condenados, aunque otra vez la defección jurídica con relación a la responsabilidad política ministerial.
Parece que existe una ceguera judicial en continuado cuando se trata de conductas reiteradas de las fuerzas de (in)seguridad y responsables políticos que se repiten en los mismos ademanes y discursos posfactuales contra la realidad que se muestra como irrefutable.
Aún falta resolver el “asesinato” del otro joven, Santiago Maldonado, en la causa reabierta en la que los protagonistas fueron los gendarmes que tampoco aceptaron “ninguna orden legal”, ni tuvieron “ningún límite” de manera que continúan imputados, Emmanuel Echazú, Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra, lo que significa que no fueron sobreseídos; otra causa con responsabilidades políticas.
El mito de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es la construcción del enemigo interno, figura recurrente que los gobiernos autoritarios necesitan para generar el conflicto, como ahora lo hacen con los manifestantes en general y concretamente esta semana con la ley Antibarras, que como sucede con los mapuche, cualquiera puede ser potencialmente inculpado de pertenecer a la imaginaria RAM; en la versión futbolera, cualquier hincha con la camiseta puesta será acusado de “barra brava” si además participa de una protesta, junto a otros hinchas, incurriría en el delito (delirio) de “asociación ilícita futbolística”. El proyecto también pone bajo sospecha a la dirigencia.
La versión actual de Patricia Bullrich no se diferencia de las otras versiones, es idéntica a sí misma. Niega la realidad de lo que hicieron sus subordinados; en este caso del proyectil de gas que impacta contra Pablo Grillo, descalifica la evidencia del trabajo de Mapa de la Policía que está citado al principio de este artículo, pero no solo lo descalifica sino que va más allá en una deriva megalómana que la lleva a decir en la conferencia de prensa que: “Eso es lo que hace el miembro de la fuerza de seguridad. Nosotros tuvimos bastante dificultad en encontrar las imágenes porque había mucho humo, pero ese disparo no va a la cabeza. Eso no es verdad. Rebota, estamos viendo si una o dos veces, y luego atraviesa un cartel que estaba tirado en el piso con fuego y lamentablemente esa desviación de ese cartel pega sobre la cabeza. No sabemos si fue el mismo cartucho o el pedazo de metal”. El relato bullrichiano es un ejemplo de discurso posfactual para trabajar en clases de Comunicación, incluso agrega que de acuerdo con un protocolo que la Gendarmería tiene, aseguró que el disparo fue realizado según “un mecanismo donde el efectivo debe ejecutarlo en forma oblicua hacia el suelo (…) el gendarme cumplió con el reglamento”, eso fue lo que dijo en su derrotero por la posverdad agregando algunas alucinaciones sobre los “miles que fueron a tirar piedras y a destruir la democracia y voltear al gobierno…” para luego hablar de quienes fueron a la Casa Rosada “a tirar piedras (…) tuvieron que salir los bomberos que atienden la casa de gobierno a defenderse de las piedras y que no llegara los vidrios de la casa de gobierno…”. Las cámaras de la televisión parece que no captaron a “miles” en Plaza de Mayo “tirando piedras”; otro signo del discurso posfactual.
Fascismo
Según distintos analistas sobre el fascismo, como Theodor Adorno, uno de los referentes de la teoría crítica y la llamada Escuela de Frankfurt, también fue parte de un equipo que produjo un estudio que se llamó “La personalidad autoritaria” en la que se clasificó una serie de rasgos de carácter que llamaron “escala F”, para tipificar al “fascista”, lo que arrojó como resultante rasgos que incluían: convencionalismo, antiintelectualismo, superstición y ocultismo, poder y dureza, destructividad y cinismo, proyectividad y una preocupación exagerada por el sexo.
En la misma perspectiva pero ya en términos de uso político, los rasgos que se advierten sobre el fascismo son, según Federico Finchelstein, uno de los principales especialistas en fascismo, dice que el fascismo es “parte de la historia de la reacción, del rechazo a la democracia (…) es contrarrevolucionario, pero no para volver al pasado, sino para ir más allá”.
La esencia de los movimientos fascistas es dictatorial, utiliza la democracia para romperla, según la conceptualización de Finchelstein; la segunda característica es el odio extremo, la xenofobia y el racismo, “la demonización de los adversarios, no sólo como personas a las que se excluye del arco político sino a las que se construye como enemigos absolutos, a los que hay que perseguir, encarcelar y, eventualmente, exterminar”.
La tercera de las características es que el fascismo no diferencia entre el plano político y el militar, la violencia política se ejerce a través de la militarización (estado policial, agregamos). Finchelstein recuerda que “los fascistas clásicos y no tan clásicos se disfrazaban de militar”. Hemos visto al señor presidente con camperas militares, a la ministra de (in)seguridad disfrazada de gendarme y al ministro de Defensa, Luis Petri con el traje de la Armada en Mar del Plata, para no abundar.
La cuarta característica es la mentira, “los fascistas son mentirosos y no porque creen en sus mentiras, sino por lo que hacen con ellas. La mentira implica no sólo rechazar la realidad, sino -y esto es lo peor – tratar de cambiarla para que se asemeje a la mentira”, afirma desde sus estudios Federico Finchelstein.
No parece que haya que poner las relaciones entre estos conceptos teóricos y las prácticas habituales a las que tratan de naturalizar enmascarando un supuesto “orden” social que quieren imponer, junto al orden económico del ajuste perpetuo y el hambre que tiene como víctimas a los vulneradxs sociales y sobre todo a lxs jubiladxs que pretenden transformar en “sediciosos” y “desestabilizadores” del orden de los cementerios que nos quieren imponer.
Todavía hay espacio para confrontar, aunque los márgenes se acortan. Lo que sí se impone es superar los filtros de la “democracia de la derrota”, con una fuerte embestida social que fije nuevos parámetros colectivos para quebrar la estrategia colonial que impone el capitalismo con sus fascismos de sastrería.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.