Un trasfondo de mar lejano en soberanía, sumado a la intensidad del narcotráfico y el contrabando , incluso legalizado en el caso de los casi 70 mil vehículos ilegales, junto precios que vuelven a subir y que nunca retornaron a los que eran antes del gasolinazo, conforman, entre otros elementos, el panorama que afrontan los bolivianos a cinco años y medio de nuevo régimen, en medio del poder alcanzado por operadores políticos de masas campesinas, especialmente cocaleras antes desplazadas de las grandes decisiones nacionales.
Los telones de fondo suman un aparato gubernista atiborrado de funcionarios populistas, y reciclados de la era neoliberal, a costa de las finanzas públicas; una petrolera estatal que no termina de arrancar ni ha seducido aún inversiones sustanciales y, en la paradoja, amenazas de racionamiento eléctrico que acompañan a los anuncios de hidroeléctricas y exportaciones de fluido.
Otra faceta del contradictorio perfil es la forma de las cuestionadas elecciones judiciales configuradas, según denuncias varias, para que la élite gobernante reproduzca el ejercicio del poder total y lo extienda con más aprehensión hacia el antiguo tercer poder del Estado -pese al virtual plebiscito contra la gestión Morales que el mismo régimen advierte que contrarrestará−, monopolizando el conjunto de poderes, que paulatinamente incluye a la prensa y los medios de comunicación, en buena parte ya funcionales según dan frutos las nuevas adquisiciones oficialistas de diarios y redes de televisión.
Y eso, sin contar el escándalo de militares en junio traspasando la frontera chilena con aire de contrabando, cuatro meses después de que un narco-general en retiro hiciera lo mismo, pero sin retorno aún, habiéndose declarado en Miami culpable de «conspiración» antiestadounidense para tráfico de drogas, lo cual ha dado a su vez pie para que se denuncie una «conjura» de la CIA y la DEA contra el Estado Plurinacional y la imagen del presidente Evo Morales.
OJOS VENDADOS
Mientras tanto la informalidad del trabajo no ha sido reducida a niveles adecuados -no es informalidad, sólo «no están regulados», intentó precisar a fines de julio, ante el BID, el vicepresidente Alvaro García− y sólo el 30 por ciento de los empleos tiene una calidad relativa, con seguro social y beneficios laborales establecido por ley, lo que implica que casi tres millones de personas económicamente activas trabajan en situación incierta y con desventajas, frente a una minoría, incluida la frondosa planilla estatal, que medra del erario público y los ingresos de todos los bolivianos.
Ciertamente, el país crece, pero lo hace al 4 %, mientras Perú acrecienta su economía al 8 % anual. Eso demuestra cómo se crece: a medias y el porqué de los halagos del FMI y otros organismos del orden financiero internacional: un premio a la restauración neoliberal, según la misma crítica interna en el partido gobernante, cuando la meta era cambiar el régimen económico, con precios altos de materias primas o no, con ingresos nacionales superiores o no.
CHAMBONADAS ¿ESTRUCTURALES?
A poco más de un quinquenio, el denominado proceso de cambio atraviesa una gran crisis, advirtieron hace semanas los ex viceministros Alejandro Almaraz y Raúl Prada, cabezas de un grupo discrepante del «proceso de cambio» conducido por el vicepresidente Alvaro García y al amparo del primer mandatario.
La gran mayoría de los bolivianos se encuentra básicamente en la misma situación de pobreza, precariedad y angustia en la que estuvo siempre, aseguraron. «Pareciera que los que más mejoraron son los que siempre estuvieron bien: los banqueros, las transnacionales petroleras y mineras, los contrabandistas y los narcotraficantes».
El gasolinazo evidencia, además, que la gestión económica se dirige a reproducir y restaurar las viejas estructuras que mantuvieron al país en la pobreza y la opresión, y no a la construcción de otras nuevas, justas y liberadoras, como es el mandato del pueblo, añaden los críticos.
Al señalar que, a cinco años de la nacionalización, las transnacionales siguen en poder de los campos hidrocarburíferos, advierten los intelectuales que el proceso se redujo a la sola recuperación de los sectores secundarios del transporte y la refinación, de manera que YPFB «se ha refundado aplastada por el peso de las deudas y los bonos, por una abrumadora incapacidad de gestión y por un manejo clientelar que en el pasado produjo su ruina».
El grupo disidente, que extiende sus críticas hacia casi todos los aspectos de la vida nacional, fustiga sobre todo la persistencia del modelo de país extractivista y la legalización de los transgénicos, «en complicidad » con la Asamblea Legislativa Plurinacional
De forma paralela a los reparos sobre el uso de reservas nacionales para financiar la economía de otros países, ha sido impugnada la elevación de la deuda externa e interna (3.000 y 4.500 millones de dólares aproximadamente), superando los 7.500 millones de dólares, con riesgo de aumentar todavía más si se concreta la emisión de bonos gubernamentales por 5.000 millones de dólares para ofertarlos en el mercado internacional solo durante el año 2011.
La crítica desde la izquierda advierte que el gobierno pretende obtener «nuevos ingresos a costa de los humildes», habiéndose detectado recursos en los seguros de los trabajadores con la intención de «utilizarlos contra la voluntad de sus titulares y sin respetar sus derechos», lo mismo que en la ley de Hidrocarburos se prevén nuevas tasas y tributos a descargar sobre la población: «Es la sombra de un nuevo gasolinazo, mucho más disimulado», aseguraron.
Las casi inmediatas reconvenciones del Presidente acerca de los perjuicios de la subvención a la gasolina, han despertado, paralelamente, en la antesala de agosto, renovadas inquietudes inflacionarias, que se expresan, por diversas causas en nueva escasez del azúcar y alzas en la madera y el cemento, con sus secuelas en los costos de construcción.
REACCIONES DIVERSAS
En lo que puede considerarse un sacudón en la conformación del mapa político nacional, más por su cualidades que por su cantidad de posibles adeptos, la irrupción de la crítica desde la izquierda fue de inmediato descalificada por facciones de la derecha y del gobierno que cuestionaron el hecho de que las observaciones haya sidas efectuadas una vez que dejaron de ser viceministros y ex autoridades, y no cuando ejercían el cargo.
«El surgimiento de este bloque de desertores es un buen síntoma del proceso de resquebrajamiento del régimen, pero está claro que estos ‘oportunos disidentes’, co-responsables del copamiento totalitario del Estado boliviano, no podrán ser parte de la solución» dijo Emilio Martínez, editor del portal eju.tv.
La diputada derechista Jéssica Echeverría, justificó el cuestionamiento porque no hay «ningún proceso de cambio ni revolución, es un Gobierno neoliberal más de corte populista, con una oligarquía de ministros burgueses».
Encabezando las posiciones oficialistas duras, Mauro Peña, de la bancada de Santa Cruz, lamentó que aquellos que fueron parte del Gobierno, ahora estén abandonando el barco, y el gobernador masista de Cochabamba, Edmundo Novillo, los calificó «resentidos».
De convertirse en nuevo partido político, los disidentes, dicen observadores, se colocarán entre los masistas y el MSM de Juan Del Granado, que a su vez se sitúa a la izquierda de la UN de Samuel Doria Medina, este último intentando una posición «centrista», «alejada de la derecha», constituida actualmente por Convergencia Nacional, donde hay cinco grupos, y lo que queda del PPB-Reyes Villa, sin contar lo que pudieran hacer los bolsones opositores en Beni, Tarija y Potosí.
«VUELVE LA REPRESION»
Los disidentes dieron cuenta también de las «grandes capitulaciones» y «profundas frustraciones» políticas a partir de una inocultable opción antidemocrática» por la que se ha violado la nueva Constitución, cancelando «la auténtica construcción del Estado Plurinacional.»
Citaron entre las agresiones a la democracia el nombramiento «arbitrario y vertical» de las principales autoridades del Órgano Judicial, subordinando la administración de justicia a la voluntad del gobierno central, lo que confirma «múltiples y subrepticias» acciones de instrumentación de distintas instituciones públicas para eliminar o reprimir la oposición y la disidencia política.
Autoritario «mientras se proclama gobernar obedeciendo» en realidad, el Presidente concentra el poder y las decisiones sobre el futuro colectivo eliminando todos los espacios que permitirían la efectiva participación social en la conducción del proceso, observaron también los críticos.
Las demandas y movilizaciones sociales han sido respondidas con la «descalificación calumniosa, la intimidación sistemática o la represión violenta y brutal», sobre todo la lucha de los trabajadores agrupados en torno a la COB «viene siendo respondida con la calumnia, la intimidación y la represión».
Así, de acuerdo con las observaciones, las conductas autoritarias y represivas se combinan con la reproducción de las antiguas prácticas de «prebendalismo y distribución corporativa de la administración pública que caracterizaron al Estado oligárquico y colonial, degradando la función pública y sometiendo a las organizaciones populares al envilecimiento de la servidumbre política».
Como en los tristes tiempos de la decadencia de la Revolución del 52 y del pacto militar-campesino, agregan Prada y Almaraz, hay una dirigencia social siempre lista para enfrentarse agresivamente, y sin más argumento que su obsecuencia oficialista, a las protestas obreras, las marchas indígenas y cualquier otra manifestación de disconformidad de los sectores populares.
SUBIMPERIALISMOS
Morales y especialmente García han asumido en su totalidad «el diseño subimperial del capitalismo brasileño» para implementar megaproyectos de infraestructura inadecuados a las necesidades nacionales y locales, denunciaron los ex masistas, a propósito de la carretera que sobre el parque Isiboro-Sécure, abrirá la zona a la frontera cocalera y de diversos asentamientos, entre depredadores de madera y otros recursos naturales.
La crítica, sobre todo desde las ONGs , cuestionadas a su vez por el mandatario, pese a que constituyeron el peso ligero que le faltaba para encaramarse en el poder, abarca también a las proyectadas plantas hidroeléctricas sobre los principales ríos de la Amazonia boliviana y otras obras de infraestructura que se abren paso en la Amazonia norte quedando una vez concluidas listas para que cocaleros y colonizadores ocupen sus veredas como una columna vertebral abriendo como el Chapare nuevos horizontes para cultivos impugnados como la coca o productos alternativos de exportación.
NARCOGENERAL VS. PRESIDENTE
«Una reunión secreta de dos agentes -uno de la DEA y otro de la CIA-, entre el 15 y 17 de febrero pasado en la embajada de los Estados Unidos en La Paz sirvió para aprobar el operativo de captura del general Sanabria y que busca, por información a la que se tuvo acceso, involucrar a miembros del Estado Plurinacional como parte de una estrategia para debilitar al presidente Evo Morales».
El caso -dice la versión del semanario La Epoca, en julio− «ha tratado de construir una matriz de opinión orientada a empañar la imagen del gobierno» convergiendo en «la certeza de que se está frente a un plan político contra el gobierno boliviano es cada vez más grande», sostiene el artículo firmado por Jaime Salvatierra.
«¿Es realmente Sanabria un narcotraficante o sólo se trata de un instrumento más del gobierno de EEUU y sus agencias de inteligencia para tratar de justificar sus acciones injerencistas y subversivas contra un proceso popular e independendista como el que encabeza Morales? ¿O es un narcotraficante y colaborador de la DEA, así como instrumento para golpear internacionalmente la credibilidad del proceso de cambio?», se pregunta Salvatierra.
«No es sino una denuncia; el artículo que publica La Epoca lo hace sobre fundadas sospechas reales… es una conspiración montada sobre bases reales, que además es una constante en la política norteamericana respecto de lo que considera EEUU su ‘patio trasero'», precisó el director del semanario Hugo Moldiz, descartando que el propio gobierno se esté curando en salud y dotándose de una tabla neutralizadora contra los dolores e implicaciones de lo que revele o no el narco-general retirado.
Sanabria comparecerá definitivamente a fines de septiembre: si es válido lo que afirma en su declaración (clasificada) se abrirá una investigación en reserva; pero su condena, probablemente de 9 años (leve, frente a una eventual cadena perpetua) alienta sin embargo a otros -incluidos otros polícías− que quieren ir a declarar a EEUU «para salvarse», comentan observadores.
Para la oposición de derecha el narco general retirado «abrió la boca» provocando con su información filtrada a la DEA una «cacería» de narcotraficantes en Bolivia, la mayoría esbirros y sólo alguno de ellos notable.
«Está haciendo el papel de un vil soplón», dijo el diputado Williams Cardozo. «En cualquier momento tendrá que rendir cuentas lo mismo que el servicio de inteligencia del Ministerio de Gobierno», añadió alertando sobre el rol del gobierno y las pruebas que tendría que pedirle acerca de sus «revelaciones» sobre el tráfico de drogas en Bolivia y su paso por el aparato de seguridad del régimen.
El NEGOCIO DE LA COCA
Por lo pronto Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), cuyo informe al 2010 señala que Bolivia es responsable de 19 % de la producción de hoja de coca (30,900 hectáreas ) mientras Colombia lo es de un 43 % y Perú de un 38 % para un total de 158 mil toneladas al 2009, observó «con pesar» que el Estado Plurinacional no avance en las recomendaciones internacionales sobre el cultivo y la producción de hoja de coca.
«La fabricación potencial de hoja de coca se elevó a 40.200 toneladas, la cantidad más alta de hoja de coca producida en el país desde 1998. Por esas circunstancias, podría aumentar el riesgo de que se desvíe para ser utilizada en la fabricación ilícita de cocaína», previno, recomendando la reducción de la demanda y la vigilancia del movimiento lícito de sustancias controladas.
En lo que el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, calificó de «hipócrita», la JIFE, dependiente de NNUU, lamentó también la decisión de Bolivia de denunciar la Convención de 1961 y volver a adherirse con una reserva sobre el «akulliku», instando al régimen del presidente Morales a «sopesar seriamente todas las consecuencias de sus acciones» , incluido el riesgo de «socavar la integridad del sistema global de control de drogas».
Para el 2009 la UNODC (oficina antidrogas y anticrimen) calculó la fabricación potencial mundial de cocaína dentro de un margen de 842 a 1.111 toneladas, estimando que la fabricación ilícita potencial del estupefaciente en Colombia era de 410 toneladas.
El 2008, 123 países comunicaron haber incautado 360 toneladas de cocaína en total lo que contribuyó a reducir la oferta potencial de esa droga, de unas 865 toneladas a unas 500 toneladas.
Según la JIFE, el total de cocaína incautada disminuyó en el Estado Plurinacional a 4,9 toneladas (reducción del 32%), En ese lapso, las autoridades bolivianas destruyeron unas 6.700 pozas de maceración y unos 4.900 laboratorios erradicando 6.300 hectáreas de cultivos (16% más que en 2008), principalmente en la región del trópico de Cochabamba.
FRASES AL PASO
Sorprenden, a pocos días del tradicional mensaje presidencial, los aprestos gubernamentales para invertir fondos públicos en la compra de unas 4.000 hectáreas de coca excedentaria, «para que no se desvíe al narcotráfico», y resulte en materia prima para la cocaína, según el viceministro Felipe Cáceres.
La declaración no es la única curiosa en las últimas semanas.
«No podemos ser cómplices de las cosas que están ocurriendo, el país vive un giro autoritario, un incumplimiento a las tareas que se planteó en la agenda del proceso de cambio y una intención manifiesta de anular la disidencia y el derecho al reclamo, dijo Alejandro Almaraz, ex viceministro de Tierras
«Los municipios censaron 20 mil vehículos indocumentados, ahora la Aduana informa que son 70 mil, entonces más de 50 mil nuevos vehículos indocumentados han ingresado al país, posiblemente en estos dos últimos meses», señaló Ronald Cortez, presidente del RUAT (Directorio del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal)
Evo Morales ha envuelto su gestión y sus actos en una densa intransparencia que la hace inaccesible al conocimiento y control de la ciudadanía, reduciendo la divulgación de la gestión pública al mediocre ejercicio propagandístico, remarcaron los disidentes del MAS.
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