El sábado 15 de diciembre todos parecían felices en Bolivia. Con la tensión que se vive en el país, es difícil no pensar, como diría Obélix, que están locos estos bolivianos. Pero no, no lo están. Vivían con ansia, y mirando de reojo al vecino, un día crucial, parecido a una noche electoral donde los […]
El sábado 15 de diciembre todos parecían felices en Bolivia. Con la tensión que se vive en el país, es difícil no pensar, como diría Obélix, que están locos estos bolivianos. Pero no, no lo están. Vivían con ansia, y mirando de reojo al vecino, un día crucial, parecido a una noche electoral donde los dos partidos grandes se sienten ganadores, pero ninguno está seguro de serlo. Claro que en esta ocasión no se ha introducido un solo voto en la urna, sino se han presentado dos propuestas radicalmente diferentes de norma jurídica que plantean dos visiones opuestas de país.
Ese sábado -oscuro y lluvioso en Sucre- los ciudadanos celebraban en las dos principales ciudades de Bolivia: unos, los paceños, porque el Presidente Evo Morales entregaba al pueblo el proyecto de Constitución que la Asamblea Constituyente había redactado en tiempo y forma, en el marco de una fiesta colorida donde desfilaron indígenas y campesinos, encantados de ver una luz al final del túnel. Otros, los cruceños, porque con la aprobación por la vía del hecho de su estatuto de autonomía se plantean nuevas perspectivas hacia la tan ansiada separación de la media luna -departamentos del oriente del país, liderados por Santa Cruz, que decidieron apostar por la autonomía-. Pero son de esas celebraciones que miran con recelo por encima del hombro. Unos y otros saben que, a medio plazo, los dos proyectos son incompatibles, e intentan poner buena cara, como si la fuerza del enemigo no contara, mientras aguantan con la firmeza que pueden el pulso del contrario
Recordar brevemente los hechos de los últimos meses puede aportar luz sobre lo que está ocurriendo en Bolivia. El 6 de agosto de 2007, la Asamblea Constituyente boliviana cumplió un año en el empeño de aprobar un proyecto de Constitución, y el plazo se amplió hasta el 14 de diciembre. Un año era el tiempo previsto en la ley de convocatoria para redactar el texto. La razón del fracaso es de sobra conocida: la dilatación del tiempo promovida por los partidos de la oposición, que se han esmerado con éxito en plantar obstáculos y más obstáculos al desarrollo normal del proceso constituyente. Ya sabían a qué se enfrentaban en el caso de que la constituyente cumpliera su misión: a una inversión drástica en el poder -desde las oligarquías hacia el pueblo-, a la democratización de los recursos y, en definitiva, a una verdadera travesía del desierto abocada desesperadamente a la búsqueda de un oasis, como en Venezuela ha sido la victoria del «No» por un puñado de votos. La oposición boliviana, a la vista de lo ocurrido, evitará a toda costa iniciar tal travesía.
Esto se traduce en impedir, caiga quien caiga, que la nueva Constitución entre en vigor. El primer round constituyente fue ganado por la oposición: las decisiones en el seno de la Constituyente se tomarían por dos tercios de los votos, y no por mayoría absoluta, como ocurre en cualquier otro foro deliberador. A la hora de la verdad, los dos tercios dejaban en manos de la minoría la posibilidad de hacer viable la Constituyente. Los bolivianos recordarán toda la vida el error de haber aceptado una mayoría tan amplia para decidir. Desde ese momento, la Asamblea Constituyente estaba herida de muerte.
No fue un milagro la que la resucitó, sino la propia naturaleza de los procesos sociales de cambio que, como la marea -en este caso una marea andina, con sus propios tiempos-, extiende el mar hacia superficies que parecían seguras. La estocada final debía haber sido el problema de la capitalidad de Sucre, que desvió la atención del objetivo real, esto es, la refundación del país y la inclusión de las mayorías, hacia una cuestión fabricada artificialmente por los intereses cruceños, como era el traslado de los órganos de gobierno desde La Paz a Sucre. La Constituyente se recobró de lo que parecía el golpe final, reaccionando como pudo. En lo que fue un verdadero parto de los montes, tuvo que resguardarse en el liceo militar del Palacio de la Glorieta, en Sucre, para aprobar la Constitución en grande, y despistó al enemigo para conseguir aprobar en Oruro, el 9 de diciembre, el texto constitucional artículo por artículo. Y ahora tiene que ver qué pasa.
Formalmente, la oposición se ha quedado sin razones; la convocatoria de Sucre podría ser discutida políticamente -no así jurídicamente- por la ubicación de la plenaria en un liceo militar, pero la de Oruro no cuenta ni con ese impedimento. Se desarrolló en instalaciones universitarias, estuvieron presentes 164 constituyentes de los 255 que conforman la totalidad del foro, y entre ellos se encontraba en pleno el segundo partido más grande de la oposición, Unidad Nacional, incluido su líder, y varios constituyentes del principal partido opositor, PODEMOS. La discusión por partes de la Constitución duró casi diecisiete horas, durante las cuales fueron aprobados de uno en uno los cuatrocientos once artículos de los que consta el proyecto de Constitución. Todo está grabado, emitido en directo, y en actas. En todas sus formalidades, la aprobación del texto en Oruro fue impecable. Si la oposición no acudió -y por ello han recibido no pocas críticas desde sus mismas filas- fue porque no quiso, como demuestra la entrada cirquense de algunos constituyentes de PODEMOS en el recinto universitario vociferando sobre la ilegalidad de la reunión. Se les dejó gritar y salieron por sus propios pies.
Pero no nos llevemos a engaño: aunque el gobierno ha recobrado la iniciativa en cuestión de días, aquí nadie se da por vencido. La oposición conoce el texto; sabe que plantea mecanismos de democracia participativa que dejará las decisiones más importantes del país en manos del pueblo; que la posesión latifundista de tierras quedará prohibida; que los mecanismos de control popular serán transversales a todo el Estado; que se constitucionaliza uno de los catálogos de derechos más amplios del mundo; que se establece, a diferencia de la Constitución actual, que Sucre es la capital de Bolivia, lo que pretende solucionar un conflicto de más de un siglo; que habrá autonomías departamentales, sí, pero acompañadas de las indígenas, que no en vano han esperado cinco siglos y han dejado muchos muertos en el camino para conseguirlas. En definitiva, no es ni por asomo la Constitución que necesitan para recuperar el terreno perdido desde la victoria de la propuesta del MAS, liderada por Evo Morales.
Si algo ha quedado claro en las dos celebraciones a las que se ha hecho referencia es que han caído las máscaras; la autonomía de la media luna estaban preparadas, listas para ser declaradas de hecho apenas se constatara el fracaso anunciado de la Constituyente. Ese fracaso es el que legitimaría la autoconvocatoria de una asamblea autonómica, inicio que apunta hacia la división del país y la separación definitiva entre collas y cambas. El problemita con el que no contaba la media luna es que, finalmente, la Asamblea Constituyente entregaría su texto que, con sus errores, puede cubrir con creces las ansias de cambio de la mayoría de la población. El gobierno sólo tiene que dar a conocer la propuesta que incorpora la Constitución, convencer a los ciudadanos de su idoneidad, y esperar la victoria del «Sí» en la que será la primera Constitución votada en Bolivia. Mientras tanto, la activación de las autonomías -que no prevé la Constitución aún vigente, de 1967- es una verdadera provocación para que el gobierno active el estado de sitio y que, si se aplicara la Constitución vigente, debería quedar en poco más que un intento desesperado de resistir a los cambios democráticos que se proponen en el país.
Con la reacción de las últimas semanas, el gobierno de Evo Morales recuperó la iniciativa. Por el momento el juego ha quedado en tablas, lo que dará inicio a una nueva contienda. La próxima celebración sólo tendrá un sentido y, si vence la legalidad, conmemorará la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana.
Rubén Martínez Dalmau es profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València.