De víctimas a ¿victimarios?

Septiembre del 2008, no sólo fue el de la «toma de las instituciones» o del doble zanjón para la matanza de Porvenir. El 9 de ese mes, hace tres años, junto a las oficinas del Cejis, Entel, Graco, INRA y Migraciones, fueron asaltadas en la ciudad de Santa Cruz las instalaciones de Canal 7-BoliviaTV, al sur del 4to Anillo.

 Fue el año en que, tras el arrebato asumido por el gobierno como una rebelión abierta, la derecha boliviana fue políticamente derrotada, aunque sigue intacta «su estructura económica institucional, corporativa,  organizativa y sus cuadros», asegura la politóloga cruceña Helena Argirakis en un reciente análisis sobre la eventual «derrota social»  del MAS y del presidente Evo Morales.

Fue también el año en que los medios estatales de difusión dejaron un aparente rol de víctimas a fin de comenzar a equilibrar fuerzas con sus adversarios, coadyuvando el 2009 a seducir a fracciones de clase media que en las elecciones de diciembre  completaron lo que faltaba para arrancar a la derecha el veto a las decisiones mayoritarias,  trasladando a manos del régimen los dos tercios que ahora éste ejerce con una reciedumbre que sus críticos asocian con la soberbia y la autocracia.

«Al no haber política comunicacional y, además, al subordinar toda información a la agenda de provocación de los medios privados, el gobierno sólo responde de modo defensivo, y ello le obliga a no producir nada que no sea otra provocación», observó el filósofo Rafael Bautista, atento a los procesos de comunicación.

Sin embargo, tras los contrastes de las municipales de abril del 2010,  los medios estatales -de los paraestatales se hablará más adelante- han avanzado, especialmente los últimos meses y semanas, hacia extremos que los convierten en lo que sus prácticas más frescas los pintan de cuerpo entero: el redoblado monólogo del discurso oficial con la sustancial eliminación de los contenidos del adversario -sobre todo en tv- y el abuso de la propiedad pública, en un contexto de obsecuencia que los lleva hasta la irrupción de la intimidad del disidente, y la complacencia que se traduce en ordalía de transmisiones oficiales matizadas con la futbolería más chauvinista, en vivo o diferido.

Es decir, la aplicación de aquella vieja fórmula heredada de los emperadores romanos, panem et circenses,  donde las marraquetas vienen con los múltiples bonos y rentas que acaban en el estómago, mientras en los soportes -papel, pantallas u ondas radiales– desfila la propaganda disfrazada de información o inyectada con alguna parte de ésta, para hacerla verosímil.

El gobierno creó por decreto el Ministerio de Comunicación y «alguien debería darle esa primicia al periodista Iván Canelas, pues no se ha enterado», dice Alfonso Gumucio, especialista en comunicación para el desarrollo, al lamentar las funciones del ex Vocero «capaz de seguir el ritmo del Presidente, quien lo lleva de un viaje  a otro, como si siguiera siendo su portavoz o asistente personal», aunque, observa,  «las funciones de un ministro a cargo del área estratégica de comunicación no pueden ser esas».

«Pecaría de ignorancia el Ministro si no entendiera que las responsabilidades que tiene en sus manos son mucho más importantes e interesantes, que traducir el pensamiento de Evo o arreglar los entuertos que producen sus precipitadas y poco reflexivas declaraciones», agrega Gumucio en «El misterio del Ministerio».

BANDOS Y TRANSICIONES

Hace casi tres años, al ganar las calles el hoy alicaído Cambio, la cadena Erbol advirtió que con el nacimiento de este diario «y la alta posibilidad de compra del periódico La Razón por parte de inversionistas venezolanos, el mapa mediático puede quedar ideológicamente dividido en dos grandes bandos».

Uno corresponde al conformado por los emporios periodísticos del ex grupo Líder, disuelto en julio pasado, pero que no ha perdido en conjunto su influencia nacional a la cabeza de El Deber en Santa Cruz  y Los Tiempos en Cochabamba, cabeza de una serie de diarios menores publicados por Editores Asociados, de la familia Canelas

Junto con ellos, la «televisión privada», en manos de grupos empresariales cruceños (Monasterio, Kuljis, Daher), ha sido especialmente cuestionada  por el régimen  que recientemente la ha vuelto a acusar de conspiración para desestabilizarlo.

«Algunos medios deberían disculparse ante el pueblo por haber emitido falsedades y estar inmersos en un complot mediático para dañar al gobierno», dijo al comenzar octubre el vicepresidente Alvaro García, en plena refriega por los saldos de la represión a «los tipnis».

La replica no se dejó esperar. Andrés Gómez, director de la red Erbol, de la Iglesia Católica acusó:

«Ante tan apabullante revés social [las autoridades] denunciaron un inexistente complot mediático con el fin de esconder al autor de la orden de la represión o lo peor de todo culpar a los periodistas de la ausencia de gobierno entre el mediodía del domingo y el mediodía del lunes», en que se produjo la represión policial.

 «Erbol es amiga de Evo y Álvaro, de los excluidos, del pluralismo, pero es más amiga de la verdad», aclaró.

Aun el director del Grupo Fides, Eduardo Pérez, entusiasta del proceso de cambio que ha acabado por desilusionar a muchos que acrecientan cada día la disidencia desde «adentro » de la izquierda, expresó pocos días antes de los comicios su pesar por el futuro del régimen a partir del maltrato a los indígenas del territorio Isiboro Sécure.

Ni Erbol ni Fides parecen ser, sin embargo, los adversarios ya históricos del régimen populista, función más bien arrogada a la prensa controlada por los grandes empresarios privados, que, además, apuntalan con sus medios la fortaleza de sus negocios mayores.

Hacia julio del 2008, una solicitada oficial sobre «La manipulación informativa en los medios de comunicación», identificó los telenoticieros de Unitel y PAT, y los matutinos El Mundo, El Deber, La Razón, La Prensa, El Diario y El Potosí, además de la agencia ANF, entre los medios que la Vocería puso como ejemplo de faltar a la verdad.

Seis meses después, el régimen de propiedad comenzó a cambiar, por partes.

En enero del 2009, el consorcio español Prisa comunicó que vendía a la sociedad Akaishi Investments su participación del 25% en la compañía propietaria de la red ATB, por 4,1 millones de dólares. No se ha podido verificar si Akaishi es aún propietaria de la porción o la ha transferido a algún grupo venezolano, como aquel representado el 2009 por Daniel Cruz.

En octubre de ese año, la prensa local difundió la versión del diario venezolano Últimas Noticias según la cual Jordán Silva y Joaquín Livanello eran los representantes del consorcio venezolano que adquirió las acciones de la red.

«Son los mismos que negociaron la compra de La Razón. Estos dos venezolanos aparentemente manejan intereses de Carlos Gil», el banquero y empresario venezolano, consignó Erbol el 2 octubre de ese año.

Pero en abril del 2010 los directivos Javier Cortezón y Daniel Cruz, de Illimani de Comunicaciones SA-ATB revocaron sus poderes en uno nuevo que habría conferido  la sociedad en favor de Marcelo Hurtado como presidente del Directorio, según un expediente de ese mes en el Tribunal Constitucional, a propósito de un caso sobre el reglamento de propaganda electoral.

El portal del grupo de abogados Salazar, Salazar, muestra a Hurtado como uno de los socios y a Fernando Salazar, como el principal.

Para el 20 abril de ese mismo mes. La Razón dio cuenta que el Grupo Prisa concluía la desinversión en Bolivia iniciada en noviembre anterior, y tomaba el control del 17% del paquete accionario de la cadena estadounidense de televisión V-me, representado por Carlos Gil. Precisaba que «producto de un intercambio de participación accionaria entre ambos, Gil asumió el control mayoritario de las acciones en los periódicos La Razón y Extra».

Al pasar los meses, las transiciones no cambiaron del todo el telón de fondo -grandes medios privados vs. medios estatales- aunque contribuyeron a equilibrarlo.

Los discretos socios bolivianos de Prisa fueron relevados por otros, algunos más herméticos que otros. El cambio de directores de medios no se dejó esperar y uno de éstos sufrió el relevo de hasta cinco en menos de 19 meses, sin contar sus gerentes.

OJO POR OJO, PERO SIN HORIZONTE

«Si el gobierno es soberbio e intolerante, la oposición y los medios hicieron hasta lo imposible para generar aquello; porque frente a la calumnia y la falsedad, la mentira y la hipocresía, generaron las condiciones para que su increpado replique en sí mismo todo aquello, como única respuesta a semejante atropello discursivo», observa Rafael Bautista.

«Peca de ingenuo por no tener política comunicacional (porque ésta no la asegura el tener un ministerio de comunicaciones); por no saber cómo proponer alternativas al uso perverso que hacen los medios del entretenimiento y la información», agrega el también  estudioso  de la descolonización.

Contra el paulatino crecimiento de las radios comunitarias adeptas al gobierno, lo mismo que proyecta ser el «canal iraní» con instalaciones en Obrajes, sur de La Paz (fácilmente identificables porque en la puerta aparece una joven envuelta en el tradicional velo islámico que le oculta la cara), la aparición de un nuevo diario en La Paz es toda una incógnita respecto de su orientación en la hora decisiva, por la incertidumbre que despierta entre los periodistas con horas de vuelo su dirección «equilibrista» -que no significa equilibrio, aclaran-, y el hecho de que los dueños son empresarios que apuestan al mejor negocio, sea con el Estado o no, según una fuente diplomática cercana a los directores de medios.

Negocios son negocios, diria el magnate mexicano-estadounidense Ángel «El Fantasma» González, con altos intereses en Bolivisión, mientras el canal iraní espera albergar a los grupos de choque mediático y la televisión estatal no debate y sigue un curso errático (del hostigamiento a la reciente recepción hipócrita a los indígenas, por ejemplo), al tiempo que el semanario La Epoca tiene clara su distancia de apoyo crítico al cambio y las transformaciones.

OBSTRUCCION Y CONFLICTO

«Durante los primeros dos años de gestión del MAS la relación de éste con los medios privados se ha caracterizado por responder a un modelo de competencia, en el cual ambos actores se esforzaron por fijar, controlar e interpretar la agenda pública. La relación de obstrucción entre ambas partes tuvo carácter cotidiano, mientras que la relación de conflicto tendió a intensificarse».

Eso es lo que afirma una investigación de maestría en la Universidad Simón Bolívar, presentada por Carina Ossio el 2009 con base en la contrastación de ambos discursos.

El contenido de las notas mostró al gobierno y al presidente Morales claramente confrontado con los medios: «Evo bajo el tono de su discurso pero se estrella contra la prensa», «Evo acusa a los medios», «Evo se siente víctima de los periodistas», «Morales dice que la prensa llega a humillar y a mentir».

Por su parte, medios y periodistas exhibieron una faceta de constante reclamo y denuncia a través de titulares tales como: «Ataques a la prensa de Morales son violación a derechos humanos», «Periodistas denuncian plan de amedrentamiento y exigen garantías», «El Presidente quiere que los periodistas revelen fuentes».

Es posible concluir que existió una «notoria agresividad» en las notas, incluidas las editoriales, hacia el Presidente. Se aprecia una pérdida de respeto no sólo a la investidura, sino también a su dignidad en la medida en que utilizan indirectas a su origen étnico al identificarlo como el Presidente indígena, «figura que no ocurría en investiduras pasadas, por ejemplo denominar a Sánchez de Lozada el Presidente gringo», sostiene la investigación.

De acuerdo a ella, en una primera fase Morales acusó al sector mediático de ser enemigo de su gobierno y su «principal oposición», pero en la segunda su discurso viró a que los periodistas son en realidad  afines a su propuesta y que los propietarios son los efectivamente opositores que haciendo valer la relación patrón-empleador, obligan a los reporteros y editores a mantener la línea opositora del medio

 «La hostilidad y el antagonismo se evidenciaron en las denuncias del Presidente en contra de los medios y viceversa. Estas acciones, evolucionaron de un estado de obstrucción a otro de conflicto en un creciente número de episodios a medida que este antagonismo se fue haciendo más intenso, exacerbado».

Así,  los medios denunciaron agresiones a periodistas y sus instalaciones e identificaron como primer responsable a Morales. Por su parte, el régimen observó que los medios procuraron aprovechar la influencia que tienen sobre la sociedad para desacreditar las acciones gubernamentales  a través de sus notas informativas y de opinión, en una suerte de tarea de desprestigio; a lo que desde Palacio Quemado se replicó:  «terrorismo mediático», «enemigos del gobierno», «corruptos», «vendidos a la derecha» y «provocadores».

LOS EXCESOS

Las coberturas a la marcha de «los Tipnis» y comicios han significado todo un desafío de eficiencia y ética que al parecer  los medios estatales -y paraestatales, más sutiles y menos pedestres, pero con el mismo contenido de fondo- no han logrado vencer del todo.

Para Waldo Albarracín,  ex Defensor del Pueblo, en las versiones que emiten los medios estatales se registra tal minimización de los hechos reales que implica su  «tergiversación»: son «medios para-gubernamentales» y/o «portavoces del gobierno», lo que lleva a la «corrupción», pues Cambio, Radio Patria Nueva y Bolivia TV deben estar al servicio del Estado boliviano -remarca-, teniendo en cuenta además que «el Estado no sólo es el gobierno».

Con la nueva ley de Telecomunicaciones, el régimen está en condiciones de traducir sus dos tercios de voto en otros dos tercios de control sobre los medios (al menos numéricamente) una vez que el artículo 11, establece que se otorgará un 33 % del espectro electromagnético al Estado, 17 % al sector social comunitario y el 17 % a los pueblos indígenas originarios y campesinos, restando el 33 % para el  sector privado

 Adicionalmente al crecimiento de los medios progubernamentales. la nueva ley obliga a los operadores de radio y televisión abierta a realizar en forma gratuita transmisiones en cadena de los mensajes presidenciales. Y autoriza las escuchas telefónicas «en caso de seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres».

Todo ese poderío contrasta notablemente con la precariedad que subsistía aún el 2007, expuesta, para la anécdota, durante el escándalo de «los rugrats de YPFB», cuando jóvenes funcionarios al mando de Manuel Morales en La Habana, puestos en ridículo por sus correrías en la playa después de un curso de negociación de contratos,  desataron la burla de los telenoticieros de mediodía.

Unicamente ATB, por entonces en manos de Prisa -ni siquiera el canal estatal- pudo dar por la noche la versión de contraparte. El mérito correspondió a una reportera que, irónicamente, el 2010 fue despedida de uno de los medios estatales; el mismo que mantiene al reportero más reverente dándole duro a los adversarios presidenciales, incluido Pedro Montes, de la COB, quien lo protegió cuando alguna gerenta consciente de los riesgos decidió echar al susodicho del negocio en que se ha convertido su espacio nocturno.

¿Y qué de los paraestatales?

Más refinados en el arte de presentar las noticias y los géneros interpretativos (como algunas encuestadoras arman resultados y algunos economistas cocinan  escenarios) -y por eso mismo más hábilmente peligrosos a la hora de hacer pasar gato por liebre-, los medios paraestatales, pletóricos de reciclados que datan desde los tiempos de la democracia pactada y directivos que creen controlar el polvorín bajo sus pies, darán que hablar con intensidad probablemente en algún momento de lo que resta del año. Como en muchos casos, la culpa no es del puerco, sino del que lo engorda.

Lo que sigue, son tres de las muchas citas que ilustran una parte del panorama descrito en los anteriores párrafos.

«La Razón sigue siendo líder en cuanto a la venta de periódicos en La Paz, pese a que hay una percepción de que cambió en su inclinación política, le sigue El Diario y nosotros  estamos en tercer lugar», Diego Canelas, director de La Prensa, julio del 2011.

«Se han planteado otros peligros: de los intereses  no sólo del poder  de turno -de los intereses políticos económicos de turno-, sino de los poderes, también, de los propietarios de los medios. Sabemos los que trabajamos con mayor o menor cercanía a estas propiedades que todo medio pertenece a alguien, obedece al interés empresario, terratenientes, palos blancos; sabemos que todos obedecemos a una propiedad privada, a un medio estatal, y que el margen de eso tenemos que ir viendo el juego de cintura que nos permita vivir con tranquilidad después de haber informado», Claudia Benavente, directora de La Razón, debate de la ANP sobre libertad de expresión, octubre del 2011

«Pienso en el Presidente y, por todo lo que ocurre fuera del Palacio, no cabe duda que las palabras que escuché en esa última visita de despedida, resultan por demás ciertas, no tanto por el pobre Evo que anda perdido en los laberintos del poder, sino por sus íntimos ayudantes que saben a dónde van», Ramiro Ramírez editor saliente de Cambio. 

Fuente: Revista IN, N° 18, Santa Cruz, oct-nov del 2011    http://www.360.com.bo/DigitalIN/in18/

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