Tras la denuncia del gobierno argentino por dádivas contra un juez de la nación, una nueva información menciona a la Embajada y el Departamento de Estado de los EE UU en la formación de Jueces argentinos llevada a cabo a través de la International Judicial Academy (IJA) y la Cámara Americana en Argentina (AmCham): decenas […]
Tras la denuncia del gobierno argentino por dádivas contra un juez de la nación, una nueva información menciona a la Embajada y el Departamento de Estado de los EE UU en la formación de Jueces argentinos llevada a cabo a través de la International Judicial Academy (IJA) y la Cámara Americana en Argentina (AmCham): decenas de jueces argentinos han sido capacitados en propiedad intelectual.
Una delegación de quince jueces argentinos viajó en agosto de 2008 a un seminario organizado por la International Judicial Academy sobre propiedad intelectual. También lo hicieron 10 jueces en 2009 y no hay un cálculo de cuantos asistieron en 2010 y 2011.
La mencionada academia tiene como representante argentino al juez civil Ricardo Li Rosi, miembro del consejo académico de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura y panelista habitual de los seminarios organizados por AmCham y la embajada de Estados Unidos en Argentina. Li Rosi es actualmente juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en Buenos Aires
"Las embajadas en América Latina recibieron hace un tiempo la orden desde Washington de organizar seminarios sobre propiedad intelectual para los jueces y funcionarios judiciales e instruirlos sobre un tema en el que estaban poco preparados", explicaron abogados especializados de IJA.
El fiscal general, Eric Holder, había señalado hace algunos meses que el Departamento de Justicia ha entrenado, educado y reunido con miles de jueces extranjeros, fiscales, investigadores y formuladores de políticas en materia de piratería.
"Debido a que los crímenes contra la Propiedad Intelectual son globales por naturaleza, he priorizado el aumento de nuestra participación internacional. De hecho, hasta la fecha, los funcionarios del Departamento han entrenado, educado, y se han reunido con miles de jueces extranjeros, fiscales, investigadores y políticos de más de 100 países en materia de protección de la Propiedad Intelectual ", indicó Holder.
Según los organizadores, los jueces capacitados deben defender la propiedad intelectual de las empresas estadounidenses en los juzgados latinoamericanos, donde presumen "un retraso en la absorción de la legislación internacional" sobre el tema.
El Departamento de Estado presionó en los últimos años para que las embajadas se dedicaran a "patrullar" los juzgados donde las empresas estadounidenses habían entablado demandas por presunta piratería de programas de software, films, música y medicamentos.
En el caso de los medicamentos, la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR) expresó en su momento su "preocupación ante algunas actividades patrocinadas por el gobierno de Estados Unidos, destinadas a entrenar a jueces de la región en materia de propiedad intelectual con el objeto de influir sobre los magistrados con una visión unilateral e interesada".
La organización alertó que, desde Washington y mediante esos seminarios para los jueces latinoamericanos, se alienta una "confusión conceptual entre la falsificación de medicamentos y los delitos de piratería y falsificación de derechos de propiedad intelectual (marcas comerciales y derechos de autor) tal como pretenden imponer las compañías farmacéuticas para conservar el monopolio de sus productos en el mercado, desprestigiando a los productos de industria nacional".
El "entrenamiento" de jueces en Estados Unidos intenta adaptar las leyes argentinas a las norteamericanas favoreciendo a las empresas multinacionales estadounidenses en Latinoamérica.
Son numerosas las ONGs y empresas financiadas por la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, que auspician formación en el extranjero para jueces, fiscales, policias aduaneros y funcionarios de propiedad intelectual que han participado de seminarios auspiciados por los Estados Unidos. Esta semana el representante del gobierno argentino, Hernán Ordiales, en el Consejo de la Magistratura (ente que controla la actuación de los jueces), denunció al Juez Francisco Horacio De Las Carrerras por recibir dádivas del Grupo multimedio Clarín. De Las Carrerras fue invitado en mayo pasado a la "III Cumbre de Medios de Comunicación y Cumbre de la Propiedad Intelectual" organizada por CERTAL (Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el acceso de la Información en América Latina).
De acuerdo a la denuncia, De las Carreras participó de este congreso de tres días, y luego se quedó en Miami dos semanas más, visitando incluso instalaciones de la empresa del Grupo Clarín, Cablevisión. Ordiales, señaló que "la información que tenemos es que el viaje como la estadía de Carreras, junto a otros 3 camaristas, fue financiado por el Grupo Clarín", indicó .
Para el representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo, "es muy contrario a los principios de la ética que cualquier juez vaya a una conferencia donde se va a criticar justamente la ley de medios, por la cual tiene que dictar sentencia".
Juez reconoce pago de Grupo clarín
El reconomiento de De las Carreras fue difundido por los diarios Clarín y La Nación en su edición de ayer, en donde el magistrado reconoció que "fue convocado en su condición de Juez" y que tanto su pasaje y estadía en Miami, como el de su esposa, fueron pagados CERTAL. El evento al que asistió fue auspiciado y financiado por el Grupo Clarín, a través de Cablevisión.
Además fue auspiciado institucionalmente por CAPSA, cuyo principal directivo, Pablo Casey es el sobrino de Héctor Magnetto (CEO de Clarín).