La decisión del presidente boliviano Carlos Mesa de fijar para el 16 de octubre un referendo sobre autonomías regionales y la elección de delegados a la asamblea constituyente no aplacó la efervescencia social que lleva ya 10 días.
Mesa fijó por decreto la fecha de ambas consultas, luego de varios días en que el Congreso legislativo se resistió a sesionar para tratar esos dos reclamos, erigidos por sectores encontrados de la ciudadanía. Pero dejó en manos del Congreso la elaboración de las leyes especiales que deberán fijar los términos de las dos convocatorias.
«Ante la incertidumbre, la intranquilidad pública y en procura de la unidad del país, resulta imperioso dar certeza a la realización de los dos eventos», dijo el presidente, y reiteró que la Constitución habilita al Poder Ejecutivo a convocar consultas populares.
«Estoy marcando una decisión a favor del país y de la unidad de Bolivia», dijo el mandatario.
Respecto de la bandera de nacionalización de los hidrocarburos, levantada por los movimientos populares, Mesa sugirió poner el asunto a consideración de la asamblea constituyente.
El senador del opositor Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, Hugo Carvajal, criticó la falta de coherencia del decreto presidencial y lamentó la ausencia de una solución de los problemas sociales y económicos de fondo.
El diputado y líder del mayoritario y opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), el dirigente de los cultivadores de coca Evo Morales, sostuvo que la intención del presidente «es buena», pero alertó que el decreto buscaba desmovilizar a los campesinos que llegaron hasta La Paz.
«Es un nuevo show del gobierno, los movimientos sociales decidirán sobre las acciones a seguir», sostuvo.
Sindicatos, comerciantes, movimientos campesinos e indígenas reclaman la instalación de una asamblea constituyente, como parte de una serie de reformas a las que se comprometió el gobierno de Mesa cuando asumió, en octubre de 2003, tras semanas de disturbios que acabaron con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003).
A su vez, los comités cívicos (una suerte de agrupamiento local de ciudadanos) de la región oriental, de rica actividad agroindustrial, exigen un referendo sobre las autonomías departamentales.
Este movimiento es impulsado por sectores empresariales de la zona próspera del país, que buscan mayor control y más beneficios de la explotación de los recursos naturales allí localizados.
Ambas posiciones generaron el desencuentro de legisladores de las diferentes regiones, más allá de sus siglas partidarias, que creó un ambiente de zozobra a la sombra de rumores de golpe de Estado, anunciado por dos coroneles rebeldes luego sancionados, y de un fallido motín policial impulsado por ex agentes.
El líder vecinal Abel Mamani de El Alto, una empobrecida ciudad vecina a La Paz, reivindicó la capacidad de movilización de los barrios y recordó a Mesa que seguía en pie la demanda nacionalización de los hidrocarburos, actualmente explotados por un puñado de compañías extranjeras.
Casi a coro, el presidente de la influyente Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Oscar Ortiz, y el dirigente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rubén Darío Cuellar, restaron valor a la convocatoria presidencial, por atribuirse una función de los legisladores.
«El Congreso decidirá si un decreto puede servir para una convocatoria a referéndum», dijo Cuellar, y anticipó mayor intensidad y violencia en el conflicto, que endilga al jefe del Poder Ejecutivo.
Esta semana, la CAO pidió la renuncia de Mesa, mientras la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia sugirió la realización de elecciones anticipadas.
Poco antes del anuncio presidencial, el jueves por la noche, vehículos todo terreno y buses policiales acudieron en auxilio de decenas de legisladores, cercados por campesinos e indígenas en las vías de acceso de la Plaza Murillo, donde se hallan los palacios de Gobierno y Legislativo.
La operación policial estuvo precedida de una acción para despejar las calles de indígenas, a golpes y con gases lacrimógenos.
Los representantes salían del recinto parlamentario tras declarar un nuevo cuarto intermedio, hasta el próximo martes, prolongando la toma de decisiones que tienen en vilo a este país andino en que 70 por ciento de la población vive en la pobreza.
Poco antes del asalto policial, las banderas aymaras de cuadros de colores (wiphalas) se recortaban como siluetas en la escasa luz de las estrechas calles de La Paz, mientras los manifestantes permanecían recostados sobre el frío del asfalto.
Desde hace 10 días, las calles de La Paz son bloqueadas por entre 10.000 y 20.000 campesinos, educadores, trabajadores de salud, comerciantes y universitarios.
Grupos de vecinos descienden desde El Alto a La Paz diariamente para manifestar, bloquear calles, enfrentarse a los gases y los chorros de agua de la policía.
El Alto vive también la segunda semana de huelgas que afectan al conjunto de sus habitantes que viven del comercio informal, y que obligaron a suspender los vuelos de la línea aérea estadounidense American Airlines, «por falta de seguridad». Las medidas también interrumpen el tránsito hacia otras regiones del país.
«El país atraviesa una grave crisis de Estado, muy profunda, que afecta al conjunto de estructuras», dijo Mesa exhortando a una mediación de la Iglesia Católica entre los sectores movilizados y con capacidad de presión.
Sumando presiones, el alcalde de La Paz y líder del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, blandió la amenaza de huelga de hambre de los ciudadanos afectados por los conflictos, en caso de que el Congreso no convalide el decreto presidencial.