Cipriana Jurado Herrera no atisba un sólo halo de victimismo. Militante desde los 13 años de causas sociales, confía en sí misma, no admite que las fuerzas del orden la cuiden o protejan, «Eso sería ponerme en sus manos para que me maten», dice. Recia, como todas las mujeres que viven en Ciudad Juárez, Chihuahua, […]
Cipriana Jurado Herrera no atisba un sólo halo de victimismo. Militante desde los 13 años de causas sociales, confía en sí misma, no admite que las fuerzas del orden la cuiden o protejan, «Eso sería ponerme en sus manos para que me maten», dice.
Recia, como todas las mujeres que viven en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha visto caer a civiles, casi a la puerta de su casa; no ha dejado de denunciar la impunidad por los asesinatos de mujeres; desde 1993 lleva la cuenta de las desapariciones constantes y levanta su voz, una y otra vez, contra la militarización que criminaliza la lucha social en todo México.
Entrevistada por SEMlac, la noche del 21 de enero, cuando Amnistía Internacional (AI) presentó un informe en la ciudad de México pidiendo medidas cautelares para proteger la vida de los defensores de derechos humanos, entre todos ella como caso principal, sostuvo que no quiere esas medidas porque «son una simulación» y denunció a los funcionarios del gobierno estatal por presionarla a dejar su lucha y salir de Ciudad Juárez.
Las medidas cautelares solicitadas por AI, tras el asesinato de la defensora de derechos humanos Josefina Reyes Salazar -el 3 de enero de 2010- y luego de identificar a 16 defensores de derechos humanos en riesgo, implican que el Estado Mexicano, mediante sus policías, deban «garantizar la vida de estos luchadores». Pero lo cierto es que esa sería, agrega Cipriana, una forma de «entregarnos, porque vigilarían nuestra vida, en todos sentidos».
La defensora de derechos humanos explica que acompaña, desde su responsabilidad como directora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera (CISO) de la Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez, los casos de al menos 15 desapariciones, dos asesinatos y los abusos de militares a civiles.
Según informes de la Comisión de Derechos humanos de Chihuahua, las denuncias de abusos militares llegan a 150 desde que se puso en marcha el Operativo Chihuahua en marzo de 2008, cuando se desplegaron más de 2.000 militares y 425 policías federales en la lucha antinarco y para evitar la ola de violencia.
En Ciudad Juárez, sin embargo, a diferencia de otras entidades del país, no se conoce un solo caso de enfrentamiento entre narcotraficantes y las fuerzas del orden. El signo que distingue a esa ciudad respecto a lo sucedido en el país, desde 2006, es que sólo hay ejecuciones, homicidios, y el gobierno afirma que se trata de lucha entre bandas criminales. «¿Entonces por qué detienen, torturan, secuestran y hasta asesinan a cualquier persona?», se pregunta Cipriana.
Militante del Frente Nacional contra la Represión (FENSER), esta mujer recibió de su abuela las primeras enseñanzas sobre lo que es la justicia y los derechos. Le duele el sufrimiento de madres, esposas y familiares en Ciudad Juárez.
Relata cuidadosamente: «en noviembre de 2008, los hermanos Guzmán, de 29 y 30 años, fueron detenidos arbitrariamente; acompañé a los papás y se documentó que fueron detenidos por integrantes del ejército. Luego, el 28 de diciembre, acompañé a Brenda Balderas, esposa de Saúl Becerra, golpeado por el ejército, desaparecido y luego encontrado asesinado; su cuerpo fue hallado en marzo de 2009 y durante todas las audiencias con la procuraduría de justicia militar, no me callé, expliqué cómo los testigos vieron a los militares llevárselo, con otros jóvenes. Esos otros jóvenes fueron liberados el 26 de octubre siguiente», explica.
«Quienes se llevaron a Saúl eran militares. Se lo llevaron del mero centro de la ciudad, muchos lo vieron. Dicen que investigan, pero son los mismos que se lo llevaron, lo torturaron y lo mataron», asegura.
Dar seguimiento a hechos como estos y denunciar a los militares, es lo que hace de Cipriana un caso especial y en riesgo. Ella no se amedrenta: «alguien tiene que ser los ojos de estas arbitrariedades», dice.
En ésa época recibió algunas amenazas. «Entraron a mi casa y se robaron mis expedientes y documentos, para atemorizarme», cuenta a SEMlac, lo que no impidió que continuara con sus tareas.
Luego cuenta cómo va y viene a todas las oficinas, identifica a los comandantes, conoce a los ministerios públicos, despliega todos sus conocimientos, esos de una defensora de derechos humanos.
De actividad profesional administrativa y mecanógrafa, vivió toda su infancia y su adolescencia en el pueblo de sus abuelos, en Jiménez, ahí «conocí a los campesinos, me di cuenta del hambre».
Mas, como trabajadora en las fábricas maquiladoras de exportación, «aprendí cómo se violan los derechos de las trabajadoras, aprendí de las mujeres». En esa época comenzó su militancia formal, tenía 19 años.
En 1993, como organizadora popular, se unió a la denuncia de los asesinatos de mujeres. Conoció en esas actividades a Josefina Reyes Salazar y a Esther Chávez, la dirigente de la Casa Amiga, quien falleció en la última navidad y fue la primera en documentar los casos de homicidios femeninos.
Fue secuestrada y detenida ilegalmente el 3 de abril de 2008, por miembros de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Cuenta los detalles de cómo la interrumpieron cuando estaba con la gente, arengando, la introdujeron en un auto y cuántas vueltas dio por llanos y callejuelas. «Me salvó el celular», dice, porque avisó a un diputado y «no tuvieron de otra que llevarme realmente detenida».
Fue acusada de «ataques a las vías de comunicación». Cipriana no puede ocultar una leve sonrisa. «Imagínate», dice, detenida tres años después por participar con cientos de personas en una manifestación pacífica del 8 de octubre de 2005 en el Puente Internacional -el que une a Juárez con Texas.
Recuerda: «Cada vez que se podía, íbamos a protestar por los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, de este y del otro lado de la frontera; también protestamos por la persecución de migrantes y por mil cosas más».
Lo paradójico de su detención, «porque tenían el expediente guardado», es que salió libre por falta de pruebas, pese a que el proceso «había sido amañado, me habían incluido cuestiones relacionadas con el narcotráfico».
Así explica cómo la política contra el crimen, con lo cual las autoridades justifican la militarización, se asienta en detenciones arbitrarias de personas que se presentan en público y luego son liberadas. En esas detenciones o arraigos en realidad no nos informan, no se sabe qué está pasando, ni qué sucede con los apresados. Sobre todo cuando no hay nadie que siga los casos y busque a los encarcelados, agrega.
Los informes de una docena de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos han definido a Ciudad Juárez como el sitio de mayor violencia en México, comparado con las peores épocas de militarismo en América Latina. Peor que en Colombia.
El 5 de enero, AI emitió una Acción Urgente considerando que Jurado y otros defensores y defensoras se encuentran «en riesgo de ser amenazados y atacados». Luego de esa acción, Cipriana fue llamada a una audiencia en Ciudad Juárez para ver cómo se le iba a proteger. Fue entonces cuando le sugirieron que dejara Ciudad Juárez.
El informe de AI se presentó en público, en la capital del país, el 21 de enero. Nancy Tapias Torrado, del Secretariado Internacional de AI, presentó 15 casos documentados de agresión a los defensores de los derechos humanos quienes, dijo, «han sido víctimas de homicidio, hostigamiento, amenazas o han sido encarcelados por cargos falsos» entre 2007 y 2009.
AI identifica que estas acciones tratan de impedir que las y los defensores realicen su labor de promoción y respeto a los migrantes, a los pueblos indígenas y a las mujeres en riesgo. Pero lo más grave es que denuncian los excesos de los operativos del combate al narcotráfico.
Este organismo solicitó directamente al Estado mexicano que no incurra en violaciones a los derechos humanos de la población en general y a los defensores y activistas de los derechos humanos.
Dos días después del informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), órgano creado por ley y con presupuesto federal, informó que 30 quejas de las que recibió en 2009 fueron por abusos de militares y policías a la población civil.
Ese mismo día, Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez, denunció que el fuero militar se ha usado para violar derechos humanos, por lo que debe ser acotado por la misma ciudadanía. Y consideró que, si bien hay una demanda legítima de seguridad, esta no tiene que ir a costa de los derechos fundamentales de los seres humanos.
Desde la experiencia de ese organismo, dijo Arriaga en entrevista telefónica con SEMlac, la estrategia del gobierno de Felipe Calderón, relacionada con la militarización de la seguridad pública, ha dejado graves saldos en cuanto a derechos humanos.
Cipriana Jurado vive en este escenario. A pesar de las amenazas, la detención de 2008 y las dificultades «cada vez mayores» para continuar su labor, se puso al frente en la denuncia del asesinato de Josefina Reyes, del 3 de enero de 2010.
Josefina fue su compañera de lucha, le mataron a un hijo, tenía miedo y fue amenazada reiteradamente. Vivía en el poblado de Guadalupe, un lugar, dice Cipriana, donde se ha entronizado la barbarie. Josefina fue ultimada cuando hacía una compra para el almuerzo, al lado de la carretera que lleva al Valle de Juárez.
En los últimos dos años, incluyendo el homicidio de Josefina Reyes Salazar, suman seis asesinatos de activistas y personas relacionadas con la denuncia del feminicidio, como Jesús Alfredo Portillo Santos, yerno de Marisela Ortiz Rivera, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa; el profesor Manuel Arroyo Galván; la activista Alicia Salaiz Orrantía; su esposo, Paz Rodríguez, y su hijo Paz Alberto Rodríguez, así como el líder de la Organización Aerodinámica Nacional, Armando Villarreal Martha, amigo de Salaiz Orrantía.
Cipriana cree que molestan al gobierno, sobre todo, las personas incorruptibles y de una posición política identificada con la izquierda. Mientras decide sus siguientes pasos, la defensora de Derechos Humanos acudió al Senado de la Repùblica(ojo), donde su caso fue acogido por Rosario Ibarra de Piedra, la emblemática luchadora por los desaparecidos y sus familia(familias), hoy presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Impunidad
2009 fue el más violento de los últimos 10 años, con casi 8.000 ejecutados y falta de señales de algún interés del narco por desistirse de sus actividades. En total, en lo que va del actual sexenio, la cifra de muertes violentas es de 16.205. Tan sólo en diciembre de 2009 la cantidad de ejecutados fue de 842. A los civiles que enfrentan o denuncian al narco se les responde con acciones de venganza. La estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos informó de un aumento de los ataques a los defensores de las garantías individuales, con 25 casos en 2009, frente a 24 en 2008 y 16 en 2007. El 98,5 por ciento de las agresiones documentadas contra defensores de derechos humanos queda impune.