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132 años de la inmolación de Eduardo Abaroa en Calama

Del histórico carajazo de 1879, al enclave sin soberanía o al reclamo incierto en la Haya

Fuentes: Rebelión

La combinación final de negaciones y dilaciones al acceso marítimo soberano de Bolivia al Océano Pacífico remarcan la actitud de Chile desde que, mucho antes de 1879, se anexara territorios, costa, islas y mar cautivos de Bolivia en el Pacífico. Casi todos los gobiernos cayeron en la trampa chilena ¿le ocurre lo mismo al del Estado Plurinacional?

Al borde de los 34 días otorgados por Evo Morales al presidente chileno Sebastián Piñera para una respuesta a la centenaria demanda marítima de Bolivia, nada augura que el emplazamiento del mandatario boliviano pueda ser efectivo, lo mismo que 132 años de gestiones bolivianas por un acceso soberano al Pacífico, meta ahora constitucionalizada en la era del Estado plurinacional

La administración del presidente Morales, que prefirió desde el 2006 la bilateralidad con Chile para tratar el diferendo, se encuentra hoy, en cambio, en puertas de internacionalizar el conflicto («judiciadizándolo») mediante un juicio ante el Tribunal Internacional de La Haya.

La nueva Constitución boliviana abre la posibilidad de desconocer el Tratado de 1904 entre ambos países, emergente de la guerra desde 1879, que selló la mediterraneidad y clausuró la cualidad marítima sobre el océano Pacífico. El gobierno «denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución», establece su artículo transitorio número nueve.

«Tenemos la obligación, respetar y aplicar la Constitución Política del Estado. Aquí no habrá como antes usaban el tema del mar como el abrazo de Charaña (1975) las dictaduras de Chile y Bolivia, eso se ha terminado», declaró recientemente Morales

A uno y otro lado de la cordillera de los Andes se considera que el 2012 es el «año clave» para dilucidar, desde ambas perspectivas, el mayor anhelo histórico de los bolivianos y la vía chilena de facilitar el acceso pero seguir negando soberanía marítima sobre alguna parte de la inmensa costa y su vasto mar territorial, incluida la plataforma submarina, que Chile arrebató a Bolivia incluso desde antes de la guerra.

A mediados del 2012, vistas las tendencias geopolítico-diplomáticas, convergerán, por una parte, el posible fallo de La Corte Internacional de La Haya en el reciente diferendo marítimo entre Chile y Perú (por el mar territorial de Arica); y por otra, la realización de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), prevista en Cochabamba, dentro de escasos 13 meses.

«Chile tiene que hacer una propuesta concreta a Bolivia antes del fallo de La Haya en el caso Perú, y antes de que Bolivia tome la iniciativa (de un juicio)», afirmó en febrero pasado el senador chileno y presidente del Movimiento Amplio Social (MAS, disidente de la izquierda chilena), Alejandro Navarro.

Pero en el palacio de La Moneda, en Santiago, y en Valparaíso, sede del Parlamento chileno, se estima que el presidente Morales, confrontadas sus dificultades internas (gasolinazo frustrado, pero de consecuencias agravadas), ya no es un «interlocutor válido» para zanjar la cuestión, lo que dilataría el requerimiento boliviano.

CARAJAZO HISTORICO ¿Y DESPUES?

Las palabras del senador Navarro suenan a preocupación en la élite política chilena sensible a este conflicto, resultado de la inveterada ambición decimonónica de la nación transandina -conservada por sus generaciones actuales, que no ceden un milímetro-, que al terminar la formación de los estados latinoamericanos en el siglo XIX, avanzó sobre territorio boliviano, al amparo del imperialismo de la época y la debilidad de los gobiernos altiplánicos, susceptibles al soborno.

Ya en 1866 Santiago había obtenido del presidente Melgarejo, también general del Ejército chileno, un tratado de límites que estableció la frontera en el paralelo 24, al sur de Antofagasta.

A la invasión, concretada el 14 de febrero de 1879, en la misma Antofagasta, siguió el mayor episodio, unitariamente nacional, recordado por las y los bolivianos, desde niños hasta viejos: la inmolación del 23 de marzo de ese mismo año, en un extremo del diminuto puente Topater sobre el río Loa, en las afueras del pueblo de Calama, cuando Eduardo Abaroa intimado a la rendición respondió: «…Que se rinda su abuela, carajo».

Pese a la derrota y al hecho de que Abaroa pasara de simple combatiente a la dimensión de símbolo nacional, la interjección sigue tronando entre los bolivianos, cruzada en intensidad por el tiempo y las diferencias sociales, aunque, al influjo del actual proceso de cambio, el anhelo marítimo ha sido constitucionalizado en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional:

El Artículo 267 asevera que «el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo, y establece que la solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano».

No obstante las discrepancias sobre el contenido circunscrito del «territorio que le dé acceso al océano», los articulados han elevado la aspiración, como nunca, a un nivel constitucional, lo mismo que la no cesión chilena esta asimismo legislada por un mandato de la misma naturaleza.

Ante el virtual fracaso de la bilateralidad y la agenda de 13 puntos, cuya validez todavía convence a muchos, y que tampoco logró un acuerdo sobre el pago de la deuda histórica de Chile por el uso de los manantiales del Silala por más de cien años, el canciller David Choquehuanca anunció a comienzos de enero que no descartaba que la demanda pueda ser trasladada a La Haya.

¿RETROCESO?

La molestia que generó esas declaraciones en Santiago no fue comparable, sin embargo a la que tuvo el presidente Morales en La Paz cuando se supo que el presidente Piñera había desandado las gestiones de los últimos años con su antecesora, Michelle Bachelet.

De acuerdo a lo revelado por ex viceministro Hugo Fernández, las negociaciones avanzaron hasta la idea de 28 km sólo de costa (Chile se anexó de Bolivia 400 km en 1879, sin contar la costa de Tarapacá y lo usurpado antes), sobre un ex territorio peruano, lo mismo que la franja proyectada al norte de Arica, cuyo mar territorial, a su vez, está en disputa por la demanda peruana en La Haya, de ocupar un triángulo de mar frente a Arica, que un día le perteneció pero que hoy está bajo soberanía chilena.

«Podría ser más de un enclave y por 99 años, pero todos sin soberanía» recordó una fuente allegada a la Cancillería. La soberanía que intenta Bolivia partiría el territorio de Chile o afectaría territorios ex peruanos

«Ahora se sabe que se estuvo conversando sobre un enclave sin soberanía, por 99 años, al sur de la quebrada de Camarones y el norte de Iquique, en una caleta deshabitada, que albergaría un muelle, una zona urbana y turística. No tendría conexión territorial ni proyección marítima», dijo el ex canciller Gustavo Fernández

«Para que la idea tenga viabilidad será necesario, tal como figuraba en la Zona Económica Especial de Patillos, el 2002, que contemple la construcción de un puerto, la constitución de una flota de carga de minerales y una zona libre industrial», recordó Fernández.

Hacia diciembre pasado, el presidente Morales esperaba que las gestiones que su Canciller le había asegurado estaban a punto de dar fruto con Piñera, dijeron fuentes diplomáticas, se tradujeran en una fórmula capaz de ser anunciada al pueblo boliviano tras la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazu.

Pero Piñera habría decidido no tomar en cuenta los avances de su predecesora, incluida la posibilidad del enclave mutuo tanto en la costa pacífica como en la ribera selvática del río Paraguay (cesión boliviana), sustituyendo también el conjunto de la agenda de 13 puntos por una comisión de alto nivel, que comenzó a reunirse desde enero pasado.

Morales, al parecer exasperado por las dilaciones y los retrocesos, se refirió hace algunas semanas a la recuperación de Atacama («en broma», aclararon sus colaboradores). Pero, después, el 17 de febrero, fijo una fecha a Piñera para una respuesta concreta antes del 23 de marzo.

En ambas oportunidades la réplica chilena fue fría como las aguas del Pacífico sur: Piñera aseguró no en broma y sí «en serio» que su país no tiene problemas limítrofes con los bolivianos y que «Atacama fue y seguirá siendo chilena». Luego, el canciller Alfredo Moreno aseguró que Chile trabaja por resultados y no por fechas».

Para el 24 de febrero, cuando la dirigencia chilena analizó en reunión con su Presidente que Evo Morales atravesaba una crisis interna que lo desgastaba como «interlocutor válido» y lo conducía a exhibir el problema con Chile para, probablemente, distraer a la opinión pública boliviana, el distanciamiento alcanzó el mayor grado, aunque la tensión ha sido reducida en la semana previa al 23 de marzo, cuando se anuncia la conclusión del corredor bioceánico desde Brasil y una eventual visita del Piñera al Chapare, uno de los bastiones electorales de Morales.

MOVIMIENTOS EN PARALELO

En tanto circulan encuestas sobre la renuencia popular a una cesión marítima a Bolivia, los legisladores chilenos proyectan una ley para incorporar en su Constitución la figura del plebiscito, cuando se trate de la eventual cesión de soberanía sobre el territorio de Chile.

El senador Alejandro Navarro observó que solamente hasta el 2012 podría negociarse el tema con Bolivia, por la vía diplomática. Vencido este plazo, según el legislador chileno, el gobierno de Morales está constitucionalmente obligado a llevar su demanda al Tribunal de La Haya.

El artículo transitorio noveno de la nueva CPE boliviana señala que los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley, estableciendo además que en cuatro años, «desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución», aprobada en diciembre del 2009.

«Se tendrá que innovar, sino ¿para qué existe el artículo transitorio constitucional (noveno)?», le dijo el senador chileno a La Razón en enero pasado mientras el ex asesor de la Asamblea Constituyente Víctor Hugo Chávez, explicó a la red Erbol que la CPE otorga al país la posibilidad de demandar el 2013 a Chile ante la Corte Interamericana de La Haya.

Precisó que el 2007 se establecieron «candados legales» entre el artículo 267 y el artículo transitorio noveno, que señalan el derecho irrenunciable de salida soberana al mar y su planteamiento ante un tribunal internacional.

¿QUIEN LE QUITA EL SUEÑO A CHILE?

La recurrencia a La Haya se debate en Chile donde el analista José Rodríguez Elizondo, uno de los más influyentes en asuntos marítimos, alertó recientemente sobre los «derechos expectaticios» de Bolivia destacando «la judicialización de su aspiración marítima, a imagen y semejanza del Perú», una vez que Bolivia ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia tener acceso a la documentación reservada sobre el diferendo peruano-chileno.

«Mientras esto último es perfectamente legítimo, si no hay objeción de las partes, la supuesta opción boliviana de llevar su aspiración a ese mismo tribunal adolecería de un absoluto desconocimiento de las normas que regulan ese órgano judicial», respondió sin embargo Jaime Lagos Erazo, un diplomático de la era pinochetista.

«En efecto, éste sólo tiene competencia para conocer causas −a menos que se haya aceptado su jurisdicción obligatoria respecto de futuras controversias− que las partes le sometan por medio de un compromiso o que haya un tratado vigente entre ellas, que les exija someter dicho asunto a su jurisdicción obligatoria».

Lagos Erazo se refirió al hecho de que Bolivia no ha firmado el Pacto de Bogotá, de 1948, sobre solución pacífica de controversias, mientras que otros analistas señalan que Chile debe aún decidir si acepta que el tema sea planteado ante La Haya, lo que podría tardar años.

Dos abogados santiaguinos, Ricardo Vásquez y Sebastián Sánchez, discreparon de esa aseveración, dado que es posible que Bolivia abandone la reserva hecha al Artículo VI de dicho Pacto y de esta forma solicite a la Corte Internacional la resolución del asunto.

SORPRESA: PERU EN LA ENCRUCIJADA

Sin embargo, una reciente decisión del presidente ecuatoriano Rafael Correa ha puesto en ascuas a Perú y despertó alto interés en Chile, con repercusiones en Bolivia.

Correa presentó, el pasado miércoles 9 de marzo, oficialmente, ante las Naciones Unidas, la carta náutica de Ecuador, que fija los límites marítimos con Perú basándose en los Tratados de 1952 y 1954: «No quiere decir eso que estemos interviniendo en el conflicto o el litigio entre Perú y Chile», aclaró a la prensa el vicecanciller, Kintto Lucas, pero la decisión dio paso a debate en Lima y Santiago, por el diferendo que ambos tienen en la La Haya.

Rodríguez Elizondo, afirmó que la carta de Ecuador tiene una «fuerte injerencia» y es un respaldo para la postura chilena en la Corte Internacional.

«Absolutamente tiene injerencia, por la sencilla razón que Ecuador forma parte de los sistema de los tratados de 1952 y 1954 y la carta náutica establece la línea fronteriza de Ecuador con Perú sobre la base de esos instrumentos. Por lo tanto, la confusión es lógica, si Perú no objeta la posición de Ecuador que está basada en los mismos instrumentos, se contradice gravemente al impugnar la línea fronteriza con Chile», explicó.

Para Rodríguez Elizondo, la carta náutica de Ecuador provocó un «jaque mate bilateral», puesto que la diplomacia peruana entraría en conflicto si acepta o rechaza el documento fronterizo ecuatoriano, ya publicado como decreto.

«Si Perú le dijera a Ecuador: ‘no me gusta la frontera que usted trazó’, no le quedaría otra solución a Ecuador que hacer causa común con Chile, ya sea como co-demandado o mandar los papeles por cuenta propia a La Haya».

«Ahora, si el Perú por el contrario dijera ‘sí, estoy de acuerdo con la frontera que plantea Ecuador’, quiere decir que está de acuerdo con que los Tratados del 52′ y 54′ constituyen fuente para esa frontera con ese país. Entonces no habría ninguna razón para decir que con Chile no son frontera», dijo el analista chileno.

MAS QUE BILATERAL

Tres meses antes, en diciembre, Rodríguez Elizondo remarcaba tres ambigüedades de la relación con Bolivia: «La mayor de Chile: seguir sosteniendo que la aspiración marítima de Bolivia es un tema bilateral. La mayor del Perú: seguir afirmando que nunca ha sido obstáculo para dicha aspiración».

«La verdad, sin eufemismos, es que Chile y Perú se pusieron de acuerdo, en 1929, para excluir a Bolivia del debate y del acceso soberano al océano por nuestro extremo norte. Lo notable es que, saltando sobre esas opacidades, Evo Morales hoy tiene agendas con ambos países, que suman 33 puntos, que lo incluyen de facto en el debate y que contemplan el tema marítimo», dijo el experto.

«Hoy Alan García luce dispuesto a admitir un corredor soberano para Bolivia, por Arica, y en Chile muchos admiten que hoy sería posible un Charaña 2 (el 1 fue entre Pinochet y Banzer, en 1975). Por cierto, si cuajara un gran acuerdo trilateral, habría que revisar qué destino tiene la demanda marítima del Perú»

Rodríguez Elizondo identificó asimismo tres factores para reflotar la cesión del corredor por Arica: «se descubrió el perfil temerario de la demanda marítima, ése que Alejandro Toledo no percibió y que supone cierto aislamiento geopolítico para Perú, con Chile, Ecuador y Bolivia antagónicos y Hugo Chávez ‘al aguaite’. Segundo, surgió el duro enfrentamiento Alan-Evo, con insultadera incluida. Aquí, García olvidó los códigos andinos −blanco que insulta a indio lo humilla, indio que insulta a blanco defiende su dignidad−, descuidó su propio sector autóctono y corrió el riesgo de perder una pieza geopolítica fundamental en su tablero tradicional. Tercero: hoy hay Presidentes elegidos en los tres países, aunque no se sepa bien qué cosa sustantiva puede significar, en temas que comprometen la soberanía».

RESPUESTA PENDIENTE

«Una sensación de alivio recorrió el miércoles pasado los pasillos de la Cancillería, tras conocerse las declaraciones del vocero Iván Canelas, y del vicepresidente García Linera. Ambos aseguraron que se mantendría el tono de cordialidad y amistad hacia Chile en el discurso que pronunciará el mandatario el 23 de marzo, con motivo de la celebración del Día del Mar en La Paz», reportó La Tercera, el último domingo.

«El jueves, el embajador chileno Pedro Suckel, se reunió con la cancillería boliviana para reprogramar para la primera quincena de abril la postergada inauguración del corredor bioceánico, ocasión en la que Bolivia reiteró la invitación a Piñera para visitar el Chapare junto a Evo Morales», agregó el diario chileno.

No obstante las expectativas chilenas, en Bolivia se recuerda que su Presidente patea el tablero cuando lo cree necesario y es probable que en el tradicional mensaje de los mandatarios bolivianos al pie del monumento a Abaroa, ante militares y civiles, y sobre todo escolares, dé al menos una sorpresa.

Por lo pronto, el vicepresidente Alvaro García sostiene que Bolivia se «ha enmarcado en la agenda» de establecer relaciones diplomáticas sólidas para luego exigir una respuesta por parte de Chile. «El Gobierno mantiene una estrategia de largo aliento, enmarcada en crear relaciones de confianza, y el día de hoy el de esperar una respuesta concreta de parte del Gobierno de Chile» señaló el segundo mandatario boliviano.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.