El jueves 1º de octubre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la solicitud de consulta popular para juzgar a los expresidentes neoliberales.
Y, si bien reformuló la pregunta original del referéndum que propuso el titular del Ejecutivo federal (básicamente eliminó la referencia franca a los exmandatarios), el Instituto Nacional Electoral está comprometido a convocar y realizar la consulta el primer domingo de agosto del 2021. Es decir, la consulta va. Y más allá de las discusiones bizantinas acerca de si la nueva pregunta degrada el ejercicio en su conjunto; o que si el primer ensayo de democracia directa en México está desprovisto de los más altos estándares de constitucionalidad –alegan los intelectuales orgánicos del régimen más anticonstitucional de todos los tiempos–; o que si se trata de un acto demagógico del Presidente para “escurrir” su nombre en las boletas de los comicios de 2021; lo cierto es que el pueblo de México está frente a una oportunidad histórica que debe(mos) capitalizar proactivamente, desbordando los límites de la acotada iniciativa. Y, para tal efecto, considero oportuno –acaso necesario– apoyar la propuesta del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo y otras figuras públicas, quienes exhortan a conformar una comisión de la verdad alrededor del juicio a los expresidentes. Por cierto, y en este mismo sentido, recientemente expuse mi opinión sobre la materia:
“El juicio a los expresidentes contribuye a apuntalar políticamente el proceso de transformación o transición que propone el nuevo gobierno, e instala la idea del ocaso del régimen de corrupción neoliberal. Simbólicamente es un ejercicio poderoso (si bien se antoja razonable reservar la prospectiva de su efectividad material, porque tal éxito depende de otros factores y voluntades) […] El llamado a que los ciudadanos participen a través de la iniciativa de la consulta popular eleva la relevancia de este proceso. Es una invitación a que el ciudadano tenga la última palabra en relación a este pasado. Y convertiría a México en el primer país de la región, y probablemente del mundo, en montar un juicio ciudadano contra un régimen –y no apenas un gobierno– neoliberal. […] Tal como se perfila, la propuesta encierra atisbos de una incipiente comisión de la verdad. El alcance y radicalidad de este proceso dependerá de la movilización, empuje e inventiva de la sociedad mexicana…” (https://bit.ly/2GPgpqh).
Coincidentemente, hace algunos años comencé a madurar, junto con otros compañeros connacionales y extranjeros, la idea de una comisión de la verdad en México. Quiero compartir con el público aquella experiencia “originaria”.
El 24 de septiembre de 2016, Estela de Carlotto recibió en la Casa de la Abuelas de Plaza de Mayo a Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa desparecidos durante la llamada “noche trágica de Iguala”, el 26 de septiembre de 2014, en el estado de Guerrero, al sur de México. El encuentro en la sede de las Abuelas fue parte de la jornada “Acción global por Ayotzinapa: a 24 meses sin los 43”, coordinada en Buenos Aires por la Asamblea de Mexicanos en Argentina, y de la que tuve oportunidad de participar. Aquella reunión desencadenó una nutrida discusión acerca de las posibilidades de crear una comisión de la verdad, en clara emulación del proceso argentino y acaso tributaria de las experiencias de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, bajo la consigna de “Justicia para los 43”. La propuesta, no obstante, reunía por lo menos dos adversidades: uno, el carácter reciente de los hechos y la esperanza aún intacta de encontrar con vida a las víctimas; y dos, el aparente perfil “extraestatal” de los victimarios –el narcotráfico–. Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno, y la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, tal iniciativa ya zarpó en un primer puerto, y sorteó las dificultades del caso ciñendo la función de la comisión a la búsqueda de los estudiantes.
Ahora bien, lo cierto es que los fines de este órgano se circunscriben estrictamente al caso en cuestión. Y en este sentido, y sin restarle el mérito e importancia que entraña tal esfuerzo, cabe hacer notar que Ayotzinapa es apenas la punta del iceberg de un largo capítulo de terror en México: tan sólo una fracción de imagen que encierra una imagen de conjunto de la realidad nacional. De acuerdo con el último informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en nuestro país están reportadas como desaparecidas 77 mil 171 personas. Por añadidura, y solo para ilustrar lapidariamente la envergadura de la crisis humanitaria, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IIES), con sede en Londres, a menudo cataloga a México como el segundo país más violento del mundo, sólo detrás de Siria, con centenares de miles de homicidios en los últimos 14 años. En resumen, un baño de sangre del suelo patrio. Sobre el caso mexicano, nunca nadie habló de “conflicto armado” o “dictadura militar”. Algunos analistas han dicho que México es un holocausto en cámara lenta sin relato, atemporal, sin víctimas discernibles ni victimarios. Ciertas voces autorizadas desde el extranjero han ensayado alguna descripción. En enero de 2016, la propia Estela de Carlotto declaró, durante la presentación de un reporte de Amnistía Internacional, que “el narcotráfico es la dictadura de México”. Agregó: “México nos duele, es el dolor de América Latina que aún tiene abierta la herida de los años más sangrientos de nuestra historia reciente” (Página 12, 2016).
La cifra de desaparecidos en México supera holgada y escalofriantemente a la de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay ¡conjuntamente! En América latina estos tópicos –crímenes de lesa humanidad– han adquirido especial relevancia. En la mayoría de los países de la región se establecieron comisiones de la verdad para exponer nuevas verdades públicas sobre tales violencias, a menudo ocultadas o silenciadas por los gobiernos que las perpetraron. En la mayoría de ellos se llevaron a cabo juicios penales contra los responsables –que en el caso mexicano tendrían efecto para los últimos dos gobiernos, como ya advirtieron los expertos–, y se implementaron fuertes procesos de memoria para difundir e instalar públicamente un significado del pasado a modo de patrimonio de las nuevas generaciones. ¡Memoria, verdad y justicia! Debemos incorporar estas dimensiones a la vida pública de nuestro país. Y considero que tal es el mandato imperativo de nuestra generación.
Si el Estado es la suma del gobierno y los aliados estratégicos del gobierno, tal como enseña la historia de la formación de los Estados nacionales (sin soslayar la “violencia, violencia y violencia”, que expuso Trotsky acerca del sentido inmaterial del aparato estatal), el actor narco es apenas uno de los aliados estratégicos de los gobiernos conservadores, y un sistema más o menos estable de financiamiento de las erogaciones del Estado neoliberal. Esto explica que una multitud de figuras políticas del Ancien Régime estén envueltas en la protección de los cárteles del narcotráfico.
Y ello significa que una comisión de la verdad en México debe ir a la raíz del asunto, y no apenas contra la envoltura delincuencial, y montar un maxi juicio ciudadano contra la totalidad del régimen neoliberal que prohijó el terror durante tres décadas, y cuyos arquitectos disfrazaron canallamente de legalidad, bien común y normalidad democrática.
¡Fuera máscaras!
¡Por una Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia en México que juzgue los crímenes de lesa humanidad del régimen neoliberal!
Twitter: @arsinoeorihuela