En simultáneo con la aprobación de una legislación que permite avanzar y terminar con las últimas regiones de flora autóctona, el mismo gobierno de la provincia de Córdoba y su Secretaría de Ambiente (entre otros) lanzan una supuesta campaña de concientización social para «rescatar la importancia de los árboles nativos y preservar el ambiente». Cinismo […]
En simultáneo con la aprobación de una legislación que permite avanzar y terminar con las últimas regiones de flora autóctona, el mismo gobierno de la provincia de Córdoba y su Secretaría de Ambiente (entre otros) lanzan una supuesta campaña de concientización social para «rescatar la importancia de los árboles nativos y preservar el ambiente». Cinismo macabro el de los órganos gubernamentales y entidades ruralistas que llaman a la «defensa» del bosque, en tanto sobre su cadáver sacian la propia voracidad.
Las parcialidades políticas supuestamente opuestas hasta lo visceral en su propuesta de sociedad (Unión por Córdoba, Unión Cívica Radical y otros bloques unipersonales) estuvieron rápidamente de acuerdo en las últimas semanas en rubricar una ley de bosques nativos que fomenta la avidez inescrupulosa de los productores y empresarios rurales. El proyecto finalmente aprobado es incluso mucho más permisivo de lo que estos últimos pretendían, pues apoya abiertamente la apropiación-destrucción de las últimas regiones de bienes naturales autóctonos, patrimonio y necesidad de un colectivo social que excede el interés de crecimiento privado de unos pocos. Es que no son pocos los especialistas que definen a estos ambientes en jaque como las «fábricas de agua» fundamentales de la provincia.
En paralelo, como una broma macabra, el gobierno de Córdoba ha lanzado con toda pompa el programa «Árboles del Bicentenario – Historias que harán historia»[1]. Esta iniciativa consiste en recuperar relatos sobre ejemplares únicos, como si la inmensa complejidad del mundo natural «cupiese» en ellos. El evento que pretende mostrar la sensibilidad gubernamental por la flora autóctona se viabiliza a través del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, y de la misma Secretaría de Ambiente (centralmente involucrada en la tergiversación del proyecto de ley finalmente aprobado)[2]. La convocatoria es co-organizada por los diarios Puntal Villa María, Puntal Río Cuarto, y por el grupo radial Cadena 3 (todos abiertamente a favor del sector ruralista).
¿Casualidad, no prevista contradicción, o estrategia de invisibilización complementaria a la nueva reglamentación?
Al fin y al cabo, cuál de estas dos cosas se instalará más en la sociedad sino la multiplicación permanente de esta campaña «verde» que efectivizan los penetrantes parlantes de Cadena 3 y las influyentes páginas (en el sur provincial) de los diarios Puntal, antes que la denuncia de la ley de «desmonte» aprobada por la Legislatura.
Así es como se articula el pasaje desde el bosque -en tanto conjunto complejo que da lugar a la vida múltiple-, al ejemplar solo -simple ente individual despojado del entorno sin el cual no es completamente-. El árbol reducido a un elemento paisajístico, a un ornamento.
Bastas regiones de Córdoba, aún importantes relictos ecosistémicos, quizá se parezcan en un tiempo no muy lejano al jardín de un buen burgués: un territorio libre de «malezas» en donde apenas queden unos pocos ejemplares robustos preciados por su valor exótico, como si fuesen el botín de un bárbaro tras vencer en un combate insensato y desigual, o como testimonio muerto de algo que ya fue.
Allí, en los confines de la provincia, la eliminación del monte pleno. Aquí, en lo urbano, la preservación totémica de unas escasas muestras de flora impoluta. Una conservación casi pulcra, engendrada por la mentalidad hija de la modernidad que descree y desconoce todo lo que no pueda ser sometido a sus designios, a su voraz pretensión por hacer de lo que la rodea una mercancía útil (¿para qué sirve sino el monte lejano, cerrado, desértico, monótono, indómito?).
El árbol originario, como especie en general antes que como objeto singular, es traducido a simple fetiche, es minimizado a expresión ya no representativa de algo mayor, se lo transforma a existencia aislada y vaciada de sus sentidos históricos, ecológicos y socio-culturales no occidentales.
Este es el escenario modelado por la matriz productiva hoy dominante en la región central de Argentina.
Sin pretensiones de augurio apocalíptico, debe reconocerse que quizá el único límite que reconozca este sistema son los inevitables confines físicos de los recursos naturales que necesita para regenerarse siempre. Acaso al fin se materialice el carácter suicida inherente a toda explotación intensiva e impiadosa del entorno, condición medular del capitalismo salvaje.
Notas
[1] El concurso se orienta a rescatar la importancia de los árboles nativos en la vida de los pueblos y a preservar el medio ambiente a partir de narraciones que los ubiquen como protagonistas, según la definición de sus promotores. La página web en donde se encuentran disponibles los aparentes fundamentos de la convocatoria es www.arbolesbicentenario.com.ar.
[2] El proyecto aprobado es sustancialmente disímil respecto de la propuesta presentada por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (la COTBN promovió la participación de amplios sectores de la ciudadanía, de organizaciones ambientalistas y de investigadores que conformaron comisiones populares de debate). Entre las modificaciones se destacan una significativa reducción del área a proteger en los bordes de cursos de agua, salinas y lagunas, la consideración como bosque únicamente a las zonas de árboles grandes, se permitiría el rolado y la siembra de espacies exóticas en las mismas (se «aprovecharán» zonas que debieran ser conservadas plenamente), no se crearía un cuerpo voluntario de guardianes del bosque, entre otras. La propuesta aprobada permite el desmonte de más de dos millones de hectáreas respecto de la protección que pretendía establecer el proyecto formulado por la COBTN.
Claro que además del impacto ecológico en sí no deben desconocerse las consecuencias sociales que tendría el desmonte ampliado sobre las comunidades campesinas que hoy se sustentan con sus recursos.
Múltiples espacios no gubernamentales trabajan en estos días por declarar la inconstitucionalidad de la nueva reglamentación, pues contradice algunos puntos de la ley nacional 26.331 en la cual debe imbricarse.
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