Bolivia atraviesa una profunda crisis política y económica. Según las predicciones del FMI, el país tendrá una inflación del 20,7% y una contracción económica del 3%. Por otro lado, el gobierno del presidente Rodrigo Paz en estos seis meses desde su asunción, hizo todo lo contrario a lo que dijo durante su campaña electoral, tanto en primera vuelta como rumbo al balotaje. En este marco, el actual conflicto emerge como respuesta orgánica a esta doble crisis.
Las movilizaciones y bloqueos de caminos que se desarrollan en Bolivia empezaron con pliegos petitorios sectoriales, cada sector empezó con su propia consigna. Por ejemplo, desde la Central Obrera Boliviana (COB) iniciaron las movilizaciones pidiendo un aumento salarial del 20% de acuerdo con la inflación real que sufre la economía boliviana; en simultáneo, los transportistas interprovinciales, urbanos y de transporte pesado iniciaron su movilización denunciando la pésima calidad de combustible que aún comprándolo a precio internacional después de la quita de subvención a los hidrocarburos, se supo que él contenía ocho veces más goma que lo permitido según estándares internacionales, el corolario es brutal: los trabajadores pagan más por un combustible de mala calidad, que destruye sus vehículos que son sus herramientas de trabajo; al mismo tiempo, los campesinos e indígenas del oriente boliviano iniciaron una marcha de 28 días a pie hasta la ciudad de La Paz ni bien entró en vigencia la ley 1720 de la reclasificación de la propiedad de la tierra, más conocida como la “Ley Marinkovic” (actual senador, ex prefecto de Santa Cruz durante el intento separatista del 2008, terrateniente que aparece más de 50 veces en los panama papers) que pretendía que las pequeñas propiedades sean clasificadas como medianas para que, según ellos, los campesinos puedan pedir préstamos, lo que no decían era que perdían su condición de inembargables como lo sostiene la Constitucion. Con ella, lo que buscaban los agroindustriales era someter a los campesinos a la deuda para que estos se vean obligados a vender sus propiedades a precio de gallina muerta al mismo agronegocio y concentrar la propiedad.
Cada sector tenía su propia consigna y pliego petitorio, pero el gobierno de Paz, consecuente con su naturaleza de clase, los ignoró y los subestimó, desconociendo la historia de la formación nacional boliviana y el país que gobierna. Dada la persistencia y radicalización de la lucha, Rodrigo Paz se vio obligado a retroceder, y tuvieron que derogar la ley 1720. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Los sectores ignorados y en resistencia, se encontraron en las calles y carreteras del país convergiendo sus voces en el canto unísono de “que renuncie carajo”. Como bien expresó Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, “ya no hay pliego petitorio, el pedido único es la renuncia del presidente”, hoy Argollo enfrenta una orden de aprehensión por “terrorismo”, sanciona el ministerio público, confirmando el temor del gobierno y los poderes facticos a la organización obrera y a sus dirigentes.
Para comprender la convergencia y el hartazgo popular, es necesario recordar que Rodrigo Paz llegó al gobierno con el slogan electoral que, para quien tiene un mínimo de formación marxista, resulta una burda falacia: “capitalismo para todos” , ya que niega las propias premisas del capitalismo como un (des)orden que requiere de la desigualdad. Pero también representa una tautología porque todos (sobre)vivimos dentro del sistema capitalista, no obstante no todos podemos ser capitalistas, ni queremos serlo. En sus términos, Rodrigo Paz en campaña prometía un “capitalismo incluyente” que, como viene demostrando con hechos su gobierno, no puede existir. Una categoría que es contradictoria en sí misma. Sin embargo, en lo discursivo durante su campaña electoral, Paz se plantó en el centro, habló de reconciliación, y muchos creyeron que representaba una alternativa al neoliberalismo salvaje y a la sumisión a los Estados Unidos que representaba su entonces “adversario” Jorge Quiroga. La pantomima electoral, junto al factor Lara y suerte, funcionó momentáneamente para él.
Pero a tan solo un mes de haber asumido, y luego de viajar consecutivamente a Estados Unidos (ese viejo ritual de los mandatarios falderos que van a recibir no bendiciones, sino órdenes del imperio), Paz impuso el Decreto Supremo 5503 que contenía más de 120 artículos, una cantidad inusual en Bolivia que pretendía ejecutar cambios estructurales en la economía boliviana de un solo manotazo. El propósito de fondo era y es una restauración neoliberal completa, con el discurso típico de hacer de Bolivia un “lugar seguro para la inversión extranjera” con la vulgar justificación de que el Estado no tiene recursos. Es el mismo libreto aplicado desde los años ochenta en todo el continente, vaciar las arcas públicas mediante políticas de austeridad, eliminar la protección social, blindar a las transnacionales y a la burguesía autóctona (porque nacional no puede existir como nos enseñó Fidel), abrir las puertas al capital financiero y, por si fuera poco, reprimir a quien se oponga. Empero, la memoria del pueblo boliviano no es tan frágil como los funcionarios del FMI suponen. Creyeron, con la tan común actitud condescendiente de la burguesía, que el pueblo boliviano iba a aceptar sin reparo el paquetazo de restauración neoliberal o en su defecto, pensaron que no lo iban a leer completo al decretarse días antes de navidad. Gracias a la pronta reacción del campo popular, a los bloqueos de caminos y a las marchas nacionales, se logró la abrogación del mencionado decreto. Fue la primera gran victoria popular sobre el paquete neoliberal de Paz y del FMI, así como la primera pérdida significativa de legitimidad.
Aun así y con todo, no conviene perder de vista el orden de los factores. Antes incluso del intento de imposición del decreto 5503, la primera medida que tomó Paz en el gobierno fue eliminar el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a las transacciones empresariales y el impuesto al juego. Antes siquiera de tocar el tema de los hidrocarburos, el gobierno se apresuró lo más que pudo en desmontar la tributación a los millonarios del país. ¿No que el Estado estaba sin recursos y por eso era inevitable el ajuste? Esta decisión política no es pues un error, es el reflejo del perfil real del gobierno, el que opera para el gran capital y que se disfrazó de centro en temporada electoral, con palabras vacías como “reconciliación” y engañó al pueblo boliviano.
Hoy existe un hastío generalizado en los sectores populares de Bolivia, lo que provoca la ruptura del contrato social electoral debido a que el gobierno hizo campaña diciendo una cosa y terminó haciendo la opuesta. Traicionó a su electorado popular, y esa traición erosionó su legitimidad electoral en tiempo récord. Vale la pena recordar que Rodrigo Paz ganó las elecciones diciendo que no iba a acudir al FMI, lo dijo reiteradas veces durante su campaña electoral e incluso en debates nacionales. No obstante, viajó a Washington, a la sede del FMI, y pidió un crédito de 3.300 millones de dólares que en estos momentos está en curso. Está claro que los préstamos de esta entidad financiera nunca son técnicos, sino hipotecas a las soberanía de los países del sur. Por otro lado, igual durante su campaña dijo que no iba a eliminar la subvención al combustible, cosa que terminó haciendo al mes de su asunción. Sabemos que la coherencia nunca ha sido una virtud burguesa, pero lo que hay acá no es solo incoherencia, sino deliberado engaño.
Ante esa acumulación de agravios multisectorial, el proceso de movilización se ha multiplicado, los bloqueos de caminos se han multiplicado, las marchas se han multiplicado, con la suma a la ecuación de un factor más: la represión y la amenaza de operaciones conjuntas de la policía y los militares. Con el objetivo de infundir temor a los manifestantes y fomentar la desmovilización, el gobierno y los aparatos coercitivos del Estado anunciaron acciones violentas de desbloqueo, no obstante, obtuvieron la respuesta contraria: en cuestión de cinco horas aumentaron los puntos de bloqueo de 32 a 45 y los sectores movilizados son incontables. Es la COB junto al movimiento campesino organizado fundamentalmente en la CSUTCB quienes tienen la conducción política de esta protesta generalizada, a la que se sumaron los mineros asalariados, los maestros, los transportistas interprovinciales, urbanos y pesados, las juntas vecinales, las juntas de padres de familia, los gremiales, entre muchos otros.
Cuando todo parecía oscurecer en el subcontinente, Bolivia aparece para iluminar a los pueblos de América Latina con esa rabia extraña que llamamos esperanza, como diría Roberto Santoro. Frente a ese ejemplo que podemos ser para las resistencias contra el neoliberalismo y el imperialismo, los presidentes de derecha del continente firmaron un pronunciamiento de respaldo a Paz. Entre ellos estaban Milei, Kast, Noboa, Asfura, Mulino, Peña, Balcazar y Fernandez. Siguiendo la narrativa a rajatabla que iniciaron mediante comunicados el gobierno de Trump y Netanyahu. Por su parte, el mandatario argentino mandó a Bolivia dos aviones hércules, supuestamente, con “ayuda humanitaria” el pasado 16 de mayo. No existen fotos del contenido de esos aviones, pero lo que sí existe es el antecedente de noviembre de 2019, cuando el gobierno de Mauricio Macri envió material bélico y represivo a Bolivia de manera clandestina para apoyar al gobierno de facto, resultado del Golpe de Estado de 2019, tal como lo evidenció Ariel Basteiro quien fue embajador de la República Argentina en Bolivia.
A la par, los fascistas de Bolivia, conocidos como “pititas” en el territorio nacional, exigen a gritos que nos metan bala. No disimulan, piden que dicten estado de excepción y arman a grupos paramilitares como la unión juvenil cruceñista o la resistencia juvenil cochala, que fueron catalogados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como grupos paramilitares irregulares, para violentar las marchas y bloqueos. Se debe tener claro que en la lucha de clases, todo es cuestión de vida o muerte. Los fascistas lo saben. Por eso piden a gritos estado de excepción, para convertir la excepción en regla, y la bala en argumento. El cansancio popular se está transformando en decisión que está construyendo la única excepción que vale la pena: la de un pueblo que decide no doblegarse.
Resulta imprescindible traer a la memoria que en Bolivia, y en el resto del continente, la etapa neoliberal no se derrotó con simples victorias electorales, más bien fue al revés, pues las victorias electorales a principios de milenio de esa llamada primera ola “progresista” o de gobiernos de izquierda, fueron una consecuencia de las insurrecciones populares previas: la marcha por la tierra, la marcha por la vida, la guerra del agua y la guerra del gas, son algunas de las insurrecciones populares bolivianas que germinaron el nuevo Estado Plurinacional como antítesis del neoliberalismo. En América Latina fueron las movilizaciones, las huelgas, y los bloqueos de caminos los que rompieron la hegemonía neoliberal y abrieron caminos para gobiernos que, con sus límites y contradicciones, representaron un respiro para los sectores populares.
La actual consigna de renuncia es la máxima expresión de que la legitimidad del gobierno se ha agotado, y de que solo la organización y articulación popular de abajo a arriba puede abrir las sendas para un nuevo proceso político. A seis meses de gobierno la exigencia de renuncia se multiplica y va tomando forma. Los bolivianos sabemos que las grandes transformaciones no son una cosecha que se recoge cuando las condiciones son perfectas, sino un arado que se empuja contra la piedra. En Bolivia, ese arado ya está en movimiento y su curso dependerá de la capacidad de articulación, organización y ofensiva de las organizaciones sociales, en torno a la construcción de una agenda programática con horizonte histórico que permita la profundización del Estado Plurinacional que nunca fue un hecho consolidado, sino un espacio de lucha.
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