Del poder popular surge una opción real de poder estatal

INTRODUCCIÓN

Bolivia está atravesando un profunda crisis política, tres presidentes de la República en lo que va de éste período constitucional, son apenas un síntoma de la profunda crisis. El alto índice de pobreza el desempleo creciente, [1] la expoliación de nuestra riquezas naturales de hidrocarburos y gas y la lucha aún no resuelta por recuperarlas; la lenta reactivación de la minería; la informalización del trabajo y los condicionamientos políticos del norte para acceder al mercado globalizado, son otras tantas causas y efectos de la aguda crisis económica, social y política que vivimos en Bolivia.

La reacción popular desde febrero y octubre del 2003, apenas tiene intervalos cada vez más cortos entre cada cambio de presidente. El pueblo ya no puede vivir como antes del 2003 y la clase dominante que gobernaba desde antes, ya no puede hacerlo como lo hacían. Hay una crisis de hegemonía, una lucha por el poder. La nueva oligarquía lucha por los impuestos y las migajas que dejan las transnacionales y el comercio interno, por las prebendas de la administración pública, se aferra al poder desde todo el aparato estatal que históricamente controla. Por su parte el pueblo no está unido, el neoliberalismo ha quebrado la unidad y la solidaridad entre las organizaciones sociales, ha desprestigiado a las organizaciones naturales de los sectores populares, por lo cual no puede generar la hegemonía popular para resolver el problema del poder a su favor.

En la crisis de mayo a junio últimos, Bolivia estuvo en la mira del mundo: Argentina, la OEA, EE. UU., la ONU, la UE y hasta el Papa, se preocuparon por Bolivia. Chile, uno de los países más interesados en la dispersión social de Bolivia y hasta de su desintegración como país, informó a su población y al mundo que Bolivia se dividía en junio pasado.

El presidente del gobierno actual, declarativamente apegado a la Ley, haciendo honor a la condición de ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, promete no prolongarse ni un día más de la resolución congresal que lo nominó hasta diciembre de 2005, con la finalidad principal de convocar y dirigir un proceso electoral que renueve los poderes ejecutivo y legislativo mediante elecciones generales. Conocido el cronograma electoral, el gobierno actual entregará el poder el 22 de enero de 2006.

Así está internamente Bolivia y ante los ojos del mundo. Y, como esto no puede continuar así, lo que en adelante suceda en el país es corresponsabilidad de todos: unos por comisión y otros por omisión. Por eso, los que suscribimos el presente documento, asumimos nuestra responsabilidad activa, con la experiencia acumulada en años de compromiso político con el pueblo y con la decisión de aportar junto a quienes se unan a este esfuerzo por la construcción del poder popular que resuelva la actual crisis y la proyecte con soluciones de carácter nacional, popular e inclusive de compromiso por la integración de los pueblos a nivel regional y continental, en el marco de la democracia y las normas de convivencia y de solidaridad internacional.

1. LA BOLIVIA ACTUAL Y SU CONTEXTO

El contexto boliviano no es de interdependencia, es de dependencia. Con la globalización lo primero que pierden los Estados pobres y atrasados, es la soberanía, no por delegación sino por sometimiento. Los 197 Estados del planeta se dividen entre globalizadores y globalizados. Lo que se ha globalizado es el sistema capitalista a nivel planetario, bajo el modelo neoliberal.

Con el sistema capitalista globalizado, las transnacionales impusieron las nuevas reglas de convivencia global. La Organización Mundial de Comercio (OMC) se arroga la misión de dictar las nuevas constituciones de los Estados sometidos a los poderes hegemónicos del imperio global. El Acuerdo Mundial de Inversiones (AMI) con el FMI y el BM están homogenizando el sistema financiero internacional. Los capitales, empresas y burguesía nacionales, no tienen otro destino que asociarse al capital transnacional o perecer. De esta contradicción no antagónica entre capital nacional y transnacional, poco es el capital nacional que tiene consciencia de ella. Por eso todos a coro repiten que hay que atraer inversiones, darles toda clase de garantías, privatizar absolutamente todo lo estatal o público (empresas productivas y los servicios), incluyendo la educación y la salud que siendo de carácter público que por mandato de los organismos internacionales tienen que ser privatizados. El capital nacional, por su debilidad y su falta de consciencia nacional, sigue los dictados del capital transnacional.

1.1. Bolivia en el Nuevo Orden Mundial

Bolivia ya cumplió lo más esencial de los «reajustes estructurales», de las privatizaciones, de las reformas del sistema judicial, legal suscribiendo sendos contratos de enajenación de nuestra soberanía y de los recursos naturales, con resultados adversos al desarrollo económico y social; pues el crecimiento económico, sin distribución de las ganancias, sólo beneficia a unos cuantos en desmedro de las mayorías. El resultado es el crecimiento de la pobreza mientras que las transnacionales reportan millonarias ganancias. Nuestra riqueza genera pobreza; la globalización es otro apartheid entre ricos y pobres, ricos que no vacilan en poner en riesgo inclusive la integridad nacional con matices autonómicos y rasgos de discriminación e intolerancia cultural y racial con tal de mantener sus privilegios. El oscurantismo ideo-político no había estado superado en muchos Estados ni en la mentalidad de muchos líderes mundiales, como no lo está en Bolivia en los comienzos del siglo XXI.

Este oscurantismo se manifiesta en los centros hegemónicos del poder global. Dick Cheny, el actual Vicepresidente de los Estados Unidos, al arengar a sus fuerzas militares con el gastado argumento de ser «los mejores del mundo», comparte ese oscurantismo ideo-político con los ejecutores de la «limpieza étnica» por los croatas en Serbia y Bosnia y con el Primer Ministro italiano Berlusconi quien sostiene que la lucha en el Medio Oriente, es una lucha por la «superioridad cultural y religiosa del occidente» contra el islamismo «inferior» del mundo árabe. Y para reafirmar este oscurantismo Francis Fukuyama, el ex asesor de Bill Clinton en el Departamento de Estado, sostiene que en éste milenio, las únicas contradicciones serán etnoculturales y religiosas.

Empero, como todo fenómeno genera su contrario, la globalización está dando lugar al movimiento antiglobalización. Los organismos internacionales (FMI, BM, OMC y el G-8) ya no pueden reunirse tranquilos sin que la reacción popular en el primer mundo no se haga sentir. Desde Seatle hasta Eneagle (Escocia), las reacciones del movimiento antiglobalización les obliga a tomar todas las medidas de seguridad a quienes se consideraban dueños del mundo. Los trágicos y luctuosos sucesos de Londres, en ocasión de la última reunión del G-8 en Escocia (con 52 muertos y casi un millar de heridos), es un mensaje para que los poderes mundiales revisen y cambien sus políticas de sometimiento al resto del mundo. Y no es que estemos a favor de un determinado método de lucha, es que el nuevo reparto del mundo a favor de los globalizadores, está generando una serie de reacciones con resultados imprevisibles.

A este Nuevo Orden Mundial (NOM), producto de la globalización del capital y de su modelo neoliberal con resultado de la unipolarización del imperio, se le quiere imponer el «pensamiento único» con el argumento de que si la realidad es única, el pensamiento también debe ser único. En Bolivia se repite este argumento como caricatura.

Uno de esos repetidores y por lo cual se ha ganado el puesto de «consultor del Banco Mundial» para ayudar a privatizar empresas en otras latitudes, es Alfonso Revollo Thenier quien en su informe de la situación boliviana a una Comisión del Senado estadounidense, afirmó que en Bolivia se hicieron las reformas en dos sentidos: una es la privatización de las empresas para restablecer el capitalismo privado y otra de «participación popular para los indios». En otras palabras, la riqueza para los ricos y los pobres que se repartan la pobreza mediante la distribución de solamente el 20 % de los ingresos el TGN a través de la coparticipación tributaria.

Este es el Nuevo Orden Mundial en el que estamos y del que no se desprenden los Doria Medina, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Hormando Vaca Díez y otros, aunque traten de descalificar a sus antecesores Víctor Paz, Jaime Paz, Bánzer y sus más estrechos colaboradores.

1.2. Los reajustes estructurales y reformas del Estado

La ortodoxia neoliberal viabilizó la reconversión de las economías socialistas, sociales y de capitalismo de Estado al capitalismo privado. Con las políticas de «ajuste estructural», el régimen neoliberal boliviano orientó su acción con prioridad a los recursos naturales de carácter estratégico, con reformas al Estado que anula su intervención en la economía y cede su lugar de principal promotor del desarrollo económico y social a la empresa privada. Así se transfirió YPFB, ENTEL, ENDE, ENFE, COMIBOL, LAB, las Corporaciones Departamentales de Desarrollo y todas las empresas de la ex CBF (Aceites, leche, té y otras).

A los municipios, con reformas de segunda generación, se les impuso la privatización de los servicios mediante los «contratos-concesiones» para el botado de basura, dotación de agua, energía, construcción de alcantarillado y gestión del cobro de peaje, adjudicación y construcción de toda clase de obras desde las más pequeñas hasta las más grandes. Se transfirió la administración de los servicios de Vivienda, de Pensiones y progresivamente la educación media, técnica y superior, igual que la salud. Para todo esto se aplicaron las reformas al Estado empezando con el D. S. 21060. Este se complementó con leyes y reglamentos; se reformó el sistema judicial y se dieron todas las garantías a la inversión privada extranjera directa, a la repatriación de utilidades de Bolivia al exterior, etc. No se dejó nada al azar.

Con esto se cumplía al pie de la letra la conminatoria del Banco Mundial de reformar los Estados hasta lo más profundo de la sociedad. El Banco Mundial conminaba a aplicar las reformas de la economía y la sociedad afirmando que la reforma al Estado «debe penetrar hasta las reglas de juego fundamentales, hasta las instituciones que determina el comportamiento y rigen las organizaciones». En realidad no se trataba de una simple reforma superficial o coyuntural del Estado, se trataba de reformar o cambiar hasta las instituciones que determinan el «comportamiento» de las personas y de las instituciones; o sea que la llamada reforma, tenía que llegar a lo personal y lo colectivo del comportamiento, a la ideología, la política y las organizaciones sociales. «Se trata pues, -afirma el BM- de una transición social, además de económica»; reforma totalizadora que incluía los servicios básicos de la sociedad, como educación y salud «para satisfacer las demandas del nuevo sistema económico«. [2]

Este es el Estado Neoliberal que queremos cambiar. Para ello tenemos la experiencia del pasado inmediato de la historia boliviana, con luces y sombras, de capitalismo de Estado que primó en Bolivia desde la Revolución Nacional de abril de 1952 hasta su reconversión oficial con el D. S. 21060 de agosto de 1985. Esta historia nos sirve para reestructurar el Estado y la sociedad cualitativamente superior.

1.3. Los instrumentos de la reestructuración del Estado: Los movimientos sociales y la

transición de la democracia representativa a participativa

El Estado liberal o neoliberal no podrán transformarse a sí mismo si acaso los neoliberales prometen cambios sin reestructuración del Estado. Tampoco es viable la destrucción del Estado actual para organizar o «refundar» otro. El Estado es uno, ya fundado y estructurado desde 1825. Lo que cabe es su reorientación y superación cualitativa para que responda a la evolución y perspectivas de la sociedad boliviana. Este histórico compromiso requiere de instrumentos adecuados y eficaces como los movimientos sociales, la transición de la democracia representativa en participativa, la Constituyente, las autonomías y cuanto imaginación y creatividad tenga y aplique el pueblo para mejorar su sistema económico, social y político para una vida mejor.

1.3.1. Los movimientos sociales, la lucha de todo el pueblo

Los movimiento sociales han sido los protagonistas principales de la última década. Los primeros 5 años fueron de acumulación de fuerza; y el siguiente quinquenio, especialmente desde el 2003, fue decisivo para los cambios sociopolíticos que se han dado en el país. Por tanto son movimientos vigorosos que no dan señales de agotamiento, aunque sí de grandes protestas de la población inactiva.

Las necesidades insatisfechas son nucleadoras de los movimientos sociales, son la lucha contra la exclusión y marginación y por el derecho de participación en la toma de decisiones. Los movimientos sociales son por objetivos inmediatos y concretos y por eso son mayormente espontáneos. Socialmente son heterogéneos por lo cual carecen de identidad social y política definidos. Pero no por eso carecen de identidad popular y nacional con claras diferencias de las élites económicas y de poder como objetivos comunes de la heterogeneidad social y política popular.

Con estas características los movimientos sociales en la última década constituyen un aporte que enriquece las luchas sociales y políticas del movimiento popular. Son también un desafío de las tendencias de izquierda, de la ideología revolucionaria, para incorporar específicamente éstas características de los movimientos sociales en las categorías de análisis clasistas y del conjunto de iniciativas históricas que se han dado los pueblos en sus luchas por sus intereses también históricos.

En nuestro país, los movimientos sociales que no son alternativos de las clases ni de los partidos ideológicamente definidos con las clases sociales, son parte de la lucha de todo el pueblo. Son niveles de concurrencia de los sectores populares que se identifican y luchan por intereses comunes de los movimientos sociales como los hidrocarburos, la Constituyente, reestructuración del sistema político y por ampliación de la democracia representativa que ya no se adecua a los intereses de las mayorías nacionales.

2. LOS FUNDAMENTOS IDEO-POLÍTICOS DE LA BOLIVIA QUE QUEREMOS

Los cambios no se dan de la noche a la mañana, salvo en nuestra menta o como deseo. Los cambios reales se dan como producto de la evolución o la revolución. Inclusive los cambios revolucionarios, constituyen procesos, porque la ruptura revolucionaria solamente inaugura el proceso de cambio, avanzar y consolidarlos, lleva tiempo, más largo o más corto según la capacidad, la fuerza, la unidad y voluntad de las clases sociales comprometidos con los cambios.

Este compromiso con el cambio, es la idea que predispone a la acción, es el cambio previo de los comprometidos, el factor psicológico, lo subjetivo imprescindible para interactuar con las condiciones objetivas para ejecutar el cambio. Este factor subjetivo empieza con el cambio de nosotros mismos, de superación de los errores de concepción para rectificar los errores de la acción, es la socialización del pensamiento que se materializa en el instrumento político, el programa y el liderazgo para el cambio. Eso somos todos los comprometidos con el cambio que espera el pueblo boliviano.

2.1. La formación social boliviana que queremos cambiar

La formación social boliviana actual está determinada por la globalización. La incorporación de la ciencia y la tecnología como nueva fuerza productiva intensiva y masiva en condiciones de monopolio en los países altamente desarrollados, en lugar de acortar las diferencias con los países de menor desarrollo, amplió la brecha generando un abismo insalvable entre los altamente desarrollados y los demás, articulando el mundo dual entre ricos y pobres. La geoestrategia de dominación unipolar, consolida este proceso sometiendo a los pueblos globalizados por la persuasión, disuasión, presión diplomática y económica, represión interna, intervencionismo, invasión y amenazas permanentes a los pueblos que luchan por recuperar soberanía, dignidad y autodeterminación.

Los instrumentos multilaterales de los globalizadores como el BM y el FMI, sostienen la dogmática posición de que la única manera de combatir la pobreza es con el crecimiento económico, el mismo que depende de la inversión privada, de la privatización de las áreas estatales, de la eficiencia y eficacia, es decir, producir mas al menor costo y con la mayor rapidez, con menor cantidad de obreros, dejando los precios y los salarios a la sola regulación del mercado.

Esta es una falacia porque no todo crecimiento reduce la pobreza y a veces más bien la incrementa. Si bien es cierto que no se podría combatir la pobreza sin crecimiento, como dice J.Stiglitz, «la marea alta» no siempre «levanta todos los barcos. A veces una marea que sube velozmente, en especial cuando la acompaña una tormenta, arroja contra la orilla a los barcos más débiles y los hace añicos». Y cuando el crecimiento a la vez reduce la pobreza, éstas son «estrategias de crecimiento pro pobres». [3] Esta es la realidad en muchos países pobres como lo fue también en los EE. UU. con los sectores de clase media. Para que el crecimiento sea un instrumento efectivo de lucha contra la pobreza, debería acompañarse con políticas de distribución equitativa de la riqueza que nunca hará el sistema capitalista global actual. El ejemplo se dio en EE. UU., en los años ochenta, cuando la economía crecía a un ritmo sostenido, las rentas de los de abajo (de la clase media especialmente), se redujeron. Los barcos de los de abajo, en especial de los llamados países del Tercer Mundo, se están haciendo añicos.

Impuesto el sistema y su modelo en Bolivia, desde 1985, las políticas macroeconómicas seguidas dócilmente por el país, tuvieron incidencia directa en la reconfiguración de la sociedad boliviana en la era de la globalización.

En 1985 la coyuntura de hiperinflación y la crisis de la minería en Bolivia, facilitaron la aplicación del Decreto Supremo 21060 con la finalidad esencial de reestructuración del capital privado con el elevado costo social de desempleo, reducción del gasto público, privatizaciones del área productiva con transnacionalización y administración privada de los servicios públicos, con el resultado de que Bolivia y sus recursos naturales ya no son de los bolivianos.

Siguiendo con J. Stiglitz, quien recomendó al Gobierno boliviano no seguir al pie de la letra las «recomendaciones» del Banco Mundial y del FMI, dijo que en la trilogía de «adaptar, crear y destruir», éstos destruyeron más de lo que crearon. Las políticas de privatizaciones y capitalizaciones de empresas y servicios, destruyeron la base económica para el desarrollo de Bolivia y constriñeron la capacidad institucional pública y social de los servicios básicos del desarrollo humano como la educación, la salud, el sistema de pensiones, la seguridad ciudadana, alimentaria, las viviendas de carácter social y los derechos humanos.

Todas, absolutamente todas, las políticas de lucha contra la pobreza, son y serán solamente paliativos, si éstas no atacan las causas y no se quedan solamente en los efectos de la pobreza. Todas las políticas rimbombantes contra la pobreza, serán solo falsas expectativas en la generación de empleos. La pequeña y micro empresa no podrán sustituir al Estado en la solución de los grandes problemas sociales así como en la creación de empleo estable, productivo y seguro.

Por todo esto tenemos una formación social boliviana estructurada por factores del subdesarrollo interno y determinada por los factores de la dominación unipolar del centro hegemónico de la globalización. El cambio será la recuperación de soberanía con autodeterminación, que el único soberano del Estado sea el pueblo.

2.2. La transición de la democracia representativa en democracia participativa

La exclusión de las mayorías, que se manifiesta en el ausentismo electoral, que se satisface con la «cantidad de inscritos», de votantes efectivos, sin tomar en cuenta los no inscritos, los que no votan ni los votos blancos, nulos o pifiados, que en conjunto sobrepasan el 50 % de ciudadanos, es una democracia débil. Y si a ello le añadimos los fraudes incluidos los fraudes cibernéticos que son posibles con las nuevas tecnologías electorales, esta democracia es incuestionablemente excluyente.

Esta democracia es representativa porque elige «representantes»: diputados y senadores. Conforma una mayoría electoral pero no una mayoría ciudadana. Para conformar una mayoría absoluta de votos efectivos, ésta democracia apela a las componendas o pactos de gobernabilidad. Así esta democracia representativa es una expresión deformada de democracia, una puerta a la corrupción política que abre las compuertas a las demás formas de corrupción pública.

Esta democracia goza del principio de legalidad pero carece de legitimidad plena. Su legitimidad es parcial y como tal, la pierde al menor indicio de pérdida de credibilidad. Es una de las causas de la crisis política actual y de la condena al sistema político-institucional de la democracia. Y por eso los movimientos sociales, con sus métodos de lucha (marchas, bloqueos, acciones diversas contra la institucionalidad de la democracia excluyente), están propugnando la transición de la ésta democracia a la democracia participativa, la incluyente, de las mayorías, la del pueblo.

Esta lucha por la transición a la democracia participativa, no es solamente de los movimientos sociales. Es la lucha de todo el pueblo. Es la forma cómo el pueblo busca desplazar a los impostores y suplantadores de la soberanía, que a nombre de «representantes» no han entendido que la soberanía es inalienable e imprescriptible y que de aquí en adelante debería ser también INDELEGABLE. Esta es una de las reformas sustantivas a incorporar a la nueva Constitución Política del Estado.

2.3. El carácter de la crisis boliviana actual que queremos superar

Bolivia está en una crisis estructural y coyuntural. La estructural es integral, la coyuntural es esencialmente política, es decir, crisis parcial. Estamos seguros que quienes tipifican la crisis como «crisis de Estado», se equivocan porque no estamos ante una crisis general, tampoco es cien por ciento estructural.

Una crisis estructural se da cuando las relaciones sociales de producción no corresponden al desarrollo de las fuerzas productivas. Cuando hay armonía entre ambas, no hay crisis; empero, la dinámica constante del desarrollo de las fuerzas productivas, necesariamente entra en contradicción con las relaciones sociales de producción porque desde el momento de ajuste, éstas tienden a la estabilidad, a su permanencia tal y como correspondía a un momento dado y no al proceso, se torna conservadora para conservar el statu quo porque las relaciones entre las clases sociales involucradas en la producción, tampoco cambian al ritmo del desarrollo de las fuerzas productivas. Este desarrollo agudiza las contradicciones de clase, pone de manifiesto el desarrollo desigual entre las diversas ramas industriales así como las formas de distribución del excedente. Ese es el caso del desarrollo de las fuerzas productivas en materia de hidrocarburos, como lo fueron el desarrollo de las fuerzas productivas de la minería en otros tiempos en relación con el desarrollo agrícola y de la industria de transformación.

En materia de hidrocarburos tenemos un desarrollo de la fuerza productiva recurso natural con inversiones, tecnología y trabajo, el resultado es un desarrollo progresivo. Empero, la relación de producción se ha quedado rezagada: la propiedad fue transferida del Estado a las transnacionales, la satisfacción de necesidades se orientan al mercado internacional y al flujo de ganancias de las transnacionales, nada o casi nada para el país y mucho menos para los bolivianos en calidad de propietarios originarios del recursos natural. Aquí se ha transgredido una ley fundamental en materia socioeconómica que las personas no se deben al mercado, el mercado es para las personas. La otra ley concomitante no tomada en cuenta, es que la economía es un medio para satisfacer las necesidades sociales, el fin es el bienestar social. Este es el paralelo con la experiencia de la minería en Bolivia que lamentablemente no se asimila para armonizar este desarrollo de las fuerzas productivas con las relaciones sociales de producción.

Parte de la solución a esta contradicción es el anuncio de condonación de la deuda con los organismos multilaterales inducida por el G-8 y como resultado de la intensa convulsión social como resultado del alto índice de pobreza en Bolivia. La condonación es necesaria, pero mejor será que nos devuelvan los recursos naturales sin necesidad de mayor presión social y nacional.

En ese marco conceptual de lo que es la crisis estructural, descartamos el concepto de «crisis de Estado». Tampoco la crisis boliviana es una crisis general. La crisis como trasfondo es estructural con su epicentro en la apolítica hidrocarburífera y con resultado de otra crisis política por la defensa del recurso natural y su utilización primero para Bolivia y después para los demás.

2.4. El Estado Neoliberal y su transición a Estado Social

En el último medio siglo se han dado los cambios más importantes después de la independencia y fundación de la república. Después de la Revolución Nacional de 1952, sobrevino un período de restauración del liberalismo clásico, modernista, con influencias sociologistas para frenar el avance hacia el socialismo inducido por la exitosa Revolución Socialista de Rusia y su expansión por la Europa del Este y Cuba.

La lucha bipolar entre capitalismo y socialismo, por la expansión del socialismo y por la hegemonía capitalista, contribuye al derrumbe del socialismo euroasiático (de la Ex URSS), la reconversión de los capitalismos de Estado e impone la globalización del sistema y su modelo para reestructurar el capitalismo vía las transnacionales en todo el planeta tierra. Bolivia, como el país más pobre, atrasado y débil del cono sur, fue el continuador -después de Chile-, de la geoestrategia estadounidense en incorporarse oficialmente a la economía de mercado en 1985, instaurando el nuevo Estado Neoliberal en sustitución del Estado nacional de 1952.

En lo económico el Estado Neoliberal significas inserción a la economía global de mercado sin restricciones estatales, con solamente regulaciones simbólicas a través de las superintendencias. El Estado Neoliberal promueve como dogma la libre empresa bajo la libre iniciativa, libre mercado, libre contratación, libertad de exportar e importar o libre comercio, libre competencia, todas las libertades individuales y muy fuertes limitaciones a las libertades sociales o colectivas.

El Estado Neoliberal interviene a favor del capital transnacional, sin el cual no se darían todas las garantías a las inversiones a costa de perder soberanía, no se entregarían las riquezas naturales, ni se limitarían los derechos y garantías de las organizaciones sindicales y otras de carácter social. El Estado Neoliberal, entregó a la empresa privada la administración de los servicios de carácter social como el sistema de pensiones, confisca los ahorros de los trabajadores y sus bienes a favor del sector privado. El Estado de bienestar en su transición a Estado Neoliberal renuncia a las utilidades de las empresas públicas, para vivir solamente de los impuestos, sin hacer mucho (o nada) para limitar la evasión y mejorar los sistemas de recaudación impositiva.

En lo político, el Estado Neoliberal no retorna al viejo Estado Liberal del dejar hacer y dejar pasar. El nuevo liberalismo o neoliberalismo, sigue siendo intervencionista como lo fue el Estado de bienestar que intervenía directamente en la gestión y administración de las empresas públicas y servicios de carácter social. El Estado Neoliberal interviene pero a favor de las Corporaciones Transnacionales: convoca a licitaciones, atrae inversiones extranjeras con toda clase de garantías, retorna a la libre contratación con política de bajos salarios y escasos beneficios sociales, reduce la acción sindical y de las demás organizaciones sociales para garantizar la ganancia del capital.

El Estado Neoliberal reduce su campo de acción; se «achica» o reduce su burocracia y cierra instituciones, empresas y servicios, o los transfiere al sector privado. Hasta la policía se está progresivamente privatizando. Y el ejército que declarativamente es institucional, que se debe a la defensa y garantía del régimen constitucional «independientemente de quién esté en el Gobierno», al defender al Estado Neoliberal, está defendiendo los intereses antinacionales, las libertades individuales con restricciones a las libertades sociales y colectivas. La santificación del derecho propietario, por ejemplo, de tierras, de bienes, de servicios, etc., deberían tener la restricción de cumplir una función social, pero en el Estado Neoliberal, los derechos sociales y colectivos se los subordina a la sacralización de la propiedad individual. En este caso, la función del ejército, también se subordina al individualismo liberal en contra del Estado Social. Este enunciado constitucional, sin ninguna expresión concreta, guarda similitud con los enunciados de «igualdad, solidaridad y fraternidad» de la Revolución francesa que nunca pudo cumplir.

El Estado de Transición es del Estado Neoliberal al Estado Social. No es el desconocimiento de los derechos y libertades individuales, sino la armonización y complementación entre lo social y lo individual, teniendo en cuenta que la suma de los derechos individuales no hacen los derechos sociales, por ejemplo, en los derechos sobre la tierra; los propietarios individuales jamás renunciarán a sus derechos para constituir una propiedad social. Esta es una tarea del Estado Social. Y así en todo el quehacer nacional, social, económico y político. Y, si las condiciones lo permitieran, sería imposible renunciar a la perspectiva de la superación del Estado y la Sociedad a un nivel cualitativamente superior.

3. LA BOLIVIA QUE QUEREMOS CONSTRUIR

El punteo que sigue a continuación, constituye la base del Programa de Gobierno, de elaboración abierta, participativa y ampliamente democrática de todos los involucrados en hacer de ésta opción el verdadero y efectivo poder popular.

LA BOLIVIA QUE NO QUEREMOS	LA BOLIVIA QUE QUEREMOS CONSTRUIR
En lo estructural: la economía	En lo estructural: la economía
– Que no sea dirigida por el FMI, BM ni ningún organismo multilateral. – Que no siga como exportador de materias primas. – Que el Estado no sea dependiente del capital transnacional con exclusión del capital nacional.	– Recuperar la soberanía sobre nuestros recursos naturales. – Que utilice todo su potencial para su industrialización y exporte productos con valor agregado. – Que el Estado promueva, proteja y defienda el capital nacional con prioridad y que regule las inversiones extranjeras.
Lo social	Lo social
– Que no se explote la fuerza laboral. – Que no se acaparen las tierras por una minoría agroempresarial o neolatifundista. – Que no exista ninguna forma de discriminación social, de género, cultural, étnico, religioso, etc.	– Que se revalorice la fuerza de trabajo bajo el principio de justicia social. – Que se aproveche todo el potencial agropecuario con redistribución de tierras y demás recursos con equidad, acorde a estrategias de desarrollo nacional. – Avanzar en la superación de las desigualdades. Lograr la igualdad de género. Hacer realidad el principio de libertad de consciencia.
Lo superestructural: El Estado	Lo superestructural: El Estado
– No queremos la continuidad del Estado Neoliberal. – No mantener el centralismo. – Ni el presidencialismo secante. – No a la división bicameral del poder legislativo. – No a la justicia elitaria, tarifada con arcaísmos y corrupción.	– Adoptar medidas concretas de transición del Estado Neoliberal a Estado Social. – Avanzar de la descentralización a las autonomías departamentales y/o regionales. – Coordinación real entre los poderes del Estado. – Incorporar en la nueva Constitución (vía la Constituyente), el sistema unicameral mediante la Asamblea Nacional. – Iniciar verdaderas reformas al sistema judicial desde lo conceptual, en su estructura orgánica y la metodología de la operatividad judicial.
Lo cultural	Lo cultural
– No a la discriminación de las étnias y culturas. – No al aislamiento etnocultural	– Las culturas son patrimonio invaluable de los pueblos. Promover la asimilación de la riqueza cultural boliviana. – Integración etnocultural en condiciones de igualdad y/o equidad.
Lo político	Lo político
– No a la democracia elitaria, de minorías, controlada, representativa. – No a la corrupción, transfugio, cuoteo, pactos, desideologización. – No a la condena de la política. (Sí a los malos políticos).	– Transición de la democracia representativa a la participativa, de mayorías, del pueblo. – Establecer reglas de libre juego de intereses, de ideologías, de alianzas de consenso en beneficio prioritario de la sociedad y del Estado boliviano. – Revalorizar la política y a los políticos consecuentes con sus principios y con su pueblo.
Lo Internacional	Lo Internacional
– No a la dependencia. – No a la integración condicionada a nivel regional ni a ningún otro nivel. – No a la sumisión del capitalismo global y su modelo neoliberal. – Sanción a los Estados que deterioran la convivencia internacional por imposición de intereses particulares o imperiales.	– Promover la solidaridad y cooperación internacional en condiciones de reciprocidad. – Sí a la integración para beneficio mutuo, interés recíproco, en condiciones de equidad y solidaridad. – Si a los beneficios de la cultura universal, a la ciencia y tecnología como patrimonio común de la humanidad. – Reestructuración de las organizaciones internacionales acorde a los intereses de justicia, de paz y de preservación del hábitat natural de la humanidad.

3. LA REESTRUCTURACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

3.1. La Constituyente

La Asamblea Constituyente es una necesidad para reorientar y reestructurar el Estado. Es la posibilidad de cambio, no es el cambio mismo.

Para que la Asamblea Constituyente sea un factor real y efectivo de reestructuración del Estado, su fuente debe y tiene que ser el poder popular. Recordemos que fue del pueblo que emergió la necesidad de la Constituyente, primero para evitar la venta del gas y menos por Chile, luego para no vender como materia prima pero sí con valor agregado previa industrialización y, finalmente, para cambiar el modelo como el causante de toda esta expoliación de nuestra riqueza natural, la última que nos queda después del oro y la .plata, del estaño y de la goma. Sánchez de Lozada pretendió pasar por alto el pedido por lealtad a los intereses transnacionales a los que servía, sobrevino el enfrentamiento desigual de palos y piedras contra balas con casi un centenar de muertos y cientos de heridos. La radicalización justificada del pueblo terminó con la renuncia de Sánchez de Lozada y la sucesión constitucional de Mesa. La Constituyente pasó a ser para el sucesor en la presidencia de la República, uno de los puntos esenciales de la llamada «Agenda de Octubre» que no la pudo concretar hasta su renuncia definitiva del 2 de junio pasado.

Ese inicial poder constituyente a la fecha se diluyó. Se generalizó una especie de consciencia contradictoria sobre la necesidad y la urgencia de la Constituyente. Unos quieren solamente reformas, otros buscamos el cambio. Unos pretendemos recuperar el poder constituyente desde las bases, otros prefieren el «poder derivado» de la Constitución vigente. Unos creen que el poder constituyente será la Asamblea, otros queremos que la Asamblea sea solamente el instrumento legal y constitucional del poder popular real generado en octubre del 2003.

La Asamblea Constituyente es un cuerpo deliberante. Allí estarán representados todos los estamentos, estratos y clases sociales que formalmente surgen de las jurisdicciones electorales uninominales, plurinominales, municipales, pueblos originarios, regiones, etc. El resultado dependerá de la correlación de fuerzas, de los intereses en pugna, de la visión y claridad de los cambios que se buscan y la efectividad con que sean planteados. Si esto no se da previo a la Asamblea, ésta será una torre de babel. Y el resultado será algo remozado de la actual Constitución contradictoria, donde confluyen constitucionalismo social, historicismo, liberalismo y neoliberalismo.

Para evitar esto y que la Asamblea Constituyente no sea un fracaso para los que buscamos la reorientación del Estado, es imprescindible reorganizar el poder constituyente original del pueblo, no derivado de la ley, porque los legisladores bloquearon por mucho tiempo, y continúan bloqueando la realización de la Constituyente. Y si ahora no la pueden evitar, buscarán por todos los medios que ella concluya con algunas reformas o maquillajes de carácter social, algunas de carácter político, etnoculturales y las demás sin ninguna significación esencial. Lo que el poder anticonstituyente busca es que ninguna reforma o cambio afecte al sistema de capitalismo global ni su modelo neoliberal.

El poder constituyente fundacional de la «República de Bolívar» se fue gestando en la larga lucha por la independencia de la colonia española. La lucha independentista de todas las colonias en América Latina, dio como resultado la conformación de los Estados Latinoamericanos y la fundación de Bolivia como Estado independiente el año 1825.

La primera Constitución de Bolivia fue la que envió Bolívar en 1826 a solicitud de la Asamblea Constituyente. Esta, que se llamó «Constitución Bolivariana» fue liberal, demasiado liberal para un nuevo Estado que nacía a la vida independiente poco menos que de un feudalismo con resabios de esclavismo.

Nuestra actual Constitución es predominantemente liberal con inclusión de algunas medidas del constitucionalismo social y otras influenciadas por la corriente historicista. Las leyes que se derivan de ella, son liberales y neoliberales que aprovechan sus contradicciones para no salirse del «marco constitucional». Por ejemplo, el Art. 139 que establece que los hidrocarburos son de dominio «directo, inalienable e imprescriptible» del Estado y que por «Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos», y que el derecho del Estado de exploración, explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados, corresponden al Estado, esto no se cumple porque en la segunda parte de este mismo artículo dice que «Este derecho lo ejercerá mediante entidades autárquicas o a través de concesiones y contratos por tiempo limitado, a sociedades mixtas de operación conjunta o a personas PRIVADAS, conforme a ley». (El resaltado es nuestro). Esta segunda parte del mismo artículo citado, contradice a la primera que prohíbe conferir derechos por ningún contrato o concesión la propiedad de los hidrocarburos. Esta contradicción es la fuente de los conflictos que Bolivia tiene por recuperar la propiedad o respetar los contratos con las transnacionales petroleras, porque son la base constitucional de los contratos de riesgo compartido, de economía mixta. Por este artículo el Estado es y no es soberano sobre sus recursos hidrocarburíferos; o el Estado recupera su soberanía inalienable e imprescriptible sobre su propiedad hidrocarburífera, o se queda por mucho tiempo más (40 cuando menos) en dependencia de las transnacionales. Estas contradicciones tienen que acabarse en la nueva Constitución producto de la Asamblea Constituyente. Lo contrario será un rotundo fracaso.

3.2. Las autonomías regionales o departamentales

Referéndum departamental en Santa Cruz pro Autonomía Departamental «vinculante», es el planteamiento oficial del Comité Cívico cruceño y de otras representaciones departamentales. Esto significa que tiene que ser antes que la Constituyente y que cuando ésta se realice, no debe tratar las autonomías porque habría sido «vinculante».

En el proyecto de autonomía regional de Santa Cruz, al que se han sumado Tarija, Beni y Pando, por la influencia y liderazgo que ejerce el Comité Cívico de Santa Cruz, mantiene lo que es un obstáculo para las demás regiones o departamentos: «la libre disposición de los recursos naturales». En la ultima propuesta, con tono más conciliador dice: «libre disposición de los recursos».

La forma radical de defender esta posición (antes de la Constituyente y vinculante), se resume en la siguiente consigna: «Si no hay autonomía para Santa Cruz, no habrá Santa Cruz para Bolivia». ¿Secesión o separatismo?

La propuesta última, después del cambio de los presidentes Rodríguez por Mesa, era que no podían arriesgarse a que en un referéndum nacional voten ocho contra uno (8-1); por eso el referéndum debía ser Departamental, que para ello habían cumplido con todos los requisitos exigidos por la Corte Nacional Electoral sobre la Iniciativa Legislativa Ciudadana. Santa Cruz mantenía la fecha decretada por el ex Presidente Mesa del 12 de agosto del 2005.

El consenso logrado entre los poderes Legislativo y Ejecutivo al respecto concluyó con la Ley y los decretos respectivos para fijar la elección de Prefectos junto con las elecciones generales el 4 de diciembre 2005; y el referéndum nacional sobre autonomías, junto con la elección para constituyentes el 2 de julio del 2006. Las primeras reacciones de Santa Cruz, era que mantenían la fecha del 12 de agosto, empero, como ya no tiene legalidad porque aquel decreto fue abrogado, resignadamente Santa Cruz parece acatar la Ley y el Decreto que dispone el nuevo calendario electoral.

Los hechos violentos protagonizados por el Comité Juvenil Cruceñista, no dejan duda que los planteamientos autonomistas tienen un alto grado de intolerancia cultural y racial, elemento que comparten muchos ciudadanos del oriente incluyendo a una Mis Bolivia cruceña que declaró para el mundo las supuestas diferencias etnoculturales entre oriente y occidente de Bolivia. Además, esto lo reflejan sendas publicaciones de mapas que dividen Bolivia entre la «Nación Camba y el Alto Perú». En tales publicaciones desapareció Bolivia como Estado.

Históricamente este problema parecía superado desde las décadas del 60-70 cuando una buena parte de la población oriental compartía el exabrupto de «haga Patria, mate un colla». O cuando luego del censo de 1992, el Comité Cívico declaró que ante el 51 % del total poblacional de Santa Cruz, está constituida por la migración del occidente al oriente. Santa Cruz ya era otra capital cosmopolita incluyendo a la migración extranjera y su descendencia. A la fecha, la migración occidental se estima en un 56 %.

¿Qué pasó para que el autonomismo retornara con dureza los problemas del pasado? ¿Se repite la historia de la guerra «federal» entre Chuquisaca y La Paz a fines del siglo XIX, por la que la sede del Gobierno se desplazó a La Paz como trofeo de victoria? ¿Podrá Santa Cruz reeditar una guerra victoriosa así sea una guerra legal, democrática-electoral?.

Todo esto son cortinas de humo para encubrir otra realidad que solamente se manifiesta de manera informal y en voz baja: el problema son los recursos naturales de gas y petróleo.

Por el petróleo hubo una guerra entre Paraguay y Bolivia. La Estándar Oil estadounidense se disputaba las reservas de petróleo del Chaco boliviano con la Shell Oil angloholandesa. Dos empresas de diferente procedencia competían violentamente por las reservas cuando el reparto del mundo era por materias primas, mercado y fuerza de trabajo. La guerra cambió el mapa geográfico pero no cambió las reservas hidrocarburíferas, antes potenciales, ahora probadas, con muy alto costo en recursos materiales y humanos.

En la actualidad, con la globalización las transnacionales petroleras y las de otros rubros, conforman la globalización del sistema sin contradicciones de procedencia ni nacionalidad. Las transnacionales son las mejor beneficiadas con la globalización por lo que las consideramos como objeto y sujeto de la globalización del capital, para lo cual utilizan toda su influencia y fuerza para doblegar obstáculos nacionales o regionales; las corporaciones transnacionales (CTN), aplican una nueva estrategia de reparto de los recursos naturales del planeta en forma unida bajo el manto de la globalización. Si alguna duda tenemos sobre esto, basta mirar lo que ocurre en el Medio Oriente para convencernos de la capacidad que tiene el petróleo en manos del imperio unipolar para generar nuevos cambios en los mapas geográficos, políticos o geopolíticos.

Si no hay rivalidades entre las empresas que se repartieron YPFB; si la mayor parte de Bolivia no ha renunciado a recuperar para el Estado «la propiedad de todos los hidrocarburos» conforme a la CPE; si el debate es interno y no con algún otro país en particular, las petroleras buscan debilitar la lucha por recuperar los hidrocarburos, utilizando los problemas no resueltos de la integración nacional. Nuestra lucha por el gas tiene su derivado en el riesgo de la desintegración nacional, con el nombre de autonomía con matices etnoculturales. Nosotros cumplimos con el país develando el problema de fondo que amenaza la integridad territorial, social, integridad sociocultural, etc.

Ahí tenemos una responsabilidad que la política boliviana, los políticos responsables y todo el pueblo boliviano tiene que asumir con verdadero sentido nacional y patriótico. Superar este problema en el marco democrático, unitario, autonomista sin secesión, es el desafío para todos los bolivianos.

3.3. Los roles de los movimientos sociales, de las clases y de la solidaridad internacional

Después de intensa movilización social, de los cambios de presidentes, los movimientos sociales tienen una evaluación negativa: los cambios aún no han cambiado nada. Los hidrocarburos continúan en manos de las CTN petroleras; el régimen político y el sistema político tampoco ha cambiado aparte del cronograma ajustado para votar en elecciones generales y prefectos, constituyente y autonomías.

Si la democracia y el intenso ajetreo electoral de un año, no resuelve los problemas esenciales de reorientación y reestructuración del Estado, no recupera la totalidad de los hidrocarburos para el Estado; y si los movimientos sociales no asumen el carácter clasista que significa la lucha contra las CTN y el imperio unipolar, los cambios que no cambian nada, serán constantes sin resultados tangibles para el pueblo. El poder unipolar imperial resultado de la globalización, la burguesía local y su entorno, podrán mantener su dominio ante un pueblo que aún no logra niveles expectables de unidad y solidaridad con amenazas de desintegración nacional de por medio, imponen la necesidad con carácter de urgencia, de la solidaridad y la cooperación internacional.

Hasta hoy la solidaridad internacional es contradictoria. Brasil es solidaria políticamente con los movimientos sociales, pero PETROBRAS no. Perú es solidario por los antecedentes históricos y el lazo indisoluble de haber luchado juntos contra Chile en la guerra del Pacífico en 1879, pero es competitivo en políticas de exportación de gas pese a declaraciones para emprender la industrialización de este energético con empresas binacionales y otorgado el puerto de Ilo por 99 años en forma concesional. Argentina no solamente planteó integración energética sino la integración integral; pero a la vez fue parte del «anillo energético» para comprar materia prima de Bolivia a 0,70 el MPC de gas y venderlo a Chile a 2,00 $us. Venezuela apoya la causa marítima de Bolivia, pero apoyó al chileno Miguel Insulza para la OEA, aunque para nosotros Insulza o el mexicano Derbez eran la misma cosa: ambos aliados estratégicos de la potencia del norte. Así marcha la solidaridad internacional en el Continente.

El G-8, la Unión Europea, la ONU, el Vaticano, EE. UU., y la OEA como instancia de integración de las Américas, se conduelen de Bolivia por los conflictos sociales y la inestabilidad política y se lamentan por el «riesgo de la democracia» boliviana. Todas estas manifestaciones de solidaridad son para mantener el statu quo: democracia representativa y garantías al capital con respeto a los contratos con las petroleras. Pero esta condolencia y apoyo a la democracia es contradictoria con el reconocimiento de la pobreza de Bolivia como Estado y del 64 % de pobreza con más de un 20 % de pobreza extrema. Ellos saben que la pobreza es el mejor agitador social pero prefieren condonarnos 2 mil millones de dólares de la deuda, vía el FMI y BM pero defender a sus petroleras para que continúen explotando a Bolivia. Esa no es solidaridad, es canjear la deuda por hidrocarburos y gas en condiciones desiguales, no compensatorias.

La toma de consciencia de esta realidad, debe y tiene que unirnos. Sólo el pueblo unido y la verdadera solidaridad internacional, podrá vencer a los poderosos enemigos que nos mantienen en condiciones de mendigo, que laceran nuestra dignidad y no reconocen ni el más mínimo derecho sobre nuestros recursos naturales como fuente de nuestro progreso.

4. LA CONVOCATORIA ABIERTA A TODOS

Conciudadanas y conciudadanos:

Te hemos mostrado pinceladas de nuestra realidad nacional en su contexto internacional continental y global. También te damos elementos de análisis e interpretación de esa realidad para orientar nuestra acción por el cambio del Estado y de nuestra sociedad. Pero nada está cerrado. Es imprescindible tu aporte de pensamiento y de acción para enriquecer esta visión y fortalecer las acciones del cambio que buscamos.

No olvides que todos somos corresponsables de que lo que se hace y no se hace en materia política, en lo económico y social, en lo cultural y la integración, en todo, absolutamente todo lo que pasa en el país, no excluye a nadie. Pero es mejor ser corresponsable con la acción que con la omisión.

Respetamos plenamente tus concepciones si discrepan con las nuestras; tu acción si está al otro lado de lo que planteamos; preferimos luchar de frente, con armas democráticas limpias porque limpio es el pueblo que lo ha dado todo a cambio de muy poco o de nada. Pero apreciamos si coincides aunque sea en lo más mínimo con nosotros, aunque llegues a proponer reformas y no llegues a plantear los cambios que nosotros planteamos, ya es algo. Solo condenaríamos el no hacer nada, el nomeimportismo, la indiferencia. Así no se construye nada, menos se transforma el Estado y la sociedad que por encima de todo nos interesa.

Y si por casualidad estamos de acuerdo, como ya lo han manifestado muchos compañeros que han aportado para esta visión y planteamientos que hacemos, no dudes en incorporarte para formar una voluntad colectiva, vigorosa, unitaria, cohesionada para vencer los obstáculos que nos impiden el progreso, la dignidad, la libertad para el pleno desarrollo de nuestras cualidades humanas personales y sociales.

Si cualquiera de nosotros en el marco del neoliberalismo egoísta, individualista, busca insertarse con todo el potencial de que seamos capaces: recursos, trabajo, bienes, voluntad y conocimientos, con seguridad que nos enfrentaríamos a todos para encumbrarnos; para ello hay que pasar por encima pisando a los demás; a ello nos induce el liberalismo y el neoliberalismo que ya ha desatado una guerra de todos contra todos. La solidaridad y unidad entre nosotros, está lastimada por la corrosión que deja la lucha individual por el progreso. Esto no es justo, tenemos que recomponer la unidad y la solidaridad entre pobres, entre explotados, entre compañeros de la misma condición social, económica, política en un proceso de interacción cultural. Que nuestra diversidad cultural no sea utilizada por Fukuyama y los fikuyamitas criollos para excluirnos mutuamente; que sea más bien para enriquecer nuestra cultura general en la diversidad y la unidad. Solo unidos seremos fuertes y solo unidos y fuertes VENCEREMOS.

Esta alternativa que proponemos, es para vencer. Es para conformar el Poder Popular, para hacer del pueblo el único soberano en el Estado SOCIAL Y para ello definimos nuestra decisión y acción como el camino de la TRANSICIÓN del Estado NEOLIBERAL a Estado SOCIAL, transición que puede ser más corto que largo, más temprano que tarde, si contamos contigo, con todos los hombres y mujeres, jóvenes, trabajadores de las ciudades y del campo, originarios y mestizos del mosaico etnocultural de Bolivia, que no han arriado las banderas del progreso, de la justicia y la libertad. Con ese Poder Popular unido y fuerte y con solidaridad internacional, no habrá enemigo invencible y nuestra Patria será también unida, fuerte y solidaria.

La Paz, julio de 2005