La política argentina ingresa en una zona de penumbra donde la soberanía ya no se disputa sólo en el territorio, sino en el dominio invisible de los datos. La posible articulación entre el gobierno de Javier Milei y el ecosistema tecnológico de Peter Thiel, a través de Palantir Technologies, no debe leerse como un episodio aislado ni como una simple modernización del Estado: es, en rigor, la insinuación de un cambio de régimen en la forma de ejercer el poder.
La arquitectura que describe el especialista Ariel Garbarz remite a una mutación profunda: pasar de un Estado administrativo a un Estado algorítmico. La diferencia no es técnica, es política.
Mientras el primero gestiona ciudadanos, el segundo los perfila, los predice y, eventualmente, los condiciona. Bajo esta lógica, el decreto 941/25 y la creación de una Comunidad de Inteligencia Nacional no son meras reformas burocráticas, sino la infraestructura de una nueva racionalidad gubernamental donde la vigilancia deja de ser excepcional para convertirse en estructural.
El problema central no radica únicamente en la capacidad tecnológica,
sino en la asimetría de poder que introduce. Palantir Technologies no
es un proveedor neutral: es un actor geopolítico con vínculos orgánicos
con agencias como la CIA y el Pentágono.
Delegar en esa matriz privada el procesamiento de datos sensibles
implica una cesión de soberanía difícil de revertir. La historia
reciente demuestra que estas herramientas no se limitan al combate del
delito, sino que tienden a expandirse hacia el control social y la
manipulación política.
Desde una perspectiva de psicología social, el efecto más relevante
ni siquiera es visible. Es lo que se conoce como “efecto de
enfriamiento”: la autocensura que emerge cuando los individuos perciben
que pueden estar siendo observados. No hace falta una represión
explícita; alcanza con la sospecha de vigilancia para disciplinar
conductas. En ese punto, el poder se vuelve más eficiente y menos
democrático: opera sin conflicto abierto, moldeando subjetividades.
La paradoja ideológica es evidente. Un gobierno que se proclama
libertario adopta herramientas que históricamente han sido utilizadas
para reforzar estructuras de control estatal y corporativo.
Aquí aparece la matriz neorreaccionaria asociada a Peter Thiel: la desconfianza hacia la democracia de masas y la fascinación por modelos tecnocráticos o directamente post-democráticos. La retórica de la libertad convive, sin tensión aparente, con dispositivos que la restringen.
En clave peronista, la cuestión es aún más sensible. La doctrina de la justicia social se funda en la centralidad del pueblo como sujeto político. La introducción de sistemas de vigilancia masiva invierte esa relación: el pueblo deja de ser protagonista para convertirse en objeto de análisis. Se pasa de la comunidad organizada a la comunidad monitoreada.
La debilidad de la oposición frente a este avance no es sólo táctica, es conceptual. Mientras el debate se mantiene en la superficie —legalidad del DNU, oportunidad política— se pierde de vista la dimensión estratégica: quién controla los datos controla el poder. Y ese poder, una vez externalizado, difícilmente regrese al ámbito nacional.
La Argentina enfrenta, entonces, una disyuntiva histórica. No se trata de aceptar o rechazar una tecnología, sino de definir bajo qué principios se organiza el poder en el siglo 21. Porque cuando la vigilancia se naturaliza, la democracia no se rompe de golpe: se vuelve, lentamente, irrelevante.
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