La noción progresista de la política, entiende democracia y libertad como valores colectivos que solo cobran sentido cuando responden a reivindicaciones sociales o de clase.
Alarma escuchar nuevamente frases como “existe la necesidad de un pacto nacional por la democracia y la libertad en Bolivia”, “una profunda crisis económica se avecina en el país” o “el modelo económico del MAS ha cumplido un ciclo”; aludiendo que actualmente no existiría un estado de derecho, que el modelo del gobierno actual es insostenible y que se estaría presenciando el fin de un periodo político hegemónico; todo lo contrario a los hechos reales y visibles ya que actualmente en el país se vive en un escenario democrático, los indicadores económicos muestran una inminente reactivación de la economía postpandemia y las pugnas políticas particulares al interior del MAS reflejan su propia vitalidad y vigencia a pesar de los años transcurridos, fenómeno que no se visualiza en las fuerzas políticas opositoras al MAS.
Por cierto, estas afirmaciones responden teóricamente a una noción liberal de la política, que entienden democracia y libertad como derechos individuales, como aquellas reglas y procedimientos que garantizan per se la libertad de los ciudadanos, el estado de derecho y el pluralismo democrático; por ello, solo podría darse democracia donde esté presente la defensa de los derechos individuales. Es decir que, para un demócrata liberal, democracia y libertad son criterios absolutos y estáticos que aseguran por si mismos la convivencia en un país.
Para dicha concepción, la “sociedad” se reduce a un conjunto de individuos regidos por relaciones de trabajo, intercambio y competencia; por ello, ven prioritario establecer garantías absolutas a la “propiedad privada”. Para esta noción de la política, el Estado es un mal administrador, por tanto, ven imprescindible eliminar su participación en la producción de bienes y servicios (inclusive en áreas estratégicas) y limitar su accionar al campo de la regulación.
La aplicación de políticas económicas se centra en el ajuste estructural de la economía, la reducción del Estado, la estabilidad macroeconómica y la apertura externa. En este caso, el crecimiento del PIB se apoya en la expansión de la oferta agregada, que está regida principalmente por la inversión privada.
Asimismo, bajo este enfoque de desarrollo, la salud y educación son considerados bienes de consumo, es decir, que no necesariamente tienen que estar financiados por el Estado. Instituciones privadas son las que deben ofrecer educación y salud a la población y estos pueden adquirir libremente sus servicios de acuerdo a su nivel de ingreso. En este caso, el Estado solo contribuye con la oferta de educación y asistencia sanitaria gratuita a aquellos grupos desfavorecidos o vulnerables. Los defensores de este sistema sostienen que la competencia entre los proveedores privados de servicios de educación y de seguros de salud garantizan mayor calidad en educación y salud.
Por su parte, la noción progresista de la política, entiende democracia y libertad como valores colectivos que solo cobran sentido cuando responden a reivindicaciones sociales o de clase; únicamente habría democracia y se alcanzaría libertad cuando los actores históricamente excluidos comienzan a ser actores políticos reales garantizando un auténtico pluralismo democrático. Es decir que, para un demócrata populista, democracia y libertad son construcciones permanentes que deben transformar la realidad social de un país.
Para esta concepción, la sociedad es un todo preexistente a los individuos, donde se manifiestan relaciones de cooperación entre sus miembros; en este sentido, ven prioritario establecer garantías a la “propiedad pública”. Para este enfoque los mercados son imperfectos por naturaleza, por ello, se hace imprescindible la participación del Estado en el manejo y administración de los recursos estratégicos, ampliando su accionar al ámbito productivo y de servicios.
El diseño y aplicación de políticas públicas centra su accionar en el fortalecimiento del Estado, la estabilidad macroeconómica, la producción y productividad interna, la sustitución de importaciones y la paulatina apertura externa. En este caso, el crecimiento del PIB se apoya en la expansión de la demanda agregada, que está regida principalmente por la inversión estatal pública.
Bajo este enfoque de desarrollo, el Estado financia la educación y la asistencia sanitaria gratuita a gran parte de la población con recaudaciones de impuestos y otras fuentes de ingreso estatal, asegurando presupuestos anuales sostenibles. Es decir, que el Estado garantiza la educación pública y una gama de prestaciones en salud de forma gratuita a la población que lo demande; para ello, debe invertir continuamente en infraestructura de educación y salud. Por su parte, la iniciativa privada ofrece estos mismos servicios de forma complementaria, incluyendo las cajas de salud que brindan protección a los trabajadores públicos y privados.
La normativa nacional reconoce y garantiza plenamente la propiedad privada y pública; establece que el Estado debe administrar los recursos estratégicos y la iniciativa privada puede invertir en ellos o intervenir en cualquiera de las restantes actividades económicas. Asimismo, el Estado debe garantizar educación y salud pública gratuita y con carácter universal, reconociendo la actividad privada en la oferta de estos mismos servicios. Finalmente, establece que el Estado central está a cargo del diseño de las políticas de educación y salud y que estas se viabilizan a través de las entidades autónomas.
En síntesis, es importante señalar que el modelo de desarrollo aplicado en Bolivia desde el año 2006, ha conseguido la participación política real de representantes de sectores históricamente excluidos, asimismo, ha incrementado sustancialmente la producción interna nacional y reducido notoriamente los niveles de pobreza y desigualdades en la sociedad boliviana. Actualmente, se ha superado satisfactoriamente la crisis sanitaria del Covid-19 y reactivado la economía reconduciendo su crecimiento; quedando como retos inmediatos el consolidar los resultados alcanzados, acompañar el desarrollo con cultura y reforzar seriamente los sistemas de educación y salud pública bajo criterios de calidad, gratuidad, accesibilidad y universalidad.
Luis Paz Ybarnegaray es economista, máster en Estudios Latinoamericanos.
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