Cuando los bolivianos pensamos en la democracia, inmediatamente nuestras ideas nos remiten a las dictaduras, los gobiernos de facto, las restricciones impuestas y la conculcación de libertades y derechos elementales. Y es que se produce una asociación inmediata con la pérdida de las libertades de expresión, pensamiento o inclusive reunión; porque su ejercicio había sido […]
Cuando los bolivianos pensamos en la democracia, inmediatamente nuestras ideas nos remiten a las dictaduras, los gobiernos de facto, las restricciones impuestas y la conculcación de libertades y derechos elementales.
Y es que se produce una asociación inmediata con la pérdida de las libertades de expresión, pensamiento o inclusive reunión; porque su ejercicio había sido castigado hasta el punto de imponer el apresamiento, la tortura, la desaparición y hasta la muerte de todos aquellos que se habían atrevido a pensar diferente y expresar un criterio propio.
Intolerancia secante de por medio, se nos convertía en «conspiradores» o «delincuentes subversivos» ante los ojos de quienes detentaban un poder antidemocrático, usurpado por la fuerza, y que lo ejercían autoritaria y despóticamente.
Será por eso que en algunos sectores sociales, e inclusive intelectuales, les basta con reivindicar una democracia tradicional que se limite al respeto de los derechos humanos. Entienden la democracia como el control del poder, donde existe respeto a las minorías, prevalece el estado de derecho, la legalidad y la institucionalidad. Además, donde se generen condiciones de participación y donde un ciudadano equivale a un voto. Se trata de una democracia formal, arraigada en una visión liberal, que busca el establecimiento de condiciones básicas mínimas para un desenvolvimiento pacífico y una relación respetuosa entre la sociedad y el Estado. Es una democracia que no alcanza a percibir la importancia de una democracia deliberativa y comunitaria, donde se busca prioritariamente el consenso y no la imposición de las mayorías. Tampoco les preocupa o alcanzan a intuir, la enorme significación de construir una democracia que verdaderamente constituya «el gobierno del pueblo», tal como establece la propia definición de democracia; o que en la práctica pueda estar germinando en las democracias de base autogestionaria, participativa y directa. Tampoco perciben la importancia y trascendencia de las identidades colectivas, cultural e históricamente diferentes y diversas; porque se concentran en el individuo y el establecimiento de una ciudadanía universal única, generalmente monocultural, particularista y occidental, que desdeña las diversidades y diferencias…
Sin embargo, devolviéndonos a lo que sucede en los hechos, a 34 años de haber sido recuperada tras una larga lucha, surge el doloroso contrasentido de festejar su conquista y no tener siquiera la más mínima sensibilidad y voluntad política del actual gobierno para saldar una deuda histórica nacional que sigue pendiente. Es decir, una democracia que permita recuperar, desentrañar y restablecer la memoria histórica y la verdad, de modo que nunca más vuelvan a repetirse semejantes situaciones; así como cerrar las graves heridas causadas, devolver la dignidad y restablecer la justicia que fue arrebatada.
Como si ello no fuese suficiente, también es posible constatar que el gobierno se ha dado a la tarea de imponer un tipo de democracia excluyente y sectaria, que anula toda posibilidad de construir una democracia plural, respetuosa de la diferencia y la diversidad. Es decir, que corresponda y esté acorde al Estado plurinacional y al abigarramiento de nuestra sociedad. Para ello y adoptando un enfoque confrontacional y un discurso agresivo, se han emitido normas que atentan y conculcan el derecho a la libre asociación (específicamente dirigida a ONGs e instituciones de la sociedad civil, a las que se busca someter al criterio oficial sobre «desarrollo» si no quieren estar expuestas a su expulsión y cierre). También se ha emprendido una fuerte y agresiva campaña mediática y comunicacional (pagada con recursos fiscales), orientada a anular el derecho a la libre información, pensamiento y expresión, que está dirigida a medios de comunicación y periodistas independientes (identificados como «el cártel de la mentira»). En este caso, se utiliza el amedrentamiento, la amenaza y la descalificación para acallar y coartar dichos medios y periodistas, aunque en los hechos implicaría conculcar el derecho que tenemos todos de expresarnos, pensar, informar y ser informados. Ni hablar de la reiterada reticencia y rechazo a dar cumplimiento y garantizar el ejercicio al derecho de consulta que tienen de los pueblos indígenas para otorgar su consentimiento libre e informado, cuando se trata de efectuar cualquier tipo de medidas o proyectos que les afecten (como sucede en el caso de las iniciativas desarrollistas, extractivistas o de construcción de mega obras y proyectos de grandes inversiones que buscan ser implantados «quieran o no quieran» en territorios indígenas).
Por otra parte, bajo el argumento de construir nuevas hegemonías, el gobierno ha optado por la cooptación clientelar y prebendal de las organizaciones y algunas dirigencias sociales, que al margen de distorsionar, corromper y envilecer la relación de éstas con el Estado, también secuestra su independencia organizativa para ponerla al servicio del poder y el gobierno circunstancial que se detenta. De ese modo, las organizaciones sociales dejan de ser actores y protagonistas en la lucha por su libertad y la realización de las tareas de transformación y cambio, para pasar a ser instrumentos dóciles al servicio de los intereses de la nueva casta dominante que detenta el poder.
Finalmente y no menos importante (en realidad todo lo contrario), también somos testigos de un fenómeno francamente preocupante que va adquiriendo cada vez mayor «naturalidad», por su frecuente recurrencia. Se trata de lo que podría denominarse como la democracia corporativa, que se expresa en colectivos, movilizaciones o manifestaciones sociales de diverso tipo. Se caracteriza también por ser excluyente y sectaria. Es lo que podría entenderse como la democracia de la selva, donde se impone el más fuerte, sin importar el otro, la alteridad y mucho menos el bien mayor.
Amparados en cualquier tipo de argumentos, pero teniendo como común denominador una supuesta detentación de la verdad (entendida ésta como única y propia), pretenden desconocer e imponer, al mismo tiempo, sus intereses y criterios particulares. Estos generalmente están respaldados en el uso de la violencia, la agresividad e intransigencia de sus movilizaciones, la cantidad de gente que los sigue y la fortaleza organizativa o gremial. Es el caso, por ejemplo, de aquellos sectores sociales que insistentemente buscan desconocer nada menos que los resultados de un referéndum nacional, e imponer inconstitucional y antidemocráticamente la repostulación de los candidatos que han sido mayoritariamente rechazados por el pueblo boliviano.
También es el reciente caso de un sector ciudadano que decidió destruir y borrar un mural considerado ofensivo, sin tener la más mínima consideración y respeto por las manifestaciones y expresiones diferentes y diversas que al margen de ser reconocidas legalmente, deberían ser respetadas en el marco de la pluralidad, la diferencia y la diversidad.
Podría continuarse abundando en otros ejemplos que den cuenta de la situación de la democracia en el Estado Plurinacional; pero a pesar de los evidentes cambios que se ha podido constatar en este sucinto recuento, queda constante una muy preocupante tarea no encarada a pesar de las luchas y varios años transcurridos: la persistencia de las tentaciones y prácticas autoritarias y secantes, que lamentablemente continúan bajo el signo de la intolerancia, el sectarismo y la exclusión. Se trata de un aspecto (ojalá no un germen maligno) que hace sombra y ciertamente interpela al proceso y los logros de inclusión social de la que muchos bolivianos nos ufanamos.
Arturo D. Villanueva Imaña es sociólogo de Cochabamba
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.