El ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y su sucesor como ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, fueron denunciados junto a ex funcionarios y familiares por la contratación de aseguradoras en sindicatos intervenidos.
La presentación apunta a los seguros de sepelio contratados por el Somu (marítimos) y Upsra (seguridad) y también a lo que ocurre en lo del principal aliado gremial de Cambiemos, la Uatre (peones de campo).
Según puede verse en el expediente por asociación ilícita, defraudación y lavado de activos que tienen en sus manos el juez Sebastián Casanello y el fiscal Eduardo Taiano, luego de las intervenciones en los sindicatos, cambiaba la compañía aseguradora que brindaba los seguros de sepelio.
«Triaca estaba condicionado por el Momo Venegas, que era muy amigo de Macri. Todo lo que pasó sucedió después de la muerte de Venegas, ahí Triaca avanzó», afirmó el titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez.
«En vez de que las cápitas de los seguros de sepelio fueran para las empresas, sus dueños se repartieron el dinero mitad y mitad con los interventores de los sindicatos», acusó Míguez.
En el expediente se repite el nombre de Sergio «Sombrero» Borsalino, cuñado de Triaca, quien realizaba «visitas» a los sindicatos intervenidos por Trabajo para vender su esquema piramidal de seguros de vida, donde opera para uno de los tres grandes jugadores de ese sector.
Además en la denuncia figura Guillermo Néspola, titular de la compañía «Sol Naciente», también dedicada a los sepelios. Él es quien habría sido favorecido por Triaca mientras que Comparada, ex titular de Independiente, habría contado con los favores de Sica. El denunciante agrega que el presidente de Surco, Carlos Giani, es novio de la hija de la magistrada Elena Higton de Nolazco.
«Tenían una caja chica asegurada el club de amigos de Triaca y el club de amigos de Sica. Pedimos la conexidad con una investigación que está en curso y a cargo del juez Ramos y el fiscal Marijuán. Nos llamó la atención que Ramos no le hubiera delegado la causa a Marijuán», se quejó Míguez.
Además, Triaca está a un paso del procesamiento por conformar una asociación ilícita para adueñarse del gremio de Vigiladores
La justicia citó a declarar a la Junta Electoral, secuestró el expediente de Producción y Trabajo y dejó a un paso del procesamiento a Jorge Triaca, su cuñado, Leónidas Requelme (delfín de Barrionuevo) y al actual interventor.
El fiscal Guillermo Marijuán pidió una serie de medidas, que fueron aceptadas por el juez, y la causa iniciada en noviembre del año pasado caratulada «Triaca, Jorge y otros s/asociación ilícita», que investiga lo actuado en el marco de la intervención del gremio de seguridad, UPSRA, dejó a todos los investigados al borde del procesamiento.
El fiscal requirió tomar declaración testimonial a la Junta Electoral, tomar posesión del expediente electoral que estaba en manos de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y que se recabe la mayor información posible sobre los integrantes de la supuesta asociación ilícita para quedarse con la organización.
La acusación apunta a Triaca, a su cuñado Sergio Borsalino, a su amigo de la infancia, Patricio Castro, a la saliente Directora Nacional de Asociaciones Sindicales, Karina Palacios Anchorena y a los vinculados a Luis Barrionuevo en el gremio de seguridad, Rodolfo Alonso, Leónidas Requelme y Edgar Selarallán.
Según fuentes judiciales, cuando comenzó la causa Rodolfo Alonso era un personaje que se movía bajo el ala del gastronómico Barrionuevo y había sido separado de la gestión por un escándalo en el manejo de fondos. Hoy Alonso se convirtió en el interventor del gremio y fue quien intentó que los vigiladores no puedan ir a las urnas y elegir a su conducción.
En la denuncia se acusa a los implicados de haber «inventado» una agrupación «conformada por miembros que no cumplimentan los requisitos estatutarios» para acceder a los cargos dirigenciales de la UPSRA.
De hecho, los involucra en una presunta «asociación ilícita» y se consignan la comisión de delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario, falsedad instrumental y estafa.
En la denuncia se consigna a Triaca como autor intelectual de la maniobra y a Borsalino y Palacios Anchorena como brazos ejecutores, junto con Alonso en su rol de interventor.
El expediente del proceso electoral ya fue secuestrado por la justicia para comprobar su validez. Según fuentes gremiales, la sumatoria de unos comicios con importante asistencia de afiliados ya realizados, más la veeduría del Ministerio de Producción y Trabajo de lo actuado, determinaría en el corto plazo una resolución en favor de Julio Gutiérrez.
También Triaca está involucrado en una denuncia por contrataciones del Renatre
Según Página 12, el ex ministro de Trabajo fue imputado ante la Oficina Anticorrupción (OA), que preside la oficialista Laura Alonso, por el presunto delito de «administración fraudulenta» por permitir al menos una contratación sospechosa en el Renatre, el organismo encargado de fiscalizar el trabajo rural, que conducía Abel Guerrieri, ex Sociedad Rural, quien ocupó la presidencia del organismo hasta el 20 de diciembre de 2018, y quien rubricó al menos un contrato de manera directa por más de 9 millones de pesos con una empresa dedicada -supuestamente- a prestar servicios informáticos (Biesles SA) a pesar de haber sido objetada por los dos síndicos del organismo en representación del Estado, Diego Cimoli y Sara Gatti.
Luego de haber elevado un informe interno dentro de la cartera laboral -que nunca contó con una respuesta formal de Triaca-, Guerrieri y Erica Vanesa Utrera, parte de la Uatre y empleada del área administrativa y legal del Renatre, fueron denunciados ante la OA por los delitos de «tráfico de influencias» y «administración fraudulenta» a partir de las sistemáticas erogaciones hacia una «empresa fantasma». La denuncia sugiere que Triaca sea investigado administrativa y penalmente por su inacción ante los informes críticos de los dos síndicos.
Desde la llegada de la Alianza Cambiemos al gobierno, el Renatre volvió a ser denunciado por lo que era en tiempos del «Momo» Venegas: un puente de contratos millonarios entre empresas amigas en detrimento de los trabajadores rurales de todo el país.
«El Renatre contrató primeramente en forma ilegítima a una empresa para que audite sus sistemas, y rápidamente la volvió a contratar para que le confeccione una gestión integral en la Secretaría de Informática, y una solución tecnológica en materia de fiscalización. También se la contrató por urgencia y necesidad, lo que es una falacia a todas luces», sostiene la denuncia. La pregunta es qué hará Alonso.
Desde que el presidente Mauricio Macri convalidó la entrega del organismo fiscalizador a la Uatre y las patronales agropecuarias, cobraron nuevamente protagonismo los contratos millonarios hacia «empresas amigas», situación que los denunciados ni siquiera trataron de disimular a pesar de la disconformidad de los propios síndicos en representación del Estado.
Cimoli y Gatti le advirtieron a Triaca de las maniobras fraudulentas en una nota firmada el 31 de julio de 2018 e incorporada en el Expediente 1-2015-1799997/2018. «Tratándose de una contratación de compra directa por especialidad, resulta llamativo que no obre en el expediente dictamen alguno de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos al respecto, ni tampoco informe del Area de Informática que justifique y/o avale la necesidad de contratar y/o sugerir a empresa alguna o Biesles SA, para que realice la labor de desarrollo de un sistema informático de fiscalización», escribieron los síndicos en la nota cursada a Triaca de la que nunca hubo respuesta por parte del ex ministro, quien fuera responsable del área de Trabajo hasta diciembre del año pasado. Por tal motivo, sugieren que el ex funcionario también sea investigado, y de corresponder, que se eleven las denuncias penales pertinentes.
El tándem Guerrieri-Utrera autorizó el pago de 9,6 millones de pesos por la contratación de «servicios profesionales» a una empresa que, según lo analizado por los síndicos, «carece de trabajadores y capacidad» para llevar adelante el trabajo contratado.
«Es evidente que la tríada generada por el denunciado Guerrieri, en conjunto con Leruga, titular de Biesles SA, y la Sra. Utrera en su calificada posición en el organismo en cuestión, han permitido desplegar esta conducta, en claro perjuicio de los trabajadores rurales, contratando en diversas oportunidades a la empresa Biesles SA, sin argumento serio, en base a una supuesta necesidad y urgencia que no es tal, y recayendo en esa empresa sin realizar ningún tipo de licitación pública, o siquiera una mera compulsa de precios que permita avalar tal decisión», agregaron los síndicos.
La empresa fantasma
Biesles SA, presidida por Juan Guillermo Leruga, es la figura legal utilizada para cobrar el contrato millonario con el Renatre; sin embargo, los servicios que debería prestar Leruga serían ofrecidos por otra sociedad denominada IT Quality. Ambas pertenecerían a un grupo llamado Tekne, del que no existen mayores referencias. Por eso la denuncia cuestiona la «solvencia» de la empresa seleccionada por el Renatre.
En el contrato confeccionado con la rúbrica de Guerrieri figuran dos domicilios vinculados a Leruga (ambos en Parque Patricios). En la supuesta oficina ubicada sobre la calle Tacuarí aparece registrada otra sociedad presidida por este mismo empresario (Loncotech). Sin embargo, los dos números de teléfonos asociados «no corresponden a un abonado en servicio», dato que abonaría las sospechas sobre la (in)solvencia de dicha compañía. La otra dirección que se ofrece ubica a la empresa sobre la Avenida Brasil pero el número de teléfono informado no se corresponde con ese domicilio. Por otro lado, el sitio web del mencionado grupo Tekne informa que está ubicado sobre la misma calle Tacuarí y publica otros dos números de teléfonos inexistentes.
Si bien la denuncia ante el organismo que conduce Alonso involucra un sólo contrato por más de 9 millones de pesos, la práctica no sería un hecho aislado ya que existirían más erogaciones de estas características, como así también la derivación de recursos hacia «fondos de inversión» y groseras condonaciones de deuda a empresarios rurales, metodología similar a la aplicada durante los tiempos del «Momo» Venegas al frente del Registro.
Fuentes: Infogremiales, Página 12, LaPolíticaOnline
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