Colectivos de familiares de víctimas lanzaron un S.O.S. ante el intento del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo de apoderarse de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, al pretender imponer una terna para elegir a la o el titular, violentando la Ley de Víctimas del Estado de Morelos.
Mujeres integrantes de los colectivos Regresando a Casa Morelos, Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, Unión de Familias Resilientes y Ana Karen Vive han iniciado una jornada de protesta bajo el lema «Sin las familias no», para visibilizar las irregularidades con las que se pretende imponer a la próxima titular de dicha comisión.
Angélica Monrroy, integrante de Regresando a Casa Morelos, destacó que «el Poder Ejecutivo pretende enviar al Congreso de Morelos una terna con perfiles alineados al gobernador y con ello se violenta la Ley de Víctimas del Estado de Morelos, porque no está tomando en cuenta a las familias».
La citada Ley, en su artículo 118, señala que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo, que será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, de la terna que el Gobernador del Estado, previa consulta pública que se realice a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.
«Pero lo que estamos viendo es que las personas que el Poder Ejecutivo está proponiendo tienen afinidad con el Gobierno del Estado y/0 que son propuestas por uno que otro colectivo que surgió de manera repentina, pero que ni representa a las familias y no tiene trabajo en este camino de búsqueda y la terna debe ser avalada por el mayor número de familias y no solo por unas cuantas», dijo Monrroy.
De acuerdo con los colectivos, que integran decenas de familias que buscan a sus seres queridos que están en condición de desaparecidos o fueron víctimas de violencia, «es importante que a ese espacio llegue una persona verdaderamente comprometida con el tema, que tenga experiencia, pero, sobre todo, empatía con las víctimas, que trabaje por y para las víctimas».
Monroy recordó que la anterior titular, Naxielli Carranco Lechuga, no tuvo ni la sensibilidad, ni la preparación, pese a que venía de sociedad civil, se manejó por intereses personales y nunca hizo nada por ejercer y defender los recursos de las víctimas.
Añadió: «Ella era gente de Graco Ramírez (exgobernador de Morelos) y tenía la consigna de no gastar recursos en víctimas; tan fue así que cada año se etiquetaron aproximadamente 30 millones de pesos (1.500.000 millones de dólares) y nunca se ejercieron debida y equitativamente; los dejó perder».
Los colectivos de víctimas han enviado una carta a las y los diputados de la LIV Legislatura en la que explican la situación y hacen la siguiente petición:
«Es de suma importancia la voz de las víctimas del Estado de Morelos, ya que directamente sin elección ocupamos un lugar que no buscamos, pero por dichas circunstancias somos la parte interesada por lo que les hacemos respetuosamente petición de tomar en cuenta a nuestra candidata, la Angélica Danae Velázquez Luna, para el nombramiento de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos», se lee en el documento.
Y a pesar de que han acudido en dos ocasiones al Congreso Local, las madres, hijas, hermanas y tías de las víctimas de esta entidad prácticamente han sido ignoradas.
Hasta ahora no han logrado que la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, presidida por la diputada Érika García Zaragoza, les dé una audiencia.
En su última visita, realizada el miércoles 10 de marzo, fue el diputado del Partido de Encuentro Solidarios (PES) -partido del que emanó el gobernador de la entidad- quien las recibió.
«Se comprometió a hacer de conocimiento de sus homólogos que las víctimas querían transparencia para la terna, pero dijo que él no podía hacer más…», dijo Ana Luisa Garduño, integrante del colectivo Ana Karen Vive.
Garduño subrayó que entre los motivos por los que se quiere una persona comprometida al frente de la Comisión es porque desde el año pasado están 147 familias sin poder acceder al Fondo de Reparación y, además, a tres meses de haber iniciado el año, no hay una calendarización de las actividades del Consejo que rige este organismo.