El jefe de la bancada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Gustavo Torrico, denunció hoy que detrás de las medidas de protesta de cooperativistas mineros se esconden intereses políticos. En declaraciones a Prensa Latina, Torrico señaló que uno de los impulsores de las recientes huelgas en esta ciudad en reclamo […]
El jefe de la bancada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Gustavo Torrico, denunció hoy que detrás de las medidas de protesta de cooperativistas mineros se esconden intereses políticos. En declaraciones a Prensa Latina, Torrico señaló que uno de los impulsores de las recientes huelgas en esta ciudad en reclamo de nuevas área de trabajo es Jaime Villalobos, ex ministro de Minería del ex gobernante Gonzalo Sánchez de Lozada. Su intención, al final, es apropiarse de las riquezas del cerro Posokoni, uno de los mayores reservorios de estaño del país, opinó. El legislador ratificó además que la nacionalización de la Empresa Minera de Huanuni, en el sureño departamento de Oruro, no tendrá marcha atrás. El parlamentario atribuyó a «supuestos cooperativistas» la organanización de esas manifestaciones, incluso con la participación de niños, «lo cual representa una fragante violación de derechos humanos», acotó. Entre los promotores mencionó a Lucio Lazo, que es entrenador de fútbol y nunca fue cooperativista. También señaló a Julieta Pacheco, que aparece como rescatadora de minerales, pero posee un edificio de negocios sobre computadoras. De igual manera identificó a Jhonny Pacheco, dueño de un local evaluado en 60 mil dólares, a Agustín Vásquez, propietario de un salón de baile y Karaoke, e Hilarión Villca, ex dirigente del sector pero con antecedentes sobre tráfico de mineral y ex recluso. El parlamentario del MAS adelantó que presentará una acusación ante Ministerio Público y a los medios de comunicación «para demostrar que el movimiento de los cooperativistas tienen móviles políticos, económicos personales y no responde a una demanda justa». La víspera, el gobierno boliviano instó al diálogo a los mineros y familiares que iniciaron medidas de protesta, al tiempo que descartó la posibilidad de que obtengan áreas de explotación en el sureño distrito de Huanuni. El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, comentó que en el cerro Posokoni, nacionalizado recientemente, «no se volverá al régimen anterior». Tras los enfrentamientos violentos en octubre pasado, con saldo de 12 muertos y decenas de heridos, el ejecutivo decidió la política de «cero cooperativistas», en esa región, afirmó. Asimismo recordó que el pasado año, el gobierno dispuso la asimilación de alrededor de cuatro mil cooperativistas como asalariados a la Empresa Minera Huanuni (estatal). La propuesta es rechazada por unos mil 500 cooperativistas que han sido incorporados a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), pero en otras áreas de trabajo. Las medidas de protesta de esos mineros han sido rechazadas también por el Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos que critican la participación de menores.