La transferencia de fondos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a través del Banco Monex encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero, destacó ayer la prensa mexicana. Este intermediario bancario fue señalado por los partidos Acción Nacional (PAN) y los que integran la coalición Movimiento Progresista de haber sido vehículo para […]
La transferencia de fondos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a través del Banco Monex encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero, destacó ayer la prensa mexicana.
Este intermediario bancario fue señalado por los partidos Acción Nacional (PAN) y los que integran la coalición Movimiento Progresista de haber sido vehículo para entregar a la campaña de Peña Nieto recursos que exceden el monto permitido por la ley a candidatos en procesos electorales, indicó el diario La Jornada.
Previo a las elecciones del 1 de julio, el PAN y la coalición Movimiento Progresista denunciaron por separado que entre el 20 de abril y el 19 de junio pasados el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió recursos de dos empresas a través del Banco Monex.
De acuerdo con la acusación, el Grupo Comercial Inizzio y la Comercializadora Epfra depositaron recursos en Monex, que a su vez emitió al menos nueve mil tarjetas prepagadas que presuntamente sirvieron para financiar a operadores priístas.
El monto involucrado, 160 millones de pesos (unos 12 millones de dólares), rebasa la aportación máxima que un particular puede hacer como donativo electoral.
Recordó el rotativo que la periodista Carmen Aristegui reveló en su noticiario que los domicilios fiscales a los que facturó Monex a Inizzio y Epfra, ambos en la colonia Polanco de la Ciudad de México, no corresponden a esas empresas.
Por eso la operación, como ha sido descrita, encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero, consideró el diputado federal Mario di Costanzo, integrante de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados.
Resulta que de repente entró un dinero a Monex, se abrió una cuenta y luego hicieron un trato con dos empresas a las que se facturaron ciertas cantidades, explicó el legislador.
Sin embargo, esas dos empresas tienen un registro federal de causantes falso, que presentaron un domicilio donde no existen y que por su operación no se justifica que adquieran, por ejemplo, vales de despensa por esas cantidades, precisó a La Jornada.
El domingo último el cómputo final del Instituto Federal Electoral ratificó la ventaja de Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México (PRI-Partido Verde Ecologista) con el 38,21 por ciento de los votos.
La propia dependencia también confirmó al abanderado del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, el segundo puesto con el 31,59 por ciento, mientras que la panista Josefina Vázquez Mota se ubicó en tercero, con el 25,41.
López Obrador advirtió a lo largo de la campaña electoral la existencia de indicios de un fraude en los comicios, lo cual reiteró posteriormente al denunciar la compra de al menos cinco millones de votos a favor de Peña Nieto, una de las causales que presentarán hoy al tribunal electoral como parte de las impugnaciones de las irregularidades en las pasadas elecciones.