La necesidad de la batalla cultural
José Gervasio de Artigas (1764-1850) y los orientales no dudaron en sumarse a la defensa de Buenos Aires ante las invasiones inglesas, de apoyar al primer gobierno patrio contra España con la bella Proclama de Mercedes (a la orilla del Río Negro, en el Departamento que hoy lleva ese nombre). Es más, cuando la Primera Junta de Gobierno de Buenos Aires negocia un armisticio con el virrey Francisco Javier de Elío, gobierno español en Montevideo, Artigas y su gente que estaban en total desacuerdo, cruzan el río Uruguay con mil carretas y unas 16.000 personas entre niños, mujeres, ancianos y soldados, con sus ganados y pertenencias, en la primera semana de enero de 1812, instalando su campamento en Ayuí, al norte de lo que es hoy la provincia de Entre Ríos. Allí gobernó y dividió las tierras, semillas y elementos de labranza con la premisa de que «los más infelices sean los más beneficiados»
Volvió sobre Montevideo, echó a los españoles e incluso tuvo que enfrentar al enviado de los porteños, Carlos María de Alvear, hasta que lo derrotó y allí Buenos Aires, con el «asesoramiento» inglés, le ofrece la independencia de la Provincia Oriental, a lo que Artigas, previa asamblea con su gente («Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana») rechaza a propuesta porque su idea era hacer una patria grande.
En 1813 envía sus representantes a la Asamblea con tres premisas:
a) Independencia de las provincias del poder español;
b) Igualdad de las provincias a través de un pacto recíproco;
c) Que el gobierno federal sea fuera de Buenos Aires.
Por supuesto, rechazaron a los diputados orientales y, al poco tiempo, declararon a Don José Gervasio de Artigas enemigo de Buenos Aires y enviaron tropas para capturarlo. De Nogoyá y, bajó el mando de Eusebio Ereñu, enfrentaron a los soldados porteños los gauchos de la «Liga de los Pueblos Libres» (libres de Buenos Aires, de los ingleses, de los españoles y de los portugueses), que era la unión de cordobeses, santafesinos, entrerrianos, correntinos, misioneros y orientales y los derrotaron. Buenos Aires no se contentó con eso, acordó con los portugueses y los españoles para que los persigan y los maten.
En el arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, en esa época con un puñado de ranchos, se juntaron los representantes de los Pueblos Libres que votaron por la independencia de la Nación aquel 29 de junio de 1815. Desde entonces esa fecha ha sido ignorada o disminuida en su importancia, podríamos compararla con aquella revolución del 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca. No existen, no nos pertenecen, son fechas olvidadas por la historia oficial.
El Congreso de los Pueblos Libres ratificó entonces el uso de la bandera creada por Manuel Belgrano, añadiéndole un festón diagonal punzó, que llamaron «el Pabellón de la Libertad».
Ese Congreso dictó el Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de su campaña y seguridad de sus Hacendados del 10 de septiembre de 1815, que fue la primera reforma agraria de América latina, ya que expropiaba las tierras a los españoles y las repartía entre los que la trabajaba. Mientras que, en las amplias llanuras del oeste del Río de la Plata, se decretaba para la misma fecha la llamada «Ley contra la Vagancia»: «Todo hombre de campo que no acreditara ante el juez de paz local tener propiedades, será reputado sirviente y queda obligado a llevar papeleta de su patrón. Igual trato se le da al que transite el territorio sin permiso del mismo juez» y de esa manera constituir la primera unidad capitalista en estos lares, la estancia.
Baste decir que es en ese año, 1815, cuando Juan Manuel de Rosas puso su saladero para producir carne (tasajo), sebo y cuero. De hecho, se va configurando un país dividido en dos, el puerto de Buenos Aires (y su renta aduanera) con su pampa húmeda, por un lado, y el interior empobrecido por la competencia desleal de las mercancías importadas, mayormente de la «rubia Albión».
En agosto de 1816, 16.000 soldados del imperio portugués bajo la conducción del barón Carlos Federico Lecor invaden la Provincia Oriental, con la complicidad tácita de Buenos Aires y los «buenos oficios» de los embajadores inglés y porteño en Río de Janeiro. Los atacan por tierra y mar; debido a su superioridad numérica (los criollos, indios y morenos no del todo bien armados, eran no más de 8.000 hombres) y material ingresan a Montevideo, el 20 de enero de 1817, aunque la lucha continuó por más de tres años en todo el territorio de los Pueblos Libres.
Artigas decide dividir sus huestes, una parte bajo la conducción de «Pancho» Ramírez y Estanislao López debe enfrentar a los porteños y, la otra, a los portugueses. Tras las batallas de Santa Ana, San Borja, Ibirocay, Carumbé, India Muerta, Los Sauces, Arroyo Catalán, Arapey, Apóstoles, San Carlos, Chapicuy, Queguay Chico, Arroyo Grande y Santa María, se llega a una batalla final en Tacuarembó, en enero de 1820, donde las fuerzas patriotas son vencidas y es traicionado por uno de sus lugartenientes, Fructuoso Rivera, que se pasó al ejército brasileño de ocupación.
Ramírez y López habían logrado vencer a los porteños en la Batalla de Cepeda, pero derrotado Artigas, acordaron en el Tratado de Pilar con el puerto de Buenos Aires y sus intereses consecuentes con Inglaterra que necesitaba alimentos baratos para sus trabajadores industriales, de la misma manera que acordó Urquiza con Mitre en el Tratado de San José de Flores 42 años más tarde. Artigas esperaba el refuerzo de sus lugartenientes de Santa Fe y Entre Ríos y en lugar de ello se encuentra con que preferían acordar con Buenos Aires y dejar a la provincia oriental librada a su suerte bajo la dominación portuguesa.
Artigas le escribe a Ramírez: «Vuestra señoría ha tenido la insolente altivez de detener en la Bajada los fusiles que remití a Corrientes. Este acto injustificable es propio solamente de aquel que, habiéndose entregado en cuerpo y alma a la facción de los pueyrredonistas, procura ahora privar de sus armas a los pueblos libres para que no puedan defenderse del portugués. Esta es una de las pruebas más claras de la traición de vuestra señoría y de la perversidad que se ocultaba en la Convención del Pilar».
Con los pocos gauchos que quedan, entra a Entre Ríos y vence a las tropas de Ramírez; es cuando Buenos Aires apoya con armas y soldados a Ramírez y en Las Guachas el 13 de junio de 1820, es derrotado el Protector de los Pueblos Libres.
Vencido, traicionado por sus lugartenientes López, Ramírez y Rivera, se exilia en el Paraguay de Gaspar Rodríguez de Francia. Uno de sus hijos, cuando los ingleses arbitran la Declaración de Río de Janeiro, donde se reconoce la independencia de Uruguay en julio de 1828, lo va a buscar y Don José que sostenía «Si la Patria me llama allí estoy yo», que había dejado todo, mujer, hijos, bienes por la gran patria sudamericana, que había perdido a sus mejores amigos, a su hijo adoptivo el cacique Andresito Artigas, le dice «ya no tengo Patria» y se quedó confinado 30 años en Paraguay hasta que falleció.
La batalla es cultural e ideológica
A Artigas no lo vencieron las armas portuguesas, españolas y porteñas, lo vencieron los grandes intereses del imperio británico que ya habían acordado con un minoritario sector de la sociedad de Buenos Aires la división del trabajo, donde las amplias llanuras pampeanas debían proveerle de alimentos y materia prima a la gran industria inglesa que lideraba el proceso de producción en serie. A cambio, el financiamiento engañoso, como fueron los créditos tomados por Rivadavia a la Baring Brothers, de Mitre a la banca inglesa para financiar la Guerra del Paraguay, y la compra masiva de productos extranjeros que destruyeron la incipiente industria local. Los gauchos nuestros vestían levita inglesa, calzaban botas inglesas y hasta las riendas, la cabezada, el bocado y el recado eran ingleses.
Hoy, salvadas las distancias y los tiempos, se reproduce el mismo mecanismo de endeudamiento y destrucción de nuestra producción y trabajo por la baratura de la mercancía extranjera, y nos volvemos a endeudar «alegremente» para financiar las compras del exterior, para que los sectores acomodados hagan turismo y sobre todo, para que se giren utilidades al exterior y se atesoren divisas. El Estado nacional y varias provincias toman deuda en dólares (sin saber su precio cuando haya que pagarla) para abonar gastos corrientes que son en pesos (salarios, insumos, contratos, proveedores, etc.). Como si esa deuda no se convirtiera en la pesada hipoteca para nuestro pueblo que termina abonándola a costa de sus carencias.
Tenemos dos modelos, uno de defensa del trabajo y la producción nacionales, el otro de subordinación al capital mundial y su forma de acumulación. El golpe militar del 24 de marzo de 1976 tuvo como objetivo económico la destrucción de la alianza que de hecho existía entre los trabajadores y los empresarios ligados al mercado interno, donde más ganaban cuando más vendían y para eso necesitaban buenos salarios y altos niveles de ocupación y que se ejecutó desde 1945 hasta 1975. Empresas trasnacionales como Bunge y Born, ganaban más con Molinos Río de la Plata, Alba, Centenera, Grafa, etc. que producían y vendían al mercado argentino, que de sus exportaciones de granos. La empresa nacional Siam Di Tella que producía heladeras, cocinas, calefones, había logrado producir motonetas y el automóvil 1.500, que por su resistencia y bajo consumo era el preferido de los taxistas. Fiat y Renault, que se habían radicado en el gobierno de Frondizi, los autos que más producían y vendían eran el Fiat 600 y el Renault Gordini respectivamente, básicamente para los asalariados y pequeños productores y comerciantes.
El 24 de marzo de 1976 cambia integralmente la lógica que articulaba la producción y la sociedad, para reemplazarla por una estructura productiva y distributiva con un bloque de poder hegemónico y una dinámica de funcionamiento diferente en la reproducción del circuito económico. El nuevo modelo, orientado y dependiente del exterior, tuvo como instrumento clave el endeudamiento y la valorización financiera del capital, la apertura externa irrestricta al comercio y los capitales, y la acumulación rentística y financiera, traducida en retraso de salarios, liberación de precios, revaluación cambiaria, fomento a la desleal competencia externa, así como altas y confiscatorias tasas de interés. El previsible resultado fue una caída sin precedentes del nivel de vida de la población (con una inflación promedio del 193% anual de 1976 a 1981), que arrastró la caída del mercado interno y, con ello, del PIB.
La catástrofe de la dictadura militar, dejó como legado la destrucción de eslabones de la cadena productiva, una fuerte concentración y extranjerización económica, y una impagable deuda externa.
Tras la derrota de la aventura de Malvinas, el pueblo en la plaza lo echa a Galtieri y asume Reynaldo Bignone el 1 de julio de 1982, pero el plan económico en la última etapa consistía en transferir el endeudamiento privado de las grandes empresas al Estado y para eso lo nombran a Dagnino Pastore como ministro y a Domingo Cavallo como Presidente del BCRA, quienes en dos meses (julio a agosto de 1982), a través de los seguros de cambio, hacen que las empresas transfieran su deuda en dólares al Estado Nacional, y el Estado creaba títulos de deuda (BONEX) para pagarle a los acreedores externos (Comunicación A-163 del BCRA del 15/07/1982). Con ello, disminuyeron sideralmente la deuda de las grandes empresas nacionales y extranjeras y se la impusieron al pueblo argentino. Cumplido ese papel, Dagnino Pastore es reemplazado por Jorge Wehbe (agosto de 1982 a diciembre de 1983), gerente de uno de los grupos más favorecidos de la dictadura, los Bulgheroni.
Los sectores beneficiados por la acción dictatorial se plantearon el inevitable reemplazo del gobierno militar por otro civil que les permitiera y les garantizara la primacía en las decisiones. De ese modo, podrían extender en el tiempo sus rentas (incluida la transferencia al Estado y la «licuación» de su deuda) y, con ello, el modelo de acumulación que los tenía como únicos privilegiados. Todo esto, aunque debieran aceptar ceder ciertos espacios, guardando la forma democrática de la división de poderes y de la figura presidencial. Esos sectores necesitaban legitimar el poder conseguido: el régimen económico y social impuesto a sangre y fuego por las Fuerzas Armadas de Valorización Financiera del Capital.
Asume Alfonsín la presidencia de la República el 10 de diciembre de 1983 y su ministro es Bernardo Grinspun, quien con su equipo trató de diferenciar la deuda legítima de la ilegítima, desconociendo los seguros de cambio de los estertores de la dictadura militar, además de proponer un «Club de Deudores» de los países de la región. Los núcleos centrales del nuevo poder económico local (los grandes grupos económicos, con lazos con el sector financiero; el sector agroexportador, también ligado a aquellos holdings, y las empresas extranjeras), al igual que la banca acreedora, no actuaron como esperaba el radicalismo, por lo contrario, cada uno operó exclusivamente en función de sus intereses concretos e inmediatos: la banca presionó por el reconocimiento de toda la deuda y el pronto y mayor pago posible de los servicios de la misma; las empresas ajustaron sus precios en función de la inflación esperada; las grandes empresas, y aun algunas no tan grandes, continuaron fugando su capital a los principales centros financieros. Los países centrales siguieron protegiendo y subsidiando sus producciones locales.
Alfonsín le pide la renuncia a Grinspun el 19 de febrero de 1985 y lo remplaza Juan Vital Sourouille, un hombre ligado a Techint. En marzo Alfonsín viaja por segunda vez en su mandato a los Estados Unidos donde subraya la necesidad de adoptar medidas de reforma estructural del Estado y de privatizaciones, de manera acorde con la filosofía ortodoxa de los financistas y empresarios norteamericanos (Plan Houston). Entre tanto, el equipo de Sourrouille dejó que las grandes empresas acomodaran los precios relativos, sabiendo que se cambiaba la moneda tras una fuerte devaluación que se plasma el 14 de junio, con el «austral» a 80 centavos por dólar estadounidense.
Con fecha 1 de julio de 1985 mediante los Comunicados A-695, A-696, y A-697 del BCRA se reemplazaron títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar, a los que la gestión de Grinspun se negó a reconocer hasta que no se supiera el origen y destino de los fondos, por «Obligaciones del Banco Central de la República Argentina» con la firma de las autoridades constitucionales, cerrando el proceso de transferencia de la deuda a la sociedad con su legitimación total, continuando de esa manera el camino trazado por los Francisco Ramírez y Estanislao López en el «Tratado de Pilar».
La economía siguió en baja porque se cae el consumo y porque se debe destinar cada vez un porcentaje más grande del PIB (la libra de carne del mercader de Venecia) al pago de la deuda.
Con déficit fiscal (en 1988 fue del 5,5% del PIB) y déficit comercial, sin financiamiento externo y el desangre permanente de la fuga de divisas, el dólar pasó a costar, el 6 de febrero de 1989, Australes 17,62. El, por ese entonces, presidente del BCRA, José Luis Machinea, sostuvo que no tenía reservas para vender un dólar más, superó los 100 australes cuando asumió el ministerio Juan Carlos Pugliese en abril de ese año, fue de Australes 650 el tipo de cambio fijado por Menem presidente el 9 de julio de 1989, y la cosa siguió hasta que el 1 de abril de 1991 con el Plan de Convertibilidad, se determinó el tipo de cambio en Australes 10.000.- por dólar. (En un poco más de dos años de Australes 17,62 a Australes 10.000.-) La híperinflación es hija de la híperdevaluación (que el modelo de valorización financiera con déficit comercial y fiscal puede repetir).
Es importante destacar que este proceso de valorización financiera siempre termina mal, pero no solamente tiende a limitar la formación de un empresariado nacional, sino también de los sectores medios nacionales (incluyendo grupos intelectuales, científicos y técnicos nacionales) e incluso una clase obrera nacional. El avance del proceso actúa, en efecto, introduciendo una cuña a lo largo de la franja en que se encuentran los segmentos integrados y no integrados tendiendo a incorporar a una parte, la menor, de los empresarios nacionales como gerentes de las nuevas empresas y marginando a los no aprovechables. Incorporando a algunos de los profesionales, técnicos y empleados adaptables y marginando a la amplia mayoría, e incorporando parte de la mano de obra calificada o con condiciones para calificarse, repeliendo al resto y a aquella otra parte que se supone no pueden tener niveles de calificación técnica e incluso cultural para adaptarse a las nuevas condiciones.
La ecuación para los ricos en este país es simple, obligan a endeudarse a las administraciones públicas, las que tienen que vender esas divisas al BCRA para que le den pesos y después, a través de los grandes bancos con que operan, compran esas divisas y las fugan.
En julio de 2017, más del 75% de las operaciones de compra y venta en el mercado único y libre de cambio (MULC) pasan por los bancos Santander Río, BBVA-Francés, HSBC, Galicia, Macro, Patagonia, el Banco Nación Argentina y el Banco Provincia de Buenos Aires. Los bancos privados son los mismos que participaron en el canje de Domingo Cavallo el 4 de junio de 2001 cuando derrapó el plan de convertibilidad y en ese entonces última fase de la valorización financiera del capital,
El modelo de valorización financiera del capital les permite generar rápidas ganancias sin desproteger a los sectores más concentrados, como lo son la producción y comercialización de algunos segmentos agrarios, ciertos enclaves industriales, en determinados servicios públicos y de medicina privada. Es más, igualan las tasas de ganancia y por ende, la rentabilidad financiera es homologable a la rentabilidad que tienen esos enclaves y su comercialización. Si no expliquémonos cómo subieron los precios (y con ello los márgenes de ganancia) de la leche y sus derivados, de la harina, del aceite, de la yerba mate, del cemento, del acero, del aluminio, de las comunicaciones, de todo tipo de combustible, etc. en la gestión macrista.
Por supuesto que el cierre de fábricas, la destrucción de pequeños y hasta medianos comercios, la fusión de empresas y su extranjerización, implica mayor desocupación y exclusión social. Lo mismo sucede con la importación de naranja de Polonia, de frutilla de Israel, de peras y manzanas de Chile, de muebles de Vietnam o China, etc., mientras paralelamente se le da todo tipo de libertades al ingreso y egreso de capitales, se sacan los límites de compra y de tiempo que tienen que estar en el país, no se pone ningún tipo de restricción al giro de utilidades de las cada vez más y más grandes empresas extranjeras.
El drenaje de capitales hace que sean funcionales al modelo de acumulación rentística y financiera mundial en primer lugar (caso, por ejemplo, la sociedades constituidas por capitales argentinos por el estudio Mossack-Fonseca en Panamá) y, en segundo término, a emprender proyectos como el del grupo Techint en Houston – Texas por 1.800 millones de dólares para producir allí caños sin costura mientras en Campana reduce la actividad y aplica suspensiones rotativas; o del grupo Macri en Brasil y Uruguay; o de los Bulgheroni en Afganistán.
Verbigracia, el grupo Techint, mientras acuerda con el gobierno el precio preferencial al cual va a comprar el gas y el precio de sus productos (caños sin costuras, laminados de aceros, etc.), pueden aceptar el retraso cambiario por un tiempo (más que compensados con las ganancias fuera del país).
Esa política de privilegios que implica el modelo de valorización financiera del capital significa también exclusión y pobreza. La revista Forbes publica todos los años las 2.000 personas más ricas del mundo, donde se destacan varios argentinos: Los Bulgheroni, dueños de la petrolera Bridas y Panamerican Energy; los Rocca del grupo Techint; los Pérez Companc; los Eurnekian; los Roemmers; los Bagó; los herederos de Fortabat; y seguramente aparecerá este año el contador Héctor Magnetto, del grupo Clarín, beneficiado por la dictadura militar con Papel Prensa y ahora por el gobierno de Macri por el millonario mercado de la telefonía celular y los contenidos 4G.
Es claro que un país que tiene semejantes magnates debería preguntarse cuál es el secreto de su éxito, cuál es el costo y los márgenes de ganancia de esos grandes empresarios que operan en la Argentina. Decimos esto, porque no es posible que quienes han realizado una fortuna inconmensurable, por un lado se nieguen sistemáticamente a dar información sobre su producción, sus costos y sus precios (y lo descarguen a toda la sociedad), y por otra parte, no contribuyan mínimamente con el sostén del Estado para que pueda afrontar con los gastos sociales y de infraestructura que se requieren para aumentar el nivel de vida y la producción nacional, cuando ese mismo Estado les garantiza sus excelentes y exclusivos negocios.
La riqueza desmesurada de esa minoría explica que haya un tercio de la población que está debajo de la línea de pobreza, y que se irá agravando a medida que continúen aplicando el modelo de valorización financiera.
Son los indios, morenos y gauchos pobres que seguían a Artigas contra una minoría que los odia y que solo piensa en este país para su exclusivo beneficio.
Hoy, 200 años después de Tacuarembó, si pretendemos romper con la dependencia económica y política tenemos que empezar por la batalla cultural, así como también saber que existió el Congreso de Oriente como fecha insigne de nuestra identidad, de nuestro génesis federal, de nuestras aspiraciones por una democracia más completa e inclusiva, tal como la concibió el Protector de los Pueblos Libres. Entonces sí, todas las penurias, todas las derrotas se convertirán en la gran victoria. Una sociedad más justa e independiente.
Horacio Rovelli. Economista, profesor y miembro del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE).
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