La reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas-Unasur (1), realizada en Santiago de Chile el 16 de setiembre, aprobó por unanimidad la «Declaración de la Moneda» respecto al «conflicto» en Bolivia. El papel del gobierno Lula fue determinante para que la Unasur arribara a un acuerdo de «equilibrio ponderado» que, bajo la coartada de […]
La reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas-Unasur (1), realizada en Santiago de Chile el 16 de setiembre, aprobó por unanimidad la «Declaración de la Moneda» respecto al «conflicto» en Bolivia. El papel del gobierno Lula fue determinante para que la Unasur arribara a un acuerdo de «equilibrio ponderado» que, bajo la coartada de «frenar a Estados Unidos», aislara las posiciones más «radicales». Es decir, las de Chávez, quien de hecho había regionalizado la crisis, y proponía tanto la condena sin ambigüedades a la administración Bush, como la extensión de la solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano. Una actitud bien distinta a la asumida por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, que de entrada se asoció a la propuesta de Lula.
En tal sentido, la diplomacia brasilera se anotó un éxito indudable. La Unasur no solo se pronunció categóricamente por el mantenimiento del «orden» regional, sino que se alistó como su nuevo gendarme. Lo que casi nadie menciona, es que tras bambalinas, hubo otro gran favorecido por la «Declaración de La Moneda»: el régimen ultraderechista de Colombia. Porque la resolución, permite cerrarle los espacios políticos a las «bandas terroristas». El mensaje es claro: al igual que la de Evo Morales, la «lucha del presidente Uribe contra las Farc», es a favor de la «institucionalidad democrática» y eso requiere del apoyo de todos los gobiernos del continente.
Un mandato de «injerencia democrática»
La «Declaración de la Moneda» en ningún sentido favorece la lucha de liberación. Ni de Bolivia, ni del resto de países del continente. Para nada contempla las reivindicaciones políticas, sociales, económicas e históricas de los trabajadores, indígenas y campesinos.
Si bien la declaración manifiesta «su más pleno respaldo al gobierno constitucional del presidente Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente referéndum» (punto 1), advierte «que sus respectivos gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometa la integridad territorial de la República de Bolivia» (punto 2), y expresa «su más firme condena a la masacre que se vivió en el departamento de Pando» (punto 5), viene seguida de un «llamado al diálogo» (entre gobierno y oposición), «para establecer las condiciones que permitan superar la actual situación y concertar la búsqueda de una solución sustentable en el marco del pleno respeto al Estado de derecho y el orden legal vigente» (punto 7). Y va más lejos: propone (mejor dicho decide), crear una comisión para «acompañar los trabajos de esa mesa de diálogo», y otra comisión de «apoyo y asistencia» al gobierno de Evo Morales (puntos 8 y 9).
De hecho, al adoptar la «Declaración de La Moneda», la Unasur asume una postura de guardián de la «estabilidad» regional que, sobre todo, beneficia la seguridad de los negocios, tanto para las empresas transnacionales como para las clases propietarias locales. Si esta es la nueva «integración sudamericana» – tantas veces publicitada por los adeptos del «progresismo» e incluso por sectores más a la izquierda – los trabajadores, indígenas y campesinos de América del Sur se enfrentan a otro peligro. Porque en la práctica, lejos de cuestionar realmente la hegemonía de Estados Unidos, estos gobiernos se dan a la tarea de desactivar la radicalización política y desmovilizar a la clase trabajadora.
Pero todavía hay más y peor. Estas resoluciones, que en la práctica son un inequívoco mandato externo de «injerencia democrática» (que tiene su origen en la «Carta Democrática» de la Organización de Estados Americanos), tuvieron un resultado inmediato: el preacuerdo negociado entre el gobierno y los representantes del Consejo Nacional Democrático (Conalde, que agrupa a la oligarquía, a los prefectos autonomistas y los grupos que son dueños de la tierra y de gran parte de la economía), el 16 de setiembre. Este preacuerdo, supone, cuando menos, un retroceso del gobierno indigenista. En tres aspectos: «acepta que los departamentos deben recuperar una parte del impuesto directo a los hidrocarburos, que el gobierno había decidido que financiara la Renta Dignidad de los jubilados, y que es una de las principales demandas de la oposición; invita como ‘facilitadores y testigos’ a la Unasur, la Iglesia Católica, la Unión Europea, la OEA y las Naciones Unidas; suspende por un mínimo de un mes la convocatoria del referéndum constitucional». (2) Como contrapartida, el gobierno espera obtener «paz social».
¿Victoria o derrota de Evo Morales? Depende por donde se lo mire. «Si se parte del día después del referendo de agosto, en el que Evo fue ratificado con más del 67 por ciento, es un evidente paso atrás. Si se creen las versiones, nada infundadas, de que estaba en marcha un golpe de Estado, el gobierno de Morales consigue superar una de las instancias más difíciles en 30 meses, aunque el futuro sigue siendo incierto. En todo caso, la oposición consiguió convertir en polvo la contundente victoria de agosto, que debería haber comenzado a resolver el «empate estratégico». (3)
Lula y los intereses (capitalistas) de Brasil
Para José Augusto de Castro, vicepresidente de la Asociación de Exportadores de Brasil, la reducción del suministro de gas, por un atentado (de grupos fascistas) al gaseoducto binancional, fue una acción inaceptable. «Mientras los bolivianos se limiten a agitaciones en la frontera, todo está bien. Lo que no pueden hacer es meterse con el gaseoducto». (4) Se entiende la reacción del empresario. Es que Bolivia provee a Brasil más de 30 millones de metros cúbicos de gas todos los días. Lo que significa: el 70% de lo que consume la industria de Sao Paulo, y el 100% de la industria de Porto Alegre.
Ante el «sabotaje» a la economía brasilera, que ponía «en peligro» el suministro de gas, el gobierno Lula se resolvió a actuar en defensa de los intereses de las fracciones decisivas del capital. Primero, tratando de enviar una misión de alto nivel para «iniciar una gestión de mediación» que, finalmente, no fructificó por la oposición de Evo Morales. (5) Luego, moviendo sus piezas diplomáticas para obtener un «consenso» en la cumbre de la Unasur, donde las iniciativas y los discursos «polarizantes» que generan «inestabilidad» fueran rechazadas.
No es para menos. Porque los «intereses propios» de Brasil, no siempre sintonizan con el gobierno del MAS. «La semiestatal Petrobrás sigue jugando un papel decisivo en la explotación de los hidrocarburos bolivianos, siendo el principal inversor en el país andino. Además, la participación de brasileños en el agronegocio es muy importante. En Santa Cruz, unas 200 familias de agricultores brasileños cultivan 350 mil hectáreas de soja que representa el 35 por ciento de la producción sojera boliviana. Estos agricultores tienen peso político, ya representan un tercio de los afiliados a la Cámara Nacional de Comercio Bolivia-Brasil y están presentes en la Asociación de Productores de Oleaginosas y trigo que agrupa a 12 mil agricultores de Santa Cruz». (6) De diversas maneras, «Brasil controla alrededor del 20 por ciento del PIB de Bolivia, porcentaje que en los próximos años se deberá incrementar a través de inversiones estratégicas en infraestructura, energía y minería, a menudo financiadas por el poderoso Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Pero esas inversiones y esos intereses están concentrados en la «media luna», en particular en Tarija y Santa Cruz». (7)
La defensa de esos «intereses propios» guió todos los pasos políticos del gobierno Lula durante la crisis boliviana. Ya en el inicio, Itamaraty había divulgado una nota donde decía «acompañar con gran preocupación la evolución de los acontecimientos en Bolivia» y pedía a «todos los actores políticos (…) que respetaran la institucionalidad democrática y retomaran los canales de diálogo y de concertación, en la búsqueda de una solución negociada y sustentable». (8) Aunque la verdadera posición del gobierno Lula sobre la crisis apareció en la declaración de Marco Aurelio García, asesor especial de Relaciones Exteriores del Palacio de Planalto. Para García, dos aspectos se podían constatar por esas horas en la crisis: «El negativo fue la orden de prisión para el gobernador de Pando, Leopoldo Fernández. El positivo, dijo el, fue el establecimiento de una agenda de negociación entre gobierno y oposición en torno a tres puntos: cambios en el proyecto constitucional, autonomía de departamentos e impuestos». (9)
En otras palabras, no importaba que el ejecutor de la masacre de trabajadores y campesinos en Pando fuera preso, ni tampoco que esa masacre se hubiera llevado a cabo con el apoyo de sicarios brasileros de la localidad fronteriza de Brasiléia. El asesor especial contaba, antes que nada, con la predisposición del gobierno de Morales a efectuar concesiones a la oligarquía. Coherente, sin duda. Porque para Marco Aurelio García, la crisis en Bolivia se puede resumir en una frase: «el problema es que el país está viviendo un proceso de reformas, sin salirse del marco democrático, pero tanto la oposición como el gobierno actúan como si estuvieran frente a una revolución». (10)
Bajo estas coordenadas, se explica la función de Lula. El presidente de Brasil «no quiere derechistas con delirios de secesión en su fronteras, pero tampoco aprueba las reformas que afectarían a Petrobrás y a los latifundistas de la soja, o los aumentos del gas que abastece a los industriales de San Pablo (…) Como se demuestra en Haití, las intervenciones brasileñas incluyen el uso de gendarmes con fines muy poco humanitarios, ya que la clase dominante de ese país aspira a emular a China, Rusia o Sudáfrica en el rol de potencia regional. Lula especialmente apuntala a las multinacionales que han salido al exterior a comprar empresas y garantizar abastecimientos. Pretende repetir el camino seguido por Felipe González para posicionar a nuevas empresas extranjeras en América Latina». (11)
La carta que favorece el reacomodo de Uribe
Hasta hace unos meses era impensable que el presidente Alvaro Uribe, principal aliado de Estados Unidos en América del Sur, suscribiera un acuerdo común con presidentes considerados del «campo progresista». En la cumbre en Brasilia (mayo 2008), el presidente colombiano fue el único que rechazó la creación del «Consejo de Seguridad» de la Unasur con el argumento de que en Colombia había «amenazas de terrorismo». No obstante en julio, durante la visita a Colombia de Lula, Uribe anunció su ingreso al Consejo de Seguridad. Un giro notable e interesado. Para Uribe, porque «de la misma forma que Colombia siempre reclama condenar la violencia terrorista que afecta a nuestro país, nosotros acudimos a condenar la violencia que maltrate a cualquier país hermano y democrático» (12)
¿Qué hacía el principal aliado del imperialismo norteamericano en una reunión de presidentes considerados en su mayoría de «izquierda? En la «solidaridad» que expresó Uribe con el gobierno de Morales se advierte «una petición de reciprocidad, un llamado a que los países de la región también abracen la que hasta ahora ha sido su lucha» (…) Uribe se anotó un hit al mostrar solidaridad con Morales, pues así también logra cerrarle espacios políticos a las Farc en nombre de la defensa de la institucionalidad», explicó el profesor de Política de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Externado de Colombia, Jairo Libreros. (13)
En la misma dirección apunta la analista internacional, Sandra Borda: «Uribe está entendiendo que su lucha contra la guerrilla no debe ser necesariamente un aislamiento de la región. Ya que a los países suramericanos, más allá de sus diferencias ideológicas, los une el respaldo a los sistemas de gobierno constituidos democráticamente, a Uribe le queda más fácil encontrar respaldo en su rechazo a las Farc que son antidemocráticas». (14) Es entonces que «la jugada de Uribe y de su ministro de Relaciones Exteriores, Bermúdez, con este viaje a la cumbre de Unasur en Santiago fue cuádruple. Primero, se acercó a los vecinos suramericanos de los que estaba demasiado lejos. Segundo, marcó distancia con Estados Unidos para hacer ver que la incondicionalidad de Colombia hasta ahora no ha sido bien pagada (con el TLC embolatado por el Congreso, y tercero, al tiempo, les hizo ver su importancia como mediador entre la potencia del norte y los rebeldes del sur». (15)
Por último, Uribe el presidente colombiano les llegó directo a sus colegas de la región: «al igual que Evo Morales», la defensa de las «instituciones democráticas» exige comprensión y «solidaridad continental». Seguramente, ambas cosas podrá obtener de la Unasur, en la medida que la «Declaración de la Moneda» es una carta que el régimen mafioso-paramilitar de Uribe sabrá hacer pesar.
¿Se desactiva el «volcán» boliviano?
El mandato de la Unasur no resuelve la crisis. Tampoco lo hace el diálogo iniciado entre el gobierno indigenista y la oposición oligárquica. El desenlace continúa abierto. La crisis política (del Estado como tal y por extensión de su marco institucional) se alimenta de las brutales contradicciones socio-económicas y culturales, que han llevado a la situación de un «régimen fracturado» entre el gobierno de La Paz y los departamentos autonomistas. En tal sentido, el «empate estratégico» no deviene esencialmente de una mera lucha por tales ventajas o concesiones constitucionales. Sino que resulta de una aguda y frontal lucha de clases por el poder.
Desde el punto de vista estrictamente político, el gobierno de Evo Morales parece retornar las negociaciones en condiciones más favorables. Los prefectos de la «media luna» han quedado debilitados y perdieron el control de Pando (gobernado ahora por un comandante del ejército). Sin embargo, el diálogo, el rol ‘facilitador’ de la Iglesia y la intromisión de la llamada ‘comunidad internacional’, permiten a la oposición oligárquica intentar ganar en la mesa de negociaciones lo que no consiguió afirmar en la lucha callejera.
De todas formas, el poder de Evo Morales continúa residiendo en la fuerza de los movimientos sociales. Como lo demuestran las movilizaciones de campesinos, indígenas, trabajadores, estudiantes, barrios populares que, al día de hoy (22 de setiembre), continúan desarrollándose. Lo que pone ciertos límites a las concesiones que el gobierno pretende ofrecer a la oposición fascista.
No obstante, pese a esta fuerza de los movimientos sociales, el presidente boliviano sigue siendo una pieza clave. Portador de una legitimidad popular incontestable y abanderado del «antiimperialismo aymara», su posición en el curso de la crisis abre un manto de dudas. «Evo adoptó una conducta muy vacilante frente a los alzados, que dejó sin protección a sus partidarios en las zonas autonómicas. Los paramilitares sacarán partido de este tipo de indecisiones, especialmente si se repite el trágico error que cometió Salvador Allende al designar a Pinochet. El estado de sitio en manos de una comandancia tan dudosa constituye un arma de doble filo (…) Desde el referéndum, Morales ha logrado reunir las condiciones políticas necesarias para implementar los cambios sociales que los oprimidos esperan de su gobierno. Pero estas transformaciones no prosperarán si persiste el objetivo estratégico de forjar el «capitalismo andino», compartiendo el poder con la oligarquía. En el mejor de los casos, este proyecto permitiría gestar un modelo sudafricano de sustitución de elites obsoletas por nuevos grupos privilegiados (…) En varias negociaciones, Evo ha sabido aprovechar las torpezas de sus oponentes, pero ahora parece dispuesto a revisar la Constitución en ciertos temas – como impuestos y reforma agraria – vitales para los movimientos sociales. La batalla es compleja, pero en Bolivia los tiempos políticos son muy cortos y la audacia es el recurso más preciado». (16)
Y, finalmente, está el papel del imperialismo. Como siempre, un factor central en la crisis. Si bien Estados Unidos estuvo marginado de la resolución adoptada por la Unasur y vio frenada su operación golpista, debiendo incluso sufrir la expulsión de dos embajadores (en Bolivia y Venezuela), no abandonará el escenario.
Por el momento, el gobierno Bush ha decidido mantener sus vínculos con las actividades contrarrevolucionarias a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y de la Fundación Nacional para la Democracia que hace en Bolivia lo que estuvo haciendo en Venezuela: «ayudando a la oposición». Aunque a modo de adelanto fue un paso más allá: incluyó a Bolivia en una «lista negra» de países que «no lograron cumplir sus obligaciones de limitar la producción de droga el año pasado». (17) Es decir, que la estrategia imperialista continuará por el camino de la desestabilización, alimentado a los grupos oligárquicos que pretenden un «cambio de régimen».
* Miembro del Colectivo Militante (Uruguay) y de la redacción de Construyendo, mensuario de la Coordinadora de Unidad Revolucionaria (http://construyendo.nuevaradio.org/). Es editor del boletín solidario de información Correspondencia de Prensa-Agenda Radical: [email protected]
Notas
1) La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se constituyó el 23 de mayo de este año en Brasilia. El Acta Constitutiva fue ratificada por 12 países y la presidencia protempore es ejercida por la presidenta chilena Michelle Bachellet. En ese marco, Lula propuso la creación de un «Consejo de Defensa» regional sin EEUU.
2) Raúl Zibechi, «La Unasur apaga su primer incendio. Brasil hace la diferencia». Semanario Brecha, Montevideo, 19-9-08.
3) Ibdem.
4) Ibdem.
5) Diario La Razón, La Paz, 15-9-08.
6) «Imperio brasilero emerge en Bolivia». Diario Folha de Sao Paulo, 22-5-08.
7) Raúl Zibechi, artículo ya citado del semanario Brecha.
7) Citado por Jeferson Choma, «Lula hace el juego a la ultraderecha en Bolivia». Sitio del Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado: www.pstu.org.br/
9) Citado por el diario O Estado de Sao Paulo, 17-9-08.
10) Citado por José Natanson, «Reforma y Revolución». Diario Página/12, Buenos Aires, 17-9-08.
11) Claudio Katz, «Tiempos de valientes». Diario Página/12, Buenos Aires, 19-9-08.
12) César Paredes, «La misión de Uribe en la cumbre de la izquierda». Revista Semana, Bogotá, 17-9-08.
13) Ibdem.
14) Ibdem.
15) Ibdem.
16) Artículo de Claudio Katz ya citado.
17) Haider Rizvi, «Gobierno de EEUU-Oposición autonomista. El matrimonio secreto». Inter Press Service (IPS), 18-9-08.