¿Dónde está Santiago Maldonado?» Esa es la pregunta que se vienen haciendo los argentinos desde hace ya un mes, y que impulsó la movilización del día 2 de agosto en la que miles de personas se reunieron para exigir la aparición con vida del desaparecido. Días antes, en México, los ciudadanos se movilizaban para pedir […]
¿Dónde está Santiago Maldonado?» Esa es la pregunta que se vienen haciendo los argentinos desde hace ya un mes, y que impulsó la movilización del día 2 de agosto en la que miles de personas se reunieron para exigir la aparición con vida del desaparecido. Días antes, en México, los ciudadanos se movilizaban para pedir la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas Cometida por Particulares. Ambas protestas ponen en evidencia la realidad de una región donde los problemas suelen estar en sincronía.
América Latina suele estar en el centro de atención por sus noticias relacionadas a la corrupción y a la impunidad. Si bien los países de la región suelen buscar diferenciarse entre sí y destacarse por sus progresos, la realidad es que no pueden escapar de las críticas y de los casos que los conectan con sus vecinos. Las desapariciones forzadas son, precisamente, una de las preocupaciones compartidas en la región.
Tal como lo denunció la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de un comunicado difundido en ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas, «es inadmisible que, en el 2017, se sigan produciendo desapariciones forzadas».
Existe una estrecha relación entre la violación de los derechos humanos y la impunidad. La desaparición forzada de una persona es la privación de la libertad cometida por un funcionario público. Y si no existe un sistema donde se castigue el abuso de poder, la impunidad se seguirá cobrando las vidas de los desaparecidos.
Tal como ocurre en México, donde las madres de desaparecidos se reúnen para buscar los cadáveres de sus hijos en fosas clandestinas, mientras el Estado no les ofrece ningún recurso. De hecho, el Estado mexicano ni siquiera tiene contabilizadas a las víctimas de desapariciones forzadas.
Existen cifras oficiales sobre personas desaparecidas pero éstas no distinguen entre secuestros, desapariciones forzadas o extravíos. Según los datos presentados por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hay 30.973 personas desaparecidas en México.
Uno de los casos más recientes de desapariciones forzadas en México es el de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes desaparecieron en 2014 tras ser atacados por la policía municipal y el ejército mexicano de Iguala y hasta el día de hoy, se desconoce su paradero.
«Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente producto de dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes», advierte la ONU. Lo que demuestra que, sin dudas, las desapariciones forzadas contribuyen al detrimento del sistema democrático.
La falta de cifras oficiales demuestra el desinterés de un gobierno que no se preocupa por contabilizar los casos. No sólo no se sabe cuántos son exactamente los casos de desapariciones forzadas, sino que tampoco se llevan a cabo las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de las personas.
La indiferencia frente a estos casos demuestra por qué a México lo denominaron «el país de América Latina con mayor impunidad». El país encabeza el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, presentado por la Universidad de Las Américas de Puebla (UDLAP), siendo el cuarto a nivel mundial. El informe incluye 69 países a nivel mundial y analiza los sistema de justicia de cada uno, para luego identificar cuáles son aquellos países con mayor impunidad. Las fallas de seguridad y justicia son algunas de las razones que han condicionado el posicionamiento de México en el listado.
El aumento de los casos de desapariciones forzadas es un retroceso en un camino hacia la democracia. Pero para poder abarcar este problema, es necesario primero ir contra el sistema estructural de corrupción y contra la impunidad. Ninguna persona puede desaparecer sin razón. Como así tampoco, ninguna madre debe ser la encargada de remover la tierra de un cementerio clandestino para encontrar los restos de su hijo. El Estado debe tomar las riendas del asunto, debe hacerse cargo y responder dónde están los desaparecidos.
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