Vimos en la entrega anterior como la Desaparición forzada es combatida en México cuya lucha no data de más de 4 años, lo que habla el atraso que como nación tenemos en materia de protección de Derechos Humanos. Tan esa así, que las instancias que se formaron a raíz de la creación de la Ley […]
Vimos en la entrega anterior como la Desaparición forzada es combatida en México cuya lucha no data de más de 4 años, lo que habla el atraso que como nación tenemos en materia de protección de Derechos Humanos. Tan esa así, que las instancias que se formaron a raíz de la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, siguen siendo un gran desconocimiento tanto para las víctimas directas o indirectas de estos ilegales ejercicios como de la sociedad en su conjunto, lo que nos deja muy mal parados en el concierto internacional.
Pero vayamos a las cifras que, aunque no nos gusten eso son, y dan un panorama general de lo que tenemos que afrontar en el corto y mediano plazos. En primer lugar, son parte de una violencia jamás vista en la historia del país, dada la inamovilidad y desorganización con los estados, del gobierno sexenal en turno y de sus áreas de seguridad pública, procuración y administración de justicia, que han trabajado desarticuladamente gracias a un liderazgo que el actual gobierno federal no pudo tener y cuya responsabilidad es abismal e igual de criminal como la ejercida.
Datos de la Oficina de Información Científica y Tecnológica (INCyTU) del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) arrojan que el impacto económico de la violencia en México tan solo en 2017 fue de 4.72 billones de pesos que cerrando números salvo error aritmético equivaldría a que cada uno de los 120 millones de mexicanos pagó cerca de 50 mil pesos por dicho flagelo.
En un documento de trabajo del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica de la Cámara de Diputados de marzo de 2018, intitulado «La desaparición forzada de personas. Un panorama general», nos dice textual que, según dicha fuente, de 2007 a 2017 se encuentran en condición de no localizadas alrededor de 34 mil personas, 33 mil del fuero común y poco más de mil del fuero federal. Las entidades federativas con el mayor número de personas no localizadas en ese periodo fueron Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Nuevo León. En contraparte, las entidades federativas con menos casos de personas desaparecidas o no localizadas fueron: Tlaxcala, Campeche y Baja California Sur.
Sigue el estudio mencionando que, es más frecuente la desaparición forzada de hombres, ya que de cada cien personas en esa situación 74 eran varones. En el caso del fuero federal, de cada cien personas reportadas como desaparecidas, 83 fueron hombres y 17 mujeres. De las personas desaparecidas o no localizadas, más de la mitad (51.3%) tenían entre 15 y 34 años; 8.1% tenían entre 0 y 14 años y 31% eran mayores de 35 años. El estudio coloco a Veracruz en el 21 lugar con 726 casos.
El Sistema del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública , en su página web, tiene una relación de 1171 personas extraviadas o desaparecidas y las fechas y lugares donde fueron vistas por última vez, con fecha de creación de 2015. Y como podemos ver, los datos distan de otros como los aquí comparados lo que habla de la falta de coordinación e esfuerzos que en poco ayudan a esclarecer que tipo de desaparición es, motivos, causas, razonas, incidencia, atención, castigo penal a los responsables, porcentaje de impunidad creada entre otros.
Como podemos observar sigue siendo este terrible tema uno complejo y por atender con estándares de excelencia en lo que se refiere a la búsqueda científica de personas, seguridad pública, impartición y procuración de justicia y por supuesto respeto a los Derechos Humanos y Estado de Derecho.
El Secretaria Ejecutivo anteriormente señalado, realizo hace poco el Foro «Retos y perspectivas en la implementación de las Leyes Generales de Tortura y Desaparición de Personas», donde manifiesta algunos retos por concretar y adoptar; Avances en la creación y/o fortalecimiento de las Fiscalías Especiales para la Investigación de los Delitos de Tortura y Desaparición de Personas, políticas de actuación y atención a víctimas en los Protocolos Homologados; Las resoluciones internacionales en materia de Tortura y Desaparición Forzada y su trascendencia en la legislación nacional; Prevención de los delitos de Tortura y Desaparición de Personas; Investigación criminalística de personas no localizadas y desaparecidas; Retos en la atención integral a las víctimas de tortura y desaparición de personas; Desafíos y alcances de la Comisión Nacional de Búsqueda en el marco de la Ley General en materia de Desaparición de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; La importancia de la cooperación internacional para adoptar las leyes generales en materia de tortura y desaparición de personas; Rol de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas en materia de tortura y desaparición de personas.
Pero creemos que los mayores retos por venir para concretar lo antes mencionado, es la capacidad organizada del gobierno en sus tres niveles, sobre todo los gobiernos de los estados y por supuesto un verdadero sistema de seguridad publica protector del ciudadano y fiscalías autónomas con rendición de cuentas permanentes. Además, poderes legislativos fuertes en el sentido de democráticos y creadores de leyes protectoras de los derechos humanos. Actuemos.
Rafael Marín Marín es Presidente del Colegio de Profesionales y Técnicos de Veracruz, COLPROTVER; Delegado en el Estado del Instituto Nacional para la Celebración del Día del Abogado INCDA y; Presidente de México Crítico, Agrupación Política Nacional.
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