Trece años se han cumplido de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), quienes realizaban actividades políticas en el contexto de las movilizaciones populares de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), ambos, fueron detenidos y desaparecidos el 25 de mayo de 2007 entre las ocho y diez de la noche por elementos del ejército mexicano y de la policía ministerial de Oaxaca, bajo un fuerte operativo militar en el Hotel “El Árbol”, ubicado en el centro histórico de Oaxaca, de dicho operativo se ha documentado claramente la magnitud por la Comisión de Mediación (COMED) que se integró para intermediar entre el gobierno y el EPR, sin embargo, sobre ese operativo, el ejército ha reconocido su realización, pero ha dicho que no fue detenida ni una sola persona y que se trató de un error táctico, ocultando así, su responsabilidad en la desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad que sigue abierto y que por tanto continua en la impunidad.
La desaparición forzada fue realizada durante el gobierno de Felipe Calderón, se sabe bien, sus muchas acciones criminales, represivas, corruptas y su inclinación a la violencia de Estado, pero ¿por qué si han pasado trece años y ya van tres administraciones presidenciales el crimen sigue aún impune y se continúa desconociendo el paradero y destino de los desaparecidos? Si hoy se pretende hablar de una trasformación en México y del fin de la era de corrupción e impunidad reinante durante las décadas anteriores ¿no sería lógico poner fin a la impunidad y decretar la urgencia de la justicia para este y muchos otros casos similares? El Estado mexicano no ha garantizado hasta el día de hoy, los derechos de acceso a la justicia, el derecho a conocer la verdad, el derecho a la reparación integral del daño tanto de las víctimas directas (los desaparecidos) como de las victimas indirectas (los familiares y la sociedad).
En el 2013, el grupo de abogados, las asociaciones civiles y sociales junto a los familiares, presentaron un juicio de amparo, buscando el reconocimiento de la desaparición forzada y contra la abierta omisión de las autoridades competentes sobre el caso, ya que no se ha realizado una investigación exhaustiva, en mayo de 2019, seis años después, se resolvió el amparo con una sentencia favorable a la víctimas y a los familiares de las víctimas, la jueza en turno reconoció la desaparición forzada llevada a cabo por elementos del ejército mexicano y de la policía ministerial de Oaxaca, indicando que la Fiscalía General de la República debía acudir a los cuarteles militares a buscar a los desaparecidos y que la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) tenía que permitir la entrada a cualquiera de sus instalaciones para que se efectuara dicha investigación, asimismo, decretó que el ejército mexicano como las autoridades oaxaqueñas debían publicar en diversos medios partes de la sentencia como una forma de reconocimiento de la desaparición forzada, la jueza indicó también, la creación de una comisión especial para la búsqueda de los desaparecidos. Como era de esperarse, la SEDENA y demás autoridades, impugnaron la sentencia evitando así su cumplimiento, a la fecha, se está en espera de la resolución de la Suprema Corte de la Nación, resolución que ha decir de especialistas podría generar jurisprudencia favorable a las víctimas de desaparición forzada.
El gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tiene la oportunidad de sentar las bases para el establecimiento de la justicia en el país, al igual que en el caso de Ayotzinapa, la sombra del crimen de Estado, pesa como una losa de impunidad que lacera continuamente a México. Poner fin a ese manto de impunidad heredado de las administraciones anteriores, sería una nuestra de voluntad y humanidad a nombre del deseo de una verdadera transformación. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que debe ser erradico de las prácticas de los organismos e instituciones del Estado. Pasados trece años de lo hechos, es tiempo ya, de romper el manto de impunidad y abrir el camino a la justicia verdadera para el bien de todos y todas.
Cristóbal León Campos es integrante del Colectivo Disyuntivas