Las tendencias dictatoriales no van a cambiar porque Barack Obama haya sustituido a George W. Bush y anunciado un nuevo trato en sus relaciones con nuestra América. Una vez más, arrogándose atribuciones que nadie le otorgó, el gobierno de Washington «descertifica» a Bolivia en la política contra el narcotráfico; es decir, no le otorga su […]
Las tendencias dictatoriales no van a cambiar porque Barack Obama haya sustituido a George W. Bush y anunciado un nuevo trato en sus relaciones con nuestra América. Una vez más, arrogándose atribuciones que nadie le otorgó, el gobierno de Washington «descertifica» a Bolivia en la política contra el narcotráfico; es decir, no le otorga su visto bueno, aduciendo la expulsión de la Drug Enforcement Administration (DEA).
Agregando más leña al fuego, un señor anunció, por un canal de televisión local, que su organización había establecido que los cultivos de coca en Bolivia se estimaban en 54 mil hectáreas. Dijo algo más: para el consumo tradicional, y entrecomilló esta palabra, se requería 7 mil hectáreas de cultivo. Ni el nombre y cargo que ocupa esta persona ni el nombre de la institución que representa, aparecieron en ningún momento en la entrevista televisada.
Pero el tema es la certificación o el retiro de ésta. El más grande consumidor de drogas (cocaína, opio, morfina, ‘crack’, anfetaminas y un largo etcétera) se da el rango de fiscal y envía agentes de la DEA a otros países, mientras las mafias que operan en Estados Unidos hacen negocios multimillonarios con las drogas. Es más: ese organismo, hace más de 20 años y en un escándalo que se ventiló en tribunales norteamericanos, fue acusado de controlar la elaboración de cocaína en la más grande fábrica que había entonces en Bolivia, venderla en Estados Unidos y entregar las ganancias al Cnel. Oliver North, jefe de seguridad de la Casa Blanca para la compra de armas que la CIA entregaba a la llamada ‘contra’ de Nicaragua y los grupos subversivos iraníes. El caso «Irán-contras» fue absolutamente documentado, pero los acusados quedaron en libertad y North aclamado como héroe por haber hecho ese trabajo sucio. Claro que igual reacción motivó la oficial del ejército norteamericano que administró la prisión Abu Ghraib, en Irak, donde se cometieron abusos humillantes y torturas impactantes contra los presos iraquíes.
Ese es el gobierno que da o quita certificados. Por supuesto, «certificó» al gobierno de Colombia, primer productor de coca destinada al narcotráfico, el cual recibe la mayor ayuda de Washington para éste y otros rubros, pues permite que se rocíe desfoliadores en amplias regiones con efectos nocivos que rebasan sus fronteras y firma acuerdos secretos para la instalación de bases militares estadounidenses en su territorio, amenazando a la democracia en la región.
La presencia de la DEA en Bolivia, a partir de la ley 1008 aprobada en mayo de 1988, de control del cultivo de coca, permitió la presencia en nuestro país de un número indeterminado de agentes de ese organismo que gozaban de privilegios diplomáticos y actuaban directamente en la erradicación de los cultivos. Su base en Chimoré, al centro del Chapare, no podía ser fiscalizada por ninguna autoridad boliviana y, al revés, mantenía un control directo sobre la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), que actuaba según sus instrucciones. Esta fuerza estaba entrenada para erradicar los cultivos y sólo de modo secundario en la detección del narcotráfico. La prueba de la distorsión de la labor de la DEA en Bolivia es su actividad en la fábrica de drogas en Huanchaca, donde los narcotraficantes asesinaron al científico Noel Kempff Mercado y sus acompañantes; de allí la droga para la operación «Irán-contras». Pero es también el hecho de que, desde la expulsión de ese organismo, se ha descubierto una cantidad mayor de fábricas de droga y se ha confiscado cantidades muy superiores a las que registraba la DEA.
Decir que, el gobierno de Washington está interesado en restablecer relaciones plenas con Bolivia, es contradictorio con las restricciones que se trata de imponer a nuestro país. El tema de las drogas no puede determinar el carácter de esa relación. Pero, aun suponiendo que así fuese, se hace necesaria una revisión de los términos en que está planteada. Habrá que revisar y modificar la Ley 1008, debe estudiarse un acuerdo distinto al que se firmó en Bogotá durante el gobierno de Jaime Paz y, sobre todo, establecer programas de lucha contra el narcotráfico en condiciones de respeto mutuo. Esto comienza por reconocer que las relaciones deben ser respetuosas de las políticas que se desarrollen en ambos países, de coordinación en los temas sociales y de equilibrio en la cuestión económica. De otra manera, las relaciones diplomáticas seguirán complicándose.
– Antonio Peredo Leigue es periodista, senador del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia.
Fuente: http://alainet.org/active/33116