«La riqueza sólo se genera a través del trabajo humano»
(Karl Marx)
De México para el mundo:
GRUPO MÉXICO, El Azote.- Así llamaban los mineros mexicanos a Jorge Larrea, uno de los socios de Miguel Alemán Valdés, presidente de México (1946-1952) y que, ligado a los favores presidenciales, fue consolidando y acrecentando riqueza a partir de la mexicanización de la minería en tiempos de Adolfo López Mateos (1958-1964) y profundizándose aún más en tiempos de Salinas de Gortari (1988 – 1994) cuando de forma políticamente tenebrosa, se agandalló la Compañía Minera de Cananea, que era Compañía estatal y se privatizó con el nombre actual de Buenavista del Cobre. En la actualidad el dueño es su hijo Germán Larrea quien acumula un historial de infamias y entuertos con la impunidad como denominador común de tan aristocrático cual repugnante sendero recorrido.
En octubre de 2023 el gobierno federal denunció penalmente a GRUPO MÉXICO por «incumplimiento en la remediación ambiental» por el derrame el 6 de agosto de 2014 de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, que contaminó 270 kilómetros de territorio, afectando 8 municipios con alrededor de 25 mil pobladores, en lo que fue calificado como el peor desastre ambiental de la historia de la minería en México por pura negligencia de la empresa. Actualmente se desconoce el curso de la citada demanda federal, la «remediación» se mantiene «pendiente» y el barón Larrea sigue tan campante con la clase política haciéndole reverencias y ensayando diferentes ángulos en posición genupectoral.
Desde 2007 y a la fecha, se mantienen tres huelgas mineras, en Taxco, Guerrero; Sombrerete, Zacatecas y Cananea en el estado de Sonora. Todas son propiedad de Germán Larrea.
PASTA DE CONCHOS, cronología de una infamia.
19 de febrero de 2006. 65 mineros ingresan a la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila. Alrededor de las 2 de la mañana de produce una explosión por una supuesta acumulación de gas metano. Grupo México se encargó del rescate aunque el yacimiento siguió operando.
24 de febrero: Grupo México y el entonces Secretario del Trabajo, declaran muertos a los trabajadores e inician las operaciones para rescatar los cuerpos.
24 de junio: se recupera el cuerpo de Felipe de Jesús Torres Reyna.
31 de diciembre: se recuperan los restos de José Manuel Peña Saucedo.
5 de abril 2007: Grupo México suspende las maniobras de rescate por supuesta contaminación del agua con VIH, hepatitis y tuberculosis.
1 de agosto 2010: las familias son desalojadas en forma violenta de Pasta de Conchos, donde permanecían en plantón a la espera de que los cuerpos fueran rescatados.
2013: La Procuraduría General de la República, PGR, abre una investigación que fue cerrada en 2015 con el argumento de «no tener facultades para investigar».
Noviembre de 2018: Grupo México sella la mina con cemento armado y tepetate (material volcánico similar a la roca) con el argumento de que no se convirtiera en una «cámara explosiva» por la acumulación de gases.
Año 2020: El gobierno del presidente López Obrador comenzó a realizar los trabajos de rescate de los cuerpos de los 63 mineros a través de la Comisión Federal de Electricidad, CFE.
28 de junio 2024: A las 4:40 horas, envuelto en sábana blanca, un cuerpo, aparentemente completo, fue trasladado por personal militar, desde el socavón, hasta una camioneta de la Fiscalía General del Estado, frente a viudas y familiares que observaban en las cercanías. La identificación genética de los restos tardará unas tres semanas.
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia, (senador por MORENA), calificó el caso Pasta de Conchos como «homicidio industrial, producto de la negligencia, la irresponsabilidad y corrupción de la empresa y de las autoridades de la Secretaría del Trabajo».
En la época hubo denuncias de parte del comité mixto de seguridad e higiene sobre las fallas y la inseguridad. La empresa no hizo caso. Gómez Urrutia señaló también que 40 de los 65 trabajadores que perdieron la vida, eran contratistas y que la industria minera suele tratar a los «tercerizados» como trabajadores de segunda categoría.
Respaldan mineros de 5 países la huelga en ArcelorMittal
El Frente Internacional Minero, integrado por organizaciones de Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina y Perú, expresó su respaldo y solidaridad con los trabajadores mexicanos del consorcio acerero ArcelorMittal ubicado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y exigieron a las autoridades laborales mexicanas respetar el contrato colectivo de los trabajadores sindicalizados.
Los trabajadores afiliados a la sección 271 del Sindicato Nacional Minero que preside Napoleón Gómez Urrutia, estallaron la huelga el pasado día 13 de junio en demanda de un reparto justo de utilidades y un bono especial, ya que aunque esa siderúrgica mantuvo sus niveles de producción y precios de 2021 al 2023, reportó al fisco ganancias cada vez más bajas. Esto con el fin de que el porcentaje de utilidades que deben entregar a los mineros fuera menor.
Pensiones y casta dorada
María Amparo Casar ejerció como alta funcionaria en el gobierno de Vicente Fox. Su esposo trabajó 4 meses en PEMEX antes de suicidarse por lo que exigía al gobierno de López Obrador se le restituyera la pensión vitalicia millonaria que la empresa petrolera le paga de forma irregular desde 2004. María Amparo aseguró ante un juez que no tenía manera de subsistir sin ese recurso público. Posteriormente se confirmó que María Amparo había recibido en 2023 $ 5 millones 714 mil 360 pesos (476 mil pesos mensuales) de parte de la organización empresarial Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad por sus servicios de presidenta de esa Asociación Civil. Un escupitajo en la cara para las viudas y trabajadoras pensionadas mexicanas que reciben entre $ 1,100 pesos al mes por algún programa de bienestar social, a los $ 3,927 al mes para los cotizantes al Instituto Mexicano del Seguro Social. El caso trató de presentarse en algunos medios como de intolerancia y abuso de autoridad por parte de la presidencia de la República.
Tras conocerse –perfectamente documentado– el caso del fraude a la nación cometido por María Amparo Casar, con la ayuda de sus asociados, urge que las dependencias del Ejecutivo federal investiguen a fondo cómo están las pensiones doradas que generosamente se autorizaban –y de las que actualmente gozan– quienes ocuparon uno u otro puesto jerárquico. Desde luego, esto debe ser extensivo a otros poderes del Estado, como el Judicial, en el que donde se aprieta sale pus. Luego de revelarse el citado fraude (que hasta ahora suma 48 millones de pesos), los amigos y cómplices de la señora creyeron que con un desplegado pedorro taparían la cloaca (lo titularon Ya basta), sobre todo cuando intentan manipular y desviar la atención al enfocarse en una supuesta violación de la libertad de expresión, venganza personal contra una ciudadana que ha analizado con seriedad y ánimo crítico numerosos abusos del gobierno y un rosario de sandeces como las citadas. Y entre los abajo firmantes aparece un rosario de impresentables.
El delito cometido por María Amparo Casar, y el tráfico de influencias utilizado para tal fin, tiene sustento legal –incluso la divulgación de información personal, por tratarse de un acto de corrupción– y ella deberá, por lo menos, reintegrar la cantidad recibida tanto por el seguro de vida (alrededor de 17 millones de pesos) como por la pensión que por 125 mil pesos mensuales recibió durante casi 20 años (cerca de 31 millones) y que fue suspendida a partir de febrero pasado. El de Casar sólo es un caso, porque a lo largo de los años quienes ocuparon cargos jerárquicos se autorizaron pensiones y liquidaciones de cuento de hadas, entre ellos varios de los abajo firmantes. Pero al revisar cómo se las gastaron y se las gastan en otras dependencias del gobierno federal, del Poder Judicial y de los órganos autónomos, queda claro que hay mucho más.
Por ejemplo, un informe relativamente reciente (2013) de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) elaborado en tiempos neoliberales, documenta que en instituciones del Estado como la extinta Luz y Fuerza del Centro, Comisión Federal de Electricidad, Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera, Petróleos Mexicanos, Banco de México, Bansefi (hoy Banco del Bienestar) y algunos más, las pensiones doradas para el personal jerárquico fluctuaban entre 170 mil y 285 mil pesos, montos que, actualizados, rebasan esas cantidades (sólo por inflación, ahora serían de 284 mil y 476 mil pesos, respectivamente), sin olvidar las que recibían los ex inquilinos de Los Pinos.
En no pocas ocasiones, esos beneficiarios ocuparon esos puestos jerárquicos apenas por unos cuantos meses, o en el mejor de los casos no más de seis años, y obtuvieron voluminosas pensiones (más fondos de retiro, seguros, ahorros y conexos), mientras el personal de a pie obtenía migajas, si bien le iba, como en el caso del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (mil 800 pesos mensuales).
En el caso de las universidades públicas de los estados, las pensiones máximas (para jerárquicos) fluctuaban entre 130 mil pesos mensuales (la de Guanajuato) y 209 mil (la de Nuevo León), mientras en otras, como la de Sonora, no pasaban de 14 mil.
La ASF dedica un capítulo al Poder Judicial: El Consejo de la Judicatura Federal otorgó todas sus pensiones superiores a las garantizadas en las leyes del Seguro Social y del ISSSTE, puesto que la mínima fue de 40 mil 800 pesos y la máxima de 109 mil. En su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la pensión máxima fue de 111 mil 800 pesos (ahora rondaría los 200 mil, sin considerar otros estímulos).
En el Banco de México la pensión máxima que por esos años otorgó fue de 232 mil pesos (ahora sobrepasan 380 mil), y entre los beneficiarios aparecen Miguel Mancera Aguayo (último director), Guillermo Ortiz Martínez (11 años de gobernador), Francisco Gil Díaz (tres años como subdirector en tiempos de Zedillo), Agustín Carstens (10 años en los de Calderón) y muchos más, como el propio ex presidente Ernesto Zedillo.
Dos millones de niños
En el contexto de la aplastante victoria electoral que consiguió Claudia Sheinbaum el pasado 2 de junio, la presidenta electa de México declara que se dará paso a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación que iniciara Andrés Manuel López Obrador. Puede que avance durante su gobierno en la famosa agenda verde, en el mantenimiento de los programas sociales en la implementación de políticas de identidad y, sobre todo, deseamos que haya avances en el tema de la violencia políticamente organizada, pero ningún segundo piso lucirá en el país con varios sótanos en la base que se mantienen en obra negra y que tienen que ver con los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores mexicanos, que tiene que ver con una política decidida y hoy posible para que dos millones de niños, un 7 % de la población infantil, según cifras oficiales provenientes de organismos internacionales, dejen de ejercer jornadas laborales extenuantes o ser bases para la delincuencia.
Claudia Sheinbaum y su círculo cercano hablan de «prosperidad compartida», un eufemismo neoliberal para no enfrentar objetivos de justicia social, el siempre quebradizo territorio de la lucha de clases.
De España para el mundo:
Los 6 de «La Suiza».- Inicia en mayo 2017. El caso de la denuncia ante un sindicato, de una trabajadora en estado de gestación, obligada a levantar costales de 25 kgs. en la pastelería «La Suiza», que le provocaron amenaza de aborto y forzada a realizar hasta 80 horas extras sin remuneración, así como adeudo de vacaciones, víctima de un delito de acoso sexual que fue archivado, dizque por falta de pruebas, había llegado en septiembre del 2023 hasta el Parlamento Europeo, donde varios eurodiputados y sindicatos mostraron su apoyo en defensa de la trabajadora española agraviada.
El sindicato que atendió la denuncia y trató en un principio de llegar a un acuerdo de despido para que a la trabajadora se le abonen las cantidades adeudadas es la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, que en 2017 había ganado varios conflictos laborales en el comercio y la hostelería de Gijón, ciudad asturiana en el norte de España, de unos 270 mil habitantes, algunos con vocación explotadora-empresarial muy molestos por la actividad sindical de la CNT.
El juez Lino Rubio, famoso por sus duras sentencias contra sindicalistas, considera que la actividad sindical (movilizaciones solidarias frente al negocio, que comenzaron con 30 personas y aumentaron posteriormente a más de 100) abocó al cierre de la pastelería, pero el negocio ya estaba a la venta desde un año antes, pues Gijón es pueblo costero de pescadores y los dulces pasteleros como que no. O pudiera ser que se corrió la voz de que el hijo de los dueños del negocio, Pablo Álvarez Meana, vive entre Marbella (costa mediterránea española, refugio de delincuentes de alto nivel) y Buenos Aires, donde se la pasa asesorando a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, del ultraderechista gobierno que preside Javier Milei. En cualquier caso el asunto es que el juez Lino lanzó un golpe seco y duro contra el sindicalismo combativo y logró la ratificación por el Tribunal Supremo, de la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, por la que se condena a 6 sindicalistas a la pena de tres años y medio de cárcel y multa de 125 mil euros.
Para solidarizarse y apoyos para el caso: https://6delasuiza.info/es/presentacion-castellano/
Fuentes:
De México para el mundo: México SA Carlos Fdez. Vega (La Jornada).
Para Pensiones y casta dorada: Nancy Flores (Revista Contralínea) y
Carlos Fdez. Vega, Pensiones y casta dorada. La Jornada 9 de mayo 2024.
De España para el mundo: Hojas de DEBATE; lamarea.com; Revista Rebelión
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.