Traducido para Rebelión por Susana Merino
Dan Jeremeel Fernández era un contador de 35 años, sin antecedentes penales ni ningún otro problema en particular. El 19 de diciembre de 2008 salió en su automóvil para ir a reunirse con su madre para las fiestas de Navidad en Torreón, estado de Coahuila, en el norte del país. Nunca llegó. Desde entonces lo está buscando su madre Yolanda Morán. Durante su búsqueda ha debido pasar por múltiples vicisitudes comunes a todas las madres de desaparecidos del continente: alzamientos de hombros, explicaciones insultantes, extorsiones.
Miles de madres de México que no interesan a los medios internacionales se encuentran como Yolanda. Según la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos), el organismo público financiado por el Estado que se ocupa de la violación de los derechos humanos, a menudo criticada por su colusión con la política pero de todas maneras un paso adelante. Desde el 2006 hasta hoy, es decir desde que la presidencia de Felipe Calderón ha considerado la lucha contra el narcotráfico como una verdadera guerra en la cual, según la mayor parte de los observadores, el ejército actúa como una de las dos partes en conflicto, serían 5.397 las personas desaparecidas en la nada en México. Deben agregarse 25.000 asesinados a partir de que el gobierno decidió la intervención del ejército. Cuarenta mil víctimas de una guerra negada en nuestro tiempo.
Por los desaparecidos mexicanos, dos tercios hombres, casi siempre jóvenes y un tercio mujeres, nadie pidió nunca rescate. Son personas desaparecidas en la nada en una serie de circunstancias diferentes pero que pueden reducirse a unas pocas categorías típicas. Parte de ellos fueron secuestrados en la calle. Algunos, pero ciertamente no todos, tenían probablemente un papel menor en un cártel. Otros desaparecieron simplemente y la cantidad de jóvenes trabajadores sin ningún vínculo conocido con organizaciones criminales de los que no se vuelve a saber nada va en fuerte aumento.
La suerte de casi todos ellos ha sido sin embargo la muerte pero a sus familiares se les niega el duelo: Yolanda, y como ella quién sabe cuantas otras madres, imagina tal vez que su hijo esté trabajando tal vez para los cárteles, más que creer que su hijo ha desaparecido simplemente en la nada. En 2009 un miembro del cártel de los hermanos Arellano Felix confesó que había disuelto en ácido por lo menos a 300 personas. En otros casos se han encontrado fosas comunes, como la descubierta en Taxco, estado de Guerrero, con 55 cuerpos de asesinados por los cárteles. En un país en donde procurar que se encuentre el cadáver del enemigo asesinado, a menudo horriblemente torturado, es parte de la política de potenciación de los cárteles, la desaparición de personas es una variante sobre el mismo tema.
Sus desapariciones tienen la misma función codificada que el Plan Cóndor: tortura permanente a los familiares, advertencia, terror. Es una advertencia que se extiende sin embargo a toda la sociedad civil: un terrorismo en el cual no es fácil identificar la línea divisoria aunque sin embargo existe, entre las organizaciones criminales y el terrorismo de Estado propiamente dicho. Las Naciones Unidas apoyan las estimaciones de varias ONG, que consideran que un número creciente de desparecidos se debe al ejército federal. Con 50.000 hombres ocupando militarmente muchos estados del país, que casi siempre participan activamente en el tráfico de estupefacientes pero además extorsionan, estupran, delinquen es fácil pagar con la vida una palabra equivocada en un retén, una coima no pagada, haber visto algo equívoco. La CNDH tendría poder de investigar todos aquellos casos en los que se sospecha que los cuerpos del Estado, incluidos la policía y el ejército, estén involucrados en la violación de los derechos humanos. La falta de fondos, el miedo y la falta o desaparición de pruebas, hacen que dicho poder sea solo virtual
rCR