Muchos analistas se han pronunciado, asumiendo que en Bolivia existe una nueva democracia, que es un Estado plurinacional y revolucionario. Premisa falsa, la realidad nos dice que en estos 20 años se mantuvo el viejo Estado con una nueva elite de caudillos, que no superó el esquema neoliberal y continuó en un régimen semejante a las panacas (linaje de familias nobles que administraban territorios de los Incas) que arrebataba la soberanía popular, un organismo recompuesto por mestizos inmersos en una política clientelar de privilegios grupales, donde los pilares del orden político moderno: la democracia, el Estado, la nación y la ciudadanía, continuaron siendo en lo fundamental las mismas instituciones históricamente diseñadas y manipuladas por las élites oligárquicas, para despojar al pueblo de su soberanía fundamental, modificada solo superficialmente. El Estado se mantuvo como una estructura centralista y excluyente, continuista en el extractivismo, destructor de la naturaleza, que sistemáticamente eliminó las instancias del mandato de los pueblos, la participación popular y la ciudadana local, como los cabildos abiertos y las asambleas provinciales, para privilegiar a las cúpulas dirigenciales de las organizaciones de base. Un diseño estatal que no buscó representar a las nacionalidades, ni a la ciudadanía, sino controlar a ambas. Hemos vivido desde 1997 el proceso y desde el 2005, los cambios fueron mínimos.
Se paso de una dictadura de la clase política hispanista, de una estructura oligárquica que se estaba perpetuando en el tiempo, a un régimen clientelar y patrimonialista, distanciado y a menudo en contraposición a las necesidades y aspiraciones de la nacionalidades y otros grandes grupos de la sociedad civil. El resultado es un Estado que emanó del poder soberano del pueblo, pero que muy pronto se impuso sobre él. La adopción del Estado Plurinacional en Bolivia fue solo formal, traicionando un largo proceso de luchas y reivindicaciones de los pueblos indígenas y movimientos sociales que históricamente habían sido excluidos de la vida política y social del país. La crisis del modelo neoliberal a principios del siglo XXI y la emergencia de un fuerte liderazgo indígena catalizaron la demanda de una refundación del Estado. La Constitución Política del Estado, aprobada mediante referéndum en 2009, formalizó la transición de la «República de Bolivia» al llamado «Estado Plurinacional de Bolivia» que quedó en el papel. Este cambio constitucional fue meramente simbólico; ni siquiera implicó una reestructuración institucional para garantizar la inclusión y la participación de las 36 naciones y pueblos indígenas originario campesinos reconocidos en el país. Bolivia reconoció formalmente a estas naciones indígenas y consagró discursivamente en medio de incendios forestales permitidos contra los derechos de la Madre Tierra. La justicia plural fue otra farsa mas pues esta empeoró en dos decadas.1
Las agrupaciones rebeldes mas orgánicas, entre ellas los sindicatos agrupados en la COB, los militantes campesinos y de pueblos originarios agrupados en el llamado pacto de unidad conformado por la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa» (CNMCIOB-BS), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), además de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) no crearon nuevas economías, una nueva política, no democratizaron la sociedad desde abajo, no se expandieron ni gestionaron autonomías ni fueron organismos autodeterminados de abajo hacia arriba. Sus dirigentes junto a muchos otros representantes al hacer su ley pudieron también establecer la reelección indefinida, no se aprobó e impidió la segunda reelección de Evo, lo que lo llevó a desatar conflictos durante toda una década 2016-2025. En lo social estas direcciones populares y originarias no impulsaron la revolución agraria y solo permitieron cambios conciliadores con el poder oligárquico oriental sobre territorios orientales en el texto constitucional. No se tocaron los enormes latifundios, su promotor el Vicepresidente García Linera dejo el gobierno sin replantear autocríticamente su ambiguo accionar. Garcia Linera no abandonó el neoliberalismo como proyecto.
Las elecciones no surgieron de los pueblos originarios y comunidades de las ciudades o del campo, sino del ciudadano individual con su voto secreto. Las organizaciones territoriales fueron de caudillos y multitudes, no hubo mandatos y controles, las directivas bajaban desde arriba, no a la inversa. Los pueblos en colectivos y organizaciones decidieron un programa, resumido en un proyecto de Constitución, un mandato que fue manipulado y concertado por el Vicepresidente con la oligarquía cruceña. El estado “plurinaciional” se redujo a lo nominal y a colocar en el congreso los nombres de los baños en Quechua y aymara. Todo siguió igual excepto la renegociación de contratos hidrocarburiferos que salvaron la existencia de Bolivia como país, y postergaron, por dos décadas, al país de una crisis inminente. Hubieron mayores gastos en educación y salud, en gas domiciliario, apoyos sociales etc. que redujeron la pobreza dentro de las pautas neoliberales, lo demás quedo igual. Las empresas privadas se apoderaron de la educación, la salud, la vivienda; la industria, la agricultura, el comercio, la banca, los soyeros, comerciantes ganaron mas que nunca. Los sectores medios mandaban en el MAS y las organizaciones de base solo eran grupos movilizables. Nunca se institucionalizo el poder soberano de los pueblos.
Respecto a la nueva democracia: Los primeros años fueron del voto por consigna, sin deliberación, los pueblos no ejercieron su poder potencial. Conscientes de que la democracia liberal representativa es una farsa, continuaron en ello. En un mero ritual y «marketing» político donde el acto de votar —individual, secreto y sin deliberación previa— no constituyo un ejercicio real de poder soberano. Fue una transacción que no implicó un mandato vinculante para los elegidos. La verdadera democracia no se dio, no obstante la tradición asamblearia que reside en la deliberación colectiva y consciente del pueblo, se fue abandonando en favor de la deliberación entre caudillos. Al inicio del proceso, las asambleas debían culminar en acuerdos que se transformaban en mandatos claros para sus representantes, en el sistema plurinacional actual, la ausencia de este proceso deliberativo generó una crisis de representatividad crónica, donde la clase política actúa con total autonomía, traicionando la voluntad popular. No pudo encaminarse a reforzar su unidad y capacidad de movilización como única forma de resistir y luchar por preservar los logros sociales alcanzados en dos décadas de proceso de cambios.
Olvidaron muy rápido que desde una perspectiva critica de la «historia desde abajo» la nación no es más que una abstracción para expropiar la soberanía (su supuesta concreción esta en los poderosos que mandan a gobernantes) , pues la verdadera identidad nacional y la capacidad creadora residen en los pueblos, en la cultura popular, en constante oposición a la cultura de la élite. Desde un punto de vista constitucional, la soberanía no radica en «la Nación», un concepto abstracto y metafísico; y en su formulación plurinacional solo fue una maniobra para arrebatar la soberanía a los pueblos y a los ciudadanos concretos. Al declarar que esta «plurinación» abstracta delega el poder en las autoridades constituidas, se legitimaba la expropiación de la soberanía popular por parte de la clase política. La soberanía popular no se llevó a los territorios y a las practicas de gobierno, el pueblo no ejerció una voluntad de poder no generó mandatos desde los municipios, los pueblos, las nacionalidades y menos de la unidad de todos los de abajo en todo Bolivia. Consecuencia de lo anterior, la ciudadanía es, históricamente, una ciudadanía «restringida» y «expropiada», clientelar y patriarcal. Durante más de dos siglos, los bolivianos han sido relegados a un rol de meros «peticionistas» frente al poder, marchando y solicitando cambios, en lugar de ejercer su poder constituyente para definirlos.
Mientras la derecha infructuosamente buscaba una coyuntura para volver a la política “nacional”, Evo Morales en oposición pugnaba por la reelección contra la ley y el referéndum del 2016, perdiendo muchas bases del Mas que buscaban la renovación. Logró ser candidato y en el 2019, el día de las elecciones, se cayo el sistema cuando todo indicaba una segunda vuelta, al reanudarse el conteo Evo ganaba en primera vuelta. Esto provocó desde protestas callejeras hasta rebeliones. Fraguó un falso golpe de Estado, pues renunció y ordenó que ningún masista en la jerarquía gubernamental accediera a reemplazarlo, intervino el ejercito y ante la violencia y muertes paradójicamente termino en “golpe” de militares que nunca pretendieron quedarse con el gobierno. De este modo Añez llegó así a la presidencia. Mas tarde, en un nuevo sufragio ganó Luis Arce entrando en conflicto con Evo que después se fue contra su propio supuesto heredero: Andrónico, En estas luchas dividieron las bases del “pacto de unidad”, involucrando a las instituciones. Los restos de soberanía desaparecieron, las regiones se multiplicaron y los pueblos se fragmentaron: Cochabamba y el Chapare, Santa Cruz centro y su periferia, Tarija-Oruro-Potosí y Chuquisaca, La Paz y El Alto, Pando y Beni. El pueblo y sus organizaciones se diluyeron como una unidad, bastó que una organización recorriese los pueblos buscando votos para lograr sorpresas.
A este país, mas fracturado que nunca, con pueblos y organizaciones violentamente enfrentadas y con la soberanía expropiada por el gobierno y el congreso, hay que agregar un factor importante y es la crisis en una sociedad de crecientes sectores medios, comerciantes, contrabandistas afectados por la devaluación de hasta 200% y una elevada inflación que golpeo fuertemente a toda la sociedad. Pero ademas esta la perdida de expectativas, pues nadie ofrecía una salida a la incertidumbre ante la falta de hidrocarburos que son los que dieron estabilidad a Evo e implosionó con Arce cuando se fueron acabando los dólares. En las ultimas elecciones contendió un pueblo politizado y fragmentado que rechaza a la oligarquia, una parte (10%?) dió el voto nulo a Evo al que otra vez no le importó intentar desatar el caos por un interés personal. Un gran sector que vive la inestabilidad cotidiana opta por un supuesto centro como mal menor que de ganar la segunda vuelta es imprevisible. Lo mas probable es que instaure un régimen neoliberal solapado al inicio -como su padre Jaime Paz- y que sacaría las garras expoliadoras en el momento oportuno: recorte gasto público, despidos masivos y endeudamiento. Ya lo veremos. Mientras Evo ofrece resistir y permanecer en Bolivia para «derrotar a los neoliberales y corruptos», en clara alusión a la nueva ola de políticos que, como Paz, se alejan del espectro de la izquierda que Morales representó durante casi dos décadas,
Álvaro García Linera, ex-vicepresidente y uno de los más cercanos colaboradores de Morales, sin ninguna autocritica considera que la causa de la derrota fue la no radicalización del programa y de las luchas -cuando el fue el que protagonizo la conciliación, la ambigüedad y negociación- ha calificado el voto a favor de Paz como un «voto de despecho» contra el Movimiento al Socialismo (MAS) para restarle legitimidad. Por su lado, un sector de la izquierda marxista en Bolivia ve el programa de Rodrigo Paz no como una alternativa de «renovación» o «centro», sino como la cara más moderna y pragmática de la derecha boliviana. Se le critica por presentar un proyecto que, bajo un discurso de inclusión y modernización, busca en última instancia fortalecer a la burguesía “nacional” y regional, profundizar la explotación de la clase trabajadora y reafirmar la dependencia del país respecto al sistema capitalista global.
El llamado desde abajo es a la reconstrucción de una ciudadanía colectiva soberana (que fue una demanda inicial), que implica un proceso de autoeducación cívica, de recuperación de la deliberación colectiva y mandatos programáticos desde los espacios locales y regionales de las necesidades colectivas y del país y de toma de conciencia de su poder para construir y reconstruir el orden político. La historia está marcada por la lucha constante de esta soberanía popular por emerger frente a las estructuras que la oprimen. Los pueblos van por el reconocimiento de la pluralidad jurídica en la que las leyes surgen de lo colectivo, coexisten y se reconocen con los sistemas de justicia indígena originario campesinos junto con la justicia ordinaria. Reclaman una democracia política diseñada por ellos y una intercultural, que promueva la participación política de todas las naciones y pueblos, reconociendo sus formas propias de elección de autoridades y autonomías indígenas y se establecen territorios con grados de autogobierno para los pueblos indígenas y todos los otros oprimidos y expoliados, permitiéndoles gestionar sus propios asuntos de acuerdo a sus normas y procedimientos. Existen bases para hacerlo pero para ello deben alejar a los caudillos y otros mediadores que circunstancialmente se inscriben en la cúspide de las organizaciones.
Nota:
1 El 2013 publicamos con James Petras una crítica al progresismo neoliberal en Bolivia bajo el titulo: “Extractivismo y simulacro progresista en Bolivia y América Latina”, ICSH-BUAP, 2013.
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