El Estado Plurinacional, la economía comunitaria, el buen vivir, la soberanía, los derechos de la naturaleza, entre otros prometedores conceptos, han quedado en calidad de retórica, de señuelos, de cebos para el marketing político. Cosmovisiones y pensamiento alternativo están en el tacho de la basura. Y como dice el ex presidente Meza los indígenas aun […]
El Estado Plurinacional, la economía comunitaria, el buen vivir, la soberanía, los derechos de la naturaleza, entre otros prometedores conceptos, han quedado en calidad de retórica, de señuelos, de cebos para el marketing político. Cosmovisiones y pensamiento alternativo están en el tacho de la basura. Y como dice el ex presidente Meza los indígenas aun son los verdaderos parias del sistema. Los gobiernos andinos optan por un pragmatismo centrado en mantener el crecimiento y asegurar la reelección. Y eso significa consolidar el neoliberalismo y la política imperial de saqueo. La construcción de los supuestos objetivos estratégicos de los procesos boliviano y ecuatoriano han sido envilecidos, tal como los liberales hicieron con la democracia y la república.
Tratándose de gobiernos «democráticamente electos», la explicación de los proyectos o de las transformaciones van mas allá de la simple critica de la depredación de los recursos naturales y su explotación irracional o las políticas desarrollistas. Estos argumentos no sirvieron a la izquierda ecuatoriana para constituirse en alternativa. Y el Estado plurinacional, el indianismo, el anticolonialismo junto a los movimientos sociales quedaron otra vez como potencialidades políticamente marginales. Morales, Correa o Humala son el rostro de la nueva mayoría geopolítica. Mestizos y cholos ocultando su indianidad, ocupan nuevos espacios sin desplazar a la vieja o nueva oligarquía neolberal. Mientras que en México o Guatemala las cosas son mas difíciles de explicar. Hay cambios en la América mestizo indígena que requieren mayor análisis: la reelección de Correa en Ecuador y la vuelta del PRI en México, el fujimontesinismo militar de Humala y la vuelta democrática de los genocidas militares de Guatemala, la amenaza reelectoral en Bolivia.
Acaso ¿será que allí los ladinos o mestizos -virtual mayoría cultural- ya llegaron a ser parte del poder?, ¿o posiblemente la llegada al Gobierno de estos personajes no deba interpretarse como una aspiración socialista, sino como la momentánea respuesta indígena y de los movimientos sociales a las ortodoxas políticas de la derecha en esos países? O quizás debamos comprender mas las migraciones, las lógicas urbanas, las expectativas de las clases intermedias, las aspiraciones mestizas y cómo las estructuras y mentalidad coloniales afectaron irreversiblemente a los pueblos y los territorios indígenas para captar el proceso. En este articulo solamente analizaremos el caso boliviano.
Lo cierto es que las políticas conservadoras de estos gobiernos han asumido la función de consolidar parcialmente un Estado nacional y por lo demás se han convertido en mera gestión neoliberal, donde el Estado no es mas que el sostén del interés privado; demuestran además que no es difícil gobernar si continúan con las tradiciones de la cultura política criolla y utilizando las viejas y nuevas formas de explotación y dominación neoliberales, con sus argucias jurídicas y el indispensable control de los medios. Nos muestran que la mejor política estabilizadora es continuar con el extractivismo y construyendo un Estado punitivo en favor de los sujetos empresariales, destruyendo a la oposición mediante la abolición del Estado de su propio derecho, la judicialización de la política, la imposición jurídica, la criminalización de la protesta, el envilecimiento de las relaciones sociales, o las alianzas políticas que antes pudieron parecer antinatura. La gobernanza criolla se convierte en una teatralización mestiza aparentemente esquizoide que los obliga a buscar mascaras, disfraces, caretas, símbolos y discursos que ocultan lo que realmente hacen y los ancestrales resentimientos. Los conflictos sociales se traducen en grupos de comparsas que hasta ayer se peleaban entre si, para después hacer de ello una farsa. Es la carnavalización tenebrosa de la política. La tragedia de un día al otro se convierte en sainete. Esta es una esfera que no logra ver Armando Bartra. [1]
Pareciera que se vive un periodo de catarsis étnica en la que se invierten algunas costumbres, se parodian valores y políticas desde una nueva burocracia en el poder que juega en favor de recomponer las cohortes burguesas en una nueva comparsa lumpenburguesa que acompañará a la vieja en los próximos años. Esta situación es presentada como el gran cambio, la llegada de los indígenas al poder. Lo que no significa que todos sean iguales, hay luchadores que han sido burocratizados pero mantienen dignidad y conciencia. Y muchos otros que continuarán la lucha descolonizadora.
Después de 7 años, llegamos a pensar que los slogans socializantes que antes mencionábamos son mas obra de algunos intelectuales orgánicos y las Constituciones fruto de la correlación de fuerzas entre proyectos y los sujetos confrontados, que el fácil argumento de que son mero resultado de las luchas y movimientos socalizantes. Ocurre que la política -como la sociedad toda- también se carnavaliza y las máscaras perpetúan los rostros de los muertos (Paz Estensoro, Patiño, UDP, UCS, CONDEPA y ante las crisis de legitimidad resucitan a Mesa o Paz Zamora). Lugares de neoliberales oligárquicos ahora también están ocupados por la burguesía plebeya, los programas de aquellos ahora son de la burguesía mestiza y su gobierno. Se vienen configurando estados tan punitivos, centralistas y autoritarios, como ocurrió con los regímenes abiertamente oligárquicos. Son los Estados ladinos, mestizos, acriollados, cholos cuyo programa oculto es el enriquecimientos individual y grupal. Los otros proyectos, aunque reducen la pobreza, son básicamente electoralistas. En Bolivia las nuevas expectativas se corporizan en las pegas, las bandas estatales de extorsionadores, en las burocracias y policías coimeadoras, los cocaleros y narcotraficantes, los comerciantes y contrabandistas, los transportistas y concesionarios de trasnacionales, las cooperativas de ahorro que se quedan con los depósitos, las grandes cooperativas de servicios donde las decenas de altos funcionarios ganan 10 mil dólares, líneas aéreas que cierran sin devolver los boletos comprados, etc. Que se suman a las oligarquías y lumpenburguesías acostumbradas al subsidio estatal. [2] Cuando se naturaliza la muerte y los crímenes políticos se hacen reiterativos, cuando la corrupción anda suelta en todos los ámbitos sociales, cuando los indígenas viven amenazados y coartados en sus libertades, cuando se dividen las organizaciones populares, cuando los funcionarios honestos son separados y los corruptos defendidos, cuando el abuso de las instituciones judiciales son parte de la cotidianidad, cuando solo se aprueban normas para beneficiar a algunos y perjudicar a enemigos políticos y la justicia se convierte en la principal fuente de corrupción, cuando el cinismo y falta de pudor de los altos funcionarios se naturaliza, cuando generales y tribunos judiciales se coluden para abusar de la sociedad, cuando mallqus son descubiertos como narcotraficantes, o cuando se detienen a congresistas violadores y principalmente cuando ya nos les interesa el programa de destruir las bases del capitalismo colonial, la vida social se convierte en una tramoya y las máscaras se hacen necesarias mientras la indignación y el desaliento crecen entre los socialistas.
En estos países, quizás en todos, la estabilidad económica y política es fundamental y deriva en una defensa de las bases que sustentan al Estado neoliberal. Estando claro que por ahora no es posible destruir al Estado, pudo construirse un Estado republicano y democrático, anticolonial, y y comunitarista, y eso no ha ocurrido. Las trasnacionales y los principales grupos de poder se benefician de esta necesidad de estabilizar al Estado. En Santa Cruz, los grupos de poder de los productores, industriales, comerciantes y terratenientes que sostenían la actividad política opositora, ahora son los principales aliados del Gobierno; han pactado, unos abandonando su proyecto y otros anteponiendo sus intereses corporativos y empresariales a la opción política. Se trata de una alianza pragmática, que ha optado por escenarios de negociación y acercamiento en cumbres, reuniones sectoriales, y los correspondientes decretos gubernamentales que les favorecen; una coexistencia pacífica. Aliados con la derecha política en las elecciones en el Beni y en otros lugares, ante la crisis de legitimidad creada por el escándalo de la extorsiones, que comprometen a la mas alta dirección política estatal, buscan apoyo en la derecha política.
La pretensión de salir de la dependencia colonial por medio de más extractivismo no tiene posibilidades de concretarse. Se genera una situación donde la transición prometida se vuelve imposible, por las consecuencias que traería el abandonar el extractivismo en varios planos, desde las económicas a las políticas. Aunque por otro lado, el uso de instrumentos de redistribución económica tiene alcances limitados, como demuestra la repetición de movilizaciones sociales. Pero además es costoso y por ello vuelve a los gobiernos todavía más necesitados de nuevos proyectos extractivistas. Además de que en lo inmediato la economía es afectada por la inflación, el desplazamiento de la industria local o la sobrevaloración de las monedas nacionales.
De lo que se trata es de simular la política en su sentido mas negativo. Así como el 2003-2005 el reto era sacar al carnaval del espectáculo, empleando su potencialidad para subvertir el orden opresivo, ahora es a la inversa, las máscaras y bailes son para ocultar las nuevas alianzas con los poderosos. Al inicio fueron momentos en los que los movimientos societales fueron tocados por la utopía viviente, los movimientos sociales dejaron de ser por un tiempo las insignificantes, opacas, y tediosas convergencias circunstanciales de movimientos, para convertirse en vanguardia del cambio.
Hoy, el fingimiento de un poder indígena esconde la sumisión de algunos movimientos, es el rasgo que acompaña al clientelismo y al corporativismo patriarcal. Renace el pongueaje de los sindicatos campesinos junto al clientelismo, la manipulación, la imposición y la corrupción. En este nuevo escenario, una parte de los movimientos y de los intelectuales críticos ha perdido su autonomía política e ideológica. Campesinos altoandinos se confrontan con los indígenas amazónicos, de los 5 grandes movimientos quedan 3 emparentados entre ellos, apoyando al Gobierno, la CSUTCB, Bartolina Sisa y los colonos cocaleros. Los indígenas de la CIDOB y de la CONAMAQ han roto con el nuevo poder mestizo quechuaymara. Al apostar por la reconducción como atajo ante el cúmulo de dificultades en territorios en disputa, los antiguos referentes se convirtieron en administradores estatales de la situación de los pobres. En el mejor de los casos, buscan amortiguar los efectos del modelo, pero en todos los casos lo hacen sin cuestionarlo, porque ya se integraron en el mismo.
De acuerdo con Prada Alcoreza, quien realistamente aspira a un cambio de rumbo del Gobierno progresista, no existe mas el Estado plurinacional, se impone el Estado-nación en todo el país, «que rechaza violentamente la libre determinación de los pueblos indígenas, subsume la consulta con consentimiento libre, previa e informada de los mismos a la consulta pública, subordina el cumplimiento del derecho a la consulta a la ley ordinaria, evapora los territorios indígenas estatalizándolos en el espacio homogéneo del Estado han desaparecido la libre determinación, la autonomía y el autogobierno de los pueblos indígenas, definidos en la Constitución», y así pretende hacer desaparecer a los pueblos indígenas. «El recurso político, económico, social y cultural que se activa es el nuevo etnocidio, con mascara indígena e impostura popular.» [3]
En una burla despiadada, el Gobierno garantiza la ejecución y continuidad de las actividades hidrocarburíferas y mineras por su carácter estratégico y de interés público para el desarrollo nacional. Postergando al ultimo rincón a los pueblos indígenas. Diseña instrumentos de defensa de los intereses de los explotadores, para legitimar estas formas de explotación, presentándola como si beneficiase a los pueblos.
En torno al Tipnis chocaron los argumentos de una supuesta geopolítica interna -expuestos por el vicepresidente Álvaro García Linera -con las visiones ecoindigenistas de quienes quieren evitar que una ruta parta en dos esa aislada región de Bolivia, declarada parque nacional en los años 60 y territorio indígena en los 90. La reciente consulta a los indígenas no resolvió el conflicto.
Las redes estatales de extorsión
En el carnaval se da una inversión de costumbres políticas y de valores, donde se perpetúan las ideas de las clases dominantes y reaparecen quienes parecían muertos económicos y políticos, se confunden identidades, se acepta la permisividad para que los funcionarios se pongan caretas y hagan lo que sus patrones no los dejan hacer en tiempos normales, gozando de impunidad a cambio de conspiraciones, donde se unen en comparsas los mestizos blanqueados con los blancos ennegrecidos contra los verdaderos indígenas, cuando los poderosos juegan con las apariencias, improvisan discursos y luego se desmienten. Ahora que en los últimos carnavales los viejos enemigos son amigos, ¿como seguir juzgándolos y apresándolos? Hay que aflojar y relajar el ambiente sin dejar del todo la amenaza con el riesgo de que todo el artilugio creado termine deslegitimando al régimen. Pues los amenazados y extorsionados ahora quieren venganza. Si no, veamos.
Un audio sumamente relevante es el que presentó la senadora opositora de Convergencia Nacional, Carmen Eva Gonzales, en el que el fiscal Marcelo Soza sostiene una conversación con un amigo y revela una serie de datos sobre una presunta implantación y desaparición de pruebas en el caso terrorismo I (por ejemplo, el Fiscal en el audio afirma que el revólver encontrado a uno de los supuestos terroristas abatidos en el operativo policial del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, fue colocado por uno de los que participó en el hecho represivo) demostrando la injerencia de algunas autoridades del gobierno en el tenebroso proceso, los compromisos del poder con la red de extorsión y otros involucrados; además, vincula al mismísimo Presidente y al vicepresidente Linera en el sórdido drama.
De acuerdo con el audio Soza entregaba a Clavijo (nombre que coincide con alguien que habría trabajado en el Ministerio de Gobierno cuando empezó el proceso del caso terrorismo I, cercano al Vicepresidente), los primeros mandamientos de aprehensión para ejecutarlos, pero en lugar de hacerlo, con Subirana, abogado de confianza del régimen, se dedicaron a extorsionar a los involucrados utilizando esa documentación. Por eso supone que Zvonco Matkovic era cliente de Subirana. En otro fragmento del audio acusa directamente al hoy Viceministro Pérez de la pérdida de pruebas en el aludido caso, hecho del que habría comunicado al presidente Morales, a Sacha Llorenti y a Juan Ramón Quintana. Según el material, en todo esto hay un conflicto de intereses, entre bandos o grupos al interior del gobierno. En sus palabras «Hay conflicto de intereses, del Boris, del Dennis, por eso en su declaración Wilfredo Chávez dice que quería despedir a Boris y que Nardi Suxo le dijo que no. Está en el mismo grupo, la Nardi Suxo, está el vicepresidente, por ende Raúl García Linera, quien está ligado con el Clavijo, con él operaban en varias cosas, por ende con Subirana que hacia sus negocios, y de allí le pasaban al Vicepresidente. Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, es de la misma línea del Vicepresidente, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, estaría más vinculado al grupo del presidente Morales». Soza estima que Raúl García Linera terminara involucrando mucho más a su hermano, el Vicepresidente, al estar vinculado a un hecho de narcotráfico descubierto por la embajada norteamericana. En un viaje al exterior lo habrían agarrado con droga y «por no hacer quilombo, los de la DEA y la embajada americana, los tiene del cuello. Por eso es que ha saltado el caso extorsión, entonces por el tema lo han presionado». [4]
Soza también se refiere a una mujer de nombre Ana Claudia Arruda, quien aparentemente es tía de Jessica Jordán, la derrotada excandidata del MAS para la gobernación del Beni y ex miss Bolivia. Esta fue otra de las personas que se aprovechó del caso terrorismo para extorsionar a mucha gente en Beni y Santa Cruz, «después de que invitó al equipo de investigadores a su casa de Jordán -dice Soza en el audio- para una cena – muy enojado refiere- «luego me entero que esta hija de puta nos había llevado al Beni para amedrentar a la gente y a todos había empezado a cobrar, había dicho está aquí el fiscal, le había sacado plata al propio Zvonco, yo eso le dije a Juan Ramón y al Presidente. Yo le dije, agarraremos a esa vieja, había sacado plata a nombre mío y había sido supuestamente la tía del Jessica Jordán y al Presidente también le he dicho. Luego el Juan Ramón Quintana me dijo no te preocupes hermano, a su hijo ya lo tenemos cagado, está metido en el tema del narcotráfico. No se si le habrán agarrado, pero en este último tiempo -relata- parece que Ana Claudia Arruda está en la cárcel».
La senadora opositora que presentó el material pidió a las autoridades correspondientes proceder con la respectiva investigación y aseguró que el audio había sido enviado al Fiscal General del Estado. Días después volvió a exhibir fotos donde el Fiscal aparece con los principales miembros de la banda de abogados extorsionadores en una fiesta familiar.
En un primer momento, Soza aseguró que se trataba de un «burdo montaje» e inició un proceso contra la parlamentaria. Pero mas tarde, Marcelo Soza renunciaba como fiscal investigador del caso terrorismo. Presentó su renuncia irrevocable a la dirección, según el por presiones y amenazas que su familia habría recibido. El Fiscal General (FG) Guerrero añadió que en las siguientes horas , personal del departamento jurídico y de recursos humanos del Ministerio Público procederán a analizar el contenido de la renuncia de Soza, para después emitir una opinión con mayor fundamento. El FG sostuvo que esperaba el informe de Soza en un término de cuarenta y ocho horas, pues lo contrario se daría inicio a acciones administrativas e incluso penales. Pero, días después de desaparecido Soza, reapareció con toda una estrategia que comprometía a todos los altos funcionarios políticos y judiciales relacionados al caso Terrorismo para limpiar a las personalidades aparecidas en los audios y videos, acusar a los acusadores, amedrentarlos, continuar con los juicios. O sea, dejar a un lado el Estado de derecho y convertir la ilegitimidad en problema de Estado. Lo que solo significa que el caso terrorismo-extorsiones fue preparado desde lo mas alto del poder político.
La gravedad de la exposición de este audio radica en que el Fiscal Soza muestra la existencia de un desenfreno en la judicialización de la política y de las extorsiones, de lo que estaba enterada y comprometida toda la dirección del poder ejecutivo, que dejaba pasar y hacer a pesar de las denuncias internas; en segundo lugar que Quintana, Raúl García y Subirana eran parte de los nexos del Vicepresidente con los ocultos planes y que cada vez son mas los indicios que llegan a su persona; tercero que el proceso al terrorismo estaba viciado por que hay gente del Gobierno comprometida con la llegada de Rosza y por implantar pruebas. Y por ultimo, que los Estados Unidos podrían tener instrumentos de presión para cambiar políticas.
Se ha hecho un hábito que cuando la situación es álgida, Estados Unidos es acusado de todos los entuertos que vive el Gobierno de Bolivia. Saturada la fabricación de este como enemigo, que además tiene mucho que decir sobre el tema, se retoma el conflicto marítimo con Chile. A inicios del 2013 – con tres años con la misma retórica- funcionarios del Gobierno boliviano anticiparon que se podría expulsar a USAID de Bolivia, por intromisión; sin embargo, el Embajador Ferguson aclaró que su país trabaja con el Gobierno en proyectos de desarrollo. Que trabajan cada día para ver cómo pueden contribuir con aportes, al Gobierno para cumplir con sus metas de desarrollo. Por su parte, Denisse de Fernández, gerente de proyectos de USAID informó que su país está trabajando en el sector productivo con la Cámara de Exportadores de Bolivia (CAMEX), con el apoyo de USAID, realiza una Rueda de Negocios para el sector textil nacional con el objetivo de generar mayores ventas para el sector de los micros, pequeños y medianos empresarios de todo el país. Lo que significa que esta potencia imperial se inscribe perfectamente en el proyecto del MAS. Los primeros días de marzo el embajador norteamericano anuncio un aporte de su país por 5 millones de dólares para combatir al narcotráfico. Coincidentemente con la crisis de legitimidad se reimpulsa la buena vecindad con los Estados Unidos.
En efecto la llamada cooperación norteamericana está retornando decididamente a Bolivia y en particular a la Amazonia boliviana. La amenaza cesó y ahora el régimen intempestivamente ve también con beneplácito el reciente anuncio del Gobierno norteamericano para incorporar a la Universidad Amazónica de Pando (UAP) en un programa de ayuda académica y financiera para proteger la biodiversidad amazónica en la región del Acre boliviano. Los programas se canalizan a través de ONG como Puma, Herencia, Armonía, entre otras. El Ministerio de la Presidencia, y sus anuncios sobre su expulsión quedó silenciado. En realidad, en los hechos USAID nunca se movió de Pando y, la política forestal con que se administran los bosques del norte amazónico boliviano -todavía regida por una Ley Forestal heredada del gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada-, tiene intervención directa de una ONG financiada por USAID en el marco de la misma «Iniciativa para la Conservación de la Amazonia Andina» (ICAA), con la que el Ministro Quintana siempre fue más que comedido durante los siete años en el gabinete de Evo Morales. Inicialmente el presidente Evo aplaudió la retórica anti-imperialista de su vocero y confidente Quintana, asumiendo que aquella ruptura atraería la cooperación financiera del Gobierno de Venezuela, y así fue; sin embargo, según denunciaron posteriormente legisladores del propio MAS como el senador Manuel Limachi, los recursos de la cooperación venezolana para financiar el desarrollo de los municipios amazónicos en Pando habrían sido dilapidados y malversados, anulando toda eficacia y transparencia en los proyectos gubernamentales destinados al fortalecimiento de las fronteras y al desarrollo de las comunidades indígenas amazónicas. Este senador como era previsible fue marginado e invisibilizado.
Otro desbarajuste en este campo, proviene del reparto de «pegas», hasta en el delicado ámbito de las relaciones exteriores. Se supo que un «diplomático» boliviano pedía subsidios a la pobreza al Gobierno Norteamericano. Otro que vendía «salteñas» (empanadas) en las oficinas de la embajada con el argumento de que el dinero que recibía no le bastaba. [5]
También aparecen mas datos acerca de la Ministra Anticorrupción, Nardi Suxo. El embajador de Alemania, Phillip Shauer, declaro que resulta difícil ayudar a Bolivia. Opinión teñida por la molestia alemana con respecto al caso de la hija de la ministra Nardy Suxo. El uso que ha hecho el gobierno boliviano de los cargos diplomáticos en Berlín ha sido, por decir lo menos, muy abusivo. Derivando en una protesta formal.
El escándalo relacionado con la hija de Suxo nació con la denuncia de que la empleada que se llevó a Alemania estuvo en calidad de esclava con pasaporte diplomático. Lo que molesta a los alemanes es que la Cancillería boliviana hubiera manejado con tanta ligereza las designaciones de la misión diplomática. El embajador Shauer solicitó reunirse con el canciller David Choquehuanca, pero no fue atendido. Los informes que circulan abundan respecto al lamentable estado en que se encuentra el servicio exterior. Sólo 6% del personal diplomático ha seguido la carrera diplomática. Es decir que 94% son improvisados, como la Consul Suxo o su empleada.
Crecimiento economico y vivir bien, ¿redes de lumpenburguesia chola y de elites emergentes?
Retomando la categoría de Bartra carnavaliazacion de la política, encontramos que tras la otra cara del mestizaje insurrecto que afirma lo premoderno contra la modernidad conviviente para rebelarse, hay otra que hace lo inverso, o lo mismo, utilizándolas con fines egoístas. Siendo la naturaleza del mestizo y del indígena étnico clasista la burguesía nativa asimila a su modo la memoria carnavalesca resignificando elementos de la modernidad para hacerse mas ricos. Todos recurren a la apropiación paródica de los usos, instituciones, símbolos y valores del orden dominante. El recurso más sutil es la mundanización de lo elevado, la trivialización de lo solemne, los plebeyos se transforman en politicos, los pobres en ricos, los indios se vuelvan españoles. Y así ocurre con el neoliberalismo, es reapropiado por los mestizos e indígenas ricos para hacerse aun mas ricos.
El proyecto neoliberal es de muchos, así como de muchos otros es el programa antineoliberal. Los quechuaaymaras empresarios y también los pobres que buscan trabajo, se expanden continuamente y continentalmente, están en varios países y en las principales ciudades del sur de Bolivia y Perú, y del norte de Chile y Argentina. Lo que ocurre en el Trópico de Cochabamba y en el Tipnis es un claro ejemplo, allí la expansión y los asentamientos cocaleros avanzan sin contención con la protección gubernamental y se convierten en los principales deforestadores y depredadores. El cocalero aparte de estar vinculado al narcotráfico y otras actividades ilegales es enemigo del bien vivir y de la propia naturaleza. De ahí la ambivalencia constante de su principal dirigente.
Este análisis es corroborado por los hechos. La Felcn de Cochabamba detuvo un vehículo oficial de la Asamblea Legislativa Plurinacional con dos presuntos funcionarios públicos y 78 kilos de cocaína, con logotipos y credenciales de la Cámara de Diputados. Fueron sorprendidos cuando pretendían pasar el retén de Padre Zama de Villa Tunari, con destino a Cochabamba. Los dos traficaban la sustancia en un vehículo denominado «Macaco»
En San Germán se hallaron más de 90 fábricas de cocaína, casi todo el pueblo insertado en las actividades de narcotráfico. En los alrededores del Titicaca y en La Paz cada semana se hallan fábricas de cocaína y en Santa Cruz las dimensiones son mayores. En el occidente la producción de cocaína se realiza en pequeños laboratorios de cristalización; hasta algunas comunidades del norte de Potosí y en Oruro han entrado en el circuito del narcotráfico. [6] Mas adelante veremos.
Parafraseando a Bartra. Existe un mestizaje básico, una hibridez consustancial, de la colonialidad, que siendo herida abierta, de lastre o ausencia puede convertirse en potencialidad rebelde, o en base del neoliberalismo, coexistencia de dos o más tipos de etnias, de ideas, de sociedad que se han sobrepuesto y penetrado, generalmente como resultado de relaciones coloniales. Este es la base histórica de su ambigüedad y su doble naturaleza. El calificativo de grotesco -que utiliza Bartra- para el mestizo habla de su carácter torcido, disforme, contrahecho, monstruoso. Perversión ambivalente, pues al tiempo que envilece, exterioriza. El cuerpo grotesco, sea este biológico o social, dramatiza un desgarramiento constitutivo. Al evidenciar el desequilibrio, la disformidad, la asimetría, la hibridez remite a la inevitable corrupción de toda legalidad, a la transgresión como condición de posibilidad de la regla.
El proceso de construcción colonial de las sociedades andinas tiene mas de 500 años y significó consolidar un Estado colonial y la destrucción de relaciones sociales de los pueblos. En esta fragmentación y reorganización los conquistadores y la vieja casta dominante tuvieron una relación de colaboración y conflicto para seguir sometiendo a los indígenas. En 1553 -anota Karen Spalding- y luego en 1569 la corona decretó que los mestizos de nacimiento legítimo debían tener plena consideración de la ley y ser permitidos de poseer sus propiedades. Hasta pudieron portar armas y ser sacerdotes. [7] Eso ocurría con los mestizos legítimos y propietarios, los ilegítimos eran sospechosos y vigilados. Subempleados y marginales se dedicaban a la economía informal, el robo o el bandidaje. Españoles y criollos vivían de los indígenas y los mestizos, incluyendo a los cholos -definidos tributariamente por tener mas de un cuarto de español- podían eximirse de tributar. De ahí que el racismo desde entonces fuese un elemento que atravesaba toda la estructura social colonial. Los mestizos siempre estuvieron sobre los indígenas, hasta que estos logran transformarse en mestizos.
En décadas el campesinado se ha urbanizado, se ha debilitado tanto que su fuerza política es reducida. Los campesinos sin tierra apenas se hacen notar. Mientras los agronegocios manejan la política económica agraria, junto a terratenientes y empresarios de la banca, ha venido creciendo la influencia mestiza de gremialistas y transportistas, de mineros y constructores, de contrabandistas y narcotraficantes, medianos agricultores, altos funcionarios y dirigentes de cooperativas, representantes de trasnacionales.
Las noticias sobre el crecimiento de la economía son aparentemente buenas, sin embargo poco se dice sobre a quien benefician y como impulsan el capitalismo. El Gobierno señala que:
1. Bolivia retornó a los mercados mundiales de capital, después de casi un siglo, al colocar bonos soberanos a 10 años por 500 millones de dólares, con una tasa de interés 4,8% anual para el bono colocado por el Bank of América, Merrill Lynch y Goldman Sachs. Paralelamente, las agencias calificadoras de crédito han subido este año las notas de Bolivia, citando sus sólidas reservas, capacidad de manejo de deuda y bajo o nulo déficit fiscal. El propio FMI aplaudió en uno de sus últimos informes el sólido desempeño económico boliviano.
2. Bolivia ha duplicado el PIB -de 11.500 a 24.600 millones de dólares-, junto a un salto en el PIB per cápita de 1.200 a 2.200 dólares. Aun más: las reservas internacionales -una variable que da cuenta, sin duda, de la prudencia fiscal- llegaron a niveles récord en la historia boliviana: 13.000 millones de dólares. La inflación, se dice, es menor al 5% y, la «bolivianización» de los depósitos bancarios alcanzó un récord del 69% debido a la mejora de la expectativa de los ahorristas sobre la moneda local (6).
3. En 2012, Bolivia exportó más de 11.000 millones de dólares, hace una década las exportaciones sólo alcanzaban a 1.000 millones; las importaciones de 2012 alcanzaron una cifra superior a los 8.000 millones de dólares, hace diez años esas compras sólo alcanzaban a 700 millones u 800 millones.
4. En paralelo, las políticas sociales sumadas al contexto macroeconómico favorable, que ha reducido el desempleo, han redundado en mejoras en los índices de pobreza y desigualdad. Entre 2005 y 2010, la pobreza nacional bajó de 60,6% a 49,9% y la pobreza extrema de 38,2% a 28,4%. Esto ocurrió en el marco de un crecimiento notable de la inversión pública, que se triplicó en los últimos años. En estos años se han sacado los refajos, las polleras y otros trapos guardados en los armarios para beneficiarse con el financiamiento de proyectos para los indígenas.
Estos números solo confirman y constatan el carácter primario exportador de la economía medido por el porcentaje de la suma de exportaciones agrícolas, hidrocarburíferas y mineras respecto de las exportaciones totales, que presenta un crecimiento consistente en los últimos cuatro años, pasando de 82,74% en 2009 a 89,35% en 2012 y a 93,92% en enero de 2013. Asimismo, se evidencia un comportamiento similar en la condición extractivista de Bolivia, definida como el porcentaje de la suma de exportaciones hidrocarburíferas y mineras respecto de las exportaciones totales, en la medida en que pasa de un 74,14% en 2009 a un 83,81% en 2012 y a un 88,44% en enero de 2013.
Es notoria la caída de la participación de las exportaciones industriales manufactureras, de 17,26% en 2009 a 10,65% en 2012, lo que sitúa al país en un franco proceso de desindustrialización, es decir en una posición económica muy frágil si se considera su capacidad para generar empleo, base de sustento de cualquier modelo de desarrollo.
Estas cifras nos dicen que el crecimiento soportado por el alza de los precios de la materias primas continúa. Buena parte de los ingresos de exportación, en especial los provenientes del gas, llega a las arcas estatales, los de la minería lo hacen en una menor cuantía. Este patrón es en parte estatal y en parte privado en el control de la propiedad de los activos o de los flujos provenientes de la venta de materias primas, acompañado por un neoliberalismo mestizo que se encarga de la intermediación comercial.
El grupo que controla el poder en Bolivia beneficiado por los precios internacionales de los minerales y el rápido aprendizaje de la política criolla, en los 7 años transcurridos logró dividendos políticos al reducir la pobreza, mantener una dinámica económica a partir de pactos con la burguesía oriental y la plebeya neoliberal, el auge de la construcción y la narcoeconomía. Sin embargo hay muchas cuestiones mas a problematizar, desde la propia constitución supuestamente refundadora hasta la renegociación de contratos con las trasnacionales hidrocarburiferas.
A pesar de todo lo que se diga, hoy en el siglo XXI Bolivia depende mucho más que antes de las ventas de gas y de los minerales, es decir, es más primario exportador que antes. Este patrón no se basa en la creación de valor agregado, ni en la promoción o desarrollo de la industrialización, como el núcleo de su desenvolvimiento. Además, la historia lo corrobora, pues los liberales del siglo XX, la Revolución del 1952, el neoliberalismo de los 80 y 90 del siglo pasado, lo único que hicieron fue desarrollar un patrón primario exportador, basado en la exportación de materias primas, ahora controlado parcialmente por el Estado, pero con un agregado, el campo de la intermediación comercial, el transporte, los servicios está manejado por una variedad de burguesías cholas, burguesías emergentes, empresariados quechua-aymaras, o burguesías populares mestizas, de naturaleza neoliberal en pleno auge. Desde la Revolución Nacional, hay signos muy importantes de cambios, pero básicamente en la esfera de la circulación de mercancías y control de algunos servicios, pues desde el 52, con mucha más intensidad que antes, son sectores mestizos e indígenas que controlan los circuitos comerciales. Aunque sus orígenes son más cercanos a los viejos llameros encargados del transporte de minerales y otras mercancías de hace siglos y su potenciamiento están más visibles desde el inicio de la Revolución de Abril.
Bolivia atravesó una trayectoria en los primeros 100 años que definió la composición de su nacionalidad. Aunque hoy una mayoría, 54%, cree que no todos los pobladores del país son parte de la nación boliviana, la cuestión indígena transversaliza, cuestiona y define la posibilidad de una nacionalidad. [8] No obstante los estados con su economía y cultura fueron una construcción importada e impuesta desde Europa y para su composición exitosa era necesario aprovechar o erradicar la institucionalidad previa.
Morales y García dejaron en claro en muchas oportunidades su imaginario modernizador, que es el de un enorme sector social, como cuando el primero sostuvo su deseo de que los campesinos hablen en celular a sus parientes en España o Argentina mientras pastorean sus llamas, y extendió la cobertura de la telefonía celular a todo el país. O el segundo que nunca dejó de exponer su admiración por el modelo cruceño, su imaginario de la modernidad y progreso. En el plano de las comunicaciones la decisión de encargar a China la construcción del satélite Túpac Katari a un precio de 300 millones de dólares. Ya han concurrido 64 becados a la Academia China del Espacio a capacitarse en el manejo del satélite y con el sueño de poder controlarlo desde la Agencia Boliviana Espacial, creada en 2010. Morales anunció la construcción de un teleférico de transporte público entre La Paz y la ciudad de El Alto, un conglomerado urbano indígena popular de un millón de habitantes vecino a la sede de gobierno. El Vicepresidente expuso también su aspiración a contar con energía nuclear.
En estos últimos años del siglo XXI lo que podemos observar es que el fenómeno del control de los circuitos comerciales, de la circulación de mercancías, el transporte de mercancías y de personas está controlado por la diversidad de burguesías cholas; ellas con una lucidez extraordinaria, utilizando los códigos de mercado, el favor del Estado, aprovechando su colocación favorecida dentro del corporativismo, han sabido posicionarse como parte significativa del nuevo empresariado neoliberal del presente que combina muy bien rasgos mercantilistas con el aprovechamiento de la lógica rentista del Estado y de los actores sociales.
Sin duda el ascenso social de una protoburguesía comercial aymara es fuente de profundas transformaciones socioculturales. La versatilidad de estos grupos étnico-sociales para funcionar en el mundo global y aprovechar del impresionante proceso general de movilidad social, producto de la combinación del boom económico y de los cambios políticos. Estos sectores actúan crecientemente como una nueva elite que tiene una posición ambivalente respecto al Estado: apoyan su «cara buena» (Estado providencia) pero rechazan su «cara antipática»: Estado regulador-recaudador. [9]
Masacres pendientes de esclarecer y el aumento del poder cocalero
En el contexto antes visto, los cocaleros y las redes a los que son sometidos, obteniendo beneficios es uno de los sectores mas privilegiados de los cambios. A costa de los pueblos indígenas del oriente que son arrinconados o expulsados de sus territorios. Es sistemática la violación de derechos a raíz del conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure -TIPNIS.
Con Adolfo Chávez, Presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y Fernando Vargas (Presidente de la Sub-Central TIPNIS ), a la cabeza de una delegación ante la CIDH recalcaron la falta de mecanismos de coordinación sistemática entre el Estado y los pueblos indígenas a través de sus organizaciones representativas y sus estructuras organizativas, la violación de derechos indígenas. Entre los puntos resaltables, pidieron que a través de la CIDH el Estado boliviano adecue sus actos a la Convención Americana de Derechos Humanos; que sobre la base del Art. 41 de la norma en mención, requiera del Estado boliviano un informe amplio sobre el estado de situación de la investigación penal de la brutal represión de Chaparina que dejó alrededor de 600 víctimas, de los cuales 70 fueron gravemente heridos entre hombre, mujeres y niños; y haga una visita in loco para visitar a las comunidades del TIPNIS y a las organizaciones indígenas representativas para analizar, y luego hacer un informe imparcial, sobre el cumplimiento de los derechos invocados y que han sido afectados sistemáticamente como producto de la ilegal y post consulta realizada por el gobierno en el TIPNIS. Evo Morales puntualizó, «dijeron que había muertos y no pudieron presentar ninguna prueba». En efecto, en aquel momento no hubo ningún fallecido, los muertos se dieron más tarde como secuela de golpizas, maltratos, persecuciones. Porque en el momento no hubo muertos, a Evo Morales le pareció asunto de poca monta y se desentendió del caso. Crimen de lesa humanidad se cometió en Chaparina contra cientos de indígenas que marchaban hacia la sede de Gobierno, organizados dentro del TIPNIS. Mujeres, niños y ancianos fueron apaleados, torturados, enmanillados, maltratados. Los propios responsables del Estado Mayor Policial, del Gabinete Ministerial y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de la Iglesia Católica y de los medios de comunicación atestiguaron el injustificable e inaceptable hecho. El primero, es el testimonio de verdad, de Cecilia Chacón, entonces ministra de Defensa, que renunció ipso-facto, a su alto cargo en total desacuerdo con lo ocurrido. Que terminó siendo amenazada con ser procesada.
Evo compromete la independencia del Tribunal Constitucional colocándolo en entredicho al salir de los fueros de la CPE y de su propia sentencia que condiciona la constitucionalidad de la ley de consulta en el TIPNIS a la previa concertación con los interesados; al no condenar los brutales actos fraudulentos, mentidos de consulta y otros actos, con los que Evo Morales pretende legitimar el proyecto de la carretera cocalera, que, como lo demuestran los hechos, le importa mas que cualquier otro. «Quieran o no quieran».
Lo mismo ocurre cuando defiende a Sacha Llorenti, hoy Embajador ante la Organización de Estados Americanos, sabiendo que todos los datos lo implican como autor intelectual. Por esta razón Juan del Granado pidió su detención preventiva ante la acusación de un alto jefe policial, el general Oscar Muñoz de haber sido quién habría ordenado la represión en Chaparina, el 25 de septiembre del 2010. La declaración de Juan del Granado contiene un último elemento. Que en los sucesos del 25 de septiembre existen Jefes Militares y Ministros que están involucrados y que el Presidente debería dejar de encubrirlos. Finalmente desafía a Morales, a decir si él ordenó el operativo. Morales y su gabinete, rehúyen esclarecer la represión en Chaparina. Y en ese ajetreo reorganiza sus fuerzas alejando a cualquier político que cuestione sus acciones.
Y por último, el presidente Evo Morales sintiéndose acorralado dijo que piensa retirar a Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque a su juicio este organismo depende de EEUU, es usado por la derecha y trata de juzgar a otras naciones.
Evo Morales negó su responsabilidad en la masacre de Chaparina. y así lo hicieron sucesivamente los otros responsables del mando jerárquico.
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Yolanda Herrera, advirtió que de darse la salida de Bolivia de la CIDH, dejaría en indefensión a la población, pues existen más de 50 denuncias en contra del país en trámite en la comisión y las víctimas quedarían sin espacios institucionales internacionales para denunciar abusos.
No es la única masacre, hay otras de mineros, pobladores, campesinos que aun no se esclarecen.
¿Hay una política de estado frente a Chile?
El Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia confirmó la soberanía chilena y consagró el dominio sobre los territorios a que aludía el Pacto de Tregua de 1884, entre la desembocadura del río Loa y el paralelo 23°. Un acuerdo colonial producto de una guerra del mismo carácter que aun prosigue ejerciendo dominio, siendo la base de soberanía sobre territorios que fueron bolivianos. Este tratado, como el que hicieron con Perú en 1929, reafirman la soberanía de Chile sobre los territorios concedidos por las oligarquías de estos países, después de una cruenta guerra colonial que destruyó ambas economías por mas de medio siglo, ya que uno de los objetivos estratégicos fue impedir construir Estados que reclamen los territorios perdidos.
El Tratado, junto con ese reconocimiento, estableció los compromisos que adquiría Chile para con Bolivia: la construcción del ferrocarril de Arica a La Paz y la cesión de la sección boliviana del mismo a Bolivia; el más amplio y libre tránsito comercial de Bolivia a perpetuidad, por territorio chileno por los puertos de Arica y Antofagasta, que se ha venido aplicando en forma permanente, continua en un marco de sometimiento a las necesidades chilenas y de la burguesía boliviana. La cancelación de diversos créditos reconocidos por Bolivia, y la entrega de 300 mil libras esterlinas en efectivo.
Mas tarde en 1948 en Bogotá, Bolivia ratifica este tratado que ata, encadena Bolivia a Chile. Los oligarcas primero y luego con los empresarios aprovecharon de los beneficios portuarios, aduaneros y tributarios, de ahí que hasta hoy defiendan en la práctica los tratados de sumisión. Además, está circunscrito al paso de mercancías y a la condición extractivista de Bolivia. Los acuerdos posteriores se refieren a estas materias, hidrocarburos, minerales, aguas, etc.
De las tierras arrebatadas a Bolivia (120.000 km2 de territorios en la puna del Atacama y 400 km lineales de costas), la burguesía y el imperialismo extraen cada año decenas de miles de millones de dólares. Sin cobre purificado es imposible hoy, y quizás durante muchos años, electrificar cualquier país; es decir, aplicar un requisito ineludible para el desarrollo. En la actualidad la producción de cobre rebasa los 5 millones de toneladas, con un valor total de 39.500 millones de dólares.
Un escrito de Fidel Castro es mas esclarecedor. Se refiere a que la producción de cobre catódico en Chile genera al menos 70.000 millones de dólares por año, 30% de este monto para el erario público chileno. El cobre genera el 52% del Producto Interior Bruto de Chile. El Estado chileno explota en una proporción de 30/70 el cobre de la puna del Atacama, en consorcio con agentes privados, en su mayor parte extranjeros. El PIB per cápita en Antofagasta es uno de los más altos de la región, 40.000 dólares, casi 20 veces más que el de Bolivia. [10] Sin querer está criticando a Bolivia que nunca menciona el problema de la minería y donde se oculta que el Estado solo recibe el 12,7 del valor de los minerales exportados.
Las últimas acciones gubernamentales se da en un contexto de acelerada deligitimación y de crisis institucional. Es por ello que busca la confrontación discursiva con el Gobierno chileno sin estrategias ni tácticas en las políticas de Estado. El Gobierno se propone cuestionar el cumplimiento del tratado de 1904 mas no pedir su anulación pues jurídicamente no es posible, lo que conduciría a pedirle a Chile que cumpla con el tratado. De conseguir esta demanda únicamente se afianzaría la sumisión de Bolivia a las estrategias chilenas. A esto se reduciría el acceso soberano al mar considerado en la Constitución. Otra vez, vemos que se hace un carnaval de la soberanía, pues mientras en la práctica sigue Bolivia atada a Chile, se continua hablando de una salida soberana al mar. Aunque el Congreso Plurinacinal decida anular el tratado de 1904, el contrato continuará, por que así lo marca el derecho internacional. Sin embargo, desconocer el tratado de 1904 por ser derivación de una guerra de anexión parece ser lo mas adecuado y revolucionario. De seguro seria distinto si estuviera respaldado por las armas. El arma jurídica podría ser eficaz en un medio donde nunca hubo estado de derecho, pero en el campo internacional si hubo y siempre en contra de los países colonizados.
La convocatoria, a la que solo faltó Sánchez de Lozada, resucitó a los cadáveres Tuto Quiroga (y con el a Banzer), Paz Zamora, Carlos Mesa y Rodríguez Veltze. Quienes le agradecieron el gesto de colocarlos otra vez en la política, aunque en su momento sus gestiones solo fueron de colaboración con Chile. Está claro que en el fondo coinciden en mantener vínculos de subordinación con Chile y lo otro es solo carnavalizar un tema muy serio.
Transcurrido el plazo constitucionalmente establecido (2009-2013) para dar una respuesta al tema, caben dos alternativas respecto a la vigencia del referido Tratado: la denuncia ante la instancia jurisdiccional correspondiente a nivel internacional, a cuyo efecto se debe verificar el cumplimiento de al menos tres condiciones: apertura de la jurisdicción internacional, competencia favorable del tribunal respectivo y la sumisión voluntaria de Chile a dicho tribunal. Cuestión que Chile obviamente no aceptará. O, la renegociación en consonancia con el pronunciamiento de la Asamblea General de la OEA, que ha exhortado a Chile y Bolivia a realizar negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico, considerando el incumplimiento de Chile al Tratado firmado por Bolivia.
Pero, que puede hacer un país cuyo Gobierno no cuenta con un proyecto político de nación. La ausencia de producir nación y menos aun naciones desde arriba o desde abajo para conformar un Estado Plurinacional se traduce en la ausencia de producir Estado. Lo que hay no es más que un Estado aparente, un retrato político de una Estado colonial, incapaz de construir nación. En un vulgar pragmatismo, su práctica es adaptarse del mejor modo posible a las circunstancias que suceden siempre al margen de éste.
En ese sentido, la pérdida del acceso al mar no es sólo imputable al usurpador sino a un Estado señorial-oligárquico incapaz de producir nación; si el Estado es apenas el botín de una casta que trabaja para el extranjero, se entiende el carácter antinacional de ésta y, en consecuencia, la precoz inclinación hacia intereses ajenos. Y esto también es válido para el Perú, que perdió invaluables territorios y la frontera con Bolivia.
Si el derecho nace de la victoria, entonces hablamos de una legitimidad verticalista y su consecuente falsa legalidad cuyo origen es la violencia colonial. La legitimación de modo vertical sucede por dominación y parte de la violencia fundacional que afirma el derecho como patrimonio privativo de quien detenta el poder. El vencedor afirma su pretendido derecho en ese sentido, lo grave es que el vencido admita lo mismo. La guerra que inició Chile no tenía afanes sólo económicos. Había fines estratégicos, en este caso, geopolíticos; lo cual se demuestra en los tratados posteriores a la guerra, como en el de 1904. En definitiva Chile se proponía vivir a costa de Bolivia y Perú, al primero doblemente pues lo convertía en doblemente tributario, del mercado mundial y luego del uso obligado de sus puertos. Con eso aseguraba el desarrollo del norte chileno. La complicidad del Estado señorial-oligárquico consistió en depender siempre de la salida por puertos chilenos; por eso los tratados no hacían sino ratificar las ventajas que tenía Chile ante la dependencia de un Estado que no buscaba otras salidas que las mismas, menos un Estado con capacidad militar persuasiva para negociar.
Arica e Iquique dependen del comercio boliviano-peruano, pero en las condiciones que impuso el Estado chileno, esa dependencia se ha traducido siempre en dependencia. El Estado jamás apostó a remediar aquella dependencia y nunca vio otro camino que sostener el desarrollo del norte chileno.
García Linera sostiene que la «territorialidad policéntrica» contiene núcleos irradiantes de la economía, las materias primas: el gas, el litio, el hierro, además de hidroeléctricas que comprometen el ecosistema y la agroindustria depredadora. Pensar solo en recursos naturales no renovables, es, otra vez, la visión señorialista del excedente en forma de extracción y no de producción, lo cual ha generado la típica ideología extractivista prototípica del Estado señorial-oligárquico. A esto llamamos la colonialidad de la política estatal. El horizonte no cambia, la política que se adopta, tampoco. Una geopolítica del mar, hoy por hoy, no puede postularse desde las mismas creencias señorialistas. La definición actual ya no puede replicar la forma en la cual se nos ha percibido, sino que pasa por una redefinición del modo cómo nos percibimos de aquí en adelante.
El derecho tiene que ver, en primer lugar, con el derecho de todo pueblo a su continuidad territorial. La continuidad de pisos ecológicos que provienen de la era precolombina, advierten la conexión geopolítica del altiplano con la costa, conexión que produjeron los aymaras; aun hoy en día, el comercio del occidente boliviano baja hacia esos lados. Probablemente Bolivia pueda negociar una salida por Perú , sin embargo también esto queda condicionado a las trasnacionales dueñas del sur peruano y de la políticas de Estado. Además, una cosa es negociar desde una posición negociadora y pacifista y otra apoyarse en un respaldo militar como lo hizo y lo hace Chile. Recordemos que la reconstrucción de China en gran parte obedece a sus problemas fronterizos y su vieja rencilla con los Estados Unidos.
¿Fin a las defenestraciones y cambio del mapa politico?
Otra teatralización carnavalesca es la judicial, derivada de la intención de destruir a la oposición. Aparecen disfraces de abogados, fiscales y funcionarios del poder judicial que ocultan a viles delincuentes, esconden la impunidad de jueces violadores extorsionadores, mercenarios utilizados para conspiraciones y venganzas que rompen los cánones legales y morales. Los delincuentes político sociales desaparecen, se suicidan, se declaran inmunes, piden libertad. De improviso -después de mas de cuatro años- sorpresivamente dan marcha atrás y por sentencia constitucional el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales las disposiciones de la Ley Marco de Autonomías, que permitían la suspensión de autoridades electivas a sólo acusación fiscal, restituyendo la legalidad frente a una aberrante norma que lesionaba flagrantemente los preceptos constitucionales y los principios del derecho. En efecto, la norma anulada fue parte importante del dispositivo jurídico que usó el Gobierno para reprimir y defenestrar a la oposición.
Sostiene Almaraz que «Ni bien la aprobó el rodillo de la obsecuencia legislativa, se la aplicó con ansiedad y prisa, buscando, rebuscando y forzando materia justiciable contra casi todos los líderes opositores en funciones de gobernador o alcalde de municipios demográficamente importantes, y contando con la servil diligencia de los mismos fiscales, que encubrían la corrupción oficialista o practicaban la extorsión amparados en su evidente condición de mandatarios del poder político». [11]
Almaraz se pregunta si el cambio de actitud gubernamental después de más de dos años de esmerada aplicación de las disposiciones en cuestión, se deba al rotundo el fracaso de barrer a la oposición de la gestión estatal encargada por el voto ciudadano y ampliar en ésta el control oficialista. O a que, desde el inicio mismo del operativo defenestrador, el repudio y la resistencia ciudadana impidieron que algunos casos lleguen a la predeterminada suspensión. En los otros, que sí lo hicieron, y siguieron con la suplantación de las autoridades elegidas, por personeros del oficialismo electoralmente derrotado, la misma repulsa ciudadana, acertadamente canalizada por la renuncia de las autoridades defenestradas, derivó en nuevas derrotas electorales del oficialismo que revelaron el estancamiento o decrecimiento de su convocatoria electoral y cedieron a la derecha en desbandada. Parecía el motivo y ocasión precisos para recuperar legitimidad y motivación, rearticularse y relanzarse en la gestión estatal de la que se la quería desplazar. De todos estos casos, sólo en el municipio de Punata pudo ganar el MAS, y lo hizo porque con su nombre y cobertura se postulaba la vieja derecha local. Más allá, al oficialismo sólo le quedó la deshonesta vía transaccional de «los convenios programáticos» para reclutar al impúdico alcalde de Quillacollo, recién elegido por el voto de la oposición.
Sin embargo, en los últimos años, el mapa político se ha reconfigurado radicalmente. El poder de la llamada Medialuna Autonomista quedó seriamente debilitado tras los frustrados intentos de desestabilizar al gobierno central en 2008 y la posterior destitución o suspensión de los gobernadores de Pando, Beni y Tarija. El primero, Leopoldo Fernández, está preso en La Paz acusado por la masacre de campesinos del Porvenir en septiembre de 2008, y Mario Cossío, de Tarija, está autoexiliado en Paraguay, acusado de corrupción.
Pero otra vez las cosas cambiaron y en el Beni, el renunciante Ernesto Suárez logró la elección de su candidato, el político y jurista Carmelo Lens Fredericksen, el 20 de enero pasado, revirtiendo en parte el retroceso de la derecha en el Oriente boliviano. El uso de la imagen mediática de la candidata del MAS, ex Miss Bolivia, Jessica Jordan, y las políticas estatales destinadas a «construir el Estado» en la Amazonía no pudieron vencer a la candidatura única de la derecha. Por otro lado, el candidato indígena Pedro Nuni no logró capitalizar la lucha por TIPNIS y quedó lejísimos de los dos primeros con un módico 2,5%. Así, no logró su objetivo de al menos «sorprender al MAS». Sin duda, la victoria en primera vuelta del subgobernador de la provincia de Vaca Diez, abogado, juez y profesor universitario- constituye la venganza de Suárez. La derrota del MAS tuvo el estrépito de revelar el fracaso de Evo Morales como jefe de campaña, y de la intensa utilización electoral de los bienes y recursos del Estado. Pero han logrado consolidar una base oficialista del 40% en una zona ganadera históricamente hostil a la izquierda y al indigenismo producto de la actividad gubernamental en la Amazonía, a través de la agencia Ademaf creada por Juan Ramón Quintana.
La claridad de los hechos muestra que continuar aplicando el desafortunado mecanismo defenestrador sólo podría acrecentar los reveses políticos del MAS y las victorias de la oposición, con el peligro adicional de afectar sensiblemente la gobernabilidad local. Es de suponer que haya utilizado al TC para desembarazarse de la sórdida, aberrante y contraproducente norma de su propia creación, por vía de una sentencia constitucional que, adicionalmente, contribuya a mejorar la imagen de independencia del Tribunal, de la que necesitará para legitimar acciones de mejor pronóstico.
Esta victoria tiene algunas explicaciones: El voto masista suele darle al oficialismo victorias en las provincias -y las zonas rurales- aunque pierda en el conteo global en los departamentos. La creciente deslegitimación y el sentido común de la población de rechazo a los abusos y la vigencia del Estado de derecho. La corrupción en los municipios del Mas Ejecutivo le están produciendo desgaste. La emergencia de las provincias: caso de Vaca Diez que, al igual que otras, desde decenas de años anda reclamando ser tomada en cuenta. El poder que normalmente seduce y atemoriza; en el caso del Beni y del Gobierno, el uso y abuso de éste ha provocado en los ciudadanos rechazo y rabia. El voto oculto: en poblaciones como el Beni, que son departamentos emergentes, el principal proveedor de fuentes de trabajo es el Estado, vía gobiernos municipales o gobernaciones. Por ello la gente tiene miedo de expresar sus preferencias o relación con la oposición. Este fenómeno no se capta en las encuestas. La alianza de los partidos de oposición: MNR – UN – Primero el Beni que han desarrollado organización en partidos enraizados entre los benianos.
Otra derrota fue la intención del Vicepresidente y sectores del MAS de poner el nombre del Presidente al Aeropuerto de Oruro, como parte del la campaña electoral. El Comité Cívico y la Central Obrera Departamental exigen la abrogación de la Ley 045 aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, con la que se cambió el nombre del primer piloto boliviano y héroe orureño Juan Mendoza por el del presidente Evo Morales. Las presiones se radicalizaron en el primer día del paro indefinido, mientras campesinos afines al Gobierno amenazaron con cercar la ciudad de Oruro en defensa de aquella nominación. Habían decidido bloquear las carreteras interdepartamentales pese al fuerte despliegue policial. Finalmente se derogó la ley y todo quedo en calma. Provocó tal rechazo popular urbano entre obreros, estudiantes y ciudadanos que Morales manifestó: «yo no entiendo ese problema de Oruro, pero jamás voy a insinuar que nombren algún edificio, algún proyecto como Evo Morales».
La agenda patriótico electoral y los movimientos de la oposición
Estamos, en el 2013, y el Gobierno no ha logrado desaparecer de la agenda mediática lo de la red de extorsionadores estatales. Desde el mes de febrero no solo se carnavaliza la vida social sino también la política y el Gobierno logra reenmarcar la agenda mediático política. Si desde diciembre de 2012 y hasta mediados de enero el tema de la red de extorsión ocupaba los titulares de todos los medios, ahora es el conflicto con Chile por el mar que se coloca en las primeras planas. La intervención directa del Presidente para acallar las voces que pedían ampliación de las investigaciones fue decisiva. Rebeca Delgado, Presidenta de la Cámara de Diputados, fue desautorizada por Evo quien terminó con su mandato al frente de la Cámara de Diputados por haberse atrevido a pedir que se investigue hasta donde corresponda. La sui géneris definición de centralismo democrático -donde no hay pensamiento critico admisible- del Vicepresidente fue la piedra de toque para acallar y tapar el tema. La ratificación del gabinete le puso los santos oleos al tema.
El Presidente y Vicepresidente y el grupo de poder en el ejecutivo busca volver a ganar en las urnas. Fueron las urnas las que destrabaron el «empate catastrófico» con el Oriente autonomista (con su ratificación con el 67% en el referéndum de 2008) y fueron las urnas las que consolidaron su hegemonía política e institucional con su reelección con el 64% en 2009, en unos comicios en los que consiguió, además, los dos tercios del Congreso.
Mientras el gobierno cotidianamente inaugura obras en áreas rurales y urbanas del país, se ha acercado pragmáticamente al empresariado cruceño, que incluso participó con delegados en reuniones como el «Encuentro plurinacional para fortalecer el cambio» de diciembre de 2011, junto a movimientos sociales oficialistas.
El pasado 5 de febrero, el vicepresidente Álvaro García Linera y el subjefe de la bancada del MAS – IPSP en la Cámara de Diputados, Jorge Medina, defendieron e impusieron la Agenda Patriótica del Bicentenario «Bolivia 2025», la máscara del proyecto neoliberal, pero que no deja de ser un proyecto electoral:
1. Eliminar la extrema pobreza.
2. La universalización de servicios básicos.
3. Universalización de la salud y la educación dentro las fronteras.
4. Avanzar en temas científicos para garantizar desarrollo en diferentes áreas.
5. La soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capital financiero.
6. La soberanía productiva con diversificación de la actividad productiva y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista.
7. Soberanía sobre recursos naturales con nacionalización, industrialización, comercialización en armonía con la madre tierra.
8. El cambio gradual de alimentos, para mejorar la nutrición de los bolivianos.
9. La soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la madre tierra.
10. La integración complementaria de los pueblos con soberanía.
11. La soberanía y transparencia en la gestión pública.
12. El disfrute y felicidad de los pueblos, con sus fiestas, música, ríos, selvas, montañas, aire limpio, sueños.
13. El recuentro soberano de nuestra alegría, felicidad, prosperidad, y nuestro mar.
Para el analista Prada Alcoreza esta es una síntesis incongruente, que ni siquiera se logra conceptualmente, es un «enunciado» político forzado, para atender los dilemas y conflictos que atraviesan las políticas en periodos y coyunturas problemáticas. Aparece entonces como recurrente figura de bricolaje, que connota representaciones provisionales, para atender al desafío de lo disímil y de lo incompatible, que busca ser articulado por razones políticas, por razones de Estado. La síntesis incongruente puede ser también tomada como recurso «barroco», como procedimiento de mezcla, empleado en discurso político para legitimar la práctica efectuada por el poder. [12] La soberanía y el bienestar que son los conceptos ejes aparecen como un sin sentido cuando examinamos lo ocurrido en el país en estos 7 años.
Si nos fijamos solo en la región cocalera -donde el gobierno mantiene su hegemonía- veremos que lo dominante es el nacimiento de una lumpenburguesia, las políticas antiindigenas se han institucionalizado, no se han industrializado ni la coca ni otra producción, se expanden las trasnacionales hidrocarburiferas y el narcotráfico, aumenta el ecocidio, etc. ¿Cómo se puede hablar de soberanía nacional, alimentaria o de cualquier otra clase, si el país está sujeto a los condicionamientos de los financiamientos extranjeros y con respaldo financiero imperial para descocalizar? No se ha cumplido siquiera con la industrialización de la hoja de coca, ni la difusión de información sobre sus valores ni siquiera al interior del país, tampoco se ha controlado el uso de agroquímicos. Los cocaleros se ven favorecidos con los precios internos de la hoja de coca y todavía no sienten que el desarrollo alternativo haya dinamizado el movimiento económico de la región con nuevas actividades agrícolas, más bien la tendencia al monocultivo cocalero es una constante que siempre está sujeta la tensión política entre los informes de Naciones Unidas y los informes del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral de Bolivia, sobre la reducción de las áreas de cultivo que, a pesar de todo, siguen invadiendo incluso parques nacionales protegidos por ley.
La oposición de derecha tiene problemas internos entre los partidos y al interior de cada uno de ellos, que se expresan en varios departamentos y principalmente en Santa Cruz donde con mucho esfuerzo lograron consensar la elección de la Brigada Parlamentaria. El triunfo de Lens muestra una posible tendencia en lo que fue la Media Luna y le da algo de aire al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, que venía resistiendo en soledad, aunque por el momento está lejos de cambiar el mapa político cruceño y regional.
En este contexto, se han ido configurando otro tipo de oposiciones, surgidas de las propias entrañas del oficialismo o de sus aliados. Un intento fue procesar una Coordinadora plurinacional de reconducción del proceso de cambio que no prosperó. La elección es una advertencia para el Movimiento sin Miedo, que aún no logra avanzar en su consolidación nacional. Liderado por el ex alcalde de La Paz Juan del Granado. Con un programa de centroizquierda, el MSM critica las derivas autoritarias del gobierno, su desapego a las reglas institucionales y su escasa voluntad para aplicar la nueva Constitución, particularmente las autonomías regionales e indígenas, que contrarían el centralismo. Proveniente de la izquierda de los 80, Del Granado puede mostrar una gestión exitosa del gobierno municipal pero aún debe construir una fuerza nacional. Es percibido como la amenaza más seria para Morales, que suele acusar de «neoliberal» a su ex aliado. En las alturas han establecido una alianza con Antelo, reconocido líder de la centro-derecha cruceña.
Otra oposición electoral que se puede consolidar, dependiendo del manejo político es la COB, transformada en partido. La respuesta negativa al pliego de la COB por parte del Gobierno y el inicio de la lucha por el salario de los trabajadores será la oportunidad para que la dirección transitoria del partido ponga en marcha la unidad de la lucha económica con la lucha política completando de esta forma la fundación del partido en las calles, como un partido de combate y de lucha junto a la COB. El Congreso contó con la decisiva presencia de 300 delegados de trabajadores mineros, y fuertes delegaciones de salud, fabriles, también delegaciones de la Centrales obreras de todo el país, de maestros rurales, ferroviarios, etc. Estuvieron presentes distintas organizaciones de izquierda como Alternativa Socialista Revolucionaria (vinculada internacionalmente a la CIT), Lucha Socialista (LIT-CI), LORCI (vinculada internacionalmente al PTS de Argentina), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (trotskista), también el Centro de Estudios César Lora (que se inscribieron y fueron reconocidos 2 delegados como del POR). Muchos movimientos sociales fueron excluidos del Proceso de Cambio luego de la ruptura del Pacto de Unidad y los que quedaron al lado de Evo son los movimientos que se tradujeron en entidades corporativas y mecanismos de presión que se repartieron o «cuotearon» los ministerios al estilo de los partidos tradicionales, asociados al MAS. Un posibilidad de configurar un sujeto político se perdió cuando se realiza la Octava Marcha por la defensa del Tipnis, los «asesores» no quisieron orientar esta marcha hacia la configuración de una nueva identidad política, pues planteaban la «reconduccíon del Proceso de Cambio».
El problema está no solo en la desnaturazlización de la central obrera, que en ciertos periodos hipotecan su independencia de clase. También es la presencia protagónica de oportunistas, viejos y nuevos burócratas de la COB, y otros sujetos políticos que, más allá de sujetar posiciones políticas revolucionarias, pretenden crear un partido de los trabajadores sin buscar la unidad, al no haber convocado a los sujetos sociales populares, a los movimientos sociales excluidos del Proceso de Cambio, a los intelectuales críticos y honestos, a los enormes sectores empobrecidos y afectados por las políticas del gobierno masista. Lo lamentable es que arrastran a los trabajadores mineros para proyectar la aventura que beneficiará a la larga a ciertos inescrupulosos dirigentes sindicales de la COB.
Tendrá que ser conciente de que va a enfrentar a una dura elite está conformada por blancos, mestizos e indígenas. Que quien asciende social y políticamente que cuenta con los recursos estatales y reproduce la cultura política de una sociedad premoderna y a la vez moderna, participa de los prejuicios raciales, de la corrupción y se desespera por acceder al poder a cualquier precio y al más breve corto plazo, como si evidenciara que a largo o a mediano plazo no quedarán recursos que usufructuar. Esta elite y sus pongos políticos son el objetivo a derrotar y en esa contienda los medios serán el arma principal.
En el futuro electoral el manejo de los medios será decisivo. Esta situación, obviamente, no sólo se da en los diarios, sino también en los canales de TV y las emisoras de radio. El patrón es el mismo: cantidades enormes de publicidad estatal se entregan a los medios oficialistas, estatales o paraestatales, y montos irrisorios, o a veces nulos, a los independientes y críticos. La manipulación de la publicidad gubernamental, como premio o castigo a los medios según sean más o menos dóciles, y la compra de empresas de comunicación por parte del Estado, son las armas que usa el gobierno para controlar el libre flujo de la información.
Un estudio de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana estableció que el diario La Razón es el que más publicidad estatal tiene, incluso superior al diario oficial Cambio. El estudio señala que los domingos La Razón tiene más de 17 páginas de publicidad estatal como promedio. Ello es más de tres veces superior a la publicidad que obtiene El Deber y 12 veces más de la que logra Los Tiempos, por poner ejemplos de diarios independientes de amplia trayectoria. La Razón tiene, según ese estudio, 86 veces más de publicidad estatal que Página Siete. Lo que significa que los diarios oficiales u oficiosos no tienen publicidad gubernamental ya que a quienes hay que ganar o neutralizar es a los opositores.
Muchas cosas pueden ocurrir en un año en el Gobierno cada vez mas dividido entre burócratas y luchadores, con el MSM, la COB, la derecha MNR-UN y quien sabe que otras fuerzas que se fraguarán en medio de los conflictos. Entrarán en conflicto la memoria corta y larga, los conglomerados etnonacionales, las agrupaciones étnico-clasistas, los lideres y sus alianzas. Y como dijera el Fiscal Soza las evidencias en contra de la politización de la política, podrán deslegitimar al gobierno hasta limites inimaginables.
Notas
[1] Bartra se propone ayudar a la comprensión de las rebeldías, insurgencias y revoluciones con que los pueblos asumen los magnos retos del milenio, desempolvando conceptos referidos a prácticas ancestrales como el mito, el aquelarre y el carnaval. Reflexiona acerca del desorden, del rompimiento de la cotidianidad y de la opresión mediante la coreografía de un trance utópico, posibilidades que en las subversiones indígenas del continente se verifican en la persistencia del simbolismo mítico que potencia sus luchas. Rastreando la huella de lo grotesco en las manifestaciones del abigarramiento y del carácter barroco de nuestras sociedades, el autor encuentra la convergencia en la ambivalencia primigenia del mestizaje.
En especial destaca el efecto desacralizador y profanatorio de lo grotesco como inversión del orden «natural», como violencia simbólica, como provocación burlesca capaz de revertir el fatalismo y neutralizar el miedo. Quizá lo barroco es un ethos, pero lo grotesco más que un habitus es un pathos, más que un orden una praxis, más que una adaptación abigarrada a la modernidad un rompimiento con ella. Más que un orden lo grotesco es un desorden. Bartra, Armando 2011 «Mito, aquelarre, carnaval. El grotesco americano» en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año XII, N° 30, noviembre.
[2] El ajuste fiscal, los salarios y las políticas de empleo son contraproducentes al encarecer los precios y propiciar el desempleo de los ya subempleados. V.gr. El gobierno, para evitar la evasión fiscal ahora no permite las ofertas o reducciones de precios por las empresas y al oponerse al trabajo a medio tiempo, cierra el camino a los muchos estudiantes que trabajan y estudian.
[3] Raul Prada Alcoreza, » El nuevo etnocidio», bwww.bolpress.com, 06 de febrero de 2013.
[4] http://eju.tv/, http://eju.tv/2013/03/terrorismo-y-extorsin-difunden-video-con-destape-de-fiscal-soza-vincula-a-autoridades-con-red/ http://eju.tv/2013/03/las-fotos-que-acorralan-a-intocable-fiscal-y-revelan-sus-vnculos-con-red-de-extorsión/
[5] http://www.siglo21bolivia.com/siglo-21/molestia-alemana/
[6] Carlos Toranzo Roca ¿Qué pasa en el país?, Pagina Siete, La Paz, 19/06/2012
[7] Karen Spalding, De indio a campesino, IEP, Lima 1974
[8] . Pagina siete, La Paz, Bolivia – 28/11/2012
[9] Carlos Toranzo Roca Neoliberalismo popular, Pagina Siete, 26/06/2012, Pluri-multi Carlos Toranzo
Burguesías cholas y capitalismo boliviano, Pagina Siete, 05/02/2013
[10] http://eju.tv/2013/03/fidel-castro-burguesa-internacional-gana-us-39-500-millones-ao-con-cobre-de-exterritorios-de-bolivia/
[11] Flechas yurakares Alejandro Almaraz, La independencia del Tribunal Constitucional, Pagina Siete 12/02/2013
[12] http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2013012802
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