La noche del 4 de junio de 2025, Santiago Mexquititlán fue escenario de graves agresiones perpetradas por fuerzas estatales contra miembros de la comunidad ñhöñhö (otomí), en un operativo marcado por detenciones arbitrarias, tortura y actos de violencia sexual. Estos acontecimientos no son aislados, sino que se insertan en una dinámica sistemática de colonialismo y racismo estructural, impulsada desde instancias gubernamentales para favorecer intereses inmobiliarios y extractivos, que ven en el territorio y en el agua comunitaria recursos a explotar, y que ven en la resistencia ñhöñhö un obstáculo a eliminar. Este reporte analiza cómo, bajo un discurso de supuesto orden público y prevención, el Estado de Querétaro perpetúa y profundiza prácticas históricas de despojo y dominación, afectando especialmente a las mujeres indígenas defensoras de los derechos humanos, el territorio y el medio ambiente.
La agresión del 4 de junio contra pobladores de Santiago Mexquititlán
La noche del 4 de junio fue agredida la comunidad de Santiago Mexquititlán, Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, según testimonios de integrantes de la comunidad y videos transmitidos vía Facebook, el operativo estuvo integrado por elementos de la POES (Policía Estatal del Estado de Querétaro) en diferentes barrios. En el operativo la POES detuvo a cinco jóvenes ñhöñhö (otomís): Jesús Torres, Leonardo García, Martín Álvarez, José L. y Uriel D. Habitantes de la comunidad observaron que las detenciones se realizaron sin motivo o fundamento y pidieron apoyo a otros integrantes de la comunidad. Entre las personas detenidas, uno de ellos “salía de su domicilio después de haber buscado dinero para atender a su hijo enfermo, cuando fue interceptado por policías”. Los jóvenes detenidos fueron trasladados a las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia municipal (DIF), incomunicados y sin la posibilidad de ser asistidos por un abogado ni un intérprete.
La Defensora de Derechos Humanos, miembro del Congreso Nacional Indígena y de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida Estela Hernández, junto con Sergio Chávez, acudieron al DIF para conocer la situación de las personas detenidas, exigir su liberación y documentar los hechos. Sergio y Estela fueron detenidos sin que se les mencionarán los motivos, particularmente ella fue encapsulada por 10 policías:
“Yo estaba documentando lo que estaba sucediendo, por qué se estaban trayendo a la gente… De ahí me detuvieron, me trajeron toda la policía y me sentaron bajo agresiones en una silla, me tiraron, me patearon en los pies y por mis partes, me jalaron del cabello”
Los jóvenes detenidos y Sergio sufrieron insultos y múltiples golpes en el momento de la detención, policías se referían a ellos como “pinches indios, eso es lo que quieren”. Estela detalló que fue derribada y aparte de los golpes que recibió de mujeres y hombres, agentes de seguridad, golpes en genitales, humillaciones, insultos por su origen ñhöñhö y su labor como defensora del medioambiente y los derechos humanos:
La policía se refería a Estela y a los demás detenidos como “indios”, a Estela en particular le dijeron “ya nos tienes hartos”.
En las inmediaciones de las instalaciones del DIF se concentró una manifestación pacífica integrada por habitantes de la comunidad, con el fin de registrar lo sucedido y exigir la liberación de las 6 personas detenidas. Documentaron tanto la presencia del Ejército como el encapsulamiento de elementos de la POES en su contra.
Posteriormente, las personas detenidas fueron trasladadas al Juzgado Cívico del Municipio, aún incomunicados, sin asistencia legal, ni presencia de intérpretes. De la misma manera que con la detención, su liberación a las 22:40 no conllevó explicación o justificación alguna, ni la entrega de documentación sobre lo sucedido.
Estos hechos cobran relevancia, en materia de derechos humanos, particularmente, por la pertenencia de los jóvenes a una Pueblo Originario, el Ñhöñhö (Otomí). También, por la labor de defensa de Estela Hernández, defensora del territorio, del agua, de derechos humanos, de la lengua y cultura de pueblos originarios. Así como por los antecedentes en el uso excesivo de la fuerza pública por parte de elementos de seguridad en contra del ejercicio del derecho a la protesta de la comunidad de Santiago Mexquititlán y el aumento de la militarización en la región. Las y los habitantes han sido víctimas de violaciones a derechos humanos previamente, relacionadas con el excesivo uso de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, criminalización, agresiones a la defensa de derechos humanos y de los pueblos, tentativas de desaparición y ejecución de personas, entre otras.
Los hechos del 4 de junio conllevan una multiplicidad de violaciones a los derechos humanos, en contra de habitantes de la Comunidad de Santiago Mexquititlán, a partir de las acciones de diferentes autoridades, particularmente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del ayuntamiento del Municipio de Amealco, así como de Elementos de la Guardia Nacional. Las detenciones de ese día fueron claramente arbitrarias, dado que se realizaron sin apego al marco legal, de manera desproporcionada, pues no conllevó un motivo de por medio y el uso de la fuerza por parte de los elementos de seguridad no cumplió con los principios de legalidad y necesidad, conforme a las circunstancias, lo cual se tradujo en el ejercicio de tratos crueles y humillantes, así como actos de tortura y violencia de género (pues la tortura fue ejercida con particular intensidad contra Estela Hernández). A su vez, las detenciones son atravesadas por un componente de discriminación racial, pues los obstáculos y falta de protección a Estela por su defensa, así como la falta de intérpretes y vejaciones racistas en contra de las personas detenidas, en un contexto de sistemática represión en contra de integrantes de la comunidad por parte del Estado, profundiza el impacto que tuvo la agresión en cada uno de las y los agredidos y en la comunidad misma.
Preocupa la instrumentalización del discurso construido días posteriores por autoridades y medios de comunicación afines al Gobierno del Estado de Querétaro, en el afán de legitimar las acciones del 4 de junio, incurren en la reiteración de violaciones a derechos humanos, pues no solo niegan la responsabilidad en las vulneraciones, sino que estigmatizan, difaman y criminalizan tanto a los habitantes de Santiago Mexquititlán como a las personas directamente afectadas con las detenciones. Sin ninguna prueba, se afirma que las personas detenidas “escandalizan”, que “enfrentan graves acusaciones”, que cometieron “alteraciones al orden público”, discursos que se han utilizado históricamente para justificar la represión. A pesar de su intento por señalar la existencia de faltas administrativas, no existen elementos para probarlas.
En las declaraciones del Secretario de Gobernación y del de Seguridad Ciudadana, se señala la existencia de una “estrategia de prevención” ante “conductas de riesgo”, lo cual es especialmente preocupante pues se manipula a la opinión pública recurriendo a la espectacularización de la violencia, para después justificar el uso excesivo de la fuerza, a partir del despliegue desproporcionado de operativos de seguridad cuyas acciones, generalmente tienen impactos selectivos, pues afecta a las comunidades marcadas por el colonialismo y el racismo estructural.
En este discurso oficialista no se elabora, qué significó la “alteración al orden público”, qué implica una “conducta de riesgo” y cómo el ejercicio de las detenciones arbitrarias, los tratos crueles y la violencia de género en contra de comunidades indígenas son una vía para “prevenirlas”. Tras esto, las expresiones en tono conciliador, propuestas de diálogo, apertura de un expediente de queja en la Defensoría de Derechos Humanos se develan como una simulación para aparentar una administración que no comete crímenes en contra de la población.
Detrás del Operativo del 4 de junio parecen exhibirse intereses extractivos, profundas dinámicas de dominación, añejas lógicas racistas y coloniales.
Violencia de género y racismo estructural, ambiental y cotidiano
La dinámica de racismo estructural es profunda en el estado de Querétaro, las lógicas de desprecio, dominación y colonialidad se han visto reforzadas con las últimas dos administraciones panistas que agreden sistemáticamente a la población indígena porque estorban, no solo para sus planes extractivos, sino para un modo de ver y hacer en sintonía con lógicas capitalistas y mercantilizantes. La sociedad queretana parece regirse todavía bajo el sistema de castas colonial en el que los Pueblos Indígenas y sus territorios existen para ser utilizados y devastados en beneficio de las élites y negocios.
El encarcelamiento de Jacinta Francisco Marcial junto con Alberta Alcántara y Teresa González en 2014, en el que se les acusó de un supuesto secuestro de agentes federales y por el cual fueron encarceladas injustamente durante tres años, la tortura, agresión y criminalización de Estela Hernández el 4 de junio de éste año, las carpetas de investigación abiertas contra Sara Hernández y las agresiones dirigidas a ella también por pertenecer al Concejo Autónomo de Santiago Mezquitilán, al Congreso Nacional Indígena, a la Asamblea Nacional por el agua y la vida y por ser defensora del territorio y de derechos humanos dan cuenta de una estrategia deliberadamente dirigida hacia las mujeres que luchan. El que muchas de las agresiones sean contra mujeres da cuenta de una dinámica de violencia de género y machismo, que van de la mano del racismo y el desprecio colonial.
La justificación que se hace desde las estructuras de poder en este caso del Estado de Querétaro muestra un evidente racismo. La lógica colonial que prevalece en Querétaro aparece también desde el despojo de agua que se enmarca en un contexto nacional de crecientes conflictos de distribución ecológica, en donde las desigualdades socioambientales y la acumulación por despojo que éstas traen consigo, no son casos aislados. El robo de agua es una tendencia bajo la que el cártel inmobiliario opera y representa una forma más de racismo ambiental contra los pueblos, en donde el abastecimiento de agua a desarrollos inmobiliarios privados es a costa del saqueo, se echa a andar una dinámica de legitimación de la devastación hídrica de pueblos históricamente despreciados por su origen étnico y la jerarquía racial impuesta sobre pueblos como Santiago Mexquititlán.
Proyecto Batán, desarrollos inmobiliarios y el agua de Mexquititlán
Querétaro es uno de los estados con un mayor estrés hídrico que contrasta con un desmedido crecimiento inmobiliario. El territorio del Pueblo Ñhöñhö en Santiago Mexquititlán alberga un acuífero todavía con disponibilidad y en términos de cuencas es prácticamente la única cuenca que no se encuentra sobreexplotada, lo que lo convierte en una fuente potencial clave para complementar la demanda hídrica de la zona metropolitana de Querétaro y de la expansión inmobiliaria al sur. Actualmente, la comunidad defiende su agua, incluso jurídicamente mediante amparos. El Concejo Autónomo ha tenido que recurrir a estrategias legales y de resistencia civil pues, aunque han gestionado su propio uso y son quienes trabajan cada día por la vida, aunque son guardianes del agua, no se les respeta el derecho a administrar su pozo.
El proyecto Batán Agua para Todos, impulsado por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, junto con la Comisión Estatal de Agua, SAQSA (Suministro de Agua Querétaro) es presentado como solución al estrés hídrico de la zona metropolitana. El financiamiento se estructura bajo una asociación público-privada (APP), donde participa BANOBRAS mediante el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).
Para el proyecto Batán, el gobierno de Kuri parece tener la intención de heredar el modelo de gestión del proyecto Acueducto II actualmente gestionado por SAQSA, ambos controlados por el Fondo EXI que administra México Infrastructure Partners (MIP), los mismos que administran el fondo que, con participación mayoritaria del FONADIN, compró las 13 plantas de Ibedrola que el ex-presidente Andrés Manuel López Obrador anunció como un paso importante en la nacionalización de la energía eléctrica.
Aproximadamente el 16.9 % del capital del Fondo EXI proviene directamente del FONADIN que tiene como fiduciario y órgano operativo a BANOBRAS. A la par de esto llama la atención que Gabriel Budebo, director General de MIP, fue subsecretario de Hidrocarburos en la administración de Felipe Calderón y fue miembro del Consejo Directivo de BANOBRAS por lo menos entre 2007 y 2011. También, Guillermo Fonseca Torres, director de Finanzas de MIP, fue ejecutivo en BANOBRAS. Ni el Consejo de Administración de SAQSA ni los contratos de Acueducto II publican actas recientes, por ello es difícil rastrear si existen más ex-servidores públicos de BANOBRAS dentro de la concesionaria.
Aunque no hay pruebas claras de que BANOBRAS tenga participación accionaria directa en SAQSA, sí existe un lazo estructural (inversión FONADIN) y un flujo de personal especializado que ha pasado del banco de desarrollo al gestor privado que invierte en la concesionaria. Esto configura una posible “puerta giratoria”. Ahora BANOBRAS evalúa financiar Batán, que probablemente será operado por el mismo consorcio que controla EXI/SAQSA.
Lo anterior ocurre dentro de un contexto más profundo de privatización, especulación y mercantilización del agua. El 7 de junio de 2021 se publica la Reforma a la Ley Estatal de Agua Potable y Saneamiento, mejor conocida como la “Ley Kuri”, a tan solo 43 días de haber sido presentada como iniciativa, con una “mesa de información” virtual de dos horas como mecanismo de consulta y sin representación de las comunidades indígenas. La «Ley Kuri» ha proporcionado un marco legal para que organismos privados operadores de agua (OPSA) puedan comercializar directamente el recurso hídrico.
Querétaro tiene aproximadamente 22 operadoras privadas y al menos dos tercios están en manos de sólo tres élites o bloques inmobiliarios:
- DRT con aproximadamente 7 OPSA’s y que domina el corredor El Marqués–Zákia–Zibatá, pero que está creciendo sobre un acuífero sobreexplotado
- Torres-Landa/Juriquilla con aproximadamente 6 OPSA’s, 9 títulos en el Registro Público de Derechos de Agua y que tiene la Presa El Cajón y seis fraccionamientos alimentados por una presa en abatimiento.
- Altozano/Vinte con aproximadamente 4 OPSA’s con desarrollos en Corregidora Sur / La Espiga, pero con 300 has sin fuente segura de agua.
Para estos desarrolladores inmobiliarios es crucial asegurar las fuentes de agua necesarias para revalorizar sus tierras y hacer redituables sus proyectos.
Esta triada inmobiliaria ha consolidado una estructura que privatiza el agua, impulsa la expansión urbana hacia Amealco, y genera procesos de especulación del suelo, desplazamiento y criminalización de quienes defienden sus derechos territoriales.
La Comisión Estatal de Agua ya ha comenzado a conectar otros pozos cercanos al sistema troncal operado por SAQSA. Esto posiciona al pozo comunal de Santiago Mexquititlán como próximo objetivo estratégico, lo que ha intensificado las presiones políticas y sociales sobre la comunidad. La amenaza contra el Pueblo Ñhöñhö ocurre porque:
- El acuífero Amealco y los pozos de Santiago Mexquititlán son la última “fuente virgen” que las élites inmobiliarias y SAQSA pueden explotar sin perforar más en el Valle agotado de Querétaro.
- Santiago Mexquititlán se ubica en la intersección crítica entre el trazado de Batán, la sobre-expansión urbana hacia el sur y lo que las élites financieras ven como un stock remanente de agua concesionable.
- Convergen los intereses del gobernador, la élite inmobiliaria y los especuladores hídricos. Kuri necesita justificar y financiar Batán para reforzar su posición, los desarrolladores requieren agua segura para valorizar nuevas reservas de suelo y SAQSA/MIP ve en Amealco un componente clave para su próximo contrato.
La defensa comunitaria del pozo es un obstáculo directo a ese triángulo de negocios, explicando la intensidad de la represión y la campaña para deslegitimar al Concejo Autónomo. Además, la implementación del proyecto Batán en articulación con desarrollos inmobiliarios plantea tres grandes riesgos para la comunidad:
- Pérdida de autonomía hídrica: Integración forzada de su pozo comunal a la red estatal.
- Especulación inmobiliaria: Cambios de uso de suelo promovidos desde el cabildo municipal aumentan la venta de «lotes campestres» y elevan costos de vida y desplazamiento económico.
- Criminalización y represión: Entre 2021 y 2025 se registraron operativos policiales con detenciones arbitrarias, violencia sexual y hostigamiento contra defensoras y defensores comunitarios.
La voracidad inmobiliaria y el uso del agua como capital hace que la implementación del proyecto Batán ponga en riesgo directo la autonomía hídrica y territorial de Santiago Mexquititlán, al integrar su recurso acuífero a una red estatal orientada principalmente al beneficio privado de las élites financieras.
El despojo de agua que el proyecto representa se enmarca en un contexto nacional de crecientes conflictos de distribución ecológica, en donde las desigualdades socioambientales no son casos aislados. El robo de agua es una tendencia bajo la que el cártel inmobiliario opera y representa una forma más de racismo ambiental y de acumulación por despojo, en donde mientras se abastece de agua a desarrollos inmobiliarios privados, al mismo tiempo se violenta, saquea y se legitima la devastación hídrica de los pueblos como Santiago Mexquititlán.
Una buena parte del modus operandi de inmobiliarias e inversionistas en Querétaro tiene que ver con las prácticas políticas de las élites queretanas, comunes en muchas otras partes de México, donde el poder público se entiende como un bien patrimonial. Es así que resulta importante entender al actor que conecta élites, capitales e instituciones públicas: el gobernador Mauricio Kuri.
El gobernador de Querétaro tiene una trayectoria sobre todo ligada a organismos empresariales. Tanto él como su hermano Yamil Kuri han estado ligados a redes de poder vinculadas al sector inmobiliario, de bienes raíces y de casinos. Mauricio Kuri llego a la militancia del PAN con el padrinazgo de Marko Cortés.
Mauricio Kuri y su hermano crearon la Inmobiliaria One Bienes Raíces del Bajío, que controla reservas de suelo en el corredor Corregidora–El Batán, cuyo valor aumentaría si Batán garantiza el suministro de agua. En el edificio en el que funcionaba dicha inmobiliaria también se encontraba una sucursal de Caja Libertad, a cargo de Juan Collado Mocelo, ampliamente conocido por defender a personajes como Peña Nieto, Mario Villanueva, Romero Deschamps, Raúl y Carlos Salinas de Gortari. Que recientemente ha enfrentado diversos procesos penales. Quizás todo sea mera coincidencia, pero la aparente opacidad en los manejos fiscales de Mauricio Kuri, la falta de transparencia en el uso de dinero público en sus viajes por todo el mundo, sus gastos en publicidad oficial, sus vínculos con otros políticos y empresarios que se distribuyeron el negocio del agua y el nepotismo que ha caracterizado a su gobierno dan mucho qué pensar acerca de sus intereses y de las tramas que lo respaldan.
Lo que es bastante claro es que los vehículos inmobiliarios de la familia Kuri ganan plusvalía si el proyecto Batán avanza. También tienen mucho por ganar personajes cercanos como Rogelio Vega, jefe de Gabinete y socio en varias firmas de la familia (Urbanística, Diversiones Kuvero, Preprensa Digital), así como familiares directos como José Yamil Kuri o Carmen Herrera que controlan empresas posicionadas en la “zona Batán”.
La ideología colonial que domina Querétaro
Por parte del gobierno del Estado de Querétaro hay una clara intención de criminalización de los habitantes de Santiago Mexquititlán y de su proceso organizativo bajo el discurso del “orden público”. El secretario de Gobierno del Estado de Querétaro Carlos Alberto Alcaraz enmarcó la intervención policial como respuesta a “reportes ciudadanos sobre alteración del orden público” y “daños al DIF”. Declaraciones como que “la Policía Estatal en Amealco forma parte de un esquema preventivo de colaboración con autoridades municipales y federales, particularmente en comunidades donde se han detectado factores de riesgo social” claramente pretenden asociar el concepto “comunidades
[indígenas]
” con el de “riesgo social”. Estas fórmulas convierten a las personas detenidas (todas indígenas ñhöñhö) en perturbadoras del orden, criminalizando la protesta como ejercicio de derechos.
La asociación implícita entre “indígena” y “violencia” cumple una función racializante: proyecta a la comunidad como foco de riesgo y pretende legitimar el uso de la violencia estatal para “restablecer” la normalidad e “inhibir conductas que puedan derivar en hechos de violencia”. Referirse a la población de Santiago Mexquititlán como un lugar en el que hay “factor de riesgo social” es ir enfocando a la comunidad como un territorio en el cual será necesario poner orden, colocarles como posibles criminales para justificar futuros operativos, acciones, despojos y colocar a la opinión pública en su contra.
Lo anterior se complementa con la declaración de que lo ocurrido en Mexquititlán y Amealco “no obedece a una política de represión, sino a una estrategia preventiva ante situaciones identificadas como focos de riesgo, como el consumo excesivo de alcohol y la violencia de género.” Es decir que se justifica la violencia estatal con el racismo estructural. La repetición de las palabras foco de riesgo en dos declaraciones da cuenta de una estrategia, no de declaraciones aisladas.
Existe una evidente intención de negar los actos de tortura y arbitrariedad en torno a las detenciones cuando declaran que los hechos ocurrieron “en respuesta a un reporte por alteraciones al orden público, policías estatales realizaron detenciones conforme a su marco legal” o que “todas las detenciones se realizaron conforme a los protocolos establecidos”. La frase “por ahora, no existen denuncias formales contra los policías” refuerza una estrategia de negación: mientras no haya querella, el abuso no existe jurídicamente. En la práctica se obvia que víctimas de agresión sexual y tortura enfrentan riesgos y barreras estructurales (lengua, temor a represalias, desconfianza institucional) para denunciar. El Estado se absuelve de investigar los abusos y posibles delitos de sus agentes usando su propia arquitectura procesal como mecanismo. Discursivamente hay una negación implícita de los hechos y abusos y un intento por trasladar la carga probatoria a las víctimas. Es decir, se niega la agresión, se niegan las lesiones y se niega que con estas prácticas existan víctimas.
Además, Alcaraz y Kuri ofrecen mesas de diálogo o investigaciones internas, pero sujetas a que las víctimas “interpongan denuncias”. Este recurso dilata la resolución, desplaza la responsabilidad a los agraviados y proyecta una imagen de apertura sin iniciar procedimientos e investigaciones que están en sus manos independientemente de las denuncias interpuestas. Además, combinan esa apertura simulada con un nuevo intento de justificación de la violencia de sus agentes y de invertir la responsabilidad por las agresiones señalando a las víctimas como agresores al decir que “después de escuchar y dialogar con dichas personas, dos de ellas tomaron una actitud agresiva, por lo que fueron detenidas por alterar el orden público, escandalizar y causar daños materiales”. Todo esto muestra una “apertura” retórica cuyo fin parece más cercano a asegurar la impunidad de los agentes estatales ante el abuso que una intención real por esclarecer los hechos y tratar de resarcir los daños.
Hay además un uso recurrente de lugares comunes con los que habitualmente se pretende deslindar al Estado de los abusos que comete como: “las autoridades estatales han reiterado que su actuar responde a un deber institucional de preservar el orden y proteger a la ciudadanía, sin distinción de origen, condición social o filiación ideológica”. Nuevamente se maneja el discurso de proteger a la población en contra de las y los agresores para justificar la agresión del 4 de junio, dejando claro que los operativos, aunque se den en completa ilegalidad cuentan con una justificación por un bien mayor. En consonancia con esto, Alcaraz invoca la “sensibilidad” de los temas de pueblos originarios y afirma que son “una gran prioridad para nosotros”. La retórica paternalista aparenta reconocimiento, pero enmarca a la comunidad como “otro” culturalmente frágil al que el Estado debe “serenar”. Este gesto simbólico despolitiza la protesta, refuerza asimetrías coloniales y justifica futuras intromisiones de la autoridad en la comunidad.
Esto coincide con el discurso colonial y jerarquizante en torno a proyectos como Batán. Declaraciones como que “Acción Nacional toma decisiones estructurales, aunque no siempre sean populares o visibles en el corto plazo, porque nuestra responsabilidad es cuidar Querétaro y proteger el mañana” pretende justificar una lógica jerárquica y clientelar que no pretende buscar consensos con las poblaciones afectadas e intenta que los daños sean aceptados como efectos colaterales necesarios, reconocen que hay elementos que no son populares pero justifican todo lo que eso pueda decir, nuevamente “proteger el mañana” es hacer alusión a un bien mayor para justificar todo lo que estas medidas puedan implicar.
Lo anterior se suma a la visión colonial del ejercicio del poder del Estado cuando hay declaraciones como las del discurso de Mauricio Kuri en un Encuentro con Pueblos indígenas cuando afirmó: “tenemos que seguir apoyando, porque no podemos tratar igual a los desiguales; pero tenemos que apostarle a que ustedes tengan la forma de que ustedes solos puedan salir adelante como lo han hecho. Solamente lo que ocupamos es un pequeño empujón”. Hay una negación total de las condiciones estructurales, económicas, sociales y políticas, lo que en términos discursivos justifica la idea de que las comunidades indígenas son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente para “salir adelante”, un discurso recurrente para ocultar las asimetrías coloniales y responsabilizar de ellas a quienes las padecen. Sus palabras denotan racismo disfrazado y se adjudica la necesidad de darles “el pequeño empujón” lo que también puede querer decir múltiples prácticas coloniales.
Los Crímenes de Estado Colonial en Querétaro
Las prácticas y proyectos mencionados anteriormente dan cuenta de la configuración y ejecución sistemática de los siguientes crímenes poder.
Crímenes de Estado colonial
Son crímenes de Estado con propósitos y prácticas coloniales y racistas. Pues mediante la imposición de prácticas culturales y de sistemas de exclusión racial imponen modelos de vida que pretenden terminar con la dinámica comunitaria y territorial de los pueblos originarios. Se hace uso de la violencia físico-simbólica del Estado de forma legal y administrativa para regular y controlar la vida social de la comunidad y apropiarse de sus símbolos culturales, como lo hacen con las muñecas otomíes bajo lógicas turísticas y gentrificadoras, mientras por otro lado se normaliza la violencia contra las y los verdaderos dueños de esa identidad violando sistemáticamente sus derechos humanos y su derecho a la autodeterminación.
Del mismo modo se ha incurrido en prácticas económicas racializantes y clientelares vueltas normas con las que se priorizan recursos. El que política y socialmente Querétaro funcione como una sociedad de castas, aunque nominalmente sea un régimen democrático, hace que el Estado tienda a priorizar las necesidades de las poblaciones que habitan el territorio a su cargo desde una jerarquía racial definida desde las élites. Así, el agua de cualquier parte del territorio queretano es prioritariamente para el uso y beneficio de las élites eurodescendientes y otras vinculadas a ellas. Por el contrario, las comunidades originarias o urbano populares son consideradas “minorías” sometidas a la beneficencia o a la criminalización, aunque en casos, como el del Pueblo Ñhöñhö, sean los poseedores y guardianes de las principales fuentes de agua (o las que han podido defender del saqueo).
El poder del Estado se utiliza para beneficiar a élites, se generan dinámicas desde esos proyectos que les benefician directa e indirectamente, aunque signifiquen saquear, explotar y devastar los recursos naturales, minerales y fósiles provocando incendios y deforestación.
En contraste, en nombre de la seguridad, del “bien común” o del Estado de derecho se reprime y criminaliza a movimientos sociales y deslegitima su labor como defensoras. Como una práctica muy arraigada y que con las dos gubernaturas del PAN se han reforzado en consonancia con una dinámica nacional extractiva e igualmente colonial, basada en la simulación de cambio.
La dominación que motiva las prácticas estatales analizadas en este informe da cuenta de modos normalizados de tratar con racismo a los pueblos indígenas. Es necesario nombrar estos actos de este modo (crímenes de Estado Colonial) porque ante la falta de nociones legales en las que quepan las verdaderas dimensiones de este tipo de daños y de las estructuras que ejecutan estos actos urgen herramientas que alcancen a describir la totalidad de este tipo de dinámicas que se encarnan, extienden y disfrazan.
Crímenes de Estado patriarcal
Aparte de que este tipo de crímenes se ha ejecutado de forma cotidiana y rutinaria la agresión, tortura y estigmatización a las mujeres de Santiago Mexquitilán configurando así crímenes de Estado patriarcal, pues el Estado encarcela, golpea, criminaliza y estigmatiza particularmente a las mujeres de la comunidad con el objetivo de mandar un mensaje a la población. El tipo de actos que se han ejecutado contra las mujeres defensoras del Concejo Autónomo es un ejercicio de castigo que busca demostrar poder y coloca a las mujeres dentro de una estrategia. La tortura y la violencia de género efectuada contra Estela Hernández (llama la atención que la tortura haya sido particularmente intensa contra ella) demuestra que el mensaje de poder y control se sexualizó mandando un mensaje social al resto de mujeres sobre lo que puede pasar si hacen lo que ella hizo, solidarizarse, documentar y realizar trabajo comunitario y de defensa del medioambiente y los derechos humanos. La represión, intimidación y encarcelamiento contra las mujeres del Concejo Autónomo dan cuenta de la ejecución de este tipo de crímenes.
Crímenes para dominar, controlar y enriquecerse
En las agresiones y daños que sufre el Pueblo Ñhöñhö y su territorio, en particular en la comunidad de Santiago Mexquititlán, desde las estructuras de poder que ya hemos analizado se cometen crímenes corporativos, ambientales, financieros y económicos que al conjuntarse y llevarse a cabo de forma simultánea pueden derivar en crímenes de mayor gravedad, como ecocidio y etnocidio.
La ejecución sistemática de este tipo de crímenes nos lleva a señalar a los criminales, a quienes realmente se pueden adjudicar daños extensivos en el tiempo, daños masivos, profundos, legalizados y que se mantienen en la opacidad. Resulta muy ilustrativo que quienes ejecutan estos crímenes y criminalizan a las y los agredidos sean quienes en los hechos cometen crímenes de forma cotidiana. La motivación detrás de sus crímenes es la dominación, control, enriquecimiento y poder. La respuesta de las y los agredidos es de resistencia y rebeldía, de defensa del medio ambiente, del agua, la tierra, la vida.
Con el sometimiento y la dominación, se busca reducir a los pueblos a receptores de migajas, esto en consonancia con la política de la autodenominada 4T que percibe a los pueblos originarios como objetos de beneficencia, control social o folclore que necesitan ser desindianizados e integrados, violentamente, al proceso de progreso y desarrollo. Con esta dinámica de racismo estructural cotidiano se quiere despojar y expropiar no solo el territorio comunitario, sino las posibilidades de resistencia y el camino que abre la autonomía que para el Estado solo significa pérdida de control. En este contexto parece ser estratégico el rol asignado a Hugo Aguilar Ortiz, porque no solo está ahí para legitimar los planes extractivos, ecocidas y racistas sino porque es el prototipo de mexicano indígena compatible con las prácticas criminales, coloniales y capitalistas de las élites.
La autonomía como forma de enfrentar los crímenes de Estado colonial
El proceso organizativo que ha cristalizado en el Concejo Autónomo de Santiago Mexquitilán es una gran lección de dignidad, rebeldía, resistencia y de ejercicio del derecho de los pueblos y su papel de guardianes de la vida.
La dinámica que se impone sobre los pueblos originarios en Querétaro está concentrada en la agresión contra el Concejo Autónomo porque son centro de autonomía y autodeterminación. Es decir, su camino de construcción de autonomía y de defensa del territorio no solo estorba por el territorio mismo, por la rebeldía sino porque ante tanta hostilidad y política de exterminio florecen dando muestras a otros pueblos.
Como ellas y ellos lo han narrado, el pozo que nutre al pueblo lo construyeron de forma comunitaria, nadie se los hizo. Históricamente han defendido la naturaleza y la cultura que florece en el territorio de forma autodeterminada, la dignidad que caracteriza a este pueblo es una fortaleza que ha recibido solidaridad, respeto y admiración de pueblos de México y del mundo que ahora tienen los ojos puestos en esas tierras y que observarán con mirada fija las prácticas estatales y crímenes que hemos analizado a lo largo de este reporte.
Nodo de Derechos Humanos
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