Sin duda, el martes 21 de octubre 2008 quedará como un día histórico para el pueblo boliviano. Mientras, en el parlamento, alrededor del medio día, los congresistas lograban sellar un acuerdo que abría decisivamente el camino a un referéndum constitucional -fijado para el día 25 de enero de 2009-, la emoción atravesaba la plaza Murillo, […]
Sin duda, el martes 21 de octubre 2008 quedará como un día histórico para el pueblo boliviano. Mientras, en el parlamento, alrededor del medio día, los congresistas lograban sellar un acuerdo que abría decisivamente el camino a un referéndum constitucional -fijado para el día 25 de enero de 2009-, la emoción atravesaba la plaza Murillo, en la que se encuentran el Parlamento y el Palacio de gobierno, dónde se habían concentrado las organizaciones campesinas e indígenas que, una semana antes, habían iniciado una marcha rumbo a La Paz con el fin de garantizar la convocatoria. En el palco erigido en la mismísima plaza, varios dirigentes, entre los cuales Fidel Surco, el presidente de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), y Pedro Montes, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), abrazaban al presidente de la República, Evo Morales, quien había participado a la vigilia al Congreso durante toda la noche, al igual que los miles de campesinos ahí reunidos. Lejos de cualquier actitud triunfalista después del arrasador éxito del presidente en el referéndum constitucional del 10 de agosto pasado (67,4%), el Movimiento al Socialismo (MAS) buscó solucionar la crisis en la cual se había estancado el proceso constituyente, mediante un pacto político con la oposición. Lo que no fue sin costo: de hecho, para posibilitar la convocatoria, habrán sido necesarias varias concesiones, sobre un amplio abanico de temas. Entre ellas, las autonomías departamentales, bandera de los grupos de poder de Santa Cruz, ahora potenciadas como el nivel de autonomía de mayor rango y aumentadas con más de 20 nuevas competencias en comparación con la anterior versión de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE). Otro tema conflictivo, el tema de tierras. Si bien se aprobó la convocación de un referéndum dirimidor para la misma fecha -25 de enero de 2009- para definir si la extensión máxima legal de tierras en Bolivia será de 5 o 10 mil hectáreas, esta disposición no tendrá carácter retroactivo. En otras palabras, los latifundios no serán afectados, siempre y cuando sus propietarios sean capaces de justificar su «función económica y social» (FES). Quizás, sin embargo, la mayor concesión sea la que no tiene que ver con el texto propiamente dicho, pues la oposición obtuvo por parte del MAS que Morales no se postule a un segundo mandato consecutivo (lo que, no obstante, le permitiría la NCPE), si es que vuelva a ganar los comicios generales previstos para diciembre de 2009.
¿»Traición»?, ¿excesivas concesiones?, ¿mera realpolitik? Lo cierto es que, entre los más radicales seguidores de Evo Morales -y sus opositores desde la izquierda-, alguna decepción pudo surgir al ver la importancia de las modificaciones introducidas al texto votado en la conclusión de la Asamblea Constituyente, el 14 de diciembre de 2007. Un cónclave que, además, vio un año y medio de trabajo ser deslegitimado por un Congreso convertido en «Congreso constituyente», capaz de encontrar los consensos que nunca se habían dado en las sesiones de Sucre. Seguramente la realidad está ahí, entre el derrotismo de unos y el ‘posibilismo’ de otros. Pues, a pesar de la reescritura de más de 140 artículos, algunos ejes como la defensa de los recursos naturales no han sufrido casi ningún cambio, dándole a la aprobación del texto, combinada a la épica de la marcha que la ha acompañado, un sabor a victoria popular para las organizaciones sociales. Más allá, el gobierno también consiguió un logro fundamental: la oposición sale ahora totalmente desgastada de estos dos meses de enfrentamientos.
Las tensiones que la atravesaban desde hace meses, entre una (parte de la) derecha parlamentaria inclinada hacia el juego democrático y grupos autonomistas atrincherados en el Oriente, dispuestos a recurrir a la mayor violencia para impedir cualquier avance popular, han desembocado hoy en una clara y nítida fractura. Los parlamentarios de Podemos (Poder Democrático Social, derecha) que participaron del acuerdo son hoy declarados traidores a la causa autonomista en Santa Cruz. Y es muy probable que parte de la oposición (Unidad Nacional, Movimiento Nacionalista Revolucionario) haga campaña por un texto que la misma no dudaba en denunciar, meses atrás, como «una constitución manchada de sangre» -en referencia a las violencias desatadas por los grupos de poder en Sucre, cuando buscaron impedir que las sesiones de la Asamblea se realicen. Hoy más que nunca, el MAS enfrenta una derecha sumamente dividida, desprovista de cualquier proyecto de país, y cuyas fracciones radicales parecen temporalmente neutralizadas.
En este panorama, la estrategia implementada por el gobierno aparece como una apuesta -seguramente mucho más sensata que la apuesta a la Constituyente como escenario a una «salida pactada» en 2006. Sin rivales, y con un campo popular totalmente hegemonizado, el camino parece totalmente allanado para un Evo Morales cuyo triunfo en 2009 aparece a todas y todos como una evidencia. De ahí podría surgir una mayoría parlamentaria capaz de poner en marcha un plan de reformas radicales -hasta ahora contenido por una oposición que sigue controlando el Senado. La historia de las constituciones latinoamericanas es fundamentalmente la de textos ambiciosos cuya aplicación fue casi siempre desmentida por la realidad de las relaciones de fuerza. Si bien la Constitución deja provisoriamente insatisfechas algunas de las demandas del movimiento popular, quizás le toque a Bolivia demostrar en los próximos años que políticas públicas radicales y eficientes pueden ser más decisivas en un proceso de cambio que una Carta Magna potencialmente confinada al papel. Ésa es, por lo pronto, la esperanza de los que siguen creyendo en la capacidad de este gobierno de llevar a cabo las ambiciones de transformación social expresadas por los movimientos sociales desde la «guerra del agua» de Cochabamba (2000), primera resistencia del pueblo boliviano al orden neoliberal e imperialista.