Hasta ahora, salvo en la elección de los asambleístas del 2 de julio de 2006, cada victoria política-electoral del Evo Morales ha sido respondida con planes de desestabilización, golpe de Estado y división del país.
El 6 de diciembre Bolivia cerrará una etapa y abrirá otra. Las elecciones generales, en las que la victoria del binomio Evo Morales-Alvaro García Linera está cantada, dejarán atrás cuatro años de enorme tensión entre un viejo bloque en el poder, que hizo de todo para no ser desplazado, y la emergencia un nuevo bloque social, que se defendió con todo. ¿Pero, está descartada la reedición de la violencia, como método de oposición, o incluso un golpe de Estado, en cualquiera de sus modalidades, para derrocar a la dirección del proceso de cambio? El historial del comportamiento de los Estados Unidos -poco tolerante incluso a tímidas reformas dentro del sistema- y de la propia burguesía agroindustrial y latifundista -alejada del manejo de los resortes del poder político estatal, al menos en el nivel central-, no permite ser muy optimista.
Lo que pasa es que una mirada más o menos larga de cuatro años de gobierno de Morales permite apreciar una relación casi constante entre victoria electoral y planes de desestabilización y golpes de Estado, así como algunas señales de al menos dos intentos de organizar y ejecutar un magnicidio. Es decir, después de un triunfo del oficialismo, la ultraderecha boliviana y sus aliados externos han respondido con una sistemática estrategia subversiva. Un recuento de los hechos a partir de los primeros meses en que un indígena asume la conducción de Bolivia sería muy largo. Solo recordar el progresivo y sistemático plan de especulación y desabastecimiento de carne, aceite, azúcar y otros alimentos producidos en los departamentos de Santa Cruz y Beni, ambos los más activos en la denominada, en aquel entonces, «Media Luna», que incluía a Tarija y Pando y a la que se sumó luego Chuquisaca.
Pero, la presentación del informe final de la Comisión Multipartidaria que investigó las circunstancias y los alcances de la conformación una célula paramilitar, dirigida por un boliviano-croata y desmantelada en un operativo en la madrugada del 16 de abril en la capital cruceña, da pie para establecer algunos hechos e hilar algunas implícitas conclusiones. Y una nuevo regreso a la ecuación victoria electoral-plan de desestabilización o golpe de Estado. Evo Morales salió airoso, por bastante votos (67%), del referéndum revocatorio de agosto de 2008 y la ultraderecha reactivó de inmediato una estrategia para derrotar al gobierno por la vía del separatismo; en enero de 2009 se aprobó la Constitución Política del Estado con cerca del 62 por ciento de apoyo electoral y en Bolivia estaba en marcha el segundo intento de fracturar la unidad territorial, pero esta vez con la participación de mercenarios extranjeros con experiencia en la división de la ex Yugoslavia de Tito.
Primer intento
Después de la victoria del presidente Morales en el referéndum revocatorio, las plazas centrales de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija encontraban a dirigentes cívicos, prefecturales y políticos en arengas que giraban en torno a pasar a otro plano de la «resistencia» para establecer la autonomía de facto con la que movilizaban a miles de ciudadanos, principalmente de las ciudades. El fundamento era que sus prefectos -Rubén Costas, Ernesto Suárez, Leopoldo Fernández y Mario Cossio- también habían sido ratificados en la consulta del 10 de agosto. En La Paz, ante miles de personas congregadas en la Plaza Murillo y desde el palco de Palacio Quemado, el jefe de Estado invitaba a las autoridades departamentales a construir juntos la autonomía. Los prefectos opositores, que se hacían llamar «gobernadores» desde las consultas por los estatutos que se hicieron entre mayo y junio de ese año, respondieron con dureza a la invitación.
El bloque opositor, con epicentro en el oriental departamento de Santa Cruz, dispuso la activación de un plan que luego sería denunciado por el gobierno como un golpe cívico-prefectural. Las medidas de la contraofensiva opositora fueron públicamente conocidas en voz de sus principales dirigentes e implicaban la huelga de hambre, el bloqueo de caminos y la toma de instituciones públicas. Todas estas acciones de abierta conspiración, denunciadas por el gobierno ante la comunidad internacional y legitimadas por un poderoso aparato mediático en manos de las fracciones más duras de la oposición, se ejecutaron coordinadamente en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, además del respaldo de la prefecta de Chuquisaca, Sabina Cuellar, y el Comité Interinstitucional de ese departamento.
Pero el plan tenía además acciones encubiertas que iban desde la agresión física a dirigentes y ciudadanos comprometidos con el proceso de cambio hasta la puesta en marcha de destacamentos con cierta preparación militar en la ocupación de las entidades públicas, pasando por atentados dinamiteros contra la sede del consulado venezolano y la jefatura de la misión médica cubana en Santa Cruz.
El diseño táctico-estratégico giraba en torno a la «guerra de posiciones». Convencida de que el gobierno tenía una gran hegemonía en el occidente, conciente de que no existían condiciones para superar los límites de los departamentos de la llamada «Media Luna» y persuadida que la línea era la «independencia», la ultraderecha estableció los términos del plan separatista: no molestar al occidente, renunciar a expulsar a Evo Morales de la Presidencia y tomar control territorial de los cuatro departamentos.
En ese mismo período Philip Golberg -un activo embajador de EEUU en la desintegración de Yugoslavia, luego en Bolivia y hoy encargado de inteligencia de la Casa Blanca-, fue visto con frecuencia en Santa Cruz e impulsó, junto a cuatro congresistas de la línea dura de ese país, una reunión con el prefecto Rubén Costas y dirigentes cívicos el 21 de agosto. De acuerdo a una denuncia del ex diputado socialista Wálter Vásquez Michel, «el 2 de septiembre, dando exhaustivo cumplimiento a esa agenda golpista, dos funcionarios norteamericanos por encargo de Goldberg, sostuvieron otro encuentro conspirativo con cuatro generales en retiro, en la casa del general Elías Eduardo, encargado de la seguridad de la Prefectura de Santa Cruz y hombre de toda confianza del Prefecto Rubén Costas. Entre los militares estuvieron el general (SP) Ontiveros, el general (SP), Marcelo Antezana y el general (SP), Herlán Viestrox» y tres días después «el encargado de asuntos militares de la embajada de EEUU conversó en Santa Cruz con el Cmdte. de la Octava División, el general Antonio Bracamonte, el Teniente coronel Dieter Claure y otros, para planificar una entrega de las unidades militares a los grupos paramilitares. Con ese se esperaba tensionar más la situación y dar la sensación de que el gobierno había perdido el control de las Fuerzas Armadas».
La defensa del proceso de cambio boliviano la tomaron los movimientos sociales. Miles de indígenas y campesinos se desplazaron en la segunda quincena de septiembre hacia la ciudad de Santa Cruz para recuperar las instituciones públicas y, sobre todo, sofocar el golpe cívico-prefectural. Días antes, el 11 de septiembre, en la localidad de El Porvenir del departamento de Pando, al norte de La Paz, una veintena de campesinos eran asesinados por hombres leales al prefecto Leopoldo Fernández, hoy recluido en el penal de San Pedro y candidato a la vicepresidencia de Bolivia por la coalición PPB-Convergencia que lleva a la cabeza al también ex prefecto Manfred Reyes Villa.
La marcha campesina y popular, impulsada por la consigna «cerco Tupak Katari a Santa Cruz», llegó el 13 de septiembre hasta la ciudad intermedia de Montero, a menos de 1 hora de la capital y fue detenida a pedido del presidente Morales, quien dio luz verde a la instalación de mesas de diálogo para analizar y modificar algunos artículos de la Constitución Política del Estado aprobada en la Asamblea Constituyente. Horas antes la dirigencia cívica, tras una evaluación de sus fuerzas y el avance de la marcha de los adeptos al proceso, determinó también la suspensión de sus medidas de presión. El golpe cívico-prefectural fue derrotado y los prefectos y dirigentes cívicos no tuvieron otra alternativa que avalar, aun con los dientes apretados de impotencia, los acuerdos políticos alcanzados en el central departamento de Cochabamba en octubre.
Segundo intento
Pero, como ocurre muchas veces en política, las derrotas tácticas o estratégicas no necesariamente suponen el reconocimiento de sus protagonistas y la renuncia a sus planes de conspiración. La investigación de la Comisión Multipartidaria permite confirmar que el 8 de septiembre, en Hungría, el jefe paramilitar Eduardo Rózsa grababa, en una entrevista organizada por él mismo con el periodista Andras Kepes, un video en el cual relataba los objetivos de su viaje a Bolivia.
No se ha identificado con precisión el día en el que Rozsa -el cabecilla del grupo armado y abatido en la madrugada del 16 de abril en Santa Cruz- ingresó al país, pero si la vía por la que lo hizo. «Llegaré a la ciudad de Mato Grosso de Brasil, llamada Campo Grande. Allí me esperarán con un automóvil. Me llevarán a un sitio concreto, cerca de frontera verde, donde pasaremos la frontera con personas contrabandistas conocidas por mis contactos», le señala, poco antes de emprender el largo viaje a Bolivia, al periodista húngaro que ahora será requerido por la justicia boliviana para indagar si conoce más detalles.
Sin embargo, una simple relación de hechos conduce a asegurar que Rózsa, o no llegó a Bolivia antes del 13 de septiembre, cuando la marcha indígena se desmovilizó en Montero o lo hizo escasas horas antes de que eso sucediera. Que la defensa de Santa Cruz encargada al jefe paramilitar no estaba motivada por esa marcha, lo confirman la llegada, entre noviembre y febrero, de otros mercenarios extranjeros: Elod Toaso y Gaspar Daniel llegaron el 9 de noviembre; Dudog Gabor, Pistovcak y Revesz Tibor el 18 del mismo mes y Dwyer Michael Martín un día después. Todos partieron de Madrid, se embarcaron en Aerosur y el boleto lo pagó Luis Hurtado, vinculado a COTAS. La tarea para organizar a las milicias a partir de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y constituir un ejército para defender a la «independiente» Santa Cruz corresponde al periodo noviembre-febrero.
Experto en estrategia militar, Rózsa contaba, sin embargo, con que el proyecto separatista iba a ocasionar una enérgica reacción del gobierno y que, como todo Estado, instancia monopolizadora de la fuerza pública, iba a instruir a policías y militares restablecer el orden establecido. Es más, conocedor del principio que tiene la concentración de fuerzas antes que su dispersión, el boliviano, nacionalizado húngaro-croata, daba por descontado que el objetivo gubernamental sería Santa Cruz, el epicentro de la contrarrevolución boliviana. De aquí que tenga sentido cuando señala, en su testamento político, que se debía «organizar la defensa y la resistencia de la ciudad y el departamento de Santa Cruz». Pero lo siguiente es más claro aún: «no voy a lanzar un ataque contra La Paz, tampoco ayudaré a lanzar una ofensiva sobre la capital del país ni derrocaría al presidente Evo Morales».
Es bastante llamativa la coincidencia discursiva entre la dirigencia cívico-prefectural y las declaraciones de Rózsa en Hungría. «Si no hay autonomía y no podemos vivir juntos, vamos a gritar que somos independientes y haremos un nuevo país. Esa es la idea, primero están probando razonar para prevenir la matanza de la gente, pero queremos mostrar la fuerza e independizarnos. Mi alma ya está en Santa Cruz», sostuvo el jefe paramilitar antes de llegar a Bolivia.
Si bien no hay datos que lleven a precisar los tiempos e intensidades del plan separatista en su segundo momento, una combinación de varios aspectos (los paramilitares llegan a Santa Cruz entre noviembre y febrero y las fiestas de fin de año) permite pensar que la nueva contraofensiva se iba a desarrollar o un par de semanas antes o días después del referéndum constitucional.
Tercer intento
Las sucesivas derrotas político-electorales de la ultraderecha (victoria de Evo Morales el 10 de agosto, la convocatoria a referéndum constitucional para el 25 de enero de 2009 y la aprobación de la nueva Constitución) y político-militares (fracaso del golpe cívico-prefectural y el proyecto separatista), se produce un rediseño del plan estratégico de ese sector de la oposición, según se desprende de una lectura objetiva de los hechos.
En el ámbito de lo estrictamente militar, claro, sin separar de su fundamental componente político, adquiere sentido la priorización que la célula paramilitar le dio a las acciones de terrorismo y de magnicidio, según es posible extraer como conclusiones de las investigaciones. La puesta en marcha del plan, que es la continuación del primero rediseñado pero sobre nuevas condiciones, parece mostrar, sin embargo, la fisonomía poderosa del grupo que lo impulsa hasta tal extremo que su brazo ejecutor -la célula de Rózsa-, tenía entre sus objetivos a los prefectos de Santa Cruz y Beni, Rubén Costas y Ernesto Suárez Sartori, respectivamente. «Más valdría un mártir muerto que un cojudo que no hace nada», habría afirmado el cabecilla de la célula paramilitar según sostuvo el miembro de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), Juan Carlos Gueder.
Por lo demás, encaja perfectamente bien una carta enviada por el activista Mauricio Iturri, actualmente en Estados Unidos, al prefecto Rubén Costas, en la que le dice «¿Acaso cree que con la famosa Torre, poner a cuatro idiotas a trabajar y a diseñar supuestamente el destino de Santa Cruz, basta? (…) la cabeza de la Torre lo único que hace es gastar los más de cien mil dólares mensuales que el empresariado cruceño aporta a nuestra causa». Entre los que aportan están el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE); la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco).
Los dos objetivos militares que iban a seguir al atentado efectuado contra la residencia del Cardenal Julio Terrazas, el 15 de abril, tenían sentido. Como ocurrió con el prelado, el objetivo político era generar una masiva corriente de opinión pública contra el gobierno, al que con la participación, directa e indirecta del aparato mediático, se lo presentaría como el más interesado en la eliminación de los dos opositores.
El paso de la «Guerra de posiciones», que normalmente se hace para preservar un territorio determinado, a una suerte de «guerra de movimientos», pues no hay evidencia de que se hayan planteado ir directamente en conquista de nuevas posiciones, para luego defenderlas, se expresa en el plan de magnicidio que se pensaba concretar aprovechando una sesión de gabinete que el presidente Morales hizo el 27 de marzo en el lago Titicaca.
«En el video se ve a Rózsa Flores, a Magyarosi y Dwyer con otra persona. Hablan de cómo lanzar un explosivo y lograr un mayor efecto. También mencionan de una reunión que realizarían personeros de Gobierno en el lago Titicaca y dicen que hubieran mandado a alguien con traje de rana para hacer volar la embarcación», informó al principio de su investigación el fiscal Marcelo Sosa.
¿Y la dirección política, qué?
Aunque todavía falta mucho por investigar y las piezas claves están en reserva, todo indica que la célula paramilitar fue organizada en un contexto en el cual la dirección política de la oposición real, la burguesía agroindustrial y latifundista, tenía la plena confianza de que había llegado el momento de concretar sus planes separatistas disfrazados bajo la bandera de la autonomía. «Demostrando fuerza, conseguiremos la independencia de Santa Cruz» afirmó Rózsa, según relató Tomás Seviesqui de la televisión húngara.
Las investigaciones de la Comisión Multipartidaria han encontrado elementos bastante fuertes que conducen al equipo local encargado de la logística de su llegada, estadía y movimiento, así como incluso de la partida de algunos de ellos en febrero de 2009.
Lo que no hay aún es la identificación, en carne y hueso, de los autores intelectuales de los planes separatistas y si éstos participaron incluso en el plan de magnicidio. El hecho de que se haya pensando atentar contra Costas y Suárez Sartori puede aportar las primeras señales del grado de descomposición de la oposición después del referéndum constitucional y abrir la hipótesis de que la eliminación física del Jefe de Estado -que no ha desarrollado la investigación parlamentaria- tuvo otro tipo de lógica y directrices No se tiene certeza de la relación con el ex presidente del Comité Cívico, Branko Marinkovic, pero fuentes confidenciales señalan que el empresario más grande de oleaginosas del país estuvo por Hungría y Croacia en agosto de 2008.
Pero a esas dudas, que se despejarán con el tiempo, les acompaña una certeza: el jefe militar, condecorado en Croacia por las victorias militares junto a una brigada internacional de más de 300 hombres, fue contactado por una persona en marzo o abril de 2007, según el mismo dice al periodista Andres Kepes.
Y entonces hay que concluir como la pregunta con la cual se empezó este artículo. ¿La victoria electoral de Evo Morales el 6 de diciembre estará seguida de una nueva estrategia desestabilizadora? Honduras y las bases militares en Colombia pueden ser un buen estímulo para los que pretenden recuperar el poder perdido.