“Après moi, le déluge”: Después de mí, el diluvio, es la frase que se atribuye al monarca francés Luis XV hacia el final de su reinado, avizorando la gran tormenta que vendría en los días de su sucesor, su nieto Luis XVI. Ese presagio se cumplió puntualmente. Bajo el reinado de este último la inconformidad popular se acrecentó, advinieron la crisis y la hambruna, la rebelión, la toma de La Bastilla y la revolución que puso fin —guillotina mediante— a la monarquía y a la nobleza toda como casta gobernante. La expresión de Luis XV ha sido interpretada como algo más que un presentimiento o mal agüero. Se ha percibido como una expresión de personalismo en la que se reflejaba el desinterés e indiferencia por lo que ocurriera después de él.
Días similares a los de Luis XV parecen estarse viviendo en México en este último tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en que se agolpan problemas que no tocará resolver al hoy mandatario sino a su sucesora y a quienes la acompañen. Una situación prácticamente gratuita, dado que se anunciaba, dada la total afinidad de la pupila con su hacedor político, la altísima votación obtenida en los comicios federales y el control que el oficialismo tendrá —sobre todo con la sobrerrepresentación artificial que se está construyendo desde al aparato propagandístico mañanero, las declaraciones de los jefes morenistas y la sumisión de las instancias de autoridad electoral, INE y TEPJF— sobre el Congreso Federal.
Sin conflictos aparentes en la transición gubernamental, ésta comienza a darse en medio de nubarrones que oscurecen el panorama inmediato para la conclusión de sexenio y fin de año. No se anuncia tranquilidad, sino tormentas que la nueva titular del Ejecutivo tendrá que sortear y capotear.
Un tema sobresale: el caudillo y aún ocupante del Palacio Nacional ha decidido que, antes de retirarse (¿?) a La Chingada, deben quedar cumplidos en el Congreso sus deseos y sus órdenes de someter al Poder Judicial, eliminar los organismos constitucionalmente autónomos que representan en diversas formas y medidas control y límites al ejercicio absoluto del poder por el Ejecutivo, tutelan derechos ciudadanos y, en algunos casos (no los que se requerirían), asumen acciones que implican responsabilidades a funcionarios públicos. Nada de ello debe subsistir, a juicio del hombre de Macuspana, para quien el mejor escenario es una presidencia todopoderosa, blindada y sin contrapesos, sometiendo y controlando los otros poderes. Si se puede borrar incluso la oposición legislativa (representación proporcional), mejor aún. Un absolutismo presidencial —acompañado, eso sí, de las fuerzas armadas y de la cúpula empresarial del país, a la que ha prohijado como pocos mandatarios anteriores, incluidos los del periodo “neoliberal”— como forma de régimen soñada y a punto de hacerse realidad material.
La colisión en curso con el Poder Judicial es la más violenta que se recuerde, quizás desde que Álvaro Obregón fue enfrentado por el Senado (y ni siquiera la mayoría de éste) con motivo de los Tratados de Bucareli en 1923-1924, y el senador campechano Francisco Field Jurado fue asesinado. No es sólo ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que frenó o revirtió, como tribunal constitucional, la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército, la reforma al sector eléctrico y las leyes atropelladamente votadas en ambas cámaras del Congreso del llamado “Plan B”. Ahora se trata del poder judicial en su totalidad, cuyos trabajadores han salido a defenderse mediante un paro nacional ante atropellos anunciados como la eliminación de la Carrera Judicial, despidos y la expropiación de fondos que les pertenecen. Con ellos han cerrado filas la mayoría de jueces, magistrados y los mismos ministros de la Corte, y han expresado su apoyo estudiantes de Derecho de diversas universidades —destacadamente la UNAM y UdeG—, organizaciones de abogados y destacados juristas desde la academia. No ha bastado. La decisión del ya virtual supremo poder, no conservador (siglo XIX) sino restaurador (siglo XXI), es inamovible: cortar cabezas y asegurar que, desde el propio Ejecutivo y el Legislativo ya sometido a él, se asegure tener juzgadores proclives y sumisos a la presidencia. Es impredecible hasta cuándo se extenderá este conflicto, pero es seguro que traspondrá los límites entre sexenios y será la primera herencia envenenada que tendrá que asumir la también legataria del mando ejecutivo.
Siguen los organismos constitucionalmente autónomos: INAI, Cofece, IFT, Coneval, CRE, CNH, Mejoredu, a los que el mero mandón considera “innecesarios”, costosos y contrarios a su política de austeridad. Sin duda no es un problema de costos financieros sino de eliminar medios de control sobre el Supremo Poder Ejecutivo. No se hará sin conflictos ni sin la defensa jurídica que los integrantes de esas instituciones puedan interponer, aunque algunos de sus titulares han expresado su acuerdo con posibles reformas y actualizaciones y, ante todo, interés en dialogar con la presidenta electa para frenar la desaparición. No valdrá. La decisión, que los serviles diputados y senadores ejecutarán puntualmente, está tomada: transferir en su totalidad las funciones de esos organismos a dependencias del Poder Ejecutivo, con una presidencia sobre la cual se anuncia que el mismo López Obrador seguirá teniendo una gran influencia
Y la conflictividad se ha extendido también al plano internacional. Las declaraciones de embajador estadounidense Ken Salazar señalando la preocupación de su gobierno y de muchos inversionistas por que la reforma judicial y la desaparición de organismos autónomos contravenga los tratados internacionales y elimine la llamada seguridad jurídica que el capital exige. Secundado el diplomático yanqui —normalmente muy conciliador con López Obrador— por el embajador canadiense Graeme C. Clark, dio ocasión al mandatario de envolverse con un manto de nacionalismo y antiinjerencismo (pero no antiimperialismo) hasta llegar al absurdo punto de declarar “en pausa” la relación con los embajadores, pero no con las naciones de Norteamérica.
Y sí, el mismo AMLO que en junio de 2019 se postró de hinojos ante el chantaje del entonces presidente estadounidense Donald Trump de aplicar aranceles a mercancías exportadas por México si no se frenaba la migración centroamericana a través de nuestro territorio, y que dio un giro de 180 grados en su política migratoria —que se había anunciado humanista y de tolerancia— enviando a la Guardia Nacional a las fronteras norte y sur y aceptando la deportación de individuos no mexicanos a nuestro país, todo para complacer el discurso antiinmigrante del magnate y presidente; ese mismo López Obrador ahora se presenta como defensor de una soberanía que en tiempos de globalización y con tratados internacionales de comercio en los que México ya ha cedido autonomía, quizá sea ya en parte anacrónica.
Pero los diplomáticos de América del Norte, al igual que las organizaciones empresariales mexicanas como la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, siempre tan afín este último a las políticas del lopezobradorismo, advierten sobre riesgos reales y que en parte se han empezado a concretar. Mientras el Banco de México recorta sus expectativas de crecimiento de la economía del país a 1.5% para el presente año (de 2.8 que preveía en febrero) y a sólo 1.1% para 2025 (muy inferior al crecimiento de la población, por lo que es un PIB per capita negativo), la falta de seguridad jurídica por la captura del Poder Judicial, aunada a la falta de seguridad pública y la ineficacia estatal para combatir la violencia cotidiana, puede llevar a lo más lógico: la restricción o retiro de inversiones y también fuga de capitales, que de hecho ya ha comenzado (https://almomento.mx/imparable-la-fuga-de-capitales-salen-del-pais-8-mil-233-mdd/) y se acelerará a partir de septiembre, cuando las reformas judicial y contra organismos autónomos sean aprobadas. La sombra de una nueva crisis de fin de sexenio asoma y puede ser parte del diluvio que López Obrador herede a su y sucesora; pero eso no importa, sino sacar adelante el proyecto neopresidencialista del caudillo tabasqueño.
¿Por qué descomponer así un escenario que se perfilaba sin escollos, dado el triunfo contundente (haiga sido como haiga sido) de Sheinbaum y Morena en las elecciones? ¿Por qué fabricar un proceso transicional poblado de conflictos con la oposición, el Poder Judicial y sus trabajadores, con roces internacionales con nuestros principales socios comerciales, depreciación de la moneda, caídas hasta ahora leves pero recurrentes en la Bolsa y amenaza de una crisis de mayores dimensiones? Es difícil dar una respuesta cabal. Una hipótesis, acaso aventurada pero no descabellada, es que toda esta descomposición ha sido calculada por el habitante del Palacio Nacional para que la nueva presidenta tenga que seguir tomándolo en cuenta cuando haya abandonado el poder. Al fin de cuentas, la alta popularidad y aprobación por los gobernados durante estos seis años han sido de él, y no fácilmente se transfieren a alguien que, como Sheinbaum, puede estar dotada de preparación y contar con otras virtudes, pero carece de naturalidad y “carisma”, como se suele decir. Al final del día, muchos de sus devotos expresaron de diversas maneras que querían una reelección. No por nada ha logrado colocar a piezas claves de su gabinete en el de la presidenta electa y mantendrá una influencia directa sobre los legisladores morenistas y los dirigentes del partido. No en balde, tampoco, en una declaración púbica ya expresó AMLO que colaboraría con Sheinbaum si ésta “pide su apoyo”. ¿Un nuevo Maximato? Hasta donde se alcanza a ver, sí, mientras la presidenta no dé un viraje drástico (como en 1935 lo hizo Cárdenas frente al Jefe Máximo original) y siente bases para un poder no dependiente del de su predecesor.
Pero los riesgos no son, por lo que se ve, sólo la complejidad que Sheinbaum tendrá que enfrentar al iniciar su mandato, sino las afectaciones que también la población y los sectores económicos puedan resentir como resultado de los encendidos conflictos. El último cuatrimestre del año será, en muchos aspectos, decisivo.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
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