Las detenciones arbitrarias y la práctica de la tortura son una realidad en México, hoy exponemos el caso de Armando Hernández Sánchez como el ejemplo, hace dos años fue detenido, torturado y encarcelado por motivos políticos, el día 11 de octubre del presente año logramos su libertad y con ello quedó evidenciado la política represiva del gobierno chiapaneco y de la complicidad del gobierno federal en este tipo de graves violaciones a los derechos humanos.
Armando vive en el Ejido Nueva Altamira en el municipio de Acala, su comunidad está organizada en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), ha participado activamente en las diversas jornadas de lucha por justicia, presentación con vida de los detenidos desaparecidos y por la defensa del derecho a la tierra.
El compañero fue detenido arbitrariamente el día 28 de septiembre del año 2019 en el municipio de Chiapa de Corzo, en su detención participaron más de 20 elementos de Estado vestidos de civil y armados, fue trasladado en una camioneta tipo suburvan a un cuarto cuya ubicación no pudo ser identificado dado que al compañero le vendaron los ojos y lo obligaron a mantener la cabeza hacia abajo, en ese lugar fue brutalmente torturado.
Los tratos crueles e inhumanos constituyen una grave violación a los derechos humanos y es un crimen de lesa humanidad, la administración chiapaneca que encabeza Rutilio Escandón Cadenas al cometer actos de tortura contra nuestro compañero violó los tratados internacionales en materia de tortura que México ha firmado y ratificado para evitar su cometido, hecho que expresa el carácter represivo de dicho gobierno.
La tortura consistió en golpes, amenazas de muerte, ahogamiento con agua, los propios agentes de Estado dijeron a Armando que lo que le hacían era el castigo por su actividad política en la defensa de los derechos del pueblo, por ello, no cabe la menor duda que nuestro compañero es víctima de la política represiva que existe en nuestro país.
Posterior a la tortura Armando fue presentado con graves secuelas físicas a una Ministerio Público donde horas después le notificaron que quedaría en calidad de detenido en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados No. 14. En el municipio de Cintalapa, Chiapas, con ello se constituyó la detención arbitraria y el encarcelamiento por motivos políticos.
Los responsables de objetivar esta injusticia además del ejecutivo federal son Jorge Luis Llaven Abarca ex Fiscal General del Estado e Ismael Brito Mazariegos ex Secretario General de Gobierno, ellos violaron los artículos 9 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que a la letra dicen “nadie podrá ser detenido arbitrariamente” y “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
A Armando lo detuvieron y encarcelaron por sus ideas políticas que se materializan en la lucha que desarrolla por la defensa del derecho a la tierra y en la lucha por mejores condiciones de vida para el pueblo trabajador.
Con esta serie de actos represivos queda demostrado que el discurso del gobierno estatal impulsor de la autodenominada Cuarta Transformación que rezaba que era “respetuoso de los derechos humanos” es demagogia pura, la realidad es que es una administración represiva que viola derechos humanos, que encarcela y tortura a luchadores sociales.
Interpusimos la demanda por tortura y la Fiscalía General del Estado la denegó, esta institución de “justicia” únicamente se ha dedicado a fabricar carpetas de investigación con delitos fabricados para justificar la detención de luchadores sociales, a nuestro compañero le imputaron el delito de “robo con violencia”, el cual jamás pudieron comprobar.
La defensa jurídica de nuestro compañero expuso la sarta de irregularidades en la carpeta de investigación y el proceso penal; por otro lado, desde que fue detenido impulsamos actividades políticas de difusión y protesta donde participaron sus familiares, la organización, organismos independientes de derechos humanos y demás personas solidarias, el conjunto de esos esfuerzos lograron revertir esa injusticia y hoy nuestro compañero esta libre.
Las interrogantes sobre qué pasará con la tortura, quien se hará responsable de los daños físicos, psíquicos y materiales generados por esos dos años de detención arbitraria y encarcelamiento injusto, están vigentes. El responsable de esta represión es el gobierno estatal y los políticos de oficio que hemos señalado, por tanto, deben ellos responder ante tal crimen de Estado y de lesa humanidad, exigimos juicio y castigo para estos represores y torturadores.
Armando es uno en la larga lista de víctimas de le represión del gobierno de la 4T, aún tenemos cinco presos políticos que están encarcelados injustamente, en Chiapas, Javier González Díaz, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez; en Michoacán, Leobardo Reyes Meza; y en Veracruz, Higinio Bustos Navarro.
El gobierno federal a pesar de conocer a detalle estos casos asume una actitud cómplice al actuar con omisión e indolencia, hecho que refleja no solo su complicidad y anuencia sino también el respaldo que existe de éste hacia la violencia institucional contra el pueblo organizado y no organizado.
El caso de Armando expresa que las detenciones arbitrarias y la tortura es política de gobierno, y también expresa que es necesario la denuncia política, la movilización y las acciones de autoprotección colectiva para frenar la ofensiva represiva del gobierno en contra de las organizaciones populares, en este contexto, hacemos una fraternal invitación a todas aquellas víctimas de la violencia institucional a que alcen la voz, unifiquemos esfuerzos para enfrentar en mejores condiciones la violencia gubernamental.
De nuestra parte mientras nuestros demás compañeros permanezcan en condición de presos políticos, no descansaremos, lucharemos sin cesar por su libertad.
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!