En el centro de Atoyac de Álvarez, cabecera municipal en la Costa Grande de Guerrero, cuando encabezaban una protesta de cafetaleros, la tarde del sábado 16 de noviembre del año en curso, fueron asesinados Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo Martínez, dirigentes campesinos de la comunidad serrana de El Paraíso de ese municipio. Estos […]
En el centro de Atoyac de Álvarez, cabecera municipal en la Costa Grande de Guerrero, cuando encabezaban una protesta de cafetaleros, la tarde del sábado 16 de noviembre del año en curso, fueron asesinados Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo Martínez, dirigentes campesinos de la comunidad serrana de El Paraíso de ese municipio. Estos líderes fueron ajusticiados luego de anunciar la decisión de constituir una policía comunitaria para hacer frente a la inseguridad que impera en el poblado. De este modo, continúan las ejecuciones de líderes agrarios, indígenas y populares en la entidad federativa que gobierna por segunda ocasión Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien se transformó de figueroísta en «militante» del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Los homicidios políticos no cesan, al mismo tiempo que tampoco son presentados con vida algunos desaparecidos y permanecen en prisión cuadros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC – PC).
Considerando el número de líderes del movimiento social ejecutados durante la gestión gubernativa de Layo Aguirre, no cabe sino una clara conclusión: en el estado de Guerrero renace la guerra sucia de las décadas de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, bajo los gobiernos federales de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo y los gobiernos locales de Raymundo Abarca Alarcón (Atoyac, copreros y cívicos), Caritino Maldonado Pérez, Israel Nogueda Otero y Rubén Figueroa Figueroa (estos dos últimos ejecutores del terror contra el movimiento de masas, la guerrilla y la población en general). El arribo del neoliberalismo no representó ningún progreso en materia de derechos humanos, pues siguió el trato violento a las luchas campesinas, indígenas, estudiantiles y populares durante los ejercicios gubernamentales de Alejandro Cervantes Delgado, José Francisco Ruiz Massieu (exterminador de perredistas), Rubén Figueroa Alcocer (Aguas Blancas), Ángel Aguirre Rivero (El Charco), René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca Galindo y nuevamente Layo Aguirre (Ayotzinapa).
Lo novedoso de la acción represiva en el estado de Guerrero a lo largo del segundo mandato de Ángel Heladio Aguirre Rivero (2011-), es el carácter selectivo de la liquidación física de dirigentes del movimiento social, y al margen de la intervención evidente, clara y pública de los órganos de seguridad del Estado. Los sicarios parecen ser miembros de los grupos paramilitares y guardias blancas, lo que no excluye la represión masiva tradicional como ocurrió el 12 de noviembre de 2011 en Chilpancingo, cuando cayeron los estudiantes normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Los asesinatos abundan desde la llegada de Ángel Aguirre a la gubernatura del estado del litoral del Pacífico. El 18 de abril de 2011, sicarios al servicio de un conocido cacique local ejecutaron en el lugar conocido como «Puerto de la Mosca», entre las comunidades de La Morena y La Barranca, en la sierra del municipio petatleco, al líder de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), Javier Torres Cruz, en la Costa Grande. El 12 de enero de 2013 fue ajusticiado Andrés Rosales Aguirre, El Bigotes , constructor del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el municipio de Cutzamala de Pinzón, en la región de Tierra Caliente de Guerrero.
El 3 de junio de este año fueron hallados los cadáveres del ingeniero Arturo Hernández Cardona y los activistas Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román, de la Unidad Popular de Iguala (UPI) y el PRD, en la región norte del estado de Guerrero, después de ser salvajemente torturados y con el tiro de gracia. El 5 de agosto de 2013 fueron encontrados los cadáveres de Raymundo Velázquez Flores y dos de sus camaradas de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) y secretario general en Guerrero del Partido Comunista de México (PCM), en el municipio de Coyuca de Benítez. E l 19 de octubre retropróximo, Rocío Mesino Mesino, lideresa de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), fue ejecutada en el puente de la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac de Álvarez. El 10 de noviembre pasado fueron acribillados el líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) y militante del PCM, Luis Olivares Enríquez, y su esposa, Ana Lilia Gatica Rómulo, en la colonia Fuerte Emiliano Zapata, de Coyuca de Benítez.
Cabe resaltar que los crímenes políticos del periodo de Zeferino Torreblanca Galindo no han sido esclarecidos y, en consecuencia, los autores de los mismos siguen sin ser procesados y sentenciados, incluido el asesinato del conocido político perredista Armando Chavarría Barrera ocurrido el 20 de agosto de 2009. El 13 de febrero del mismo año fueron secuestrados Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), cuyos cadáveres fueron localizados el 20 de ese mes de 2009 en el municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica del estado multicitado.
En la madrugada del 8 de diciembre de 2011 fueron desaparecidos Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, presidente y secretario general de la OCESP, respectivamente, cuando viajaban en autobús de Petatlán, Guerrero, a la capital del país, para asistir a una reunión del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). Pese a la demanda de organizaciones guerrerenses, nacionales, latinoamericanas y europeas para alcanzar su presentación con vida, hasta la fecha este propósito no se ha podido concretar.
Además de los asesinatos y desapariciones, la prisión política está presente en la entidad que gobierna Ángel Heladio Aguirre Rivero. Así, están encarcelados Gonzalo Molina y Nestora Salgado, líderes de la CRAC-PC, como otros dirigentes campesinos e indígenas.
Le asiste la razón a La Jornada, cuando plantea en su editorial del 18 de noviembre anterior «Homicidios en guerrero: ¿nueva guerra sucia?»: «Por los antecedentes regionales y por las características de los homicidios señalados, es claro que el fenómeno no forma parte de la continuada violencia causada por el descontrol de la delincuencia organizada en el país, violencia que no ha cesado en lo que va de la presente administración federal, pese a las políticas de comunicación social orientadas a minimizarla a ojos de la opinión pública.
«Da la impresión, en cambio, de que los inveterados cacicazgos guerrerenses y otros poderes fácticos han decidido emprender una nueva guerra sucia contra las expresiones de resistencia y organización popular locales. La incapacidad de las corporaciones oficiales de seguridad pública de garantizar la vida de las víctimas, y el hecho de que los asesinos gocen hasta ahora de impunidad, obliga a preguntarse si en esa alianza no participan estamentos del poder público.
«Sea como fuere, a las viejas condiciones de marginación, desigualdad y pobreza, a los conflictos agrarios, a los efectos del estancamiento económico actual y al paso de los meteoros que anegaron buena parte del estado en octubre pasado ha de agregarse una nueva ofensiva criminal de sectores no identificados en contra de las organizaciones populares que han sido y son el único instrumento de defensa de comunidades y regiones para hacer frente a la crisis, al abandono oficial, a la devastación causada por fenómenos naturales y a la creciente inseguridad causada por los enfrentamientos entre bandas delictivas y las fuerzas del orden».
Los gobiernos del centro y de la entidad no pueden prestar oídos sordos a los reclamos de las organizaciones representativas de campesinos, indígenas, estudiantes, maestros, trabajadores asalariados y colonos que son muy claros y precisos: localización, enjuiciamiento y condena de los matones a sueldo de terratenientes, acaparadores, caciques, empresas mineras, madereras y constructoras de grandes presas; presentación con vida de los desaparecidos, y liberación inmediata e incondicional de los presos políticos de las organizaciones sociales del estado. Guerrero no tiene por qué ser conocido sólo por las bárbaras masacres de los gobiernos priistas y «perredistas», por los asesinatos de luchadores sociales y por la desaparición y encarcelamiento de militantes del movimiento campesino, indígena y popular. Por su papel en la Guerra de Independencia, en la Reforma y en la Revolución mexicana de 1910-1917, el pueblo de Guerrero merece otro presente y otro futuro.
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