El crecimiento de la deuda en un solo año de gobierno ha batido un record por lo que ha aumentado en tan poco tiempo. Más allá de las cifras que compartimos en esta nota, es necesario reflexionar sobre la trampa del endeudamiento perpetuo y cómo la usura constituye uno de sus fundamentos. Los datos sobre […]
El crecimiento de la deuda en un solo año de gobierno ha batido un record por lo que ha aumentado en tan poco tiempo. Más allá de las cifras que compartimos en esta nota, es necesario reflexionar sobre la trampa del endeudamiento perpetuo y cómo la usura constituye uno de sus fundamentos.
Los datos sobre el total del endeudamiento público y su crecimiento desde la asunción de la alianza Cambiemos hasta la actualidad varían según la fuente que se consulte.
La última cifra oficial publicada en la página del Ministerio de Hacienda, con información sistematizada, es la del tercer trimestre de 2016, y muestra una deuda que araña los 250.000 millones de dólares.
Si tomamos de esa misma fuente los datos al tercer trimestre de 2015 (período más cercano al fin de la gestión kirchnerista, que no contempla la deuda emitida luego por el macrismo en su acuerdo con los holdouts), la deuda pública ascendía a poco más 232.000 millones.
La diferencia entre ambas cifras podría corresponder a la emisión de 16.000 millones de dólares, en el marco del acuerdo del macrismo con los fondos buitre.
Partimos por lo tanto de un abultado endeudamiento del gobierno anterior, constituido mayoritariamente por deuda intra-estado, para encontrarnos ahora en la carrera de la toma de dólares en el mercado internacional que realiza el actual gobierno.
Prueba de esto son los datos que surgen de algunos portales económicos respecto al crecimiento de la deuda desde la asunción de Mauricio Macri hasta la actualidad.
Si bien hay algunas diferencias en las formas en que se hacen los cálculos, se estima que la deuda colocada en moneda extranjera, por parte del estado nacional y las provincias, durante el primer año de gestión macrista, fue de 52.000 millones de dólares (incluyendo los 9.300 millones abonados a los fondos buitre). Durante el mes de enero de este año el gobierno tomó 6.000 millones de dólares en un préstamo a 18 meses garantizado con la emisión de bonos. Fueron los bancos BBVA, Citibank, Deustche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander quienes desembolsaron el dinero, las mismas entidades que tienen el negocio de la colocación de bonos en el exterior. A los pocos días, desde el Ministerio de Finanzas se emitieron otros 7.000 millones de dólares de deuda bajo la ley de Nueva York, a 5 años de plazo (3.250 millones, con vencimiento en 2022) y 10 años de plazo (3.750 millones, con vencimiento en 2027).
Una parte importante de este endeudamiento tiene como contrapartida la fuga de divisas, a través de la compra de dólares o de aumento de los activos en el exterior. Las inversiones productivas no son, por lo tanto, el destino. Cubrir el déficit (provocado en gran parte, al igual que durante los últimos años de la gestión anterior, por el pago de intereses de la deuda) y la especulación son otros dos destinos del endeudamiento.
Dentro de esta lógica de financiarse con deuda, el Programa Financiero 2017 del gobierno estima emitir deuda por 40.350 millones de dólares, la mitad sería deuda externa. Solo en el segundo trimestre de este año habrá que afrontar vencimientos de casi 10.000 millones de dólares (bonos y pago al Club de París). En abril y junio se deberán cancelar otros 12.000 millones por letras.
La deuda perpetua Para no perdernos solo en los números (no porque no sean importantes) es interesante retomar el enfoque de lo que Héctor Giuliano, licenciado en Administración y Finanzas y experto en Deuda Pública y Externa, define como la trampa de la deuda perpetua.
Esta definición se verifica con los hechos. La deuda crece ininterrumpidamente porque los recursos genuinos (recaudación tributaria y emisión de dinero con contrapartida en la producción de bienes para que no genere inflación) no alcanzan para cubrir los gastos. Por lo tanto los gobiernos se endeudan y al no tener capacidad de devolución a través de la generación de recursos genuinos, van refinanciando deuda que vence con nueva deuda.
La trampa está en lo que Giuliano define como «trampa de la Usura», lógica del Sistema de Deuda Perpetua.
Así lo explica el licenciado: «Todo el mundo cree – o se le hace creer – que el prestamista usurero, esencialmente el prestamista profesional o colocador especulativo de fondos, es alguien que actúa mal pero que en definitiva tiene razón porque lo que quiere es que le devuelvan su dinero prestado a interés. Pero ello no es así: lo que el prestamista usurero realmente quiere no es que el deudor le devuelva su dinero -con los intereses pertinentes- sino, en realidad, que no se lo pueda devolver nunca puesto que ese prestamista vive precisamente de prestar dinero en forma indefinida refinanciando el capital o principal de la deuda impaga. Lo que en realidad quiere el usurero – desde esta perspectiva vertical o de fondo – es lograr por medio de su dinero una renta financiera permanente sin que el deudor, como sujeto pasivo o dependiente, pueda sustraerse de la trampa de una deuda perpetua. Y esta regla es siempre la misma y se cumple para todos los entes deudores de la Economía: los hombres y sus familias, las empresas y los Estados. Por eso, cuando se incurre en la trampa de la Usura – básicamente, la toma de deudas sin la debida capacidad de repago – este proceso de endeudamiento no es reversible ya que las obligaciones que se asumen están condenadas inexorablemente a no poder ser pagadas a su vencimiento, con lo que se cae en la necesidad de refinanciarlas permanentemente, pagando tales deudas con nuevas deudas bajo un esquema que deviene de deuda perpetua».
Si recorremos la historia del endeudamiento argentino veremos cuánto de cierto tiene este mecanismo que describe Giuliano. Si más cerca en la historia, miramos la evolución de la deuda durante los 12 años de gestión kirchnerista, en los cuales a pesar de pagar miles de millones de dólares de intereses (hecho reconocido públicamente por la ex presidenta Cristina Fernández), salimos con más deuda de la que entramos, entonces concluiremos que no hay duda (En 2003 la deuda pública era de 152.600 millones de dólares y al finalizar su gestión cerca de 232.000, aun habiéndose pagado entre 174.000 y 190.000 millones de dólares) .
No tener capacidad de pago de la deuda significa que los intereses cada vez se incrementan más. Deuda que no se paga y se refinancia, intereses que se capitalizan y sobre los que se cobran nuevos intereses.
Y estos intereses, que son computados como parte de los gastos en el presupuesto, han venido provocando rojos presupuestarios que son cubiertos con nueva deuda,
En el presupuesto 2017 se ha aprobado nuevo endeudamiento para este año por 38.200 millones de dólares (colocación por 96.400, de los cuales 58.200 son vencimientos que se refinancian). Esta nueva deuda representa ni más ni menos que el 73% del gasto público corriente presupuestado, porque se ha constituido en la principal fuente de financiamiento del Estado para cubrir el déficit fiscal; rojo que a su vez es ocasionado en gran medida por los intereses de la deuda.
Financiar con deuda el gasto público corriente «está prohibido por la Ley 24.156 de Administración Financiera y sus normas conexas, dado que el artículo 56 de la ley dice taxativamente que se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos», recuerda Giuliano.
Bandera Verde
En lugar de Cambiemos deberíamos llamar a esta coalición «Empeoremos».
Si hasta ahora los parlamentarios (salvo excepciones) venían votando un presupuesto que solo cerraba con deuda, con la firma del decreto 29/2017 el pasado 12 de enero, el presidente Macri amplió las atribuciones del Ministerio de Finanzas para contraer nueva deuda externa por 20.000 millones de dólares en 2017, «incluyendo cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros (Nueva York y Londres) y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana (con restricciones varias que son de rigor en estos casos), como así también la inclusión de Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) y Pari Passu», comentó Giuliano.
Pero aun peor. Este decreto incorpora una cantidad de facultades que son casi iguales a las que se le otorgaron al ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay para la colocación de las nuevas obligaciones de deuda para pagar los juicios contra los holdouts.
El artículo 3 de este decreto detalla lo que puede hacer el Ministro de Finanzas:
a) Determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de los nuevos títulos públicos;
b) Designar instituciones financieras que participarán en la colocación de los nuevos títulos públicos;
c) Suscribir acuerdos con entidades financieras colocadoras de los nuevos títulos públicos a emitirse, previendo, para ello, el pago de comisiones en condiciones de mercado;
d) Preparar y registrar un programa de títulos públicos ante los organismos de control de los principales mercados de capitales internacionales;
e) Suscribir acuerdos con agentes fiduciarios, agentes de pago, agentes de información, agentes de custodia, agentes de registración y agencias calificadoras de riesgo que sean necesarios tanto para las operaciones de cancelación de deuda como de emisión y colocación de los nuevos títulos públicos, previendo el pago de los correspondientes honorarios y gastos en condiciones de mercado;
f) Autorizar el pago de otros gastos necesarios de registración, impresión, distribución de prospectos, traducción y otros gastos asociados, los que deberán ser en condiciones de mercado, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto; y
g) Autorizar a determinados funcionarios de las áreas competentes a suscribir la documentación respectiva y a implementar toda otra medida referida con las operaciones objeto del presente decreto.
Como cierre de esta nota, compartimos algunos conceptos que son parte del prólogo del Tomo IV del libro «Problemática de la Deuda Pública Argentina», de Héctor Luis Giuliano quien afirma que es necesario entender que:
1. La Deuda Pública es un condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en nuestro país en materia financiera, económica y política.
2. La Deuda no es un hecho aislado, algo que nos pasó una vez y ahora hay que sufragarlo hasta que sus efectos se extingan con el tiempo. No, esto no es así: la Deuda es un Sistema permanente – un proceso que se retro-alimenta y que crece día a día, sin solución de continuidad – y, como tal, un sistema es un conjunto de piezas o elementos dispuestos hacia un fin, esto es, siguiendo una determinada lógica.
3. Siendo entonces la Deuda un Sistema se impone la pregunta de cuál es la lógica que lo rige; y la respuesta es que la Deuda Pública está regida por una lógica de Usura.