El pasillo ancho que conducía a los calabozos en el «Sheraton» y la sala de torturas de la planta alta. El patio con pedregullo de la Brigada de Investigaciones de San Justo, con las celdas del horror al lado de una cocina. La orden del dictador Reynaldo Bignone de ocupar el hospital Posadas, porque, allí, […]
El pasillo ancho que conducía a los calabozos en el «Sheraton» y la sala de torturas de la planta alta. El patio con pedregullo de la Brigada de Investigaciones de San Justo, con las celdas del horror al lado de una cocina. La orden del dictador Reynaldo Bignone de ocupar el hospital Posadas, porque, allí, se desarrollaban «actividades subversivas». La tranquera de la calle de tierra de El Vesubio, y una miserable inscripción: «Si lo sabe, cante. Si no, aguante».
Imágenes, testimonios y silencios. Fotografías de algunos de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) de la zona oeste del Conurbano bonaerense, a casi 36 años del golpe militar más sangriento de la historia argentina.
Operaciones planeadas
Durante la última dictadura cívico-militar argentina, las Fuerzas Armadas dividieron al país en cinco zonas que, a su vez, fueron separadas en subzonas. Dentro de cada subzona, había áreas diferenciadas a cargo de distintos jefes militares. Esas divisiones estaban deliberadamente planeadas, con el fin de que los operativos de represión fueran más «exitosos».
Siguiendo esa organización, la zona 1 abarcaba Capital Federal, La Pampa y casi toda la provincia de Buenos Aires y se encontraba bajo el mando del Primer Cuerpo del Ejército.
Los partidos de Merlo, Moreno y Morón (cuando este distrito incluía a Hurlingham y a Ituzaingó) conformaron la subzona 16, que quedó en manos de la Fuerza Aérea, debido a que la existencia de cuatro bases aéreas en la región facilitó las tareas represivas. Dentro de la misma sección, funcionaron las áreas 160, 161, 162 y 163. En tanto, La Matanza formó parte del área 114, dentro de la subzona 11, a cargo del Primer Cuerpo del Ejército.
Para llevar a cabo la «lucha contra la subversión», cada subzona y cada área se manejaban con distintos grupos de tareas. «En general, las patotas eran mixtas: había militares, policías e, incluso, civiles», explicó a El1 Emiliano Rodríguez, coordinador del Área de Investigación de la Dirección de Derechos Humanos de Morón.
«Un circuito general»
En la subzona 16, funcionaron 14 CCD. «Todo formaba parte de un circuito general, pero no todos los detenidos seguían el mismo camino», subrayó Rodríguez.
La suerte de los secuestrados dependía, también, de quién había hecho las tareas de inteligencia y de los datos obtenidos durante las sesiones de tortura. En la subzona en cuestión, actuó el grupo de tareas 100, pero cada CCD contaba con sus propias patotas. Cada una tenía sus peculiaridades. Por ejemplo, en Mansión Seré hubo dos fugas. La primera, a principios de 1978, provocó que las condiciones de detención se tornaran aun más crueles: «Los raparon a todos, los desnudaron, los hicieron dormir y pasar todo el día con las manos y los pies atados», graficó Rodríguez. La segunda, el 24 de marzo de ese mismo año, fue el puntapié para el cierre de ese CCD y la relocalización de los detenidos.
Las comisarías empleadas con fines represivos también presentaron sus particularidades: mientras que la de Haedo solía implicar el «blanqueo» de los detenidos, quienes pasaron por la dependencia policial de Castelar, en la mayoría de los casos, continúan desaparecidos.
En el territorio de Morón, incluso, el hospital Posadas fue empleado para cooperar con la persecución política. Allí funcionó «El Chalet», lugar por donde, principalmente, «pasaron compañeros del hospital y vecinos del barrio Carlos Gardel», según explicó Cristina Pfluger, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del nosocomio. «La patota que estaba acá era el grupo SWAT, blanqueado por el Ministerio de Bienestar porque el Estado les pagaba un sueldo», completó la militante.
Alejo Rivera, de HIJOS Zona Oeste, habló también de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) como un CCD clave: «Fue el lugar que se usaba como central de inteligencia para coordinar todo el rol de la Fuerza Aérea en Morón».
«Los años más fuertes de represión fueron 1976, 1977 y 1978. Ya, para mediados de ese año, quedan pocos registros de funcionamiento de los centros», aclaró Rodríguez. Sin embargo, fueron suficientes para que más de 320 personas vinculadas con el partido de Morón se convirtieran en víctimas del terrorismo de Estado y nunca más aparecieran.
Por la buena memoria
El centro clandestino de mayor actividad en La Matanza fue «Empresa El Vesubio», nombre clave para las fuerzas que operaban allí. El grupo de tareas tenía credenciales que acreditaban su pertenencia a la «empresa». Además, existieron vínculos con el hospital militar de Campo de Mayo, ya que las detenidas embarazadas eran derivadas allí.
El CCD que operaba en la Brigada de Investigaciones de San Justo conformó el «Circuito Camps», que nucleaba a los centros que dependían de la Jefatura de la Policía bonaerense, en manos de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz.
Sin embargo, en el Distrito, ninguno de los CCD fue recuperado como espacio para la memoria, a pesar del monumento emplazado donde operó El Vesubio. En esta sintonía, el titular de la APDH La Matanza, Pablo Pimentel, señaló: «Nosotros hemos pedido que los lugares más paradigmáticos sean cerrados, por ejemplo, la Brigada de San Justo. En los mismos lugares donde, hoy, encierran a presos comunes, había secuestrados, torturados y desaparecidos durante esos años».
A 36 años del Golpe, esa parece ser una de las mayores cuentas pendientes, porque, como afirma el escritor uruguayo Eduardo Galeano, «la impunidad es hija de la mala memoria».
Voluntad política para recuperar los espacios
Por Adolfo Pérez Esquivel*
No hay pueblo sin memoria. Los pueblos que la pierden desaparecen o vuelven a repetir los errores que los castigaron. Por eso, es importante contar con espacios donde se la ejercite, no solo para las generaciones presentes, sino también para las futuras. Pero la memoria no es para quedarse en el pasado, sino para iluminar el presente. Eso es lo fundamental: que, donde hubo horror, exista la memoria para que surjan nuevas posibilidades.
A escala mundial, Argentina es el país que más ha avanzado en esa dirección y en la búsqueda de la verdad y la justicia. Y eso se lo debemos a la presión que ejercieron los grupos que luchan por los derechos humanos y a la decisión política de que se anulen las leyes de impunidad.
El hecho de que muchos de los lugares que fueron centros de detención clandestinos continúen funcionando como sitios donde las fuerzas de seguridad ejercen su poder tiene que ver con etapas. La gente debe participar y debe haber voluntad política de los funcionarios para recuperar esos espacios, porque es un deber institucional. Eso solo se podrá lograr en la medida en que la sociedad intente buscar los caminos de la verdad, porque lo importante no es solo el lugar físico, sino el traspaso de la memoria de un pueblo.
*Premio Nobel de La Paz y presidente del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).
Cortiñas: «Nos cerraban las puertas en las narices»
Nora Cortiñas habla con serenidad. Nada de lo que tuvo que atravesar a lo largo de estas décadas ha podido hacerla claudicar. Es que esta mujer de 81 años es co-fundadora de la asociación Madres de Plaza de Mayo y una luchadora incansable por los derechos humanos. Pero, también, es una madre que, el 5 de noviembre de 1977, vio salir a su hijo Gustavo de su casa en Castelar para nunca más saber de él. El último dato que conoce es que fue secuestrado en una estación ferroviaria, camino a su trabajo.
Entrevistada por El1 a 36 años del inicio de la última dictadura, Cortiñas relató que, en esa época, se sabía «que funcionaban algunos de estos lugares clandestinos, pero íbamos a pedir ayuda y nadie nos daba una respuesta». Desesperada por la búsqueda de Gustavo, llegó a poner su vida en riesgo cuando, una tarde, entró a Mansión Seré. «Pregunté si ponían en venta el lugar y salió un tipo, que se puso muy nervioso, y me echó. Yo estaba convencida de que ahí estaba mi hijo. Fue una escena muy siniestra», recordó.
«Una se daba cuenta por cómo se manejaban ciertos lugares, se escuchaban los helicópteros, la gente estaba aterrada y no quería hablar, nos cerraban las puertas en las narices», agregó Cortiñas.
Por eso, luego de más de tres décadas, pide que se abran los archivos que contienen información sobre el destino de los detenidos desaparecidos. «Los tienen las Fuerzas Armadas, la policía y la cúpula de la Iglesia Católica, y necesitamos que los pongan a nuestra disposición porque tenemos derecho a conocer qué pasó con nuestros hijos. Todavía, hay mucho por saber, pero seguimos adelante y no vamos a parar jamás». No quedan dudas de que así será.
Los juicios que permitieron ponerle fin a la impunidad
Luego de que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueran declaradas inconstitucionales, se reabrieron las causas relacionadas con el terrorismo de Estado.
La primera sentencia con que se juzgó la represión ejercida en la subzona 16 se dio en noviembre de 2008, cuando Hipólito Mariani y César Comes, autoridades máximas de esa área, fueron condenados a 25 años de prisión por el Tribunal Oral Federal Nº 5 por los delitos cometidos en Mansión Seré.
En tanto, el 14 de julio de 2011, siete represores del CCD El Vesubio fueron sentenciados por el Tribunal Oral Federal Nº4, luego de ser encontrados responsables de 156 secuestros y tormentos y 22 homicidios. Un ex general y un ex coronel fueron sentenciados a prisión perpetua y otros cinco ex guardias y agentes del Servicio Penitenciario Federal recibieron condenas de entre 18 y 22 años.
Finalmente, el pasado 29 de diciembre, el Tribunal Oral en lo Federal Nº 2 sentenció a 15 años de prisión al último presidente de facto, Reynaldo Bignone, por los crímenes cometidos en el CCD que funcionó en el hospital Posadas.
Durante el mismo juicio, se condenó a Luis Muiña, integrante de la patota represiva «SWAT», a trece años de prisión efectiva, mientras que Mariani también fue sentenciado con ocho años de prisión domiciliaria.
Ahora, una causa instruida por el juez Daniel Rafecas espera llegar a juicio oral entre este año y el próximo.
Allí, se juzgará a los responsables del sistema represivo de las áreas 160 y 161.
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