El diálogo auspiciado por el gobierno boliviano entre las autoridades de los departamentos de Chuquisaca y la Paz, encuentra hoy posturas inflexibles del primero en su demanda sobre la capital del país. De acuerdo con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien encabeza esas pláticas, persiste el riesgo de empantanar la Asamblea Constituyente […]
El diálogo auspiciado por el gobierno boliviano entre las autoridades de los departamentos de Chuquisaca y la Paz, encuentra hoy posturas inflexibles del primero en su demanda sobre la capital del país.
De acuerdo con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien encabeza esas pláticas, persiste el riesgo de empantanar la Asamblea Constituyente frente a la falta de voluntad por encontrar una solución al traslado de poderes a Sucre.
Para el gobierno, dijo, esa situación significaría el restablecimiento de la violencia que sacudió al país y que enfrentó a dos regiones en agosto pasado.
Al mismo tiempo, reconoció que el conflicto de la demanda de capitalidad para Sucre sigue siendo el principal obstáculo que impide garantizar el éxito de la Asamblea, cuya vigencia expira el 14 de diciembre próximo.
En el último encuentro, la representación chuquisaqueña reivindicó la necesidad de que el foro reconsidere la resolución de1 15 de agosto, cuando el pleno sacó de la mesa de debates la referida exigencia.
Quintana adelantó que incluso el ejecutivo aprobó la idea de trasladar a Chuquisaca la sede de instituciones descentralizadas como el Defensor del Pueblo, la Contraloría, Corte Electoral, o el Servicio de Impuestos, pero sin resultado alguno.
Los dirigentes de Sucre señalaron que podían ser innecesarios nuevos encuentros con los similares de La Paz, pues ambas partes ya conocen sus posiciones.
Por su parte, el secretario general de la Prefectura de La Paz, Alejandro Zapata, afirmó que todo es negociable con los dirigentes de Sucre, menos el traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Ante el nuevo escenario, los bolivianos esperan con expectativa la primera reunión mañana del Comité Especial de Diálogo y Consenso, creado el pasado jueves por el gobierno y líderes de 14 de las 16 fuerzas políticas representadas en el foro.
Según explicó el vicepresidente de la República Alvaro García, esa instancia facilitará destrabar las posturas inflexibles y los conceptos sobre el nuevo Estado, que serán incluidos en la redacción de la ley de leyes.
El grupo de trabajo lo encabeza la presidenta de la Asamblea, Silvia Lazarte, y lo integran seis delegados del gobernante Movimiento al Socialismo, tres de la opositora Poder Democrático Social, y un representante del resto de las fuerzas políticas.